Entre el pantano y el futuro

Por Mario Morales

Hasta el momento, el gobierno Duque la había tenido relativamente fácil a la hora de tomar decisiones. Anunciar medidas a manera de globo de ensayo y luego echarse para atrás como sucedió con la reforma tributaria o el plan de Desarrollo, ha tenido un costo en favorabilidad que luego pudo corregir. O reaccionar como lo hizo frente al criminal atentado de la Escuela General Santander o anta la dictadura en Venezuela, en lo atinente a su cacareado “cerco diplomático”, recogía el sentir mayoritario de la opinión pública y del país político. (Publica el Espectador)

En ambos casos le ayuda la falta de un plazo perentorio frente a eventualidades que se juegan en la amenaza verbal, antes que en acciones inminentes, como desconocer los protocolos con el ELN o jugar a la ambigüedad sobre la venida de cinco mil soldados estadounidenses, como quedó expuesto en la entrevista (o perfil) con la Voz de América.

Dilatar o esquivar sirven para bajar la temperatura a la agenda, alinearse con las corrientes de opinión o para navegar en las aguas de la incertidumbre.

Pero la urgencia de la sanción presidencial de la ley estatuaria de la JEP, cuyos plazos corren, lo tienen contra las cuerdas, azuzado por voces estridentes o marrullerías del Centro Democrático, el tonito mandón de los trinos de Uribe y los comunicados a tres bandas del Fiscal General. Ya no podrá seguir jugando al gato y al ratón.

Pero más allá de si, como se ha dicho, seguirá siendo obediente frente al furibismo, la respuesta de Duque lo pone de frente con la historia.

No se trata de una decisión para ambientar la galería; es la diferencia entre el pasado y el futuro del país. Entre el pantano de las componendas y las conveniencias de quienes se alimentan de la confrontación y la incertidumbre, y una normativa que cobija a quince mil colombianos, entre exintegrantes de las Farc, agentes del Estado y civiles, pero que se extiende a la convivencia del resto de connacionales.

Se trata de doblar la página o regodearnos en el odio y la venganza del siglo pasado.

¿Es en serio?

Por Mario Morales

De veras, ¿la visibilidad por los hechos coyunturales con Venezuela y el debate por los protocolos con el Eln son suficientes para erigir al canciller como ministro estrella? y, peor aún, ¿eso ya le da patente para autonominarse como aspirante a la Presidencia? (Publica El Espectador)

Es cierto que las calidades y méritos no son el común denominador de quienes rodean al actual Gobierno, como lo demuestra el pobre balance de ministros y funcionarios de primer nivel, lo que reclama la revisión urgente de logros, pendientes y desaciertos que hacen parecer la actual administración como si estuviera en interinidad; pero de ahí a pensar que, y supongamos que así es, el simple cumplimiento de las tareas lo inviste de liderazgo y calidades para dirigir los destinos del país quiere decir que la vara está demasiado baja.

O ¿va a ser más importante el tonito, la intransigencia y la invocación de la mano dura? Por ese camino de las poses o convicciones altisonantes e inamovibles es que el país produce miedo. No es sino ver la interpretación tergiversada, engañosa o agresiva que están tomando las voces de quienes ocupan cargos de cualquier nivel, o aspiran a hacerlo, como prueba de que conocen y aplican, a ultranza, “la doctrina” y que pueden llegar a ser más papistas que el papa.

Contrasta la disculpa peregrina del canciller, aludiendo que se trataba de una respuesta jocosa, con la responsabilidad política que su aspiración genera desde el cargo donde está, y que fundamenta el proceso preventivo que ya inició la Procuraduría.

Ya estuvo suficiente de actuaciones, declaraciones o publicaciones basadas en ambiciones personales, delirios, insultos o engaños, como el caso de quien está (o estaba) llamado a dirigir el Centro de Memoria Histórica, para después salir con retractaciones a las malas, como si la honra de las personas y la suerte del país se pudieran refundar con el pretendido “borrón y cuenta nueva”.

