La verdad en guerra: amenazas contra medios

Más que las eternas represalias por el trabajo de algunos periodistas, hoy estamos asistiendo a una cruzada para imponer una cierta lectura del conflicto como versión oficial de la historia.

Mario Morales*

Fabricando la opinión

(Tiempo estimado: 5 – 10 minutos)

En medio de las sombras que cubren, de manera reiterada, reinventada y reforzada, el ejercicio periodístico hoy en Colombia es posible distinguir por lo menos los siguientes patrones:

-Que no es lo mismo trabajar en las ciudades capitales que en las regiones como lo ratifican hoy los 3 reporteros de Mocoa, abandonados a su suerte, luego de efímeros registros de sus colegas en los medios de cubrimiento nacional. Conminados a salir de la región, no obstante, resisten desde sus casas o medios, pero no san su brazo a torcer. La brecha entre centro y periferia en vez de disminuir con la omnipresencia de los medios digitales, se acentúa.

-Que la confusión generada en las redes sociales, con velada intencionalidad de ideologías y fanatismos, al tiempo que suscita amenazas inconcebibles, pone a dudar por igual a audiencias y reporteros sobre el deber ser del oficio, como le consta a Paola Rojas la periodista de Noticias Uno que grabó lo que se dijeron entre bastidores algunas de las voces reconocidas del Centro Democrático después de la posesión presidencial. No hubo dolo, ocultamiento ni lesión a la ética en el hábil trabajo de la comunicadora que grabó de manera visible, como consta en las fotos que circularon a posteriori, una reunión pública sobre un hecho público en un lugar público. Su labor se ve legitimada por el evidente interés que suscitaron esos comentarios dichos en palabras y voces de los mismos protagonistas.

-Que se sigue naturalizando cada año electoral como un período en el cual son “normales” las amenazas a los periodistas fruto de las tensiones y disparidades ideológicas y emocionales de los contendientes de diverso origen en el espectro político.

-Que la descalificación a la prensa se convirtió en un leitmotiv en los discursos demagógicos e incendiarios de quienes quieren cosechar en los descontentos ciudadanos, y que dicha descalificación no solo merma la confianza en medios y reporteros, sino que permea el ambiente para que surjan y, de manera absurda, hasta se justifiquen las amenazas en grupos sectarios y fanáticos; o que los periodistas sean estigmatizados en medio de la indiferencia de la “opinión pública” desinformada.

-Que, nuevamente, sean los mensajeros y no los hechos denunciados o los culpables de esos hechos el epicentro de las iras, críticas y amenazas de individuos o masas prejuiciadas.

-Que no haya contundencia en las investigaciones acerca del origen y autores de las amenazas, cuyos resultados apenas son esbozados en medio de ambigüedades o generalidades que tienden a la impunidad.

-Que el patrón de amenazas y demás violaciones a la libertad de expresión pase por el amedrentamiento de individuos o grupos específicos al tiempo que como advertencia para los demás; por generar confusión intimidando a comunicadores de distintas vertientes para hacer inubicable en el espectro ideológico a los responsables; y por acallar voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolos judicialmente o conminándolos a autocensurarse en la búsqueda de la verdad en el momento histórico que vive el país acerca de la definición y concreción de la paz y la reconciliación.

Ese estado de zozobra continua que este año ya supere las 139 amenazas*, según la Flip, no solo ataca las iniciativas de investigación, sino que ataca también las de interpretación y opinión acerca de los hechos sensibles del país, para coaccionar, limitar e impedir la libertad de expresión de quienes trabajan o colaboran en los medios masivos de comunicación, pero extienden su nefasta influencia a los ciudadanos con voz en las redes sociales, en la idea de generar eso que Walter Lippman, llamó un consenso manufacturado en torno a determinadas ideas; concepto que después retomó Noam Chomsky para significar que la construcción de opinión pública no siempre obedece a un derrotero o una intención sino a un “fenómeno corporativo y emergente”, lo que no excluye que esa manipulación pueda estar envuelta en sombras y anonimato.

Esas amenazas, tras bozales de grupos violentos de extrema derecha, y que tildan, entre otras cosas, a los comunicadores de “guerrilleros”, aparecen en un momento crítico de fanatismo en torno a la implementación de los acuerdos del proceso de paz, especialmente en lo atinente a la comisión de la Verdad, cuyas directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios e imprecaciones.

