Los medios, en deuda

Los medios, en deuda

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(Por: Mario Morales)  Un estudio del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana concluye que el cubrimiento periodístico del proceso de paz ha tenido carencias, unifuentismo, se ha hecho a distancia y en muchos casos ha generado confusión. (Publica El Espectador)

No hemos hecho bien la tarea. Ni el gobierno en la comunicación política acerca de lo que ha pasado con el proceso de paz. Ni quienes tienen a cargo la pedagogía para saber hacia dónde van las negociaciones. Ni el periodismo para contar lo que está sucediendo, como dice el manido, e incumplido lema de algunos medios.

Lo prueba la indiferencia de la población frente al desafío, que es, a la vez, el sueño cimero de las últimas cuatro generaciones, resumido en esas cuatro palabras repetidas hasta el hastío: la tan anhelada paz.

Pero no son los únicos insumos para analizar cada una de esas tres patas sobre las que descansa la otra mesa, la de la credibilidad de lo que se acuerde en La Habana. También lo documenta una investigación realizada por el observatorio de medios de la Universidad Javeriana que ha monitoreado día a día, desde el inicio de las conversaciones, el cubrimiento periodístico del proceso en los medios nacionales de prensa y televisión.

El estudio muestra que el trabajo periodístico ha tenido carencias, primero porque los medios como el resto del país fueron sorprendidos por un suceso de tal magnitud para el cual no estaban preparados. Segundo, porque el modelo de confidencialidad que ha blindado lo que pasa en La Habana ha sido un obstáculo para acceder a la información con estándares de calidad. Y tercero porque a los periodistas nos ha pasado lo que al resto de ciudadanos, no hemos ido más allá de la cotidianidad para entrar en los terrenos de la previsión y la anticipación.

En ese día a día los medios se han impregnado o representado los estados de ánimo de los colombianos frente al desarrollo de las negociaciones. Partieron de la incredulidad fruto de la larga resaca por el fracaso de las negociaciones en El Caguán, frustración que dio paso al recrudecimiento de la guerra, de la violación de los derechos humanos y al recorte de libertades individuales y sociales.

Con los primeros anuncios de los diálogos se abrió paso en las piezas periodísticas el escepticismo y más tarde la cautela. Con la instalación formal de la mesa vino la exaltación que reencarnaba cada vez que se aprobaba un punto de la agenda, hasta que vinieron los escollos y cundió el pesimismo en titulares y desarrollos, a veces contagiado de determinismo, a veces de fatalismo. De esa manera y al ritmo ralentizado de los anuncios, las narraciones periodísticas han aprendido a convivir en medio de esa bipolaridad pero sin tocar los extremos.

La ausencia de hechos y la escasez de documentos, que no fueran los comunicados o los registros audiovisuales, llevaron a los reporteros a contagiarse de las emocionalidades de las fuentes que cambiaban según el biorritmo de cada ciclo, según las conveniencias en el tira y afloje de las discusiones o en la toma de partido no pocas veces visceral de quienes reaccionaron como oposición.

Las dificultades del cubrimiento in situ llevaron a los periodistas a hacerlo a distancia, especialmente desde la capital, con el riesgo de incluir en sus narrativas los (des)contextos también emocionales según el momento o la coyuntura. Eso explica que momentos de efervescencia como el mundial de fútbol se vieran trasplantados al crecimiento de la favorabilidad del proceso en el monitoreo, y que coyunturas como las de elecciones reflejaran espectros amplios de polarización, o épocas como vacaciones marcaran distanciamiento y disminución de las narrativas mediáticas sobre las conversaciones.

Otro factor evidente, como consecuencia de lo dicho anteriormente, es que haya primado el periodismo de declaraciones que iban cambiando e incluso contradiciéndose con la evolución de la agenda, generando confusión.

Si bien la iniciativa fue de la estrategia gubernamental, los medios asumieron los relatos del proceso de manera personalizada en torno a la figura del presidente Santos de forma que lo afectaba a uno involucraba al otro y viceversa.

