La verdad en guerra: amenazas contra medios

Más que las eternas represalias por el trabajo de algunos periodistas, hoy estamos asistiendo a una cruzada para imponer una cierta lectura del conflicto como versión oficial de la historia.

Mario Morales*

Fabricando la opinión

(Tiempo estimado: 5 – 10 minutos)

En medio de las sombras que cubren, de manera reiterada, reinventada y reforzada, el ejercicio periodístico hoy en Colombia es posible distinguir por lo menos los siguientes patrones:

-Que no es lo mismo trabajar en las ciudades capitales que en las regiones como lo ratifican hoy los 3 reporteros de Mocoa, abandonados a su suerte, luego de efímeros registros de sus colegas en los medios de cubrimiento nacional. Conminados a salir de la región, no obstante, resisten desde sus casas o medios, pero no san su brazo a torcer. La brecha entre centro y periferia en vez de disminuir con la omnipresencia de los medios digitales, se acentúa.

-Que la confusión generada en las redes sociales, con velada intencionalidad de ideologías y fanatismos, al tiempo que suscita amenazas inconcebibles, pone a dudar por igual a audiencias y reporteros sobre el deber ser del oficio, como le consta a Paola Rojas la periodista de Noticias Uno que grabó lo que se dijeron entre bastidores algunas de las voces reconocidas del Centro Democrático después de la posesión presidencial. No hubo dolo, ocultamiento ni lesión a la ética en el hábil trabajo de la comunicadora que grabó de manera visible, como consta en las fotos que circularon a posteriori, una reunión pública sobre un hecho público en un lugar público. Su labor se ve legitimada por el evidente interés que suscitaron esos comentarios dichos en palabras y voces de los mismos protagonistas.

-Que se sigue naturalizando cada año electoral como un período en el cual son “normales” las amenazas a los periodistas fruto de las tensiones y disparidades ideológicas y emocionales de los contendientes de diverso origen en el espectro político.

-Que la descalificación a la prensa se convirtió en un leitmotiv en los discursos demagógicos e incendiarios de quienes quieren cosechar en los descontentos ciudadanos, y que dicha descalificación no solo merma la confianza en medios y reporteros, sino que permea el ambiente para que surjan y, de manera absurda, hasta se justifiquen las amenazas en grupos sectarios y fanáticos; o que los periodistas sean estigmatizados en medio de la indiferencia de la “opinión pública” desinformada.

-Que, nuevamente, sean los mensajeros y no los hechos denunciados o los culpables de esos hechos el epicentro de las iras, críticas y amenazas de individuos o masas prejuiciadas.

-Que no haya contundencia en las investigaciones acerca del origen y autores de las amenazas, cuyos resultados apenas son esbozados en medio de ambigüedades o generalidades que tienden a la impunidad.

-Que el patrón de amenazas y demás violaciones a la libertad de expresión pase por el amedrentamiento de individuos o grupos específicos al tiempo que como advertencia para los demás; por generar confusión intimidando a comunicadores de distintas vertientes para hacer inubicable en el espectro ideológico a los responsables; y por acallar voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolos judicialmente o conminándolos a autocensurarse en la búsqueda de la verdad en el momento histórico que vive el país acerca de la definición y concreción de la paz y la reconciliación.

Ese estado de zozobra continua que este año ya supere las 139 amenazas*, según la Flip, no solo ataca las iniciativas de investigación, sino que ataca también las de interpretación y opinión acerca de los hechos sensibles del país, para coaccionar, limitar e impedir la libertad de expresión de quienes trabajan o colaboran en los medios masivos de comunicación, pero extienden su nefasta influencia a los ciudadanos con voz en las redes sociales, en la idea de generar eso que Walter Lippman, llamó un consenso manufacturado en torno a determinadas ideas; concepto que después retomó Noam Chomsky para significar que la construcción de opinión pública no siempre obedece a un derrotero o una intención sino a un “fenómeno corporativo y emergente”, lo que no excluye que esa manipulación pueda estar envuelta en sombras y anonimato.

Esas amenazas, tras bozales de grupos violentos de extrema derecha, y que tildan, entre otras cosas, a los comunicadores de “guerrilleros”, aparecen en un momento crítico de fanatismo en torno a la implementación de los acuerdos del proceso de paz, especialmente en lo atinente a la comisión de la Verdad, cuyas directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios e imprecaciones.

Que casi todos los amenazados tengan que ver de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico de visibilización de las víctimas, los pone en el mismo contexto de indefensión y riesgo que los líderes sociales y de los personajes piloto que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales

En el fondo, parece estar en juego la versión de lo ya acaecido y de lo que está sucediendo en los hechos de guerra y paz en nuestro país en los últimos años, como lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la citada comisión solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto armado.

Narrativas de la paz

Periodismo en Colombia.
Periodismo en Colombia.
Foto: Emisora cultural del Huila

Como en la novela 1984, algunos medios de comunicación se han empeñado en una narrativa acerca del proceso de paz que pretende ocultar, disipar o confundir una verdad recuperada a partir de documentos y trabajo periodístico.

A esa verdad se anteponen los prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos y hacer creer, como decía Orwell, que la guerra es paz y la paz es guerra; que la ignorancia –entendida como ausencia de verdad– es fuerza.

Quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país.