Que casi todos los amenazados tengan que ver de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico de visibilización de las víctimas, los pone en el mismo contexto de indefensión y riesgo que los líderes sociales y de los personajes piloto que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales

En el fondo, parece estar en juego la versión de lo ya acaecido y de lo que está sucediendo en los hechos de guerra y paz en nuestro país en los últimos años, como lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la citada comisión solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto armado.

Narrativas de la paz

Periodismo en Colombia.
Periodismo en Colombia.
Foto: Emisora cultural del Huila

Como en la novela 1984, algunos medios de comunicación se han empeñado en una narrativa acerca del proceso de paz que pretende ocultar, disipar o confundir una verdad recuperada a partir de documentos y trabajo periodístico.

A esa verdad se anteponen los prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos y hacer creer, como decía Orwell, que la guerra es paz y la paz es guerra; que la ignorancia –entendida como ausencia de verdad– es fuerza.

Quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país.

Consecuencias nefastas

Las amenazas proferidas por grupos de extrema derecha surgen en un momento crítico de fanatismo contra el desarrollo del Acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad ha sido un tema particularmente sensible- y tanto así que sus directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios-.

Casi todos los periodistas amenazados están relacionados de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico para dar visibilidad a las víctimas. Esto los pone en una situación de indefensión y riesgo similar a la de los líderes sociales que trabajan por los derechos humanos y las libertades individuales y sociales.

Algunas de las violaciones a la libertad de expresión que siguen sin esclarecerse son:

  • Las amenazas en Internet contra María Jimena Duzán, columnista de Semana y declarada defensora de la paz;
  • Las amenazas contra Jineth Bedoya, defensora de los derechos de las mujeres;
  • Las amenazas contra La Silla Vacía, medio independiente que investiga el poder;
  • Las amenazas contra Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz –comunicadores de RCN pertenecientes a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional– cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas;
  • Las más de diez amenazas contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores, así como las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio;
  • Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez por sus denuncias de violación de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín;
  • Las amenazas contra Laura Montoya, quien ha venido publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales en Mocoa, Putumayo;
  • Las amenazas contra Fernando Londoño, director del programa “La hora de la verdad”, y Luis Carlos Vélez de la emisora La FM.
  • Las agresiones verbales y el decomiso de celulares a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país;
  • Las amenazas contra Januaria Gómez, quien tuvo que irse de Segovia, Antioquia por sus reportajes acerca de irregularidades en la minería y de daños al medio ambiente;
  • Las advertencias de atentado contra los diarios La opinión y Q’Hubo por sus denuncias de bandas delincuenciales en Cúcuta, y
  • El veto impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora en Maicao, para hablar del alcalde, de aspirantes a cargos públicos o de entidades estatales.

La consecuencia directa de estas amenazas para los comunicadores y sus audiencias, especialmente en las regiones, es la sensación de caos y peligro que deviene en miedo a expresarse y en temor a actuar por falta de garantías.

Los efectos colaterales son la parálisis o la autocensura en el proceso de encontrar y decir la verdad sobre el presente y el pasado reciente en los medios masivos – e inclusive en las redes sociales-

El miedo aumenta ante la falta de resultados de las pesquisas oficiales, pues las  autoridades tienden a investigar ataques consumados pero no a prevenirlos, y muestran negligencia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo. Precisamente por eso, las autoridades han contribuido a naturalizar una prensa escoltada, que no favorece el ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La responsabilidad del periodismo

La excitación excesiva frente al futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa incendiaria de la sectarización, que se manifiesta en debates virulentos y efectistas, como los que se han venido dando especialmente en la radio.

El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

Esta agitación alcanzó un punto deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el analista Ariel Ávila, quien acusó a su oponente de maltrato verbal y de decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que decía el abogado.

Los medios, que tienen el poder de legitimar lo que dicen y piensan sus audiencias, no pueden seguirle el juego a los insultos y las estigmatizaciones en los debates sobre temas importantes solo por aumentar la sintonía. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

La autorregulación que deben practicar los panelistas tiene que comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de los espacios periodísticos, cuyo propósito ha de ser el esclarecimiento de situaciones coyunturales mediante la exposición bien argumentada de ideas diversas.

La construcción de la verdad no se puede comprender como una lucha entre visiones radicalmente opuestas o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Cifras alarmantes

Proceso de paz.
Proceso de paz.
Foto: Presidencia de la República

Para acabar de nublar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya son casi 300 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento que hace la FLIP. De esas violaciones:

  • 55 son en Bogotá;
  • 22 en Antioquia;
  • 22 en Huila, y
  • 10 en Magdalena.