Pero quizás uno los aspectos más llamativos del estudio tiene que ver con el encuadre desde el cual siguen narrando los medios. Entrenados durante muchos años en el cubrimiento del conflicto y no pocas veces contagiados por la propaganda política, los medios siguen narrando el proceso desde la perspectiva de adversarios, esto es, de vencedores y vencidos, de enemigos irreconciliables, de buenos y malos.

Claro el mismo gobierno, con la voz altisonante del exmindefensa Pinzón, las rabietas del presidente o el discurso encendido de la fuerza pública abonaron ese terreno maniqueo del cual no logramos salir. Incluso propuestas, como el desescalamiento del lenguaje, hechas en momentos de tensión o indignación no fueron comprendidas y se convirtieron en epicentro de burlas y diatribas.

Ese ambiente enrarecido ha impedido el apoyo a la mesa en tanto que una de las partes sigue siendo deslegitimada como interlocutor válido contradiciendo la lógica de las conversaciones y los acuerdos.

En términos generales a través del seguimiento diario se evidencias rutinas periodísticas alineadas y entrenadas durante años desde esa perspectiva de enemigos, con incidencia de renovados discursos de odio, con sus correspondientes y repetidas formas expresivas, centradas en la sectarización o en la victimización.

Esos acontecimientos son contados de manera episódica, sin solución de continuidad y sin contextos explicativos o nexos de causalidad o perspectivas de futuro.

En esa montaña rusa de sensaciones, signada por acontecimientos cuyo significado va cambiando de valor, los medios se miran unos a otros, se han mimetizado entre sí, reciclan sus rutinas y al cabo de tres años su narrativa es monótona, aburrida, sin regiones, sin rostros humanos, con preeminencia de los comunicados, de las versiones pero sobre todo con la lógica de que toda declaración se merece una reacción, una contraparte bajo el equivocado pretexto del equilibrio informativo.

En la construcción de las informaciones el gobierno aparece como principal punto de referencia por la preeminencia de la voz presidencial, del comisionado y de sus voceros en la mesa, pero escasean las voces y rostros de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia. Interesa más la dialéctica de guerra y paz, entendida como contienda entre Uribe y Santos, por ejemplo.

La perspectiva de género no sale bien librada, las fuentes son esencialmente masculinas muy a pesar del protagonismo femenino en diversos frentes que tiene que ver con el (pos)conflicto. Ese protagonismo, cuando aparece narrado, lo hace cundido de estereotipos como el de la vanidad y el eterno femenino, como en el caso de la guerrillera Tanja. Una de las preguntas que deja el observatorio es si esa visión es machista y en esa medida tiene determinados efectos.

Quedó claro que sigue primando el cerofuentismo o el unifuentismo con especial relieve de las fuentes oficiales. Y en lo atinente a las formas narrativas de sujetos y fuentes, las imágenes y descripciones se han ido mecanizando en ángulos, encuadres y adjetivos, de tal manera que parecen repetidas o de archivo, sin serlo.

La dialéctica encendida de las redes sociales ha reemplazado el periodismo de investigación y de interpretación. Sin proponérselo, los reporteros han legitimado como fuentes a redes sociales que no lo son y que, a veces, ni siquiera quieren serlo, como lo describen su presentación. De esta manera el trabajo de campo se ha reducido a las rondas pro internet en busca de reacciones, opiniones personales o comunicados sin el suficiente trámite de verificación o sustentación.

La agenda de los medios nacionales es generalista, apunta a contar el desarrollo de la mesa como tal, sus ritmos, sus tiempos, sus desavenencias y sus polémicas, pero no busca los detalles en los puntos específicos ni en los subtemas, ni en los asuntos relacionados o emergentes producto de la dinámica de las conversaciones.

Como consecuencia de la emocionalidad, se ha instalado la lógica narrativa del conflicto en la que los hechos disruptivos como combates o ataques contra combatientes o infraestructura que antes eran colaterales han pasado a ser temas centrales en momentos de tensión, pero brillan por su ausencia los temas que tienen que ver con acciones de paz, reconciliación y perdón.

