Publicar o no publicar

los medios y el escándalo de los falsos positivos.

Mario MoralesA raíz de la publicación en el New York Times de una denuncia que ya conocía la revista Semana, revive la controversia sobre la independencia de los medios y su compromiso con los ciudadanos.

Mario Morales*

Un suceso representativo

Como decía Borges: hay momentos cuando un hombre representa a toda la humanidad. También hay circunstancias en las que un solo suceso deja ver el talante de una sociedad. Eso es lo que acaba de suceder en torno a la publicación del New York Times sobre el riesgo de que vuelvan los “falsos positivos” o las ejecuciones extrajudiciales a Colombia.

Este caso ha despertado indignación por la amenaza criminal que se cierne sobre los derechos de las victimas eventuales y, además, por la decisión editorial de la revista Semana de aplazar su publicación por razones que no han sido suficientemente aclaradas.

Además, el episodio ha desatado un lenguaje de odio contra el periodismo por parte de ciertos líderes políticos y ha sembrado confusiones en todos los ciudadanos, supuestos depositarios naturales del trabajo de todos los demás actores en esta situación.

La publicación del New York Times ha sido ampliamente reafirmada y respaldada, no solo por la validez y pertinencia de la propia pieza, sustentada en fuentes y reportería a fondo, sino por el respaldo editorial del medio, de varios políticos estadounidenses y de voces de organismos internacionales.

Por eso queda en el ambiente la inquietud: ¿por qué Semana no publicó el reportaje si tuvo durante un mes la información? ¿Qué tanta responsabilidad les cabe a determinados líderes políticos por la inseguridad, el acoso y la estigmatización del trabajo periodístico y la pérdida de credibilidad de los medios? Por último, ¿hay un plan sistemático para crear caos e incertidumbre en el régimen comunicativo actual?

Sea cual fuere la razón que explique la demora o renuencia de Semana a publicar esta información, los efectos de esta decisión serán devastadores para el periodismo y para la democracia.

Alrededor de estos motivos ya hay varias hipótesis, que han presentado medios como La Silla Vacía o columnistas como Daniel Coronell:

  • La “interacción” entre directivos de la publicación y representantes del gobierno Duque, mediada por los intereses de cada uno;
  • Razones ideológicas o políticas, que dejan al periodismo y al ciudadano en un segundo plano;
  • Asuntos de conveniencia económica fundamentada en la pauta oficial;
  • Debates editoriales internos.

El hecho es que con la (falta de) decisión de la revista, perdimos todos.

Lea en Razón Pública: Las mentiras oficiales y los medios de comunicación.

Los medios en la encrucijada

La verdadera crisis está en los medios, que a su vez endosan o achacan la responsabilidad a las tecnologías, a los medios digitales o al capricho de las audiencias.

Pero la nuez de esta crisis está en la forma como se están resolviendo dilemas que creíamos superados: entre la credibilidad y la sostenibilidad, y entre la lealtad con el poder o con los ciudadanos y las audiencias.

Cuales son las responsabilidades de los periodistas

Foto: Estado de Nueva York
¿Cuáles son las responsabilidades de los periodistas? ¿Son un contrapoder o un observador del poder?

Resulta aleccionador que en medio de este ambiente contaminado sobresalga la estatura editorial del New York Times, un medio que ha comenzado a resolver sus problemas de financiación a través de los suscriptores. Este es el grado máximo de credibilidad de las audiencias y el sustento ideal de un medio en un entorno democrático.

Ocultar información trascendental anula el pacto de confianza que deben tener los medios con sus audiencias. Que un medio diga que tiene libertad editorial, sin tener en cuenta el interés ciudadano o, peor aún, esconderse detrás de él, hace tambalear su prestigio, remueve los principios fundamentales del oficio que sistematizaron Kovach y Rosenstiel y pone en juego toda la democracia.

Ocultar información trascendental anula el pacto de confianza que deben tener los medios con sus audiencias.

La conveniencia política que puede argüir el gobierno o un medio en casos como este puede acabar por usurpar el nombre y el papel del ciudadano, además de alejarlo como audiencia.

Sin duda, uno de los aportes de los nuevos medios ha sido demostrar que los medios tradicionales no conocían a sus usuarios, aunque hablaban en su nombre, para justificar decisiones, es decir, para justificarse a sí mismos.

Hoy ya no es posible hablar del periodismo como cooptación de la voz de los que no tienen voz, en medio de la conversación social que se viene tomando la agenda mediática. Se entiende, entonces, el decrecimiento en la confianza en los medios de comunicación, como lo expresan encuestas recientes.

Puede leer: La crisis del buen periodismo: ¿cómo diablos financiarlo?

Medios y poder

La cercanía del periodismo con los poderosos echa por tierra el principio fundamental de este oficio, que se debate entre ser observador independiente del poder y ser decididamente contrapoder.

Esto es así inclusive si se esgrime el pretexto del interés general y el necesario equilibrio que plantea Jack Fuller entre el daño causado por publicar algo y el daño causado por no hacerlo. En el dilema entre los medios y el poder, el periodismo debe estar de parte de los ciudadanos.

Si la razón que se esgrime para ciertas decisiones es la sostenibilidad económica, es muy posible que se esté desechando una estrategia a largo plazo: se está optando por un modelo de negocio cortoplacista, de pauta oficial —o buscando el fácil acceso a la información gubernamental—. Es la lógica del sálvese quien pueda.

Pero si se trata de salvaguardar los intereses de las empresas que financian los medios —y en este caso no se puede ignorar la reciente compra del 50 por ciento de Semana por el grupo Gilinski—, es probable que se cumpla la vieja profecía de que sobrevivan esas empresas pero desaparezcan los medios.

El dilema de la línea editorial y del sesgo político no pocas veces es suplantado por el peso del interés económico. No obstante, este interés debe estar supeditado al mandato ético que planteó en 1933 Eugene Meyer en The Washington Post cuando dijo que: “En su búsqueda de la verdad, este diario está preparado para sacrificar su fortuna material si ello es necesario para el bien público”.

En Colombia ha habido ejemplos de valentía, transparencia y coherencia. Basta con citar los casos paradigmáticos de El Espectador, QAP, AlternativaLa Prensa o Cambio, para mencionar los más recordados.

Los políticos contra los periodistas

A la par con la incertidumbre que creo esta situación, resurgió el debate sobre la creciente estigmatización de periodistas y medios por parte de líderes políticos que buscan desprestigiar a quienes fundamentan su trabajo en la reportería, la verificación y el trabajo de campo.