Hasta el momento, de estas violaciones:

  • 124 corresponden a amenazas;
  • 32 a acoso judicial;
  • 26 a obstrucción del trabajo periodístico;
  • 19 a hostigamiento;
  • 19 a estigmatización;
  • 17 a agresión.

El estado de cosas es tan preocupante que 19 entidades, cinco de ellas embajadas en Bogotá, ONGS y la oficina del Alto o Comisionado para los Derechos Humanos elevaron su voz pidiendo garantías para los periodistas. Por ahora hay una tímida respuesta de la Fiscalía que anunció avances en dos casos, pero necesitamos medidas eficaces, más allá de las investigaciones post factum o de las escoltas engorrosas que han sido sugeridas.

Frente a este panorama desolador es necesario salvaguardar a la prensa, eje de la democracia. El Estado debe dar resultados en la búsqueda de los victimarios; los gobiernos de Santos y Duque deben condenar estas violaciones y tomar medidas, ojalá de manera conjunta, con el apoyo de los organismos de protección. Finalmente, los medios y periodistas deben actuar como un solo cuerpo y los ciudadanos unirse a esta defensa de la libertad de expresión, que es la suya representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego. Más que de mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican como uno de los países más inseguros de la región y del mundo para el ejercicio periodístico, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros y la independencia de los medios.

Pero, sobre todo, se trata de no perder la posibilidad de construir un relato fidedigno de nuestros acontecimientos para impedir que fuerzas oscuras nos arrebaten la verdad.

Mal, y aumentando…

Mal, y aumentando…

Por Mario Morales

Hay indicadores que llegaron para crecer y multiplicarse. Son testimonios de la incapacidad humana. Esas cifras esconden el drama de las víctimas, pero también ineptitud, indiferencia, falta de voluntad política o todas las anteriores, para controlarlas. (Publica El Espectador)

Es lo que muestra el año que acaba de terminar con los asesinatos de más de 100 líderes sociales, más de 800 mujeres, o con el número de quemados con pólvora o de riñas por intolerancia, la tercera parte en celebraciones y preferencialmente en domingo.

Lo mismo pasa con las agresiones a la prensa en Colombia y el mundo: en 2016 hubo 240 víctimas, ocho más que en 2015. Si bien no hubo asesinatos, siete comunicadores fueron secuestrados, 100 amenazados, 45 agredidos y 19 estigmatizados, según la FLIP. Incluso hay indicadores fatalmente proféticos: en los primeros cinco meses de este año prescribirán cuatro casos de periodistas asesinados en 1997.

Los conflictos en medio oriente aumentaron escandalosamente los índices orbitales de libertad de prensa. Según Reporteros sin Fronteras (RSF) 74 periodistas fueron asesinados el año pasado. Hay 348 periodistas encarcelados, 179 son profesionales y los restantes, net ciudadanos o colaboradores. Peor aún, 52 reporteros son rehenes.

Los países más mortíferos son Siria, Irak, Afganistán y en nuestro patio, México con nueve asesinatos, Brasil con tres, Guatemala con dos, y Perú y El Salvador con uno.

Junto a las agresiones directas, conspiran contra la independencia periodística la impunidad, interceptaciones, precarias condiciones laborales, leyes mordaza, autocensura y la creciente concentración mediática en manos de poderosos. Por ejemplo, según RSF, el 90 % de medios estadounidenses está en manos de sólo seis empresas.

En este maremágnum preocupante, resalta la iniciativa de periodistas, medios y ciudadanos con la naciente Liga contra el Silencio para enfrentar uno de esos males, la autocensura. Por ahora hay nueve empresas y organizaciones, como la Silla Vacía, Flip, la Pulla y Vice, entre otras, haciendo lo que se debe: Periodismo. Bienvenidos.

Ojo con esos precedentes

Por: Mario Morales

Ya metidos en el berenjenal de llover sobre mojado, legislar sobre lo legislado, meterse en cercados ajenos y publicar resoluciones que pueden afectar en el presente y futuro la libertad de expresión, el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse tarde o temprano sobre las reclamaciones hechas a las medidas que publicó en torno al cubrimiento periodístico del plebiscito. (Publica El Espectador)

Sin tiempo, y quizás sin argumentos como lo probaría el peloteo interno del caso, el CNE querrá pasar de agache estas dos semanas largas sin pronunciarse para evitar más magulladuras en su imagen institucional.

