Esa no era la jugada

Mario Morales

Por Mario Morales

Columnista

Al margen de los resultados, lo que deja el clásico capitalino es una sensación de absoluta desolación y abandono. Ya era exagerado sentir físico miedo en las tribunas de ese estadio obsoleto. Más grave aún cuando no era posible expresar las emociones a favor o incluso en contra de los equipos en contienda. (Püblica El Espectador)

Vino luego, infructuosamente, la parcelación de tribunas para que los fanáticos estuvieran separados. Los pañitos de agua tibia no fueron suficientes para impedir que el problema se creciera hasta el punto de restringir el acceso de una de las dos hinchadas en cada fecha y trasladar la guerra —porque eso es— entre desadaptados —muchos de ellos cobijados bajo el eufemismo de barristas— a las inmediaciones, con la reiterada afectación de los barrios y residentes vecinos.

Pero que sean los mismos barristas quienes establezcan filtros de ingreso para que seguidores del equipo rival no puedan asistir —como se denunció en redes— significa que el problema se salió de madre y es momento de parar hasta que alguna autoridad se haga cargo de semejantes exabruptos que desdicen del fútbol como espectáculo, escenario de encuentro o actividad comercial.

Es tan inaceptable como normalizar acciones de violencia entre lunáticos, más que fanáticos; así sucedió en Itagüí y ocurre todas las jornadas en que riñas y confrontaciones se convirtieron en eventos paisajísticos.

Explicaciones de la responsabilidad de directivos, comunicadores irreflexivos y convocantes en canales digitales hay por montones. Lo que se requiere es intervención inmediata con prevención y disuasión, claro, pero sobre todo en vigilancia y castigo de quienes se apropiaron a las malas, como es proverbial en este país, de uno de los pocos espectáculos masivos que les quedaban a los ciudadanos, hoy cercados por cobros excesivos de un deficiente servicio de televisión y por el miedo que generan quienes demencialmente trasladaron traumas e instintos a tribunas, vecindarios y redes sociales. Si no pueden asistir todos, que no entre ninguno.

¿Ignorancia o cinismo?

La Presión y la estigmatización a medios públicos. Análisis para Razón Pública.

Por Mario Morales.

Parafraseando al maestro Javier Darío Restrepo,

el periodismo (la democracia y los medios públicos)

comienzan a deteriorarse cuando se (o los) apartan

de las categorías del servicio, de lo público

 y de las tareas de información libre.

                                                                                              ***

No se sabe qué es peor, si la ignorancia de parte de algunos funcionarios en relación con el papel de los medios, especialmente los públicos, en las sociedades contemporáneas o su adscripción a la escuela del cinismo, que tiene matrículas abiertas todo el año, para atropellar impunemente el trabajo periodístico y el derecho a la libre información de los ciudadanos.

Claro, dirán, la culpa es de la tradición que acostumbró a legalizar la confusión intencionada entre todo aquello que es público, o parte del Estado, que somos todos, para considerarlo como patrimonio de los gobiernos de turno, autoproclamados como delegatarios directos para sus intereses particulares, esto es, propagandísticos y politiqueros.

En esa normalización indebida, acuñada en el mismo origen de los medios públicos, como una tara, se han disuelto las peregrinas protestas por el uso indebido del poder de presidentes, gobernadores y alcaldes para imponer gerentes, directivos de medios y de sistemas informativos, y lineamientos sobre los principios informativos de canales y emisoras. Pero, no contentos con ello, han querido incidir en las decisiones periodísticas de medios privados y comunitarios a través de presiones, amenazas, despidos o chantajes de diversa índole.

El resultado de esa perversión conceptual ha sido la esquizofrenia de querer acabar los medios públicos, relegados como están hoy, desde la perspectiva de las mediciones de audiencia, o tomárselos sin reato a través de caballos de troya para impedir disensos, fisuras o informaciones que los pongan en evidencia ante los ciudadanos.

Atados a una legislación del siglo pasado, los medios audiovisuales públicos en nuestro país se siguen considerando como apéndices de las administraciones sin que los organismos de control o la sociedad civil hagan algo al respecto. Sólo quedan algunas voces arando en el desierto, como las fundaciones en defensa de la libertad de expresión.