Consecuencias nefastas

Las amenazas proferidas por grupos de extrema derecha surgen en un momento crítico de fanatismo contra el desarrollo del Acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad ha sido un tema particularmente sensible- y tanto así que sus directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios-.

Casi todos los periodistas amenazados están relacionados de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico para dar visibilidad a las víctimas. Esto los pone en una situación de indefensión y riesgo similar a la de los líderes sociales que trabajan por los derechos humanos y las libertades individuales y sociales.

Algunas de las violaciones a la libertad de expresión que siguen sin esclarecerse son:

  • Las amenazas en Internet contra María Jimena Duzán, columnista de Semana y declarada defensora de la paz;
  • Las amenazas contra Jineth Bedoya, defensora de los derechos de las mujeres;
  • Las amenazas contra La Silla Vacía, medio independiente que investiga el poder;
  • Las amenazas contra Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz –comunicadores de RCN pertenecientes a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional– cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas;
  • Las más de diez amenazas contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores, así como las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio;
  • Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez por sus denuncias de violación de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín;
  • Las amenazas contra Laura Montoya, quien ha venido publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales en Mocoa, Putumayo;
  • Las amenazas contra Fernando Londoño, director del programa “La hora de la verdad”, y Luis Carlos Vélez de la emisora La FM.
  • Las agresiones verbales y el decomiso de celulares a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país;
  • Las amenazas contra Januaria Gómez, quien tuvo que irse de Segovia, Antioquia por sus reportajes acerca de irregularidades en la minería y de daños al medio ambiente;
  • Las advertencias de atentado contra los diarios La opinión y Q’Hubo por sus denuncias de bandas delincuenciales en Cúcuta, y
  • El veto impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora en Maicao, para hablar del alcalde, de aspirantes a cargos públicos o de entidades estatales.

La consecuencia directa de estas amenazas para los comunicadores y sus audiencias, especialmente en las regiones, es la sensación de caos y peligro que deviene en miedo a expresarse y en temor a actuar por falta de garantías.

Los efectos colaterales son la parálisis o la autocensura en el proceso de encontrar y decir la verdad sobre el presente y el pasado reciente en los medios masivos – e inclusive en las redes sociales-

El miedo aumenta ante la falta de resultados de las pesquisas oficiales, pues las  autoridades tienden a investigar ataques consumados pero no a prevenirlos, y muestran negligencia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo. Precisamente por eso, las autoridades han contribuido a naturalizar una prensa escoltada, que no favorece el ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La responsabilidad del periodismo

La excitación excesiva frente al futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa incendiaria de la sectarización, que se manifiesta en debates virulentos y efectistas, como los que se han venido dando especialmente en la radio.

El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

Esta agitación alcanzó un punto deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el analista Ariel Ávila, quien acusó a su oponente de maltrato verbal y de decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que decía el abogado.

Los medios, que tienen el poder de legitimar lo que dicen y piensan sus audiencias, no pueden seguirle el juego a los insultos y las estigmatizaciones en los debates sobre temas importantes solo por aumentar la sintonía. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

La autorregulación que deben practicar los panelistas tiene que comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de los espacios periodísticos, cuyo propósito ha de ser el esclarecimiento de situaciones coyunturales mediante la exposición bien argumentada de ideas diversas.

La construcción de la verdad no se puede comprender como una lucha entre visiones radicalmente opuestas o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Cifras alarmantes

Proceso de paz.
Proceso de paz.
Foto: Presidencia de la República

Para acabar de nublar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya son casi 300 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento que hace la FLIP. De esas violaciones:

  • 55 son en Bogotá;
  • 22 en Antioquia;
  • 22 en Huila, y
  • 10 en Magdalena.

Hasta el momento, de estas violaciones:

  • 124 corresponden a amenazas;
  • 32 a acoso judicial;
  • 26 a obstrucción del trabajo periodístico;
  • 19 a hostigamiento;
  • 19 a estigmatización;
  • 17 a agresión.

El estado de cosas es tan preocupante que 19 entidades, cinco de ellas embajadas en Bogotá, ONGS y la oficina del Alto o Comisionado para los Derechos Humanos elevaron su voz pidiendo garantías para los periodistas. Por ahora hay una tímida respuesta de la Fiscalía que anunció avances en dos casos, pero necesitamos medidas eficaces, más allá de las investigaciones post factum o de las escoltas engorrosas que han sido sugeridas.

Frente a este panorama desolador es necesario salvaguardar a la prensa, eje de la democracia. El Estado debe dar resultados en la búsqueda de los victimarios; los gobiernos de Santos y Duque deben condenar estas violaciones y tomar medidas, ojalá de manera conjunta, con el apoyo de los organismos de protección. Finalmente, los medios y periodistas deben actuar como un solo cuerpo y los ciudadanos unirse a esta defensa de la libertad de expresión, que es la suya representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego. Más que de mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican como uno de los países más inseguros de la región y del mundo para el ejercicio periodístico, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros y la independencia de los medios.

Pero, sobre todo, se trata de no perder la posibilidad de construir un relato fidedigno de nuestros acontecimientos para impedir que fuerzas oscuras nos arrebaten la verdad.