Es verdad que ese culiprontismo verbal de quienes nombran y quienes son nombrados los está retratando, o delatando, mejor que cualquier perfil. Pero ya son seis meses. En serio…

Que se manifieste

Por Mario Morales

Le ha faltado coherencia  al gobierno Duque en torno a sus acercamientos con el Eln. Una cosa es que haya querido guardar sigilo y confidencialidad en las gestiones de por lo menos cuatro emisarios, y otra que se contradiga y quiera taparlas con mentiras. (Publica el Espectador)

Ese sigilo era comprensible para evitar ruidos innecesarios en las conversaciones preliminares, como para no generar falsas expectativas en la opinión pública.

Era suficiente con que se hubiese desmarcado temporalmente de esas intenciones de dialogar a raíz del inhumano atentado a la Escuela General Santander y el país lo hubiera entendido.

Lo que no puede pasar es que, para generar la idea de firmeza y marcar positivamente en encuestas de percepción, quiera tapar la luz del sol.

Etiquetar negativamente, como se conoce en propaganda política, las gestiones de Angelino Garzón, Everth Bustamante y funcionarios cercanos como Jorge Mario Eastman y Rafael Guarín, si nos atenemos a declaraciones de Pablo Beltrán, genera desconfianza, incredulidad y quita sustento a posteriores intentos tanto en el apoyo popular como de países mediadores.

Como lo piden la Iglesia y diversos sectores, el presidente debe dejar atrás la estrategia lingüístico-política y salirse de denominaciones ambiguas frente a la paz y determinar una agenda con condiciones específicas y delegados responsables alejados de la piromanía verbal del comisionado de Paz. Sobre todo, ahora que el Eln comienza a entender la monumentalidad del error cometido con el atentado terrorista y dice estar dispuesto a renegociar protocolos. Todo ello sin que cese la presión militar del Estado.

El segundo frente que no debe descuidar es el del cumplimiento de los acuerdos con las Farc, que puede degenerar en combustible para las guerrillas marginales.

Y el tercero es desarticular cuanto antes las disidencias, que ya suman 2.700 integrantes, y bandas criminales que se autorrotulan como paramilitares en el Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y el sur del país.

La firmeza está en las decisiones que hay que tomar y en la coherencia con ellas, no en la vocinglería que es efímera e impredecible.

¿No saben?

Sea porque es verdad o por burda estrategia, ya suena más que preocupante la disculpa reiterada del Gobierno de que no sabía.

O los funcionarios son unos acomodados ante el fortuito cambiar de los tiempos, o no tienen idea de dónde están parados.

A través de una técnica al estilo del propagandista y exasesor de Trump Roger Stone, en la que el consejero de Seguridad John Bolton muestra al mundo el casi único apunte en su libreta de mano, nos vinimos a enterar de la idea de traer 5.000 soldados a nuestro suelo, sin que el Gobierno tuviera la menor idea al respecto. Y como para que no quedaran dudas de la amenaza, medida disuasiva o apoyo logístico, dependiendo de quién la mire, también intempestivamente nos enteramos todos de la “visita” de Mark Stammer, quien comanda el Ejército sur, uno de cuyos objetivos es combatir las amenazas. ¿El Gobierno lo invitó o fue notificado?

Tampoco sabía el Ejecutivo (aunque uno no acierta qué creer con los dimes y diretes de cada comunicado a cuál más contradictorio) de las gestiones de Everth Bustamante con los voceros del Eln en Cuba. ¿Tampoco sabía de los acercamientos de Angelino Garzón? ¿Es ignorancia o soberbia de creer que los únicos procesos de paz válidos son los propios?

Con la misma aparente ingenuidad de no tener conocimiento responde el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, acerca de los protocolos en caso de desistimiento de los diálogos con los elenos, remata diciendo que se enteró por el debate. Menos mal que, según dicen, es un estudioso y aplicado funcionario (!¡).

Hace dos semanas fue el mismo presidente Duque quien dijo desconocer la existencia de los informes sobre asesinatos de líderes sociales en años anteriores. Tampoco parecían conocer a, por lo menos, cinco funcionarios, que luego han tenido que desnombrar. Y la lista sigue…

Una de dos: o hay una doble agenda que ocultan con pretextos torpes, o realmente no están preparados para tomar las riendas del país. Preguntarlo quizás sea ocioso porque ya sabemos la respuesta.