Pero no puede quedar el precedente de asuntos como ese de decretar el pluralismo informativo por pupitrazo como pretende hacerlo. A un medio no se le puede obligar a dar igual participación a todas las corrientes. Coincidimos con Pedro Vacca de la FLIP en que los medios tienen derecho a una línea editorial y a una postura política. El deber de las autoridades es velar para que en la suma de oferta de medios distintos sí exista diversidad de voces e ideologías. Además, el equilibrio milimétrico es cosa del pasado; en los medios debe primar la honestidad.

A la hora de las rectificaciones, ya consagradas constitucionalmente, el CNE no podría ser parte, al solicitarlas, y luego juez, al estudiarlas. Para eso también ya existen instancias judiciales definidas.

Tampoco es procedente el galimatías de prohibir información proveniente de fuentes no oficiales con el pretexto del orden público, que como también señala la FLIP puede constituir censura previa.

Así no haya efecto inmediato, como parece, este tipo de medidas no le hacen bien ni a la democracia ni al periodismo. Como tampoco hacen bien acciones ciudadanas como la que sufrió el equipo de “Los Informantes” en Guaviare, sometido a un intento de censura de contenidos por una junta de acción comunal con el pretexto de la estigmatización.

La libertad de expresión es sagrada y eso deben saberlo los que mandan y los de a pie.

Aumentó Violencia contra periodistas

Aumentó Violencia contra periodistas

Al menos 27 periodistas y otros trabajadores de la prensa fueron asesinados en el continente americano por razones que podrían estar relacionadas con su trabajo durante 2015. Así lo documentó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2015 dado a conocer el 23 de marzo. (Publica Knight Cenbter)

Además de estos casos, la oficina registró los homicidios de otros 12 periodistas “en los que no es posible determinar sin una investigación exhaustiva el vínculo con la labor de informar”.

Precisamente es el aumento de la violencia contra los trabajadores de la prensa una de las mayores preocupaciones de la Relatoría Especial que aseguró este es el tercer año consecutivo en que esta cifra crece. Así por ejemplo, en 2014 documentó 25 asesinatos mientras que en 2013 registró 18.

De acuerdo con la Relatoría, el continente se ha convertido en una de las regiones más peligrosas en el mundo para ejercer el periodismo. En el hemisferio el asesinato y el secuestro se han convertido en una de las “peores formas de censura” teniendo en cuenta los efectos que tienen no solo para las víctimas sino para la sociedad en general.

Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay fueron los países en donde se registraron asesinatos de periodistas. La mayoría de estos reporteros cubrían temas relacionados con el crimen organizado, corrupción política o representaban a sus comunidades, señaló el informe.

En Brasil se documentaron 11 asesinatos entre los que se encuentran los casos de Evany José Metzker, Djalma Santos da Conceição, Gleydson Carvalho, Israel Gonçalves Silva e Ítalo Eduardo Diniz Barros. También el de Gerardo Servián, un periodista paraguayo asesinado en un pueblo brasileño fronterizo. La Relatoría le recomendó a Paraguay colaborar con las investigaciones del caso.

Los altos niveles de violencia que afectan a Honduras han encontrado en los periodistas un blanco. Para el primer semestre de 2015, la Relatoría Especial ya había registrado el asesinato de ocho comunicadores, en cuyos casos no ha sido posible determinar el móvil del crimen. Entre ellos se encuentran los de Erick Arriaga, Artemio Deras Orellana, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adali Rodríguez y Joel Aquiles Torres.

De hecho, en un informe sobre Honduras publicado antes del informe anual, la CIDH además de establecer este incremento de violencia contra periodistas, aseguró que alrededor del 96 por ciento de los crímenes en su contra permanecen en la impunidad.

Por su parte México se ha convertido en la última década en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, según la Relatoría Especial que documentó el asesinato de seis periodistas por posibles motivos relacionados con su trabajo y de otros cuatro en cuyos casos no ha sido posible determinarlo.

En su registro se encuentran los crímenes de José Moisés Sánchez Cerezo y el del fotorreportero Rubén Espinosa.

En un informe previo sobre México, la CIDH hizo énfasis en los altos índices de impunidad así como en las fallas del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

En Colombia se registraron cuatro homicidios: Luis Peralta, Édgar Quintero, Flor Alba Núñez y Dorancé Herrera. Mientras que en Guatemala se presentaron tres asesinatos: Danilo López, Federico Salazar y Guido Villatoro. A este país, la Relatoría le recordó la necesidad de implementar un mecanismo de protección especial para periodistas que se viene planeando desde 2012.