En tiempos de posverdad, culpables

Cuando parece que las noticias falsas son el principal problema y las redes sociales el enemigo a vencer, quizás sea necesario profundizar sobre el tema de moda, pero no por ello reciente, de la posverdad. (Publica Red Etica de la FNPI)

Por Mario Morales
@marioemorales

Analizar la relación entre medios y audiencias desde la tradicional perspectiva lineal y determinista es solo una de las partes del problema que se ha suscitado en torno a la denominada posverdad. Considerar que las narrativas periodísticas, los discursos o la propaganda política impregnadas de posverdad, interpretada como engaño, falsedad, mentira o como relativización de la verdad por ausencia de hechos susceptibles de probarse y verificarse, inoculan sin oposición el nivel de credibilidad de sus públicos, es despojar a estos últimos de la función activa, voluntaria y decisiva con la que hoy cuentan en los terrenos de la cibercultura.

Para que fenómenos de masas fundamentados en hechos alternativos, emociones o juicios hayan fraguado de manera tan contundente, como ha sucedido en numerosos eventos de alcance planetario en el último año, implica también acción, participación o voluntad parcial, consciente o inconsciente de los usuarios de esos contenidos informativos.

Claro, es responsabilidad de los periodistas velar por que los hechos sean los pilares del edificio narrativo y no la declaracionitis (como la llamaba Miguel Angel Bastenier), la opinión privada públicamente expresada o las versiones cambiantes de las fuentes según las conveniencias o las coyunturas.

Además, para que eche raíz la posverdad hay, del otro lado, un ambiente propicio, un caldo de cultivo para que aparezca lo que el periodista y filósofo Miguel Wiñaski denominó hace más de una década como la noticia deseada. Es decir, una construcción de la ficción donde se sumerge la sociedad con los ojos cerrados, el pulgar en la boca y los sentidos adormecidos para evitar la reflexión sobre la tragedia de la incertidumbre del presente, que se reemplaza por las creencias fijas, los prejuicios o las emociones ciertas o alteradas que se derivan de momentos de tensión social o política.

¿Qué pasa cuando la opinión pública rechaza la verdad? Se levanta como un imperio la noticia deseada, la noticia que la opinión pública elige creer. Señala Wiñaski que habida cuenta de la preponderancia de los medios aún en las esferas privadas, las audiencias se han convertido en una suerte de “tribus masivas” que aceptan ciertas noticias, aunque no haya elementos informativos reales para sustentarlas, y rechazan las que están bien fundadas. Esas tribus son ilegales desde el punto de vista del pensamiento aristotélico, que argumentaba que la ley consistía en anteponer la razón a la pasión.
Verdades relativas

El efecto es grave porque deviene relativización de la verdad, materia prima del periodismo, reemplazada por narraciones alternativas a tono con las emociones o juicios preponderantes. En el terreno de las percepciones y de las creencias todas parecen valer igual si acudimos a la libertad de expresión que resulta, al decir de Hannah Arendt, una pantomima, “si no hay garantía para la información objetiva y no se aceptan lo hechos mismos que son los que dan forma a las opiniones”.

Se cumple la profecía de Henry Poincaré cuando decía que la verdad es cruel y que es normal preguntarse a menudo si el engaño no es más consolador.

Hábilmente manejadas, campañas que invitan al sentimiento, el nacionalismo o a la pasión constituyen una estrategia de opinión pública que tiene origen en la propaganda política del pasado siglo y ha impregnado hasta la contaminación las formas de hacer periodismo en Colombia.
Temores, prejuicios y emociones

De las dos tendencias de propaganda política (la inspirada en Goebbels, el ministro de propaganda alemán, y la fundamentada en los soviets de la revolución bolchevique) que marcaron buena parte los destinos del siglo XX, y que representan en este campo la eterna lucha entre la razón y la seducción, un sector de nuestro país optó por la segunda instancia, esto es, apelar al sentimiento, atacar las sensaciones, inducir al reflejo condicionado -patentado por Pavlov-, y la sobreexcitación.

Este tipo de propaganda se dispersa en gritos de guerra, imprecaciones, amenazas y profecías vagas en los que se busca que la palabra cause efecto y la idea ya no cuenta. El objetivo central es la denominada coagulación nacional en la que la masa adquiere un carácter más sentimental, más femenino, y que requiere ser seducida antes que convencida. Decía Mussolini, con razón, que el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer. Por eso la preponderancia de la imagen antes que la explicación.

La propaganda hitleriana estuvo enfocada a las zonas más oscuras del inconsciente. La patria y la familia aparecían en todas las manifestaciones públicas. El partido y el jefe estaban presentes en todas partes, sin intermediación. Prensa, radio y cine se repetían sin cesar, en ese fenómeno que Ignacio Ramonet ha denominado mimetismo mediático. Devino producción de adhesiones por el camino del espectáculo.