Es justo reconocer que hubo un ligera mejoría una vez se aprobó el tercer punto. Se incrementaron los informes, los enviados especiales y crecieron tanto el análisis como los puntos de vista en columnas de opinión y editoriales pero también en la parte informativa con presencia de voces de la sociedad civil. También se ha mejorado en el uso de recursos narrativos y en el manejo del lenguaje. Pero todavía falta …

El observatorio

El observatorio de medios de la universidad Javeriano ha realizado cerca de 15 monitoreos en los últimos 12 años teniendo como referencia los estándares de calidad periodística, con base en el análisis de contenido y las teorías contemporáneas del periodismo. El monitoreo del cubrimiento del proceso de paz arrancó el 1 de agosto de 2012 y se mantendrá vigente hasta la implementación de los acuerdos en 2016.

Inicialmente ha analizado los periódicos nacionales y los noticieros de televisión pública y privada que cubren todo el país. Su trabajo es censal, quiere decir que no toma una muestra sino que observa todas las narrativas periodísticas, incluyendo opinión y caricatura, que han aparecido sobre el proceso de paz y temas relacionados. El investigador principal es Mario Morales y el asesor estadístico es Andrés Medina. Involucra estudiantes de pregrado y posgrado como monitores, asistentes de investigación o que realizan sus trabajos de grado y tesis con apoyo en su metodología. Ha contado con el apoyo del Centro Ático, Cinep, PEP, FNPI, Cifras y Conceptos y Auditsa.

A través de un instrumento de análisis observa la prominencia, encuadre, enfoque, construcción informativa, origen de la información, contexto, recursos narrativos, calidad del lenguaje, temas y asuntos de la información, fuentes periodísticas y ética periodística.

Algunos datos

A lo largo de estos tres años se han observado más de 12,000 piezas periodísticas. Se ha encontrado que el generó más frecuente en prensa es la columna de opinión con un 29 5%, mientras que las narrativas de registro como la noticia aparecen con un 25.4% y la breve con un 15.2%,. El análisis sólo llega a un escaso 6% si se compara con la caricatura, por ejemplo, que alcanza el 7.5%

El interrogante que queda planeado es si las audiencias están recibiendo primero la información tratada, la de posiciones ya establecidas y opiniones fuertes, antes que la información pura y dura y si eso tiene que ver con el grado de polarización en que se encuentra la opinión pública

En televisión el género predominante es la noticia con 69.2%; el análisis aparece en el 1.9% de las piezas.

En prensa el enfoque es neutro en un 51.8% crítico en un 26 5% y parcializado en un 13.3% en televisión es neutro en un 67%, crítico en 23 3% y parcializado en un 4.6%

Si bien en prensa un 37.3% no es posible establecer el origen de la información, en un 20.5% proviene de entrevistas 17.2% de foros, 8.1% de boletines y 1.9% de redes sociales, mientras que en TV el origen estáen las entrevista s en 39%, foros y debates en 24,2%, y ruedas de prensa en un 15, 8% lo que demuestra por qué en las narrativas prevalece el quién sobre el qué.

En prensa el 25.4% de las notas informativas no tienen fuente y el 41.6% o sólo tienen una. Las fuentes son masculinas en un 80% y femeninas en un 10%.
En tv el 11.4% de las notas no tienen fuente y el 50.8% sólo tienen una. El 83% de las fuentes son masculinas y el 10% femeninas.