En Estados Unidos se registraron dos asesinatos mientras que en República Dominicana uno.

En su informe, la Relatoría Especial le recomendó a los Estados adoptar medidas de prevención así como de protección para aquellos comunicadores que se encuentran en especial peligro. Asimismo, recordó la necesidad de realizar investigaciones “serias, imparciales y efectivas” sobre los crímenes contra periodistas, juzgar y condenar a los responsables, y reparar a las víctimas y sus familiares.

Este tipo de violencia, sin embargo, no es la única que afecta la libertad de expresión y el trabajo de los reporteros en el continente. Según la Relatoría Especial también se registró un aumento en el número de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.

El informe también aseguró que durante 2015 hubo un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las autoridades de algunos Estados al momento de responder al gran número de protestas y manifestaciones. Esta respuesta no solo afectó a manifestantes, sino a miembros de la prensa quienes resultaron agredidos, detenidos y/o con sus equipos de trabajo destrozados, robados y decomisados.

Según la Relatoría Especial estas situaciones se vivieron en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela. El informe dio cuenta de protestas reprimidas en Nicaragua y Paraguay.

Una de las restricciones a la libertad de expresión que ha señalado en los últimos años la Relatoría Especial es el uso del derecho penal. De acuerdo con el último informe, varias de las denuncias presentadas en su mayoría por funcionarios públicos o candidatos a serlo, terminaron en “condenas a penas de prisión a los comunicadores o activistas políticos o sociales involucrados en la aplicación de figuras penales que protegen el honor, tales como la difamación, injuria o calumnia”.

Así por ejemplo se mencionó la condena a dos directores del periódico El Ciudadano de Chile acusados de injurias a un exdiputado; la detención y condena a trabajo comunitario a un adolescente en Ecuador por haber hecho “varias veces un gesto obseno e insultante” al presidente del país Rafael Correa; así como la demanda por difamación del entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, y sus directivos.

Sobre este tema, el informe hizo un seguimiento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador, aprobada en 2013, y señaló que durante 2015 bajo esta nueva ley “se impusieron numerosas sanciones de comunicación de forma incompatible con lo estándares internacionales en material de derecho a la libertad de expresión”.

Para la Relatoría Especial preocupa “las sanciones desproporcionadas” que aplica el organismo creado por la LOC – la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – así como “el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al Gobierno, tutelar la imagen de funcionarios públicos afines a éste, e imponer una visión y discurso oficial a medios de comunicación, periodistas y caricaturistas en ese país”.

El pasado junio, cuando la Supercom cumplió dos años de actividades se estableció que la entidad había ejecutado más de 500 procesos en contra de medios de comunicación, había sancionado a 313 empresas mediáticas y había impuesto multas por casi US 274.000 dólares. Algunas de sus sanciones más polémicas han sido las impuestas al caricaturista del diario El Universo Xavier Bonilla ‘Bonil’ quien incluso fue obligado a rectificar uno de sus trabajos.

El informe también señaló a Argentina, Ecuador y Venezuela como los principales países en donde altos funcionarios atacan a periodistas y medios de comunicación “que publican información que no es del agrado de la autoridades” a través de declaraciones estigmatizantes.

Sobre este tema la Relatoría Especial recordó el deber que tienen los funcionarios públicos de asegurarse que sus expresiones no son una “forma de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir con la deliberación pública”, según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El informe también establece avances en materia de libertad de expresión por cada país. Uno de ellos fue la condena a 36 años de prisión del exdiputado colombiano Ferney Tapasco acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra ocurrido en 2002.

Asimismo, destacó la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica en México que según la Relatoría “aumento las garantías para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.

Además del análisis de cada país, el informe anual de la Relatoría Especial cuenta con dos informes temáticos: ‘Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas’ y ‘Discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuals, trans e intersex en América’.

El informe de la Relatoría hace parte del Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-16844-violencia-contra-periodistas-aumento-en-las-americas-durante-2015-informe-de-la-relato

¿Hasta dónde llegan intimidad y periodismo?

Por:  Unidad de datos

El video revelado por ‘La F.M.’, que muestra una conversación de contenido sexual entre el capitán de la policía Ányelo Palacios y el entonces senador Carlos Ferro, mientras este último maneja su carro oficial, abre un debate pertinente entre periodistas sobre si era o no necesaria su publicación como prueba de una investigación periodística.