Goebbels trabajó con tino la inhibición condicionada, que tiene sus raíces en la dialéctica hegeliana y que recurría al recuerdo de la angustia que siente el ser humano cuando cambia libertad por seguridad, y que lo lleva sin darse cuenta a la adhesión infinitesimal, como la calificó el sacerdote y estudioso francés Fessard. Esa inhibición se lograba con cantos, himnos, símbolos, lemas e imágenes. La clave radicaba en mantener a la masa en estado continuo de exaltación, el alma popular a fuego lento, sin dar espacio a la reflexión. Walter Hagemann sintetizó los momentos de tensión permanente en crestas sucesivas como la estrategia de la alternancia regular del azúcar y del látigo. Oscilaba como un péndulo entre la caricia y la amenaza, la seducción y la brutalidad. Estrategia que ya había aplicado con éxito Napoleón. En suma, del terror a la exaltación, de la pasividad a la excitación, del miedo al entusiasmo. Nadie hablaba de odio ni de amor, sino de fascinación.
Las técnicas

Una vez seducidos, al decir del teórico francés Jean Marie Domenach, venían las siguientes fases de la propaganda para mantener la aparente cohesión nacional, primero simpleza, luego un enemigo único, un único objetivo. Le siguieron la exageración y la desfiguración de las noticias mediante el uso de las citas desvinculadas de contexto en el lenguaje de de masas, recurriendo a lo primario. El refuerzo era la repetición incesante. Ya en el Mein Kampf lo advertía el mismo Hitler cuando decía que la masa sólo recordaba las ideas más simples cuando le eran repetidas centenares de veces con diferente presentación. En este aspecto especialmente fue evidente y definitiva la complicidad de la prensa alemana. En procesos concomitantes o posteriores, la propaganda diseñada por Goebbels recurrió a eso que llamó el publicista norteamericano Walter Lippman, sentimiento preponderante de la muchedumbre en busca del consenso, la unanimidad para poder abordar un último estadio, donde se combatían las tesis de los adversarios, atacando puntos débiles, no respondiendo nunca de frente, atacando en el ámbito personal y descalificando al rival.

Esa opción propagandística no se da, como sucede en el resto del planeta, químicamente pura, y tiene matices y transformaciones de acuerdo al grado de satisfacción o al nivel de éxito conseguidos en momentos específicos de la historia de los últimos cien años.

Sociedades de distinta raigambre ideológica también han adaptado estos mecanismos de la posverdad a sus procesos políticos, el resultado también es parecido: Empobrecimiento del debate, pugnacidad personalizada, retorno a los estados tribales de la angustia y del miedo. Sacrifico paulatino de la verdad. Terreno propicio para las opciones totalitarias.

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Mario Morales es periodista y analista de medios. Magíster en Estudios literarios, con estudios en periodismo y especialización en medios y opinión pública. Actualmente es profesor asociado e investigador en la Universidad Javeriana, columnista de El Espectador y defensor del televidente en el Canal Uno. www.mariomorales.info, @marioemorales, moralesm@javeriana.edu.co

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En este artículo se incluyen ideas y fragmentos trabajados en artículos para la Red Voltaire y para el blog del autor.
– See more at: http://www.fnpi.org/es/etica-segura/en-tiempos-de-posverdad-todos-somos-culpables#sthash.7bqRrJVV.dpuf

Caso Colmenares: culebrón mal contado

Este caso, que ha vuelto a ser noticia, no solamente muestra las fallas de la justicia, sino ante todo los grandes defectos del periodismo y la ligereza de sus audiencias al analizar la información que reciben. (Publica Razón Pública)

Por Mario Morales

“[Los espectadores] (…) llegan hacia la mitad del tercer acto y se marchan antes de que caiga el telón, quedándose el tiempo suficiente para decidir tan solo quién es el héroe y quién es el villano de la función”: Walter Lippman

Todos perdimos

Fiel a su estilo, el culebrón del caso Colmenares se sigue mordiendo la cola. No podía ser de otra forma. Gestado como la serie de no ficción más duradera y truculenta de lo que va de este siglo en Colombia, no podía tener un entierro de tercera. No podía haber punto final para las múltiples conjeturas que se han ido produciendo y enredando entre sí.

El fallo reciente de la juez Paula Astrid Jiménez donde absuelve a Laura Moreno y Jessica Quintero por la “extraña muerte” de Luis Andrés Colmenares, dejó en ascuas al país justiciero que anda en busca de culpables. También dejó inquietos a quienes esperaban un desenlace, y escépticos al resto, que no saben si la decisión de la justicia es una verdad a la cual aferrarse o una provisional, ahora que se anuncian apelaciones de los familiares y de los organismos nacionales de control.

Pero, sobre todo, el caso Colmenares dejó la sensación de que después de los 2.300 días de estar “al aire” este melodrama, todos salimos perdiendo: acusados, acusadores, abogados, Fiscalía, Bomberos y testigos. También los medios, y a través de ellos la audiencia, que sin querer queriendo construyeron una historia paralela sobre la base de los juicios a priori, las declaraciones, las filtraciones y la imaginación, y que parece no tener nada que ver con las 278 páginas del fallo que resumen el caso.

Varios hechos se convirtieron en hitos en la cadena de misterio y truculencia que atrajo a medios y espectadores, que siguen oscilando entre la satisfacción y la frustración con cada giro del caso:

El desorden de los fiscales;
La extralimitación de funciones de la oficina de prensa de la Procuraduría, que se adelantó al diagnóstico;
La aparente negligencia del cuerpo de Bomberos que atendió el caso el lluvioso 31 de octubre de 2010;
La versión del médico forense y exdirector de Medicina Legal;
La verborrea del segundo fiscal;
La inclusión del matiz racial y luego de los celos como causas del presunto asesinato;
Las dudas, contradicciones y posterior condena a falsos testigos;
El juicio y absolución de Carlos Cárdenas, uno de los implicados;
Los errores en la cadena de custodia;
El ocultamiento de pruebas, y
El fallo absolutorio de las jóvenes Moreno y Quintero por falta de pruebas.