En prensa, las víctimas aparecen como fuente en un 2% y como sujeto de la información en un 4%, mientras que l gobierno es fuente en un 23% y sujeto en un 19.7%

En TV el gobierno aparece como fuente en un 25% de las notas y como sujeto de las notas en un 17.1, y las víctimas son fuentes en un 3.3% y sujetos de la información en un 5.3%

Qué hace falta

Teniendo en cuenta los resultados del observatorio en relación con lo que exponen teóricos como Galtung o Giró, hace falta tener en las piezas periodísticas múltiples voces, relatos desde las regiones y territorios, dignificar las víctimas, salirse del círculo de la guerra, no replicar la voz de las fuentes, reconstruir la verdad histórica, diferenciar violencia de conflicto, más debates entre distintos, recurrir a otros géneros; el antídoto son las historias, siendo menos reactivos y más proactivos.

Dejar ver al otro, humanizar a todos, maximizar aciertos, adjetivar menos y usar menos eufemismos, más memoria más clima más autoestima, más bases informativas sólidas; hay que llevar las audiencias a la reflexión, hay que ser activos e innovadores y evitar la exhibición de las víctimas o las minorías desde la perspectiva exótica o como pura escenografía. Los medios deben ser escenarios de debate en los temas del conflicto pero también en las agendas de paz.

En resumen, tanto medios como periodistas se deben instalar en puntos de convergencia, de consensos y disensos, en la generación de ambiente, en la reconstrucción de memoria y en la recuperación de autoestima y optimismo.

* Profesor de la universidad Javeriana y columnista de El Espectador.

Chuzados y sin garantías

Chuzados y sin garantías

 

chuzadasEn lugar de aclararse, el novelón de las interceptaciones a los diálogos de La Habana se sigue enredando y amenazando tanto el proceso de paz como el ejercicio y la calidad del periodismo en Colombia.

(Publica Razón Pública.com)

Por Mario Morales*

 

 

Final de novelón

Si algo le faltaba al guion de telenovela de bajo presupuesto en que se convirtió el escándalo de las interceptaciones por parte de la inteligencia del Estado colombiano, era la conclusión de que en Buglly Hacker no hay indicios de actividades ilegales, dada a conocer un día después de la revelación de las conversaciones privadas de alias “Timochenko” con los negociadores de las FARC en La Habana.

Ni la declaración de la Inspección del Ejército ni las conversaciones reveladas por Inteligencia Militar logran disipar las dudas razonables que quedan en el ambiente, luego de que medios nacionales e internacionales dieran a conocer la lista de periodistas y opositores presuntamente chuzados en circunstancias que están por esclarecerse.

La verdad está embolatada no porque esté en tela de juicio la veracidad de las transcripciones de esas conversaciones, ni la labor de las primeras pesquisas, sino porque están entreveradas en otro capítulo de la ya extensa serie de acontecimientos que han acabado por agobiar a la opinión pública nacional y por confundir a medios y periodistas en medio

de dimes y diretes, versiones y retractaciones, mentiras a medias y digresiones que dejan tras de sí una larga estela de desinformación que afecta de muchas maneras el quehacer periodístico.

No se trata pues de un rumor o una versión que pu ede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.

Si algo ha quedado claro es que la denuncia de la revista Semana no era un asunto de poca monta. Primero, porque ese proceso de desinformación no solo acabaría por revictimizar a civiles legítimos que, si se comprueban varias versiones, fueron el objetivo de esas interceptaciones.

Y segundo, porque pondría en riesgo el proceso de paz donde se juega el presente nacional, y se llevaría por delante numerosos derechos como el de saber, por lo menos, una parte de la verdad, y, sobre todo, los de la libertad de prensa y libertad de expresión, sujetos a los vaivenes de intereses aún no abiertamente establecidos.


El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.Foto: ICP Colombia

Nada ha quedado claro

Nadie salió a desmentir al director de la revista mencionada cuando anunció que tenía en su poder las pruebas que soportaban las publicaciones. Y no es creíble que se comprometiera, él mismo y consigo el semanario, si de veras no las tuviera.

Tampoco se ha controvertido con bases las denuncias del canal Univisión de que habría 2.600 correos electrónicos intervenidos de voceros de la insurgencia y periodistas nacionales e internacionales.