Ataques a las voces críticas

 ¿Estrategia o coincidencia?
Qué hay detrás de la serie de actos de censura y de ataques contra periodistas, programas de televisión y críticos del gobierno de Iván Duque. 

 


Las preguntas

Por Mario Morales*

 

Son tantas las señales preocupantes que viene dando el nuevo gobierno en relación con los medios públicos de comunicación, que muchos periodistas y ciudadanos se preguntan si hay una estrategia del poder para evitar preguntas, desinflar debates, arrinconar periodistas, culpar a terceros, ocultar errores o aplastar críticos. (Publica Razón Pública)

Nosotros también nos preguntamos:

  • Si hay órdenes directas para atacar a la prensa y a la libertad de expresión de los ciudadanos.
  • Si el lenguaje de odio y los mensajes violentos en redes sociales forman parte de una táctica para obstruir el trabajo periodístico y la labor de columnistas y críticos.
  • Si estamos frente a una suerte de doctrina aplicada por fanáticos que parecen ser más papistas que el papa.
  • Si fue reemplazada la meritocracia por el pago de favores con nombramientos clientelistas.
  • Si las hojas de vida de los encargados de ciertas entidades corresponden a las necesidades de los cargos y funciones requeridas.
  • Si se va a mantener un proceso exitoso como el de RTVC, y especialmente el de Señal Colombia, cuyas bases fueron sentadas a comienzos del siglo y representan el trabajo creativo de miles de personas expertas en el tema.
  • Si está en marcha una aplanadora para aprobar un proyecto de ley que no ha tenido la suficiente participación ciudadana o académica.
  • Si la ministra de las TIC tiene algún conflicto de intereses, ya que sus cargos previos fueron jefe de políticas públicas de Facebook y gerente de relaciones gubernamentales de Apple, empresas que se verían beneficiadas con la nueva legislación.
  • Si el gobierno pondrá al frente de los medios públicos a personas éticas y preparadas para garantizar la libertad de expresión de un país diverso y pluricultural. O si en vez de eso seguirá dándole contentillo a sus áulicos.

Intento de censura


Logo Los Puros Criollos. 
Foto: Facebook Los Puros Criollos. 

El panorama desalentador se hizo visible a raíz de una grabación que se filtró a los medios.

No se trató de un desliz, de un lapsus ni de una actuación precipitada. El intento de censura a los contenidos de Señal Colombia por parte de Juan Pablo Bieri, gerente saliente del Sistema de Medios Públicos RTVC, que esta semana fue formalmente denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hace parte de una serie de acciones cuya primera víctima ha sido la libertad de expresión.

Hay que recordar que Bieri fue el jefe de comunicaciones de la campaña del actual presidente y “su mano derecha en el trabajo de campo”, según dijo el mismo Duque. Dada esta circunstancia, la conducta de Bieri podría entenderse como un preanuncio —un teaser, o un “demo” en el lenguaje de los publicistas— sobre el enfoque que adoptará el nuevo gobierno para dirigir los medios públicos.

El teaser no pudo ser más claro. Tiene una voz en off del mismo Bieri, que ordena, se contradice y habla en nombre del mismo presidente (“ni este hombre que fue elegido políticamente por el pueblo, por las grandes mayorías, ni esta empresa, [sic] yo no estoy dispuesto a aguantarme ese sonsonete”).

En la conversación que se ha hecho pública intentó vetar el programa Los Puros Criollos (“matamos la producción”) y a su presentador, Santiago Rivas, (“no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar… con esta empresa”).

Desde la posesión de Bieri se notó la intención de poner a competir los medios públicos con los privados. 

La grabación deja ver además las razones para acallar a Rivas y su manera de pensar. Según Bieri: “No habla de RTVC, pero habla del proyecto de ley [de modernización de las TIC], pero hace quedar, digamos si RTVC está a favor del proyecto, y critica el tuit donde RTVC respalda el proyecto de ley… declárese impedido”.

En el fondo de todo está pues el polémico proyecto de ley que ha sido criticado por diversos sectores de la industria, de la academia, de los partidos políticos y de la sociedad civil. Pero el gerente quiere rehuir el debate y así lograr que el Congreso la apruebe sin mayores dilaciones.