Clientelismo y politiquería

La clientelización de los medios públicos ha vuelto a la palestra a raíz de las sonadas denuncias sobre presiones, despidos, y ex abruptos en declaraciones oficiales sobre el cambio forzado de directivos administrativos y periodísticos en el Canal local de Telemedellín por la negativa a seguir presuntas directrices de la alcaldía, secretarías y otras entidades de esa ciudad, como se desprende de lo que han señalado el periodista Hernán Muñoz, director del sistema Informativo, y de Johanna Jaramillo, la gerente, obligados a salir del medio con una diferencia de 3 semanas, porque, según ellos, no aceptaron las presiones  para convertir a ese medio “no en el canal de la gente, sino en el canal del alcalde” y más que eso, “en el canal de Daniel Quintero”.

El desconocimiento o el cinismo, mencionados antes, quedan de manifiesto en las declaraciones del gerente entrante, Deninson Mendoza, cuando se refirió, en Bluradio, al Canal como “una de las 37 empresas del conglomerado público de la alcaldía de Medellín”.

Esa visión deformada no solo pretende arrebatarles a los ciudadanos el medio que debería potenciar su voz, sus necesidades y sus preocupaciones, sino que además busca justificar las presuntas presiones, de las que hablan los implicados, y contradice la razón de ser del periodismo y de los medios públicos, relegándolos a la dependencia de decisiones burocráticas o serviles, solo porque el flamante funcionario “no estaba de acuerdo con línea periodística de Muñoz en el tratamiento de los temas sensibles de la ciudad” que afectaban la imagen del alcalde.

Otras denuncias en el mismo sentido dejan en evidencia que no se trata de coyunturas o reacciones aisladas sino de un “estilo de administración”, cuando hablan de interferencias de las secretarías para presionar cubrimientos, de decisiones de la primera dama, de investigaciones sobre preferencias políticas de los periodistas y el monitoreo constante a sus publicaciones en diversas plataformas.

Estilo que ya se había manifestado, como documentó la Flip, a mediados del año pasado, en denuncias de medios y periodistas de ser monitoreados por la alcaldía en redes sociales, para obstruir publicaciones sobre acusaciones de presunta violencia sexual.

Más recientemente, el alcalde la ha emprendido contra el diario El Colombiano por publicaciones críticas a su gestión, debidas según el mandatario y otros funcionarios a la disminución de la pauta publicitaria oficial en ese medio. Esa sola insinuación pone en entredicho, sin pruebas, la transparencia de anteriores administraciones y del uso de la pauta oficial ya no con perspectivas propagandísticas o de difusión sino como elemento de presión para obtener narrativas favorables.

Además, ese tipo de señalamientos, comunes en varias regiones del país, quieren hacer ver como una confrontación para tratar de neutralizar, como dice su directora Luz María Sierra, el ejercicio independiente del periodismo con investigaciones o denuncias. En ese sentido, la pauta, como enfatiza la periodista, no puede ser considerada nunca como presión, ni cuando está ni cuando no está, porque el periodismo se debe a sus lectores y audiencias.

Las declaraciones de la administración se dan en medio de versiones sobre la conveniencia de la partida de 160 millones de pesos mensuales para publicidad en 26 medios no tradicionales, con escasa experiencia o muy baja audiencia.

Los hechos hacen recordar, entre otros casos, denuncias sobre despidos a periodistas por contenidos de Teleantioquia que, en 2008, afectaban la gobernación; o en Canal Capital, por presiones sobre contenidos e invitados en 2013. En cualquier caso, las presiones e injerencias en la línea editorial de los medios públicos configuran, como lo plantea la Flip, censura indirecta, pero se constituyen, además, en otros tipos de ataques a la prensa, cuando acuden a estigmatizaciones, amenazas y despidos que devienen miedo y contenidos incompletos, que configuran otra veta de esa gran peste que es la desinformación, contaminan la esfera pública, recortan la libertad de expresión y atentan contra los principios democráticos de pluralismo, diversidad y participación ciudadana. Pero más que nada, afectan la reputación del periodismo y de su credibilidad; contribuyendo al descenso de la confianza en los medios, para ratificar la reciente conclusión de Reporteros sin Fronteras que los principales artífices del desprestigio periodístico son, absurdamente, quienes están llamados a defenderlo: los gobernantes.