Ese discurrir de los acontecimientos deja mal parada a la justicia colombiana, que en medio de tantos ires y venires deja la sensación de no ser garante para las partes en litigio y de no estar preparada para aclarar este tipo de casos que son el pan nuestro de cada día.
Acontecimiento periodístico

Justicia en Colombia, caso Colmenares.
Foto: Twitter @lcolmenaresr

Desde el punto de vista periodístico, el caso Colmenares es un fenómeno narrativo que, sin proponérselo, está en el centro de la creación colectiva, a tono con la ecología digital contemporánea. Esto se debe a varias razones:
El caso Colmenares es un fenómeno narrativo que, está en el centro de la creación colectiva.

Al grado de identificación que producen las narraciones de este tipo de violencia, donde todos nos sentimos con derecho a ser juez y parte;
A las connotaciones conspirativas que llevaron a asumir el conflicto como lucha de clases o como triángulo amoroso y a suponer el tráfico de influencias;
Al morbo aumentado por el misterio y la zozobra; y
A la facilidad que hoy brindan los medios digitales para el debate y la expresión de las opiniones e indignaciones –en todos los tonos y matices–, lo que ha convertido el tema en comidilla habitual.

Igualmente, el relato ha sido contado por muy distintas fuentes que se fueron cediendo el turno para alimentar el mito. Voces, imágenes, entrevistas, columnas y puestas en escena están hoy disponibles para quienes llegaron tarde a la función y para quienes siguen ávidos de contenido, que además podrían ser audiencias para la publicación de libros y la emisión de series televisivas que ya se anuncian.

Pero, sobre todo, este caso ha sido tan difundido porque permite esa práctica humana, tan vieja como la palabra –y hoy otra vez de moda con el nombre de posverdad–, de privilegiar las emociones y las creencias propias antes que los hechos y las pruebas irrefutables. Práctica que ha sido fiel acompañante de la crónica roja en nuestro suelo.

El caso Colmenares es el mejor ejemplo de las construcciones sociales de la realidad degeneradas por la exacerbación de las emociones, la difusión mediática de verdades a medias, la excesiva cercanía con las fuentes y la fácil toma de partido por parte de los medios. Todo esto impulsado por la cada vez más frecuente –y equivocada– práctica de creer en las supuestas mayorías de las redes sociales.

Vuelven a salir a flote las dificultades y carencias de la crónica roja, un género que ha modificado algunas de sus prácticas -que en un principio fueron más cercanas al periodismo de baranda y de corte detectivesco donde el reportero iba armando el rompecabezas con trabajo de campo y aporte de pruebas, a veces, por desgracia, de su propia cosecha-. La deuda pedagógica del periodismo que va quedando en evidencia con el caso Colmenares tiene que ver con:

El carácter reactivo de los medios;
La confianza ciega en las pruebas sobre las causas violentas de la muerte del joven Colmenares, que llevó a los medios por el camino de las aseveraciones apresuradas;
La dependencia de la fuente oficial, puesta de manifiesto en la reverencia que aún se siente por la Fiscalía y sus representantes, que son apenas una parte del proceso de investigación criminalística y no la conclusión del mismo;
El espíritu ególatra y vanidoso de algunas fuentes y abogados que quisieron aprovecharse de la luz dura de los medios para beneficiar su imagen y proyectos personales;
La premura por publicar, en lugar de ayudar a entender el enigma, generó confusión y desinformación. La opinión y la emoción volvieron a ganarle a la razón y a la ponderación.
La moralina volvió a contaminar las narraciones. A veces por simpatía de los redactores, a veces para dar gusto a las multitudes airadas.

Del mismo modo, las suposiciones difundidas por los medios de comunicación llevaron a veces a equivocaciones de las partes de la investigación y al desconcierto de sus propias audiencias, que parecían más interesadas en la noticia deseada que en conocer la verdad, así fuera por fragmentos.

Queda en el aire, con razón o sin ella, un tufillo de impunidad sumado al interrogante que debe formar parte del autoexamen de los medios: si el periodismo debe estar del lado de las víctimas, aparte del joven Colmenares, ¿aquí quiénes son las víctimas?
Narrativas vendedoras

Laura Morena y Jessica Quintero, implicadas en el caso Colmenares.
Foto: Canal Capital

El caso Colmenares completa ya cerca de medio millón de entradas en buscadores populares como Google. Por métricas digitales y por la importancia del tema de la confrontación social y del poder de los afectados, es comparable con el caso de la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, que también despertó en los medios el espíritu justiciero. Gracias a la pronta reacción de las autoridades y a la confesión del asesino se le cerró el paso al morbo, aunque seguirá vigente mientras se conoce la condena el victimario y la suerte de sus familiares.
El caso Colmenares es el mejor ejemplo de las construcciones sociales de la realidad.

Por otra parte, el caso Colmenares se diferencia en vigencia e impacto de otros casos como el empalamiento y asesinato de Rosa Elvira Cely, que causó estupor y rechazo pero que por sus escasas aristas no logró posicionarse por mucho tiempo en la agenda de los medios ni en la conversación de las audiencias. Quedó, no obstante, como una bandera para los defensores de derechos humanos y para los activistas contra la violencia de género.

El caso Colmenares parece no tener final. Los puntos suspensivos que pone el reciente fallo absolutorio nos llevarán sin remedio a las tramas secundarias, aunque sin la misma visibilidad mediática y, por ende, sin la misma emocionalidad de estos largos seis años. Quedan en cartelera las apelaciones, eventuales demandas por daños y perjuicios, las investigaciones a fiscales y forenses y hasta a los 5 bomberos que “atendieron” el llamado de emergencia aquella noche fatídica.

