Las amenazas digitales

Entre la Ignorancia y la impotencia.

Las amenazas y anuncios criminales que hoy circulan en los medios digitales demuestran la eficacia de la red, la complejidad y -los peligros- de controlarla y el desconcierto de las autoridades colombianas a la hora de enfrentar este fenómeno.

Por Mario Morales

Tan preocupante como el incremento de las amenazas por medios digitales ha resultado la respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Hablar, como suele hacer en los medios de comunicación tradicionales, de un campo de batalla entre los cibercriminales y los organismos encargados de contrarrestarlos es un desatino. (Publica Razón Pública)

Primero por la evidente desproporción. Los delincuentes han demostrado que llevan terabytes de ventaja.

Segundo porque no estamos hablando siquiera de ofensiva y defensiva. Hoy las autoridades están al mismo nivel de desconcierto que las víctimas de esas amenazas.

Tercero, bien como disculpa o como convicción, las culpabilidades se están adjudicando en el sentido equivocado: internet, las redes sociales y hasta los mismos ciudadanos que por temor distribuyen esas amenazas entre sus círculos cercanos con la intención de prevenirlos.

Cuarto,  porque ante la incapacidad de combatir los ciberdelitos, la solución que proponen gobierno y estamentos de seguridad apunta al recorte de libertades con el uniforme de la regulación que deriva, como siempre, en formas de censura en la que todos perdemos, menos los victimarios y, de carambola, quienes están llamados a combatirlos.

Y quinto, porque parte de esas actividades en el ciberespacio es réplica o continuación  del sectarismo ideológico que concibe toda solución desde la perspectiva de la eliminación del otro, sobre todo si ese otro es adversario.

Los “hechos”

El “ciberambiente” se está calentando. Desde julio de 2015 se ha venido registrando  una ola creciente de amenazas criminales y anuncios alarmistas  a través de  correos electrónicos, servicios de mensajería y redes sociales.

La estrategia es muy sencilla: echar a andar un rumor que se convierte en vox populi, en medio de un caldo de cultivo propicio: la falta de confianza en el proceso de paz, la cercanía de las elecciones, la altisonancia de ciertos líderes políticos y la incapacidad de las autoridades para dar con los autores de estos rumores.

Hubo quienes aprendieron esta lógica en la sombra, por fuera de la ley, y hubo quienes, de este lado, la ignoraron y no se prepararon para su recurrencia. Y al terminar marzo y comenzar abril de este año el fenómeno se recrudeció de manera muy notable. Otra vez había un entorno embravecido, voces agresivas y fanatismo insuflado en medio del llamado a un paro multipropósito: contra el gobierno, contra la paz, contra la guerrilla, contra la situación económica.

Pero esta vez hubo un ingrediente adicional. Al lado de las amenazas anónimas que utilizaron las mismas tres autopistas electrónicas (redes sociales, mensajería y correos electrónicos) aparecieron marcas de agrupaciones criminales, como el llamado “clan Úsuga”, enviando panfletos digitales que se multiplicaron y amedrentaron a los pobladores de cuatro departamentos, especialmente a transportadores y comerciantes.

  • Amenazas de bombas y de quema de autobuses y coincidencias de apagones, como en Cartagena, hicieron el resto de la trama sicológica que generó zozobra y, por ende, la propagación “viral” de esos mensajes en todo tipo de dispositivos, desde Córdoba hasta el Urabá antioqueño.
  • Voces coloquiales, que oscilaban entre lo casual, la soberbia o la jerga del bajo mundo, hablaron al oído de los ciudadanos, en aplicaciones de mensajería vía Whatsapp, en tono consejero o amedrentador, como se dio con la invocación del ‘plan pistola’ en Barranquilla.
  • También se colaron estos mensajes en grupos de Whatsapp de periodistas, como en Sucre, multiplicando el efecto; o hablaron de niños víctimas en San Onofre, La Mojana y en Sampués.
  • La ansiedad aumentó cuando se habló de bombas en la Universidad de Córdoba e incluso de muertes que llegaron a ser comentadas por personalidades también por vía digital.
  • Igualmente, hubo amenazas de bombas en Medellín que aumentaron la tensión luego del asesinato de 6 policías.
  • Además se propagaron versiones sobre el día sin carro en la capital antioqueña como una medida preventiva por una amenaza terrorista, así como amenazas a líderes sociales que defienden víctimas en Norte de Santander.