Si por allá llueve…

La pretendida cooptación de los medios públicos por parte de los gobiernos sigue siendo una constante en nuestro país, bien por el atiborramiento de programas o espacios informativos de carácter propagandístico, disfrazados de periodísticos, poniendo en entredicho el valor de la verdad, o con actuaciones similares a la ya mencionada como sucedió con las presuntas presiones del gobernador del Quindío Roberto Jaramillo, denunciadas hace un año ante instancias como la misma Flip, por el entonces director del sistema informativo en Telecafé, Juan Manuel Lenis, que lo llevaron a renunciar hace ocho meses.

O como sucedió en diciembre de 2018 cuando la gerencia de entonces en RTVC retiró de la parrilla la repetición de Los Puros Criollos por la actitud crítica de su presentador, Santiago Rivas.

O como se viene extendiendo a medios comunitarios, también documentados por la Flip, como la emisora la Radio de mi Gente, desde donde denunciaron, hace un mes, presiones del alcalde de Chaparral, Tolima, por publicaciones críticas a la prestación del servicio de acueducto. Su director, Héctor Fabián Chila, recibió luego amenazas.

O como las recientes intimidaciones y amenazas en Puerres, Nariño, contra el reportero Andrés Benavides de la emisora comunitaria Paraíso Estéreo 96.3 FM, único medio de comunicación en esa zona.

Presiones a las que no escapan ni los medios privados, a juzgar por los ataques y las publicaciones hostiles desde el Centro Democrático contra Caracol Noticias por sus emisiones en relación con los procesos adelantados por las ejecuciones extrajudiciales.

Culpar al mensajero sigue siendo la estrategia gubernamental perfecta para esconder errores, ineficiencia o irresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, pero domesticarlo o despedirlo porque no logra alinearlo con la historia oficial que quieren contarnos es atentar contra derechos y libertades, y contra el mandato para que cual fueron elegidos, no importa si un día muestran la máscara de la ineptitud y al día siguiente se burlan de los ciudadanos con la del cinismo; actitudes tan graves como lo que quieren ocultar. @marioemorales y www.mariomorales.info

¿Prueba superada?

Dirán luego que es una frase sacada de contexto, pero eso de abogar porque se retire el uso obligatorio de tapabocas, aun en escenarios al aire libre, como pidió la ANIF, no tiene pies ni cabeza. Una cosa es revisar normas injustas o insulsas en el país de los trámites y requisitos, y otra atreverse, sin sustento científico, a pedir la eliminación de medidas de probada efectividad en el control del contagio de COVID-19 y otras enfermedades. (Publica El Espectador)

Hace recordar esa frase que pasó a ser patrimonio popular y decía algo así como: ahora que estamos tan bueno, ¿para dónde nos vamos?, que expresa miopía y cortoplacismo en momentos en que la pandemia se mantiene en el horizonte como espada de Damocles.

Entidades como esa, de ascendiente social, deberían en cambio liderar su uso permanente, incluso si se logra algún día controlar la peste. Lo mismo pasa con los aforos. Que eventos y negocios no respeten la medida como debieran —el caso de estadios de fútbol y grandes discotecas debería mirarse con lupa— no es patente de corso para regresar sin más al hacinamiento, que puede aguar las celebraciones de fin de año. No parece haber el mismo rasero en la reglamentación de otros escenarios, como los culturales.

Es cierto que las cifras de contagios y mortalidad vienen a la baja y que es menester retomar la movilidad y la presencialidad por razones económicas, de empleo y salud mental, pero precisamente por ello hay que mantener ventilación, distanciamiento y uso de mascarillas. Más aun, con las oscilaciones en el lento proceso de vacunación, que apenas supera la tercera parte de la población.

Ese pronunciamiento es otro síntoma más del relajamiento de autoridades e instancias encargadas de prevenir y hacer pedagogía para no reeditar experiencias que aún no terminamos de superar. A menos que ellos sepan algo que nosotros no.

***

Por otra parte, en medio de asesinatos, linchamientos y exhibicionismo inescrupuloso, se avizora la emergencia del espíritu paramilitar y la cultura traqueta. Yema y clara del huevo de la serpiente, como diría el inmortal genio del cine Ingmar Bergman.