El caso Colmenares sigue en la penumbra. La falta de certezas devuelve al caso el rótulo que le puso el primer fiscal luego de un año infructuoso de investigaciones: “muerte por establecer”. La historia sigue.

Las amenazas digitales

Entre la Ignorancia y la impotencia.

Las amenazas y anuncios criminales que hoy circulan en los medios digitales demuestran la eficacia de la red, la complejidad y -los peligros- de controlarla y el desconcierto de las autoridades colombianas a la hora de enfrentar este fenómeno.

Por Mario Morales

Tan preocupante como el incremento de las amenazas por medios digitales ha resultado la respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Hablar, como suele hacer en los medios de comunicación tradicionales, de un campo de batalla entre los cibercriminales y los organismos encargados de contrarrestarlos es un desatino. (Publica Razón Pública)

Primero por la evidente desproporción. Los delincuentes han demostrado que llevan terabytes de ventaja.

Segundo porque no estamos hablando siquiera de ofensiva y defensiva. Hoy las autoridades están al mismo nivel de desconcierto que las víctimas de esas amenazas.

Tercero, bien como disculpa o como convicción, las culpabilidades se están adjudicando en el sentido equivocado: internet, las redes sociales y hasta los mismos ciudadanos que por temor distribuyen esas amenazas entre sus círculos cercanos con la intención de prevenirlos.

Cuarto,  porque ante la incapacidad de combatir los ciberdelitos, la solución que proponen gobierno y estamentos de seguridad apunta al recorte de libertades con el uniforme de la regulación que deriva, como siempre, en formas de censura en la que todos perdemos, menos los victimarios y, de carambola, quienes están llamados a combatirlos.

Y quinto, porque parte de esas actividades en el ciberespacio es réplica o continuación  del sectarismo ideológico que concibe toda solución desde la perspectiva de la eliminación del otro, sobre todo si ese otro es adversario.

Los “hechos”

El “ciberambiente” se está calentando. Desde julio de 2015 se ha venido registrando  una ola creciente de amenazas criminales y anuncios alarmistas  a través de  correos electrónicos, servicios de mensajería y redes sociales.

La estrategia es muy sencilla: echar a andar un rumor que se convierte en vox populi, en medio de un caldo de cultivo propicio: la falta de confianza en el proceso de paz, la cercanía de las elecciones, la altisonancia de ciertos líderes políticos y la incapacidad de las autoridades para dar con los autores de estos rumores.

Hubo quienes aprendieron esta lógica en la sombra, por fuera de la ley, y hubo quienes, de este lado, la ignoraron y no se prepararon para su recurrencia. Y al terminar marzo y comenzar abril de este año el fenómeno se recrudeció de manera muy notable. Otra vez había un entorno embravecido, voces agresivas y fanatismo insuflado en medio del llamado a un paro multipropósito: contra el gobierno, contra la paz, contra la guerrilla, contra la situación económica.

Pero esta vez hubo un ingrediente adicional. Al lado de las amenazas anónimas que utilizaron las mismas tres autopistas electrónicas (redes sociales, mensajería y correos electrónicos) aparecieron marcas de agrupaciones criminales, como el llamado “clan Úsuga”, enviando panfletos digitales que se multiplicaron y amedrentaron a los pobladores de cuatro departamentos, especialmente a transportadores y comerciantes.

  • Amenazas de bombas y de quema de autobuses y coincidencias de apagones, como en Cartagena, hicieron el resto de la trama sicológica que generó zozobra y, por ende, la propagación “viral” de esos mensajes en todo tipo de dispositivos, desde Córdoba hasta el Urabá antioqueño.
  • Voces coloquiales, que oscilaban entre lo casual, la soberbia o la jerga del bajo mundo, hablaron al oído de los ciudadanos, en aplicaciones de mensajería vía Whatsapp, en tono consejero o amedrentador, como se dio con la invocación del ‘plan pistola’ en Barranquilla.
  • También se colaron estos mensajes en grupos de Whatsapp de periodistas, como en Sucre, multiplicando el efecto; o hablaron de niños víctimas en San Onofre, La Mojana y en Sampués.
  • La ansiedad aumentó cuando se habló de bombas en la Universidad de Córdoba e incluso de muertes que llegaron a ser comentadas por personalidades también por vía digital.
  • Igualmente, hubo amenazas de bombas en Medellín que aumentaron la tensión luego del asesinato de 6 policías.
  • Además se propagaron versiones sobre el día sin carro en la capital antioqueña como una medida preventiva por una amenaza terrorista, así como amenazas a líderes sociales que defienden víctimas en Norte de Santander.

Una rara lógica

Como si estuvieran de acuerdo (¿lo estaban?) las reacciones de las autoridades civiles y de policía coincidieron en cada una de las situaciones mencionadas.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad.

El primer parte que generó aún más desconcierto fue el de declarar las amenazas como falsas. Este fue un error semántico que contradecía la lógica de las audiencias: ¿cómo podían ser falsas si estaban en su aplicación de mensajería con el número celular privado y en los muros de sus redes sociales?  Una cosa es desmentir un presunto hecho que no ha ocurrido y otra muy distinta negar una amenaza que cumple el objetivo de atemorizar y anunciar algo grave que puede suceder.