Una rara lógica

Como si estuvieran de acuerdo (¿lo estaban?) las reacciones de las autoridades civiles y de policía coincidieron en cada una de las situaciones mencionadas.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad.

El primer parte que generó aún más desconcierto fue el de declarar las amenazas como falsas. Este fue un error semántico que contradecía la lógica de las audiencias: ¿cómo podían ser falsas si estaban en su aplicación de mensajería con el número celular privado y en los muros de sus redes sociales?  Una cosa es desmentir un presunto hecho que no ha ocurrido y otra muy distinta negar una amenaza que cumple el objetivo de atemorizar y anunciar algo grave que puede suceder.

  • Las directivas policiales en Barranquilla insistían, por ejemplo, en que los panfletos digitales no eran “auténticos”, lo que llevó la discusión no al eventual suceso que anunciaban sino a la autoría de las amenazas.
  • Este terreno de ambigüedad fue amplificado por el gobierno nacional que ofrecía 50 millones de pesos como recompensa por información que revelara la identidad de los autores.
  • Por su parte, el gobernador de Antioquia, increíblemente, insistía en tener confianza en la investigación para detectar el origen pues supuestamente esos panfletos digitales dejan huella detectable.
  • Expertos de organismos de seguridad llegaron a decir, en esos momentos de alta tensión, que los mensajes no eran serios porque no eran estructurados como los del Estado Islámico. Una rara lógica.
  • Igual de rara fue la lógica del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que como solución pidió que las redes sociales tuvieran algún filtro para los delincuentes. Esta fue una propuesta polémica, en un terreno colindante con la censura, que acabó por desviar la atención de los líderes de opinión.
  • En tono aún más contraproducente para el momento de zozobra, el ministro graduó a las redes sociales como armas de guerra.

Unos y otros, incluyendo a los medios de comunicación, responsabilizaron a los ciudadanos por creer y por redistribuir las amenazas, a internet por facilitar la expedita conectividad global y a los legisladores por no haber expedido normas apropiadas para controlar los contenidos.

Sicología del rumor

La situación anterior se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor, como hace ya 70 años fue propuesta por Gordon Allport y Leo Postman en su clásica Psicología del Rumor: los rumores prosperan cuando abunda la ansiedad y sobre todo cuando ofrecen explicaciones creíbles sobre situaciones inciertas o desconocidas que producen temor.

Según estos autores, los ciudadanos simplifican, añaden a conveniencia y asimilan esos rumores en directa proporción con el ambiente preexistente. Y si a la zozobra de la amenaza le sigue la ambigüedad de las autoridades, queda pavimentada la autopista de la (des)información que da lugar al terrorismo.

Este no es un problema nacional, por supuesto. Según estudios de la Universidad de Haifa, hace 18 años existían en el mundo doce sitios web relacionados con terrorismo y  hoy existen más de diez mil que aprovechan la libertad de internet para convertirlo en un espacio de propaganda, de consecución de fondos y de reclutamiento de adeptos a sus causas.

La situación se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor.

¿Qué hacer?

La primera idea es ubicar la IP, o punto de origen donde nace el delito informático. Conocer esta fuente tarda meses una vez se haga la solicitud al proveedor, habitualmente ubicado fuera del país. Es más: ese tipo de actividades se lleva a cabo desde conexiones públicas, desde cuentas que mueren una vez se emite el mensaje, que se triangulan con varias IP o que utilizan la indetectable y casi infinita deep web o red profunda, acerca de la cual no sabemos casi nada.