Algunos han considerado que fue excesivo y otros llaman la atención sobre la necesidad de que se analice el video en el contexto de la investigación y no como una pieza por separado. (Publica El Tiempo)

 Vicky Dávila, directora de la mencionada emisora, le dijo a EL TIEMPO: “Tomamos la decisión editorial porque hay unas investigaciones muy profundas que tienen que dar unos resultados a nivel de las autoridades, y es identificar si en realidad esa red de prostitución llamada la ‘comunidad del anillo’, dentro de la Policía, sí tenía a través de un coronel, nexos con políticos. Y si era cierto que a través de presiones a los jóvenes de la Escuela General Santander, él entregaba a los muchachos para hacer favores sexuales a congresistas”.

Agrega que la audiencia en general no se puede quedar solamente en el debate de la vida privada: “Acepto críticas y opiniones diferentes, pero creo que el debate principal es la crisis en la que está la Policía. Mi obligación editorial es que sentí que era necesario publicar el video y lo publicamos ya estando judicializado”.

Mario Morales, director del Departamento de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, expresó que hay tres aspectos que “contaminan” la decisión periodística para publicar el video: “Es un video inducido, no tiene ningún indicio judicial o periodístico que genere o confirme o dispare algún tipo de investigación; es un video que sobrepasa los linderos de la privacidad y la dignidad con un contexto que no existe”.

Para Javier Darío Restrepo, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez, lo primero que se debe tener en cuenta al analizar el tema es que en cuestiones de ética nadie es juez de nadie. Por tanto, el debate se debe centrar en recordar algunos principios para que cada quien los aplique.

“Los personajes públicos tienen un espacio menor de intimidad que la persona común y corriente. La razón de que tengan un espacio menor es que ellos manejan asuntos públicos por los que tienen que responder ante la sociedad”, dijo.

Con relación a si el video tiene que ver con la vida privada del personaje público y por tanto no aporta a la investigación, Restrepo indicó: “Cuando un periodista entra a examinar la vida personal de alguien que está en el sector público debe hacerlo si esto llega a servir al bien público”.

Olga Behar, investigadora y maestra en periodismo de la Universidad Santiago de Cali, sostuvo: “El periodista no debe autocensurarse, en el sentido de que si consigue un documento que soporte la investigación, no debe privar a la opinión pública de esos hallazgos que sirven al sustentar el tema; pero el periodista debe tener la capacidad de editar aquellas partes que comprometan la dignidad y la vida personal de cualquier ciudadano”.

Explica Behar que la probable relación que podía existir entre la ‘comunidad del anillo’ o los favores sexuales por parte de policías y congresistas, si es un tema que se está trabajando en la investigación, el video es una prueba. “Pero con 30 segundos de video es suficiente. Lo demás es exceso y no es buen periodismo”, puntualiza.

Por su parte, el director del periódico ‘El Heraldo’, Marcos Schwartz, señala: “Se debía prescindir del video y bastaba con explicar en un texto lo que representaba. Los detalles que había en ese video, desde mi punto de vista, no son necesarios para hacer entender la información o seguir la investigación. El video es redundante. No era necesario reproducirlo totalmente”.

Fernando Ramírez, editor de Noticias del diario ‘La Patria’, se refiere a la falta de análisis a la hora de tomar decisiones editoriales: “El periodismo es de casuística y hay criterios para cada caso. Si hablamos en este caso, uno ve cierto ánimo vindicativo. Creo que a los periodistas nos sigue faltando la reflexión previa para publicar. Las salas de redacción no pueden ceder la capacidad reflexiva que se debe tener ante noticias complejas. El componente de informar tiene otro pedazo y es el de la responsabilidad social, que poco tienen en cuenta ciertas figuras del periodismo”.

Finalmente, Omar Rincón, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes, precisa: “La investigación es buena y necesaria, pero el video no es significativo para el caso. Creo que a muchos periodistas los está afectando el síndrome de Watergate. Se ha vuelto de moda querer ser buen periodista tumbando a alguien y no lo de fondo, que para el caso analizado es la presunta corrupción que está ocurriendo en la Policía”.

El debate sigue abierto, porque como lo planteó la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, se abre una polémica sobre los límites de hacer periodismo en Colombia.

UNIDAD DE DATOS
Redacción ELTIEMPO.COM

Fuente:

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/periodistas-analizan-si-se-debia-o-no-publicar-el-video-de-carlos-ferro/16512838

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