  • Las directivas policiales en Barranquilla insistían, por ejemplo, en que los panfletos digitales no eran “auténticos”, lo que llevó la discusión no al eventual suceso que anunciaban sino a la autoría de las amenazas.
  • Este terreno de ambigüedad fue amplificado por el gobierno nacional que ofrecía 50 millones de pesos como recompensa por información que revelara la identidad de los autores.
  • Por su parte, el gobernador de Antioquia, increíblemente, insistía en tener confianza en la investigación para detectar el origen pues supuestamente esos panfletos digitales dejan huella detectable.
  • Expertos de organismos de seguridad llegaron a decir, en esos momentos de alta tensión, que los mensajes no eran serios porque no eran estructurados como los del Estado Islámico. Una rara lógica.
  • Igual de rara fue la lógica del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que como solución pidió que las redes sociales tuvieran algún filtro para los delincuentes. Esta fue una propuesta polémica, en un terreno colindante con la censura, que acabó por desviar la atención de los líderes de opinión.
  • En tono aún más contraproducente para el momento de zozobra, el ministro graduó a las redes sociales como armas de guerra.

Unos y otros, incluyendo a los medios de comunicación, responsabilizaron a los ciudadanos por creer y por redistribuir las amenazas, a internet por facilitar la expedita conectividad global y a los legisladores por no haber expedido normas apropiadas para controlar los contenidos.

Sicología del rumor

La situación anterior se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor, como hace ya 70 años fue propuesta por Gordon Allport y Leo Postman en su clásica Psicología del Rumor: los rumores prosperan cuando abunda la ansiedad y sobre todo cuando ofrecen explicaciones creíbles sobre situaciones inciertas o desconocidas que producen temor.

Según estos autores, los ciudadanos simplifican, añaden a conveniencia y asimilan esos rumores en directa proporción con el ambiente preexistente. Y si a la zozobra de la amenaza le sigue la ambigüedad de las autoridades, queda pavimentada la autopista de la (des)información que da lugar al terrorismo.

Este no es un problema nacional, por supuesto. Según estudios de la Universidad de Haifa, hace 18 años existían en el mundo doce sitios web relacionados con terrorismo y  hoy existen más de diez mil que aprovechan la libertad de internet para convertirlo en un espacio de propaganda, de consecución de fondos y de reclutamiento de adeptos a sus causas.

La situación se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor.

¿Qué hacer?

La primera idea es ubicar la IP, o punto de origen donde nace el delito informático. Conocer esta fuente tarda meses una vez se haga la solicitud al proveedor, habitualmente ubicado fuera del país. Es más: ese tipo de actividades se lleva a cabo desde conexiones públicas, desde cuentas que mueren una vez se emite el mensaje, que se triangulan con varias IP o que utilizan la indetectable y casi infinita deep web o red profunda, acerca de la cual no sabemos casi nada.

¿La solución es entonces monitorear? ¿Bloquear? ¿Regular? ¿Recortar los derechos digitales? ¿Vigilar? ¿Educar? ¿Prevenir? Uno de los dilemas en boga por estos días es si los proveedores y empresas digitales deben entregar información de sus usuarios a autoridades y gobiernos. Por ejemplo:

  • el vicepresidente latinoamericano de Facebook en Brasil fue detenido porque se negó a revelar mensajes de un usuario en Whatsapp.
  • por su parte, Apple parece no haber cedido a las pretensiones del FBI de desbloquear un teléfono celular de un victimario en la masacre de San Bernardino, California, que para lograrlo tuvo que recurrir a un hacker.
  • Y en México parece prosperar una medida para que empresas digitales den información de sus usuarios así como su geolocalización.

Al mismo tiempo, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad, como acaba de hacerlo Whatsapp para blindar las conversaciones. Las plataformas de mensajería permiten crear grupos de hasta dos centenares de usuarios con doble capa de encriptación.

¿Hay que bloquear entonces? Un estudio de la universidad George Washington señala que las cuentas bloqueadas se pueden reciclar rápidamente con otros nombres. Según Naciones Unidas, Facebook, cada semana, bloquea un millón de mensajes por sospecha de cercanía al terrorismo. Y Youtube ha eliminado, por las mismas razones, 14 millones de videos.

¿Regular, acaso? Esta es la idea facilista y peligrosa que ronda en la mente de nuestros dirigentes. Pero regular los contenidos del ciberespacio es sinónimo de recortar los derechos digitales que son la esencia misma de la red, la razón de su crecimiento y la aceptación que suscita. Espiar, así parezca unido a nobles razonamientos, es el camino del atajo cuando reina la impotencia. Ceder en unas libertades para proteger otras es una contradicción que abre un boquete para las injusticias, el control y la censura.

Semejante desafío amerita una solución integral que va desde la prevención con educación hasta la capacitación multidisciplinaria de las autoridades para enfrentar este tipo de fenómenos. Esta permanente actualización requiere creatividad y conocimiento profundo de las funcionalidades de la red, pero sobre todo de su filosofía.

Necesitamos una alfabetización especial de las audiencias para saber cómo reaccionar ante las contingencias. Se requiera además el apoyo legislativo y judicial, ya que estos delitos son muy difíciles de probar y  no conducen a la cárcel sino en uno de cada diez casos. Semejante impunidad es aún más grave si tenemos en cuenta que una de cada tres amenazas se consuma.