Los recientes señalamientos contra el New York Times, presentados con lenguajes de odio, recuerdan los libelos de políticos colombianos contra medios y periodistas que ejercen su labor informativa con independencia y probidad. Estos señalamientos, al tiempo que minan la posibilidad de tener referentes creíbles, ponen en riesgo la vida y honra de los reporteros.

The New York Times en una semana

Foto: Los Angeles county
¿Tiene justificación que Semana no haya logrado en meses lo que logró un periodista de The New York Times en una semana

Hay que recordar que en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en 2018 Colombia apareció en el puesto 129 entre 180 países; y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se ha referido a nuestros medios en 2019 como “una prensa acorralada, un juego entre violentos y poderosos”.

En el dilema entre los medios y el poder, el periodismo debe estar de parte de los ciudadanos.

Esta es una razón más para preocuparse acerca del futuro del periodismo colombiano porque, como dice Christophe Deloire de RSF: Si el debate político cae subrepticia o manifiestamente en un ambiente de guerra civil, en el que los periodistas se vuelven víctimas expiatorias, los modelos democráticos están en gran peligro”.

Como se ve, hay motivos para exigir, como propone la misma RSF, que se cree el puesto de representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas, un cargo que debería tener un capítulo colombiano, en vista del aumento de las amenazas y agresiones contra la prensa.

Le recomendamos: Los medios y el gobierno Duque: ¿cómo lo están tratando?

Más allá de las estrategias de sobrevivencia de los medios en medio de una crisis tan severa, o de la imagen de un gobierno, o de una institución particular, o de las narrativas de odio de líderes políticos venidos a menos, está en juego el pacto que asumimos como sociedad.

El soporte de este pacto es la labor periodística, fundamentada en la idea de que el reportero, por encima del medio, no tiene ataduras, y que sus sesgos se borran ante el imperativo categórico de informar siendo leal, ante todo, al ciudadano.

 

Ataques a las voces críticas

 ¿Estrategia o coincidencia?
Qué hay detrás de la serie de actos de censura y de ataques contra periodistas, programas de televisión y críticos del gobierno de Iván Duque. 

 


Las preguntas

Por Mario Morales*

 

Son tantas las señales preocupantes que viene dando el nuevo gobierno en relación con los medios públicos de comunicación, que muchos periodistas y ciudadanos se preguntan si hay una estrategia del poder para evitar preguntas, desinflar debates, arrinconar periodistas, culpar a terceros, ocultar errores o aplastar críticos. (Publica Razón Pública)

Nosotros también nos preguntamos:

  • Si hay órdenes directas para atacar a la prensa y a la libertad de expresión de los ciudadanos.
  • Si el lenguaje de odio y los mensajes violentos en redes sociales forman parte de una táctica para obstruir el trabajo periodístico y la labor de columnistas y críticos.
  • Si estamos frente a una suerte de doctrina aplicada por fanáticos que parecen ser más papistas que el papa.
  • Si fue reemplazada la meritocracia por el pago de favores con nombramientos clientelistas.
  • Si las hojas de vida de los encargados de ciertas entidades corresponden a las necesidades de los cargos y funciones requeridas.
  • Si se va a mantener un proceso exitoso como el de RTVC, y especialmente el de Señal Colombia, cuyas bases fueron sentadas a comienzos del siglo y representan el trabajo creativo de miles de personas expertas en el tema.
  • Si está en marcha una aplanadora para aprobar un proyecto de ley que no ha tenido la suficiente participación ciudadana o académica.
  • Si la ministra de las TIC tiene algún conflicto de intereses, ya que sus cargos previos fueron jefe de políticas públicas de Facebook y gerente de relaciones gubernamentales de Apple, empresas que se verían beneficiadas con la nueva legislación.
  • Si el gobierno pondrá al frente de los medios públicos a personas éticas y preparadas para garantizar la libertad de expresión de un país diverso y pluricultural. O si en vez de eso seguirá dándole contentillo a sus áulicos.

Intento de censura


Logo Los Puros Criollos. 
Foto: Facebook Los Puros Criollos. 

El panorama desalentador se hizo visible a raíz de una grabación que se filtró a los medios.

No se trató de un desliz, de un lapsus ni de una actuación precipitada. El intento de censura a los contenidos de Señal Colombia por parte de Juan Pablo Bieri, gerente saliente del Sistema de Medios Públicos RTVC, que esta semana fue formalmente denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hace parte de una serie de acciones cuya primera víctima ha sido la libertad de expresión.

Hay que recordar que Bieri fue el jefe de comunicaciones de la campaña del actual presidente y “su mano derecha en el trabajo de campo”, según dijo el mismo Duque. Dada esta circunstancia, la conducta de Bieri podría entenderse como un preanuncio —un teaser, o un “demo” en el lenguaje de los publicistas— sobre el enfoque que adoptará el nuevo gobierno para dirigir los medios públicos.

El teaser no pudo ser más claro. Tiene una voz en off del mismo Bieri, que ordena, se contradice y habla en nombre del mismo presidente (“ni este hombre que fue elegido políticamente por el pueblo, por las grandes mayorías, ni esta empresa, [sic] yo no estoy dispuesto a aguantarme ese sonsonete”).

En la conversación que se ha hecho pública intentó vetar el programa Los Puros Criollos (“matamos la producción”) y a su presentador, Santiago Rivas, (“no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar… con esta empresa”).

Desde la posesión de Bieri se notó la intención de poner a competir los medios públicos con los privados. 

La grabación deja ver además las razones para acallar a Rivas y su manera de pensar. Según Bieri: “No habla de RTVC, pero habla del proyecto de ley [de modernización de las TIC], pero hace quedar, digamos si RTVC está a favor del proyecto, y critica el tuit donde RTVC respalda el proyecto de ley… declárese impedido”.

En el fondo de todo está pues el polémico proyecto de ley que ha sido criticado por diversos sectores de la industria, de la academia, de los partidos políticos y de la sociedad civil. Pero el gerente quiere rehuir el debate y así lograr que el Congreso la apruebe sin mayores dilaciones.

Estos actos revelan la displicencia de algunos altos funcionarios hacia los medios públicos, y subrayan el peligro de que ellos incumplan su función de cuidar la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo, y se conviertan en caja de resonancia del gobierno.