¿La solución es entonces monitorear? ¿Bloquear? ¿Regular? ¿Recortar los derechos digitales? ¿Vigilar? ¿Educar? ¿Prevenir? Uno de los dilemas en boga por estos días es si los proveedores y empresas digitales deben entregar información de sus usuarios a autoridades y gobiernos. Por ejemplo:

  • el vicepresidente latinoamericano de Facebook en Brasil fue detenido porque se negó a revelar mensajes de un usuario en Whatsapp.
  • por su parte, Apple parece no haber cedido a las pretensiones del FBI de desbloquear un teléfono celular de un victimario en la masacre de San Bernardino, California, que para lograrlo tuvo que recurrir a un hacker.
  • Y en México parece prosperar una medida para que empresas digitales den información de sus usuarios así como su geolocalización.

Al mismo tiempo, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad, como acaba de hacerlo Whatsapp para blindar las conversaciones. Las plataformas de mensajería permiten crear grupos de hasta dos centenares de usuarios con doble capa de encriptación.

¿Hay que bloquear entonces? Un estudio de la universidad George Washington señala que las cuentas bloqueadas se pueden reciclar rápidamente con otros nombres. Según Naciones Unidas, Facebook, cada semana, bloquea un millón de mensajes por sospecha de cercanía al terrorismo. Y Youtube ha eliminado, por las mismas razones, 14 millones de videos.

¿Regular, acaso? Esta es la idea facilista y peligrosa que ronda en la mente de nuestros dirigentes. Pero regular los contenidos del ciberespacio es sinónimo de recortar los derechos digitales que son la esencia misma de la red, la razón de su crecimiento y la aceptación que suscita. Espiar, así parezca unido a nobles razonamientos, es el camino del atajo cuando reina la impotencia. Ceder en unas libertades para proteger otras es una contradicción que abre un boquete para las injusticias, el control y la censura.

Semejante desafío amerita una solución integral que va desde la prevención con educación hasta la capacitación multidisciplinaria de las autoridades para enfrentar este tipo de fenómenos. Esta permanente actualización requiere creatividad y conocimiento profundo de las funcionalidades de la red, pero sobre todo de su filosofía.

Necesitamos una alfabetización especial de las audiencias para saber cómo reaccionar ante las contingencias. Se requiera además el apoyo legislativo y judicial, ya que estos delitos son muy difíciles de probar y  no conducen a la cárcel sino en uno de cada diez casos. Semejante impunidad es aún más grave si tenemos en cuenta que una de cada tres amenazas se consuma.

Como se ve, hay mucho por hacer. Enfrentar el terrorismo digital va más allá de la  reacción improvisada buscando culpables que distraigan o confundan a la opinión pública.

Internet es el nuevo pharmakon, ese término que designaba aquello que era al tiempo el remedio, el veneno y la víctima. Pero de allí a creer que la red, sus aplicaciones o sus usuarios son corresponsables y que por ello hay que limitar sus libertades no solo es injusto y contraproducente sino una muestra de ignorancia e impotencia. @marioemorales

 

Lanzan manual sobre libertad de expresión, legislación de medios y difamación

(Publica Red Etica Segura-FNPI)

Una nueva y poderosa herramienta para defender el derecho de los medios de comunicación europeos para informar sobre asuntos de interés público ya está disponible, anunciaron hoy el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y Media Legal Defence Initiative (MLDI).

IPI y MLDI se han unido para publicar este completo manual de capacitación para abogados y periodistas sobre las normas jurídicas europeas relativas a la libertad de expresión y la protección de la reputación, que aunque está pensado para Europa, contiene conceptos útiles para abogados, periodistas y dueños de medios de comunicación en el mundo entero.