Como se ve, hay mucho por hacer. Enfrentar el terrorismo digital va más allá de la  reacción improvisada buscando culpables que distraigan o confundan a la opinión pública.

Internet es el nuevo pharmakon, ese término que designaba aquello que era al tiempo el remedio, el veneno y la víctima. Pero de allí a creer que la red, sus aplicaciones o sus usuarios son corresponsables y que por ello hay que limitar sus libertades no solo es injusto y contraproducente sino una muestra de ignorancia e impotencia. @marioemorales

 

¿Hasta dónde llegan intimidad y periodismo?

Por:  Unidad de datos

El video revelado por ‘La F.M.’, que muestra una conversación de contenido sexual entre el capitán de la policía Ányelo Palacios y el entonces senador Carlos Ferro, mientras este último maneja su carro oficial, abre un debate pertinente entre periodistas sobre si era o no necesaria su publicación como prueba de una investigación periodística.

Algunos han considerado que fue excesivo y otros llaman la atención sobre la necesidad de que se analice el video en el contexto de la investigación y no como una pieza por separado. (Publica El Tiempo)

 Vicky Dávila, directora de la mencionada emisora, le dijo a EL TIEMPO: “Tomamos la decisión editorial porque hay unas investigaciones muy profundas que tienen que dar unos resultados a nivel de las autoridades, y es identificar si en realidad esa red de prostitución llamada la ‘comunidad del anillo’, dentro de la Policía, sí tenía a través de un coronel, nexos con políticos. Y si era cierto que a través de presiones a los jóvenes de la Escuela General Santander, él entregaba a los muchachos para hacer favores sexuales a congresistas”.

Agrega que la audiencia en general no se puede quedar solamente en el debate de la vida privada: “Acepto críticas y opiniones diferentes, pero creo que el debate principal es la crisis en la que está la Policía. Mi obligación editorial es que sentí que era necesario publicar el video y lo publicamos ya estando judicializado”.

Mario Morales, director del Departamento de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, expresó que hay tres aspectos que “contaminan” la decisión periodística para publicar el video: “Es un video inducido, no tiene ningún indicio judicial o periodístico que genere o confirme o dispare algún tipo de investigación; es un video que sobrepasa los linderos de la privacidad y la dignidad con un contexto que no existe”.

Para Javier Darío Restrepo, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez, lo primero que se debe tener en cuenta al analizar el tema es que en cuestiones de ética nadie es juez de nadie. Por tanto, el debate se debe centrar en recordar algunos principios para que cada quien los aplique.

“Los personajes públicos tienen un espacio menor de intimidad que la persona común y corriente. La razón de que tengan un espacio menor es que ellos manejan asuntos públicos por los que tienen que responder ante la sociedad”, dijo.

Con relación a si el video tiene que ver con la vida privada del personaje público y por tanto no aporta a la investigación, Restrepo indicó: “Cuando un periodista entra a examinar la vida personal de alguien que está en el sector público debe hacerlo si esto llega a servir al bien público”.

Olga Behar, investigadora y maestra en periodismo de la Universidad Santiago de Cali, sostuvo: “El periodista no debe autocensurarse, en el sentido de que si consigue un documento que soporte la investigación, no debe privar a la opinión pública de esos hallazgos que sirven al sustentar el tema; pero el periodista debe tener la capacidad de editar aquellas partes que comprometan la dignidad y la vida personal de cualquier ciudadano”.

Explica Behar que la probable relación que podía existir entre la ‘comunidad del anillo’ o los favores sexuales por parte de policías y congresistas, si es un tema que se está trabajando en la investigación, el video es una prueba. “Pero con 30 segundos de video es suficiente. Lo demás es exceso y no es buen periodismo”, puntualiza.

Por su parte, el director del periódico ‘El Heraldo’, Marcos Schwartz, señala: “Se debía prescindir del video y bastaba con explicar en un texto lo que representaba. Los detalles que había en ese video, desde mi punto de vista, no son necesarios para hacer entender la información o seguir la investigación. El video es redundante. No era necesario reproducirlo totalmente”.

Fernando Ramírez, editor de Noticias del diario ‘La Patria’, se refiere a la falta de análisis a la hora de tomar decisiones editoriales: “El periodismo es de casuística y hay criterios para cada caso. Si hablamos en este caso, uno ve cierto ánimo vindicativo. Creo que a los periodistas nos sigue faltando la reflexión previa para publicar. Las salas de redacción no pueden ceder la capacidad reflexiva que se debe tener ante noticias complejas. El componente de informar tiene otro pedazo y es el de la responsabilidad social, que poco tienen en cuenta ciertas figuras del periodismo”.

Finalmente, Omar Rincón, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes, precisa: “La investigación es buena y necesaria, pero el video no es significativo para el caso. Creo que a muchos periodistas los está afectando el síndrome de Watergate. Se ha vuelto de moda querer ser buen periodista tumbando a alguien y no lo de fondo, que para el caso analizado es la presunta corrupción que está ocurriendo en la Policía”.

El debate sigue abierto, porque como lo planteó la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, se abre una polémica sobre los límites de hacer periodismo en Colombia.

UNIDAD DE DATOS
Redacción ELTIEMPO.COM

Fuente:

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/periodistas-analizan-si-se-debia-o-no-publicar-el-video-de-carlos-ferro/16512838

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