El incidente deja también en vilo la autonomía de la RTVC ante las prácticas autoritarias de Bieri, quien renunció a raíz del escándalo y apenas cinco meses después de posesionarse.

Le recomendamos: ¿En qué quedó el periodismo? En 2018 corrió peligro.

Los otros síntomas


Instalaciones RTVC  
Foto: RTVC

Pero el intento de censura fue apenas otra muestra de una actitud gubernamental que claramente contradice el deber de los medios públicos.

Desde la posesión de Bieri se notó la intención de poner a competir los medios públicos con los privados. El propio presidente Duque hizo énfasis sobre el aumento exponencial de la audiencia y dejó en segundo plano la función de llenar los vacíos que dejan los operadores privados.

La consigna fue acabar con la que denominaron “dictadura de las parrillas”, parrillas que siguen siendo la base del consumo televisivo tradicional en un país desconectado y tremendamente desigual en el acceso a los productos audiovisuales en otro tipo de dispositivos.

Además, el pasado diciembre se cambiaron los equipos creativos de Señal Colombia, a pesar de que estos habían dado muestra de su capacidad, como lo prueban los premios y críticas favorables de los expertos. En ese momento no les fue renovado el contrato a diecinueve empleados que estaban encargados del proceso creativo del canal.

Los medios públicos estatales no pueden ser voceros del gobierno de turno, ni propagandistas de sus políticas.

También hubo demoras para aprobar los contratos de veintitrés coproducciones pactadas por un valor de veinte mil millones de pesos, de los cuales la entidad aportaría el veinticinco por ciento. Esto se tradujo en desmejora de la programación, y las casas productoras se vieron afectadas mientras esperaban los giros para terminar sus productos.

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar otro incidente de usurpación de funciones en Señal Colombia y en la Radio Nacional. Ese día sus periodistas no pudieron intervenir en la entrevista al presidente Duque y fueron reemplazados en el último momento por dos analistas invitados. Recientemente el director informativo, Darío Fernando Patiño, confirmó que tenía que dar cuenta sobre los invitados a su programa y el tratamiento de temas sensibles.

Mientras tanto, Bieri tomó partido a nombre de todo el sistema de medios públicos a favor del mencionado proyecto de ley de modernización de las TIC, a pesar de las dudas que despertaba la iniciativa.

Por último, se ha percibido también la displicencia ante la estéticas y narrativas de los medios públicos, así como el desprecio por el trabajo realizado en la construcción de la parrilla de Señal Colombia, fruto de un trabajo continuado de tres lustros.

Medios bajo fuego

Pero no solo se ha afectado al sistema de medios públicos. Hay otros brotes preocupantes contra el ejercicio periodístico que han enrarecido la atmósfera de la opinión pública y han afectado el ejercicio de la libre expresión:

  • Acoso judicial de periodistas.
  • Estigmatización, como en el reciente caso de Vicky Dávila, que fue hostigada desde una cuenta oficial del Centro Democrático.
  • Calumnias a críticos, como le ha sucedido a Daniel Samper Ospina.
  • El despido de una comunicadora de una de las unidades de trabajo legislativo por lanzar críticas al gobierno.
  • Dieciocho periodistas víctimas de amenazas, tres de obstrucción al trabajo periodístico, tres de hostigamiento y treinta de violaciones a la libertad de prensa en apenas veinticinco días de este año.

Estos incidentes ponen en tela de juicio la democracia colombiana porque violan sus principios fundamentales y también los tratados internacionales.

Los convenios de la Unesco obligan a los Estados a crear las condiciones para que “puedan prosperar la libertad de expresión, independencia y pluralismo de los medios” y “fomentar el libre flujo de la información para que los ciudadanos puedan comunicar entre sí historias, ideas, información y correctores de la natural asimetría de la información entre gobernadores y gobernados”.

Para que esto se haga realidad los medios públicos estatales no pueden ser voceros del gobierno de turno, ni propagandistas de sus políticas.

Medios, marketing, alianzas y maquillaje

(Tiempo estimado: 4 – 8 minutos)

Tras el escándalo queda mal parado el Distrito. Y peor parados quedan los medios que sacrifican su credibilidad y la confianza de los lectores.

Mario Morales*

(Publica Razón Pública)

Es escandaloso por las cifras, por los métodos utilizados, por la nebulosa que lo envuelve, pero, sobre todo, por lo inocuo. (Publica Razón Pública)

El gasto excesivo por pautas publicitarias de la alcaldía de Bogotá había sido revelado en abril y agosto pasados por el Concejo de Bogotá en un debate de control político extendido donde se hablaba de una cifra cercana a los 118 mil millones de pesos durante 2016 y 2017.

La semana pasada, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) divulgó, tras un sesudo seguimiento, que la pauta oficial estaba cerca de los cien mil millones de pesos, algo así como 5.625.000 por hora.

Cuando la ciudad se debate entre la austeridad y las necesidades crecientes de sus habitantes, la torpeza del alcalde Peñalosa ya colmó la paciencia de la ciudadanía.

En febrero de este año, Peñalosa fue el alcalde peor calificado de las ciudades capitales de Colombia. La desfavorabilidad de su gobierno ha alcanzado el 80 por ciento y el pesimismo alcanza a tres de cada cuatro ciudadanos según la encuesta de percepción Bogotá Cómo Vamos.

Si tanto invirtió Peñalosa para tener una imagen favorable, ¿esa platica se perdió?

Según la FLIP, el 85 por ciento de las operaciones se cumplieron mediante contratación directa  y por lo menos la mitad de ellos tuvieron adiciones y prórrogas —lo cual  contraviene el principio sobre regulación de publicidad oficial y de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—.

Los medios tienen todo el derecho a buscar alternativas de negocio, pero en tiempos de incertidumbre no todo hueco es trinchera.

Las entidades oficiales tienen derecho a hacer publicidad sobre sus actuaciones, pero el monto gastado por la administración Peñalosa es exagerado (teniendo en cuenta las necesidades urgentes de la ciudad en salud, educación, seguridad y movilidad, por ejemplo)  e incluso iguala o supera la inversión de las más grandes empresas, que con distintos productos llegan a agencias, medios y clientes de todo el país.

Pero falta lo peor: la falta de transparencia en la información brindada por la prensa. Los métodos y objetivos de ese tipo de publicidad ponen en tela de juicio su credibilidad y los valores del oficio.