Ni se ha contradicho el reporte del canal RCN sobre indicios de la interceptación de 500 conversaciones, cien de las cuales habrían sido de manera ilegal. Ni ha sido rectificado Simón Gaviria, director del Partido Liberal, que hablaba de interceptaciones a 400 whatsapp, 500 pines de blackberry y numerosos correos electrónicos.

No se trata pues de un rumor o una versión que puede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.

A cambio de explicaciones fehacientes y satisfactorias, la esfera pública ha sido sometida al bombardeo de contradicciones y declaraciones encontradas: que ilegales e inaceptables, que legales aunque compartimentadas; que oficiales relevados, que no, que separados temporalmente; que interceptación a los armados ilegales, que interceptación al espectro, como en un juego de telebolito.

Desde el tuit del expresidente Uribe donde hablaba del presunto malestar de la fuerza pública por la enérgica declaración del presidente Santos en la que decía que las chuzadas eran inaceptables, el Ejecutivo y los mandos castrenses han intentado bajarle el volumen a un asunto, que de confirmarse, no solo afectaría a las presuntas víctimas, sino que reeditaría la manida hipótesis que esas actuaciones ilegales serían una política de Estado, con el agravante de que el Gobierno no estaría al tanto de tales operaciones.


El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.
Foto: ICP Colombia

Desinformados

La ausencia de pruebas de carácter oficial ha dejado circunscrita la labor informativa a las siguientes posibilidades:

– Al denominado periodismo de declaraciones o de versiones, reactivo unas veces, oportunista otras, pero en todo caso temporal y en riesgo por las veleidades de la opinión pública.

– A las filtraciones que no faltan cuando sube la marea y el río está revuelto, con los riesgos éticos y de enfoque que ello tiene.

– A prácticas inmediatistas y no verificadas como la reproducción de fotografías en redes sociales de presuntos implicados pero fuera de todo contexto.

– A las labores investigativas de unos pocos buenos reporteros cuyos productos dejan mal parada, hasta ahora, a la verdad oficial.

En medio del naufragio hay pocas tablas de salvación que permitan lograr narrativas periodísticas contundentes y confiables que le puedan explicar a las audiencias las causas y efectos de un fenómeno tan complejo, tan variable y tan inasible.

Más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.

La argumentación de las fuentes gubernamentales al alcance es precaria:

-Va desde el manoseo del concepto jurídico de legalidad (como ese de que es legal si hay orden de un fiscal de por medio -y no la hubo como lo prueban los allanamientos posteriores del ente investigador-, o si, como ahora dicen desde ministros hasta altos mandos castrenses, lo que se interviene es el espectro, ese lugar vago, inubicable y frágil, cuyos límites, situación, alcances y objetivos no conocemos y quizás no conoceremos de manera prístina).

-Pasa por las mutuas solicitudes y requerimientos de investigaciones ágiles, profundas y “exhaustivas” -y que no es otra cosa que una forma de lavarse las manos-.

-Y llega hasta la invocación de asuntos de seguridad nacional que cierran el debate al llevarlo al escenario patriotero de “deber antes que derechos”.

Por la libertad y la información

Como se ve, las perspectivas no son halagüeñas. A expensas de las indagaciones de la Fiscalía y del pretendido contrapeso de la investigación disciplinaria de la Procuraduría, los apartes deseables de verdad de un tema tan delicado quedan por ahora en manos de los sabuesos del periodismo investigativo y de fuentes, interesadas y no interesadas, cercanas a las pesquisas.

Pero más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.

No es suficiente con que los reporteros digan que entienden la labor de los organismos de inteligencia y que no tienen nada que temer. No. El Gobierno y las autoridades deben garantizar sin excepción la libertad de expresión de los comunicadores, la garantía de que no solo no son espiados sino que sus comunicaciones no son utilizadas como caballos de Troya con fines militares.

El efecto, como dijo Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es que se “vulnera la confianza de las fuentes en las comunicaciones con el periodista”. Esto es, la confidencialidad y el sigilo profesional que aparece en nuestro marco jurídico.