La legalidad de la desigualdad

Miradas en bruto, las cifras sobre desempleo —una disminución de 4,5 puntos porcentuales a agosto de 2021, como lo reporta el DANE— pueden sonar halagüeñas. Pero, aterrizadas en carnitas y huesitos, es indecente seguir considerando empleo toda labor continua que tenga como pago menos de un salario mínimo. (Publica El Espectador)

Que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, un poco más de seis millones de colombianos hubiesen recibido medio salario mínimo o menos en 2020 es impresentable para esta sociedad que ya comienza a llenarse la boca hablando de recuperación, en medio de la creciente desigualdad, el tercer apellido que tienen la inmensa mayoría de seres a quienes les tocó en suerte nacer en estas tierras.

Esa es la dramática situación de la mitad de trabajadores en Colombia. De ellos, el 46 % no estudiaron nada, es decir, están condenados a vivir en situación de miseria sin esperanza alguna. Es la suma de las inequidades: la del acceso a la educación, la del acceso al empleo regular y la de la imposibilidad de tener ingresos dignos para sí mismos y para sus familias.

Una desigualdad que pasa factura en el día a día y en las cosas pequeñas, pero se legitima y resignifica en otros aspectos estructurales de esta cultura hipócrita que, entre otros muchos aspectos, sigue alabando a los avivatos a la hora de las evasiones y las elusiones en el pago de impuestos, terminando de ampliar la brecha para los que nada tienen.

Avivatos que se exhiben orondos porque no tributan aquí o pagan menos en otras latitudes, como si semejante acto infestado de “legalidad” no fuera una suerte de traición a su país y una sonora y dolorosa bofetada a quienes sí lo hacen y a quienes, con esos tributos, podrían acceder a algún tipo de educación, alimentación o servicio de salud.

Más grave todavía, si semejante “felonía” la cometen quienes ocupan u ocuparon altos cargos en la vida pública. Así las normas los amparen, son responsables por acción, omisión y ejemplo del despeñadero moral y social del país donde la desigualdad parece ser legal. La historia los condenará.

La hora de las utopías

No. El creciente problema de la guerra, porque de la paz se habla cada vez menos —como no sea para evocar la eterna utopía de este país descuadernado—, no debe ser un asunto de campaña. Ya fue suficiente que los fusiles impusieran presidente durante, por lo menos, seis períodos. (Publica El Espectador)

La emergencia del conflicto, acompañado de distintas y cada vez más complejas formas de violencia, es, parafraseando a Clemenceau, un asunto demasiado serio como para dejárselo a políticos o militares.

Más allá de los miedos, la desinformación o la reconstrucción del viejo enemigo único, encarnado en las guerrillas, las voces vivas del país parecen estar ocupadas en otros menesteres, presionados por la otra inseguridad, el cuarto pico o los yerros de este Gobierno, tantos que no es concebible que sean sin intención, sino una insólita adaptación del entretenimiento con fines distractores.

Hasta en la agenda de la mayoría de los medios, combates y escaramuzas ocupan un lugar discreto, imperceptible, sin cubrimiento in situ, supeditados a información centralista o comunicados, sumisos a la patraña uribista de hace más de tres lustros, de impedir reportería dizque por seguridad. Desaparecida la información, hicieron creer que el conflicto no existía.

Pues la guerra está viva, cobrando víctimas y avanzando para cumplir su propia profecía de indomabilidad por su carácter fragmentario, sin mandos únicos ni controles internos distintos a vendettas o delaciones.

Es hora de que la sociedad civil, acompañada de academia y comunidad internacional, se arrogue el derecho de liderar alarmas, relatos y manifestaciones creativas para exigir el cese efectivo de las violencias, habida cuenta de los oídos sordos de este Gobierno y los brazos caídos del Congreso, hoy más remoto que nunca.

Quizá no sea hora aún de abandonar la utopía de la paz, así tengamos que inventarnos otra, tanto o más inalcanzable, para que nos decidamos a pedir o a hacer algo que no termine en una ley o una reforma ni que tenga que pasar por manos de políticos; mucho menos si están, como por estos días, ebrios de poder y bajas pasiones.

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