Ese tipo de periodismo camufla la información oficial y la hace pasar como trabajo periodístico. El uso de embajadores de marca no explícitos en redes sociales ha contaminado la información que los ciudadanos necesitan, y ha afectado las libertades de prensa y de expresión.

El Distrito y los medios de comunicación tienen igual responsabilidad.

Por eso llama la atención que algunos medios nacionales, regionales y comunitarios, tanto impresos como audiovisuales, hayan aceptado en sus narrativas de ficción o editoriales contenidos realizados desde la administración distrital. Tampoco proveen la suficiente aclaración para las audiencias que consumen el material publicitario.

Marketing, alianzas y maquillaje

Televisión.
Televisión.
Foto: Autoridad Nacional de Televisión

Algunos dicen que es inevitable que el poder fiscalizado, los corruptos y los ilegales  permeen el periodismo, que debería estar regido por la lealtad, la verdad y la credibilidad.

Pero en este caso no se trata de que el periodismo pierda valor a causa de los contenidos falsos, de los embajadores de marca subrepticios, o de la manipulación capciosa por parte de determinadas fuentes (fenómenos donde el periodista puede “caer en una trampa”).

Es peor. En este caso son los mismos medios los que estén decididos a venderle el alma al diablo con el pretexto socorrido de las nuevas alternativas de sostenibilidad y de negocio. Parece —y es— un acto desesperado, de kamikazes, un acto suicida.

En el pomposamente llamado content marketing o marketing de contenidos —que no es otra cosa que los viejos artículos publicitarios disfrazados de información periodística— los propios medios destruyen el valor más preciado en la relación con sus audiencias: la fidelización.

Sin duda los medios tienen todo el derecho a buscar alternativas de negocio, pero en tiempos de incertidumbre no todo hueco es trinchera. Más aún si son baluartes y referentes para los demás medios y periodistas del país.

Ya es preocupante el bombardeo publicitario directo o branded content emitido precisamente en las secciones periodísticas que tocan temas afines y que se aprovechan de los públicos allí congregados y atentos. Por eso, exaltar, moldear, maquillar por encargo o publicar como propios contenidos publicitarios son tácticas de engaño.

Ese tipo de comportamientos traiciona el pacto con las audiencias y además afecta la democracia, si convenimos con Kovak y Rosenstiel en que la función  del periodismo es entregar la información que la gente necesita para ser libre y gestionar sus vidas y sus decisiones.

¿Dónde está el problema?

Propaganda.
Propaganda.
Foto: Pxhere

El problema va más allá de la letra pequeña que incluyen algunos medios y que aclara que el texto es publicitario, pero que nadie lee porque solo sirve para lavarse las manos.

No se trata tan solo de limpiar de manera engañosa la imagen de una entidad cuestionada como la alcaldía de Bogotá, sino también de construir  imaginarios deficientes, incompletos o falsos en una comunidad urgida de acciones reparativas. Es, en últimas, un atentado contra la disciplina de la verdad, porque juegan con la voz, la independencia editorial y la integridad del periodismo.

Le recomendamos: Uribe, el rey del twitter.

En medio de toda esta pirotecnia del mercadeo es menester recordar —como repiten los manuales de ética— que las audiencias de los medios no son clientes, que las redacciones no son unidades de negocio, que las noticias no son productos y que los lenguajes y los métodos del periodismo tienen su origen en el servicio público y en los derechos de la ciudadanía.

Es cierto que los medios reúnen públicos propicios para los anuncios publicitarios, como también lo es que esos públicos son renuentes a esos contenidos. Si los insertos, las separatas, los suplementos o los avisos publicitarios marcados y delimitados no satisfacen las necesidades de los anunciantes, no por ello publicistas, medios y comunicadores pueden contaminar las narrativas periodísticas en aras de una pretendida innovación estratégica.

Que las audiencias de los medios no son clientes, que las redacciones no son unidades de negocio, que las noticias no son productos.

Y si a ese panorama le sumamos que hay periodistas y analistas contaminados, que vienen y van de un empleo a otro o que con una palmadita en el hombro dicen lo que dicen en los debates y en los medios, al ciudadano le quedan pocas alternativas para determinar si la información que recibe tiene estándares de calidad periodística o no.

Cuando los alimentos o los medicamentos no tienen información suficientemente clara y transparente para los consumidores, todos ponen un grito en el cielo porque se pone en riesgo la salud de las personas.

En esta época de descrédito del periodismo, tal vez sea hora de introducir la “posología informativa” esto es, la necesidad de acompañar cada pieza periodística con un contexto sobre los insumos, las fuentes y las decisiones que se tuvieron en cuenta para escribirla.

Quizás no sea cierto que las audiencias se estén yendo de los grandes medios y que se estén alejando del periodismo tradicional en busca de la tierra prometida de los “nuevos contenidos”. Tal vez, los usuarios estén huyendo defraudados cuando perciben que se les insulta la inteligencia o la confianza y que todo tiene un precio.  Esa es la verdadera crisis.

La verdad en guerra

Amenazas contra medios.

Más que las eternas represalias por el trabajo de algunos periodistas, hoy estamos asistiendo a una cruzada para imponer una cierta lectura del conflicto como versión oficial de la historia.

Mario Morales*

Fabricando la opinión

(Tiempo estimado: 5 – 10 minutos)

En medio de las sombras que cubren, de manera reiterada, reinventada y reforzada, el ejercicio periodístico hoy en Colombia es posible distinguir por lo menos los siguientes patrones:

-Que no es lo mismo trabajar en las ciudades capitales que en las regiones como lo ratifican hoy los 3 reporteros de Mocoa, abandonados a su suerte, luego de efímeros registros de sus colegas en los medios de cubrimiento nacional. Conminados a salir de la región, no obstante, resisten desde sus casas o medios, pero no san su brazo a torcer. La brecha entre centro y periferia en vez de disminuir con la omnipresencia de los medios digitales, se acentúa.

-Que la confusión generada en las redes sociales, con velada intencionalidad de ideologías y fanatismos, al tiempo que suscita amenazas inconcebibles, pone a dudar por igual a audiencias y reporteros sobre el deber ser del oficio, como le consta a Paola Rojas la periodista de Noticias Uno que grabó lo que se dijeron entre bastidores algunas de las voces reconocidas del Centro Democrático después de la posesión presidencial. No hubo dolo, ocultamiento ni lesión a la ética en el hábil trabajo de la comunicadora que grabó de manera visible, como consta en las fotos que circularon a posteriori, una reunión pública sobre un hecho público en un lugar público. Su labor se ve legitimada por el evidente interés que suscitaron esos comentarios dichos en palabras y voces de los mismos protagonistas.