El manual de 55 páginas, “Libertad de Expresión, Legislación sobre Medios de Comunicación y Difamación“, resume los principios fundamentales de la jurisprudencia europea sobre la difamación y tienen como objetivo dar apoyo a los abogados que representan a los profesionales de los medios de comunicación que han sido demandados o acusados ​​de difamación, mientras que también ayuda los periodistas a entender sus derechos bajo los mecanismos internacionales y europeos de derechos humanos.

El manual está acompañado por un conjunto de materiales de capacitación que permiten a instructores calificados preparar y llevar a cabo talleres sobre la ley de difamación y la libertad de expresión en los países europeos. Además de transmitir conocimientos esenciales, los talleres ofrecen una oportunidad para que los participantes practiquen activamente a través de estrategias de litigio y estudios de casos.

“El propósito de esta guía y los materiales que la acompañan es doble”, explicó Scott Griffen, director del Programas para la Libertad de Prensa del IPI. “Por un lado, ofrecen a los abogados europeos conocimientos esenciales para el desarrollo de estrategias de litigio sobre la base de las normas europeas de derechos humanos para defender a los clientes de medios de comunicación sometidos a procesos de difamación. Por otro, tratan de informar a los periodistas europeos sobre el alcance de su derecho a cubrir y hacer comentarios sobre asuntos de interés público, que podrían no ser reconocidos adecuadamente por los tribunales y la legislación de sus propios países”.

Nani Jansen, Director Jurídico del MLDI añadió: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desarrollado un conjunto detallado de normas que rigen cómo los tribunales nacionales deben resolver las reclamaciones por difamación. Estas normas proporcionan una protección significativa a los periodistas y se aplican en toda Europa. Para defender con éxito a los periodistas, los abogados tienen que ser capaces de incorporar con argumentos basados ​​en el derecho nacional. Este manual les permite hacer exactamente eso y deberían conducir a la defensa exitosa de más periodistas”.

Los capítulos incluidos en los materiales y manuales de capacitación incluyen:

Detrás de las fuentes y los principios de la libertad de expresión
Una introducción conceptual a la difamación (incluyendo la historia, el derecho a la reputación en la ley y los tipos de respuestas a contenido difamatorio)
Tipos de material difamatorio (incluyendo opiniones frente a los hechos, el humor y las declaraciones de los demás)
Difamación y el debate público (incluida la protección de discurso político, a la intimidad de las figuras públicas y la difamación religiosa)
Los casos de difamación en los tribunales (incluyendo las defensas a demandas por difamación, carga de la prueba, fuentes anónimas, recursos y sanciones, y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos)
Jurisprudencia Difamación de la Corte Europea de Derechos Humanos

Mientras que Europa en su conjunto está considerada como una de las regiones más progresistas del mundo en lo que respecta a la libertad de expresión, el abuso de las leyes de difamación sigue siendo un obstáculo importante para los medios de comunicación europeos. Los materiales y manuales de capacitación forman parte de un esfuerzo por parte de IPI y MLDI para contrarrestar este obstáculo proporcionando habilidades, recursos y conocimientos para abogados y periodistas.

MLDI trabaja extensamente con los abogados en varios países europeos para defender los casos en contra de los medios de comunicación, incluida la adopción de los casos a la Corte Europea de Derechos Humanos – el tribunal de última instancia para todos los periodistas europeos que alegan violaciónes de su derecho a la libre expresión establecida en la Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El trabajo de IPI sobre las leyes de difamación en Europa incluye un programa de investigación y promoción destinadas a fomentar la adopción de leyes de difamación en línea con los principios de los derechos humanos. El verano pasado, el informe del IPI “Out of Balance” reveló que la mayor parte de la legislación de difamación en los países de la UE se queda “dramáticamente corta” a la hora de cumplir con las normas internacionales pertinentes.

Los materiales de capacitación y manuales que acompañan están actualmente disponibles para su descarga en cinco idiomas, incluyendo el español.

El manual y los materiales fueron encargados al Dr. Richard Carver de la Universidad Oxford Brookes.

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