Estos actos revelan la displicencia de algunos altos funcionarios hacia los medios públicos, y subrayan el peligro de que ellos incumplan su función de cuidar la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo, y se conviertan en caja de resonancia del gobierno.

El incidente deja también en vilo la autonomía de la RTVC ante las prácticas autoritarias de Bieri, quien renunció a raíz del escándalo y apenas cinco meses después de posesionarse.

Le recomendamos: ¿En qué quedó el periodismo? En 2018 corrió peligro.

Los otros síntomas


Instalaciones RTVC  
Foto: RTVC

Pero el intento de censura fue apenas otra muestra de una actitud gubernamental que claramente contradice el deber de los medios públicos.

Desde la posesión de Bieri se notó la intención de poner a competir los medios públicos con los privados. El propio presidente Duque hizo énfasis sobre el aumento exponencial de la audiencia y dejó en segundo plano la función de llenar los vacíos que dejan los operadores privados.

La consigna fue acabar con la que denominaron “dictadura de las parrillas”, parrillas que siguen siendo la base del consumo televisivo tradicional en un país desconectado y tremendamente desigual en el acceso a los productos audiovisuales en otro tipo de dispositivos.

Además, el pasado diciembre se cambiaron los equipos creativos de Señal Colombia, a pesar de que estos habían dado muestra de su capacidad, como lo prueban los premios y críticas favorables de los expertos. En ese momento no les fue renovado el contrato a diecinueve empleados que estaban encargados del proceso creativo del canal.

Los medios públicos estatales no pueden ser voceros del gobierno de turno, ni propagandistas de sus políticas.

También hubo demoras para aprobar los contratos de veintitrés coproducciones pactadas por un valor de veinte mil millones de pesos, de los cuales la entidad aportaría el veinticinco por ciento. Esto se tradujo en desmejora de la programación, y las casas productoras se vieron afectadas mientras esperaban los giros para terminar sus productos.

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar otro incidente de usurpación de funciones en Señal Colombia y en la Radio Nacional. Ese día sus periodistas no pudieron intervenir en la entrevista al presidente Duque y fueron reemplazados en el último momento por dos analistas invitados. Recientemente el director informativo, Darío Fernando Patiño, confirmó que tenía que dar cuenta sobre los invitados a su programa y el tratamiento de temas sensibles.

Mientras tanto, Bieri tomó partido a nombre de todo el sistema de medios públicos a favor del mencionado proyecto de ley de modernización de las TIC, a pesar de las dudas que despertaba la iniciativa.

Por último, se ha percibido también la displicencia ante la estéticas y narrativas de los medios públicos, así como el desprecio por el trabajo realizado en la construcción de la parrilla de Señal Colombia, fruto de un trabajo continuado de tres lustros.

Medios bajo fuego

Pero no solo se ha afectado al sistema de medios públicos. Hay otros brotes preocupantes contra el ejercicio periodístico que han enrarecido la atmósfera de la opinión pública y han afectado el ejercicio de la libre expresión:

  • Acoso judicial de periodistas.
  • Estigmatización, como en el reciente caso de Vicky Dávila, que fue hostigada desde una cuenta oficial del Centro Democrático.
  • Calumnias a críticos, como le ha sucedido a Daniel Samper Ospina.
  • El despido de una comunicadora de una de las unidades de trabajo legislativo por lanzar críticas al gobierno.
  • Dieciocho periodistas víctimas de amenazas, tres de obstrucción al trabajo periodístico, tres de hostigamiento y treinta de violaciones a la libertad de prensa en apenas veinticinco días de este año.

Estos incidentes ponen en tela de juicio la democracia colombiana porque violan sus principios fundamentales y también los tratados internacionales.

Los convenios de la Unesco obligan a los Estados a crear las condiciones para que “puedan prosperar la libertad de expresión, independencia y pluralismo de los medios” y “fomentar el libre flujo de la información para que los ciudadanos puedan comunicar entre sí historias, ideas, información y correctores de la natural asimetría de la información entre gobernadores y gobernados”.

Para que esto se haga realidad los medios públicos estatales no pueden ser voceros del gobierno de turno, ni propagandistas de sus políticas.

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