-Que se sigue naturalizando cada año electoral como un período en el cual son “normales” las amenazas a los periodistas fruto de las tensiones y disparidades ideológicas y emocionales de los contendientes de diverso origen en el espectro político.

-Que la descalificación a la prensa se convirtió en un leitmotiv en los discursos demagógicos e incendiarios de quienes quieren cosechar en los descontentos ciudadanos, y que dicha descalificación no solo merma la confianza en medios y reporteros, sino que permea el ambiente para que surjan y, de manera absurda, hasta se justifiquen las amenazas en grupos sectarios y fanáticos; o que los periodistas sean estigmatizados en medio de la indiferencia de la “opinión pública” desinformada.

-Que, nuevamente, sean los mensajeros y no los hechos denunciados o los culpables de esos hechos el epicentro de las iras, críticas y amenazas de individuos o masas prejuiciadas.

-Que no haya contundencia en las investigaciones acerca del origen y autores de las amenazas, cuyos resultados apenas son esbozados en medio de ambigüedades o generalidades que tienden a la impunidad.

-Que el patrón de amenazas y demás violaciones a la libertad de expresión pase por el amedrentamiento de individuos o grupos específicos al tiempo que como advertencia para los demás; por generar confusión intimidando a comunicadores de distintas vertientes para hacer inubicable en el espectro ideológico a los responsables; y por acallar voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolos judicialmente o conminándolos a autocensurarse en la búsqueda de la verdad en el momento histórico que vive el país acerca de la definición y concreción de la paz y la reconciliación.

Ese estado de zozobra continua que este año ya supere las 139 amenazas*, según la Flip, no solo ataca las iniciativas de investigación, sino que ataca también las de interpretación y opinión acerca de los hechos sensibles del país, para coaccionar, limitar e impedir la libertad de expresión de quienes trabajan o colaboran en los medios masivos de comunicación, pero extienden su nefasta influencia a los ciudadanos con voz en las redes sociales, en la idea de generar eso que Walter Lippman, llamó un consenso manufacturado en torno a determinadas ideas; concepto que después retomó Noam Chomsky para significar que la construcción de opinión pública no siempre obedece a un derrotero o una intención sino a un “fenómeno corporativo y emergente”, lo que no excluye que esa manipulación pueda estar envuelta en sombras y anonimato.

Esas amenazas, tras bozales de grupos violentos de extrema derecha, y que tildan, entre otras cosas, a los comunicadores de “guerrilleros”, aparecen en un momento crítico de fanatismo en torno a la implementación de los acuerdos del proceso de paz, especialmente en lo atinente a la comisión de la Verdad, cuyas directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios e imprecaciones.

Que casi todos los amenazados tengan que ver de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico de visibilización de las víctimas, los pone en el mismo contexto de indefensión y riesgo que los líderes sociales y de los personajes piloto que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales

En el fondo, parece estar en juego la versión de lo ya acaecido y de lo que está sucediendo en los hechos de guerra y paz en nuestro país en los últimos años, como lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la citada comisión solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto armado.

Narrativas de la paz

Periodismo en Colombia.
Periodismo en Colombia.
Foto: Emisora cultural del Huila

Como en la novela 1984, algunos medios de comunicación se han empeñado en una narrativa acerca del proceso de paz que pretende ocultar, disipar o confundir una verdad recuperada a partir de documentos y trabajo periodístico.

A esa verdad se anteponen los prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos y hacer creer, como decía Orwell, que la guerra es paz y la paz es guerra; que la ignorancia –entendida como ausencia de verdad– es fuerza.

Quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país.

Consecuencias nefastas

Las amenazas proferidas por grupos de extrema derecha surgen en un momento crítico de fanatismo contra el desarrollo del Acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad ha sido un tema particularmente sensible- y tanto así que sus directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios-.

Casi todos los periodistas amenazados están relacionados de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico para dar visibilidad a las víctimas. Esto los pone en una situación de indefensión y riesgo similar a la de los líderes sociales que trabajan por los derechos humanos y las libertades individuales y sociales.

Algunas de las violaciones a la libertad de expresión que siguen sin esclarecerse son:

  • Las amenazas en Internet contra María Jimena Duzán, columnista de Semana y declarada defensora de la paz;
  • Las amenazas contra Jineth Bedoya, defensora de los derechos de las mujeres;
  • Las amenazas contra La Silla Vacía, medio independiente que investiga el poder;
  • Las amenazas contra Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz –comunicadores de RCN pertenecientes a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional– cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas;
  • Las más de diez amenazas contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores, así como las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio;
  • Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez por sus denuncias de violación de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín;
  • Las amenazas contra Laura Montoya, quien ha venido publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales en Mocoa, Putumayo;
  • Las amenazas contra Fernando Londoño, director del programa “La hora de la verdad”, y Luis Carlos Vélez de la emisora La FM.
  • Las agresiones verbales y el decomiso de celulares a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país;
  • Las amenazas contra Januaria Gómez, quien tuvo que irse de Segovia, Antioquia por sus reportajes acerca de irregularidades en la minería y de daños al medio ambiente;
  • Las advertencias de atentado contra los diarios La opinión y Q’Hubo por sus denuncias de bandas delincuenciales en Cúcuta, y
  • El veto impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora en Maicao, para hablar del alcalde, de aspirantes a cargos públicos o de entidades estatales.

La consecuencia directa de estas amenazas para los comunicadores y sus audiencias, especialmente en las regiones, es la sensación de caos y peligro que deviene en miedo a expresarse y en temor a actuar por falta de garantías.

Los efectos colaterales son la parálisis o la autocensura en el proceso de encontrar y decir la verdad sobre el presente y el pasado reciente en los medios masivos – e inclusive en las redes sociales-

El miedo aumenta ante la falta de resultados de las pesquisas oficiales, pues las  autoridades tienden a investigar ataques consumados pero no a prevenirlos, y muestran negligencia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo. Precisamente por eso, las autoridades han contribuido a naturalizar una prensa escoltada, que no favorece el ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La responsabilidad del periodismo

La excitación excesiva frente al futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa incendiaria de la sectarización, que se manifiesta en debates virulentos y efectistas, como los que se han venido dando especialmente en la radio.

El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

Esta agitación alcanzó un punto deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el analista Ariel Ávila, quien acusó a su oponente de maltrato verbal y de decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que decía el abogado.

Los medios, que tienen el poder de legitimar lo que dicen y piensan sus audiencias, no pueden seguirle el juego a los insultos y las estigmatizaciones en los debates sobre temas importantes solo por aumentar la sintonía. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

La autorregulación que deben practicar los panelistas tiene que comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de los espacios periodísticos, cuyo propósito ha de ser el esclarecimiento de situaciones coyunturales mediante la exposición bien argumentada de ideas diversas.

La construcción de la verdad no se puede comprender como una lucha entre visiones radicalmente opuestas o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Cifras alarmantes

Proceso de paz.
Proceso de paz.
Foto: Presidencia de la República

Para acabar de nublar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya son casi 300 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento que hace la FLIP. De esas violaciones:

  • 55 son en Bogotá;
  • 22 en Antioquia;
  • 22 en Huila, y
  • 10 en Magdalena.

Hasta el momento, de estas violaciones:

  • 124 corresponden a amenazas;
  • 32 a acoso judicial;
  • 26 a obstrucción del trabajo periodístico;
  • 19 a hostigamiento;
  • 19 a estigmatización;
  • 17 a agresión.

El estado de cosas es tan preocupante que 19 entidades, cinco de ellas embajadas en Bogotá, ONGS y la oficina del Alto o Comisionado para los Derechos Humanos elevaron su voz pidiendo garantías para los periodistas. Por ahora hay una tímida respuesta de la Fiscalía que anunció avances en dos casos, pero necesitamos medidas eficaces, más allá de las investigaciones post factum o de las escoltas engorrosas que han sido sugeridas.

Frente a este panorama desolador es necesario salvaguardar a la prensa, eje de la democracia. El Estado debe dar resultados en la búsqueda de los victimarios; los gobiernos de Santos y Duque deben condenar estas violaciones y tomar medidas, ojalá de manera conjunta, con el apoyo de los organismos de protección. Finalmente, los medios y periodistas deben actuar como un solo cuerpo y los ciudadanos unirse a esta defensa de la libertad de expresión, que es la suya representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego. Más que de mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican como uno de los países más inseguros de la región y del mundo para el ejercicio periodístico, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros y la independencia de los medios.

Pero, sobre todo, se trata de no perder la posibilidad de construir un relato fidedigno de nuestros acontecimientos para impedir que fuerzas oscuras nos arrebaten la verdad.

En tiempos de posverdad, culpables

Cuando parece que las noticias falsas son el principal problema y las redes sociales el enemigo a vencer, quizás sea necesario profundizar sobre el tema de moda, pero no por ello reciente, de la posverdad. (Publica Red Etica de la FNPI)

Por Mario Morales
@marioemorales

Analizar la relación entre medios y audiencias desde la tradicional perspectiva lineal y determinista es solo una de las partes del problema que se ha suscitado en torno a la denominada posverdad. Considerar que las narrativas periodísticas, los discursos o la propaganda política impregnadas de posverdad, interpretada como engaño, falsedad, mentira o como relativización de la verdad por ausencia de hechos susceptibles de probarse y verificarse, inoculan sin oposición el nivel de credibilidad de sus públicos, es despojar a estos últimos de la función activa, voluntaria y decisiva con la que hoy cuentan en los terrenos de la cibercultura.

Para que fenómenos de masas fundamentados en hechos alternativos, emociones o juicios hayan fraguado de manera tan contundente, como ha sucedido en numerosos eventos de alcance planetario en el último año, implica también acción, participación o voluntad parcial, consciente o inconsciente de los usuarios de esos contenidos informativos.

Claro, es responsabilidad de los periodistas velar por que los hechos sean los pilares del edificio narrativo y no la declaracionitis (como la llamaba Miguel Angel Bastenier), la opinión privada públicamente expresada o las versiones cambiantes de las fuentes según las conveniencias o las coyunturas.

Además, para que eche raíz la posverdad hay, del otro lado, un ambiente propicio, un caldo de cultivo para que aparezca lo que el periodista y filósofo Miguel Wiñaski denominó hace más de una década como la noticia deseada. Es decir, una construcción de la ficción donde se sumerge la sociedad con los ojos cerrados, el pulgar en la boca y los sentidos adormecidos para evitar la reflexión sobre la tragedia de la incertidumbre del presente, que se reemplaza por las creencias fijas, los prejuicios o las emociones ciertas o alteradas que se derivan de momentos de tensión social o política.

¿Qué pasa cuando la opinión pública rechaza la verdad? Se levanta como un imperio la noticia deseada, la noticia que la opinión pública elige creer. Señala Wiñaski que habida cuenta de la preponderancia de los medios aún en las esferas privadas, las audiencias se han convertido en una suerte de “tribus masivas” que aceptan ciertas noticias, aunque no haya elementos informativos reales para sustentarlas, y rechazan las que están bien fundadas. Esas tribus son ilegales desde el punto de vista del pensamiento aristotélico, que argumentaba que la ley consistía en anteponer la razón a la pasión.
Verdades relativas

El efecto es grave porque deviene relativización de la verdad, materia prima del periodismo, reemplazada por narraciones alternativas a tono con las emociones o juicios preponderantes. En el terreno de las percepciones y de las creencias todas parecen valer igual si acudimos a la libertad de expresión que resulta, al decir de Hannah Arendt, una pantomima, “si no hay garantía para la información objetiva y no se aceptan lo hechos mismos que son los que dan forma a las opiniones”.

Se cumple la profecía de Henry Poincaré cuando decía que la verdad es cruel y que es normal preguntarse a menudo si el engaño no es más consolador.

Hábilmente manejadas, campañas que invitan al sentimiento, el nacionalismo o a la pasión constituyen una estrategia de opinión pública que tiene origen en la propaganda política del pasado siglo y ha impregnado hasta la contaminación las formas de hacer periodismo en Colombia.
Temores, prejuicios y emociones

De las dos tendencias de propaganda política (la inspirada en Goebbels, el ministro de propaganda alemán, y la fundamentada en los soviets de la revolución bolchevique) que marcaron buena parte los destinos del siglo XX, y que representan en este campo la eterna lucha entre la razón y la seducción, un sector de nuestro país optó por la segunda instancia, esto es, apelar al sentimiento, atacar las sensaciones, inducir al reflejo condicionado -patentado por Pavlov-, y la sobreexcitación.

Este tipo de propaganda se dispersa en gritos de guerra, imprecaciones, amenazas y profecías vagas en los que se busca que la palabra cause efecto y la idea ya no cuenta. El objetivo central es la denominada coagulación nacional en la que la masa adquiere un carácter más sentimental, más femenino, y que requiere ser seducida antes que convencida. Decía Mussolini, con razón, que el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer. Por eso la preponderancia de la imagen antes que la explicación.

La propaganda hitleriana estuvo enfocada a las zonas más oscuras del inconsciente. La patria y la familia aparecían en todas las manifestaciones públicas. El partido y el jefe estaban presentes en todas partes, sin intermediación. Prensa, radio y cine se repetían sin cesar, en ese fenómeno que Ignacio Ramonet ha denominado mimetismo mediático. Devino producción de adhesiones por el camino del espectáculo.

Goebbels trabajó con tino la inhibición condicionada, que tiene sus raíces en la dialéctica hegeliana y que recurría al recuerdo de la angustia que siente el ser humano cuando cambia libertad por seguridad, y que lo lleva sin darse cuenta a la adhesión infinitesimal, como la calificó el sacerdote y estudioso francés Fessard. Esa inhibición se lograba con cantos, himnos, símbolos, lemas e imágenes. La clave radicaba en mantener a la masa en estado continuo de exaltación, el alma popular a fuego lento, sin dar espacio a la reflexión. Walter Hagemann sintetizó los momentos de tensión permanente en crestas sucesivas como la estrategia de la alternancia regular del azúcar y del látigo. Oscilaba como un péndulo entre la caricia y la amenaza, la seducción y la brutalidad. Estrategia que ya había aplicado con éxito Napoleón. En suma, del terror a la exaltación, de la pasividad a la excitación, del miedo al entusiasmo. Nadie hablaba de odio ni de amor, sino de fascinación.
Las técnicas

Una vez seducidos, al decir del teórico francés Jean Marie Domenach, venían las siguientes fases de la propaganda para mantener la aparente cohesión nacional, primero simpleza, luego un enemigo único, un único objetivo. Le siguieron la exageración y la desfiguración de las noticias mediante el uso de las citas desvinculadas de contexto en el lenguaje de de masas, recurriendo a lo primario. El refuerzo era la repetición incesante. Ya en el Mein Kampf lo advertía el mismo Hitler cuando decía que la masa sólo recordaba las ideas más simples cuando le eran repetidas centenares de veces con diferente presentación. En este aspecto especialmente fue evidente y definitiva la complicidad de la prensa alemana. En procesos concomitantes o posteriores, la propaganda diseñada por Goebbels recurrió a eso que llamó el publicista norteamericano Walter Lippman, sentimiento preponderante de la muchedumbre en busca del consenso, la unanimidad para poder abordar un último estadio, donde se combatían las tesis de los adversarios, atacando puntos débiles, no respondiendo nunca de frente, atacando en el ámbito personal y descalificando al rival.

Esa opción propagandística no se da, como sucede en el resto del planeta, químicamente pura, y tiene matices y transformaciones de acuerdo al grado de satisfacción o al nivel de éxito conseguidos en momentos específicos de la historia de los últimos cien años.

Sociedades de distinta raigambre ideológica también han adaptado estos mecanismos de la posverdad a sus procesos políticos, el resultado también es parecido: Empobrecimiento del debate, pugnacidad personalizada, retorno a los estados tribales de la angustia y del miedo. Sacrifico paulatino de la verdad. Terreno propicio para las opciones totalitarias.

***

Mario Morales es periodista y analista de medios. Magíster en Estudios literarios, con estudios en periodismo y especialización en medios y opinión pública. Actualmente es profesor asociado e investigador en la Universidad Javeriana, columnista de El Espectador y defensor del televidente en el Canal Uno. www.mariomorales.info, @marioemorales, moralesm@javeriana.edu.co

***

En este artículo se incluyen ideas y fragmentos trabajados en artículos para la Red Voltaire y para el blog del autor.
– See more at: http://www.fnpi.org/es/etica-segura/en-tiempos-de-posverdad-todos-somos-culpables#sthash.7bqRrJVV.dpuf

Caso Colmenares: culebrón mal contado

Este caso, que ha vuelto a ser noticia, no solamente muestra las fallas de la justicia, sino ante todo los grandes defectos del periodismo y la ligereza de sus audiencias al analizar la información que reciben. (Publica Razón Pública)

Por Mario Morales

“[Los espectadores] (…) llegan hacia la mitad del tercer acto y se marchan antes de que caiga el telón, quedándose el tiempo suficiente para decidir tan solo quién es el héroe y quién es el villano de la función”: Walter Lippman

Todos perdimos

Fiel a su estilo, el culebrón del caso Colmenares se sigue mordiendo la cola. No podía ser de otra forma. Gestado como la serie de no ficción más duradera y truculenta de lo que va de este siglo en Colombia, no podía tener un entierro de tercera. No podía haber punto final para las múltiples conjeturas que se han ido produciendo y enredando entre sí.

El fallo reciente de la juez Paula Astrid Jiménez donde absuelve a Laura Moreno y Jessica Quintero por la “extraña muerte” de Luis Andrés Colmenares, dejó en ascuas al país justiciero que anda en busca de culpables. También dejó inquietos a quienes esperaban un desenlace, y escépticos al resto, que no saben si la decisión de la justicia es una verdad a la cual aferrarse o una provisional, ahora que se anuncian apelaciones de los familiares y de los organismos nacionales de control.

Pero, sobre todo, el caso Colmenares dejó la sensación de que después de los 2.300 días de estar “al aire” este melodrama, todos salimos perdiendo: acusados, acusadores, abogados, Fiscalía, Bomberos y testigos. También los medios, y a través de ellos la audiencia, que sin querer queriendo construyeron una historia paralela sobre la base de los juicios a priori, las declaraciones, las filtraciones y la imaginación, y que parece no tener nada que ver con las 278 páginas del fallo que resumen el caso.

Varios hechos se convirtieron en hitos en la cadena de misterio y truculencia que atrajo a medios y espectadores, que siguen oscilando entre la satisfacción y la frustración con cada giro del caso:

El desorden de los fiscales;
La extralimitación de funciones de la oficina de prensa de la Procuraduría, que se adelantó al diagnóstico;
La aparente negligencia del cuerpo de Bomberos que atendió el caso el lluvioso 31 de octubre de 2010;
La versión del médico forense y exdirector de Medicina Legal;
La verborrea del segundo fiscal;
La inclusión del matiz racial y luego de los celos como causas del presunto asesinato;
Las dudas, contradicciones y posterior condena a falsos testigos;
El juicio y absolución de Carlos Cárdenas, uno de los implicados;
Los errores en la cadena de custodia;
El ocultamiento de pruebas, y
El fallo absolutorio de las jóvenes Moreno y Quintero por falta de pruebas.

Ese discurrir de los acontecimientos deja mal parada a la justicia colombiana, que en medio de tantos ires y venires deja la sensación de no ser garante para las partes en litigio y de no estar preparada para aclarar este tipo de casos que son el pan nuestro de cada día.
Acontecimiento periodístico

Justicia en Colombia, caso Colmenares.
Foto: Twitter @lcolmenaresr

Desde el punto de vista periodístico, el caso Colmenares es un fenómeno narrativo que, sin proponérselo, está en el centro de la creación colectiva, a tono con la ecología digital contemporánea. Esto se debe a varias razones:
El caso Colmenares es un fenómeno narrativo que, está en el centro de la creación colectiva.

Al grado de identificación que producen las narraciones de este tipo de violencia, donde todos nos sentimos con derecho a ser juez y parte;
A las connotaciones conspirativas que llevaron a asumir el conflicto como lucha de clases o como triángulo amoroso y a suponer el tráfico de influencias;
Al morbo aumentado por el misterio y la zozobra; y
A la facilidad que hoy brindan los medios digitales para el debate y la expresión de las opiniones e indignaciones –en todos los tonos y matices–, lo que ha convertido el tema en comidilla habitual.

Igualmente, el relato ha sido contado por muy distintas fuentes que se fueron cediendo el turno para alimentar el mito. Voces, imágenes, entrevistas, columnas y puestas en escena están hoy disponibles para quienes llegaron tarde a la función y para quienes siguen ávidos de contenido, que además podrían ser audiencias para la publicación de libros y la emisión de series televisivas que ya se anuncian.

Pero, sobre todo, este caso ha sido tan difundido porque permite esa práctica humana, tan vieja como la palabra –y hoy otra vez de moda con el nombre de posverdad–, de privilegiar las emociones y las creencias propias antes que los hechos y las pruebas irrefutables. Práctica que ha sido fiel acompañante de la crónica roja en nuestro suelo.

El caso Colmenares es el mejor ejemplo de las construcciones sociales de la realidad degeneradas por la exacerbación de las emociones, la difusión mediática de verdades a medias, la excesiva cercanía con las fuentes y la fácil toma de partido por parte de los medios. Todo esto impulsado por la cada vez más frecuente –y equivocada– práctica de creer en las supuestas mayorías de las redes sociales.

Vuelven a salir a flote las dificultades y carencias de la crónica roja, un género que ha modificado algunas de sus prácticas -que en un principio fueron más cercanas al periodismo de baranda y de corte detectivesco donde el reportero iba armando el rompecabezas con trabajo de campo y aporte de pruebas, a veces, por desgracia, de su propia cosecha-. La deuda pedagógica del periodismo que va quedando en evidencia con el caso Colmenares tiene que ver con:

El carácter reactivo de los medios;
La confianza ciega en las pruebas sobre las causas violentas de la muerte del joven Colmenares, que llevó a los medios por el camino de las aseveraciones apresuradas;
La dependencia de la fuente oficial, puesta de manifiesto en la reverencia que aún se siente por la Fiscalía y sus representantes, que son apenas una parte del proceso de investigación criminalística y no la conclusión del mismo;
El espíritu ególatra y vanidoso de algunas fuentes y abogados que quisieron aprovecharse de la luz dura de los medios para beneficiar su imagen y proyectos personales;
La premura por publicar, en lugar de ayudar a entender el enigma, generó confusión y desinformación. La opinión y la emoción volvieron a ganarle a la razón y a la ponderación.
La moralina volvió a contaminar las narraciones. A veces por simpatía de los redactores, a veces para dar gusto a las multitudes airadas.

Del mismo modo, las suposiciones difundidas por los medios de comunicación llevaron a veces a equivocaciones de las partes de la investigación y al desconcierto de sus propias audiencias, que parecían más interesadas en la noticia deseada que en conocer la verdad, así fuera por fragmentos.

Queda en el aire, con razón o sin ella, un tufillo de impunidad sumado al interrogante que debe formar parte del autoexamen de los medios: si el periodismo debe estar del lado de las víctimas, aparte del joven Colmenares, ¿aquí quiénes son las víctimas?
Narrativas vendedoras

Laura Morena y Jessica Quintero, implicadas en el caso Colmenares.
Foto: Canal Capital

El caso Colmenares completa ya cerca de medio millón de entradas en buscadores populares como Google. Por métricas digitales y por la importancia del tema de la confrontación social y del poder de los afectados, es comparable con el caso de la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, que también despertó en los medios el espíritu justiciero. Gracias a la pronta reacción de las autoridades y a la confesión del asesino se le cerró el paso al morbo, aunque seguirá vigente mientras se conoce la condena el victimario y la suerte de sus familiares.
El caso Colmenares es el mejor ejemplo de las construcciones sociales de la realidad.

Por otra parte, el caso Colmenares se diferencia en vigencia e impacto de otros casos como el empalamiento y asesinato de Rosa Elvira Cely, que causó estupor y rechazo pero que por sus escasas aristas no logró posicionarse por mucho tiempo en la agenda de los medios ni en la conversación de las audiencias. Quedó, no obstante, como una bandera para los defensores de derechos humanos y para los activistas contra la violencia de género.

El caso Colmenares parece no tener final. Los puntos suspensivos que pone el reciente fallo absolutorio nos llevarán sin remedio a las tramas secundarias, aunque sin la misma visibilidad mediática y, por ende, sin la misma emocionalidad de estos largos seis años. Quedan en cartelera las apelaciones, eventuales demandas por daños y perjuicios, las investigaciones a fiscales y forenses y hasta a los 5 bomberos que “atendieron” el llamado de emergencia aquella noche fatídica.

El caso Colmenares sigue en la penumbra. La falta de certezas devuelve al caso el rótulo que le puso el primer fiscal luego de un año infructuoso de investigaciones: “muerte por establecer”. La historia sigue.

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