Pero también los ciudadanos deben tener el aval de su privacidad y la promesa renovada con hechos ciertos de que toda investigación que signifique intervención de sus conversaciones, correos, chats y llamadas telefónicas tiene el respaldo anticipado y legítimo de un fiscal.

Pero más que nada, hay que exigir que caiga todo el peso de la ley sobre sectores, grupos o individuos que desde las posiciones de privilegio de la inteligencia militar utilizan los operativos, fachadas, elementos y demás posibilidades técnicas para servir a intereses particulares, politiqueros, guerreristas y antidemocráticos.

No hay que olvidar que la desinformación, la confusión y las verdades a medias son armas poderosas de propaganda política y propaganda negra. Al fin y al cabo, y a pesar de los avances en los diálogos, todavía estamos en guerra.

Por eso es oportuno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya anunciado que pedirá cuentas al Gobierno colombiano por este oscuro capítulo de nuestra historia.

Porque por ahora hay más dudas que certezas, y preguntas sin respuesta, como esa de que si así se trata a la verdad, ¿qué podrá pasar con la justicia y la reparación?

A romper la cadena

A romper la cadena

 

Libertad de prensa en Colombia

El periodismo colombiano ha sido víctima de atentados, asesinatos, persecuciones y  censuras. Hay decenas de víctimas, desde periodistas vinculados a los grandes medios, hasta comunicadores de medios comunitarios. Impera un alto grado de impunidad.

 Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Más víctimas

Parece una condena. La ofrenda de vidas, libertades y bienes que los periodistas colombianos hacen cada año en cumplimiento de su deber se repite dramáticamente. Casi milimétricamente, como una cuota fija: 108 casos de violaciones a la libertad de expresión y 167 víctimas contabiliza la Fundación para la libertad de la Prensa –FLIP- en 2013 hasta la fecha.

A ese ritmo fatídico y constante repetiremos al finalizar diciembre las cifras desgraciadas del año pasado. Pero peor, porque ha habido dos víctimas mortales, y cuando llegue Navidad serán cinco –solo de este año- los casos de homicidio que prescribirán de manera indolente, por decir lo menos.

Sí, dirán los escépticos y acaso los más cínicos, otra vez el mismo diagnóstico. Sí, y la misma cruel indiferencia del Estado, de la sociedad, del gremio. Pero más grave porque hay dos vidas que no se recuperarán y homicidios que no tendrán culpables, como en el 87 por ciento de los 142 casos documentados por la misma FLIP

Igual que en el resto de la región, dirán los responsables del cuidado y protección de la prensa en estos países sin ley ni honor. Pero más preocupante por los visos de recrudecimiento, si nos atenemos a los informes que hablan del peor semestre en el último lustro para el periodismo de las Américas, con 14 periodistas asesinados. Cifra que podría aumentar si las investigaciones, como en otros dos casos en Colombia, vislumbran que fueron homicidios por razones estrictamente periodísticas.

José Couso
Foto: Adolfo Lujan
Conmemoración el pasado 6 de abril en Madrid del
asesinato del periodista Jose Couso a manos del ejército
stadounidense en Bagdad.

Profesión asediada

Hay una tendencia que rebasó las fronteras tercermundistas y las analógicas para amenazar a las sociedades industriales y al ciberperiodismo. Aquí, el aire está enrarecido y el vecindario está convulsionado: Argentina y Ecuador, con nuevas legislaciones; Venezuela y Cuba, con asedios gubernamentales a los comunicadores, y hasta Estados Unidos con su restricción en el acceso a la información pública.

Ha sido año particularmente difícil. La preocupación aumenta con el avance de los enemigos de la prensa en Colombia, que han dejado la penumbra mediática de las regiones para constreñir o victimizar a medios y periodistas en las ciudades capitales. La polarización ideológica, entendida como debate saludable de propuestas, ha sido más bien escasa; ha tomado su lugar la iracundia febril de las hordas que defienden intereses no siempre conseguidos de manera legítima.

Exabruptos en medio de las movilizaciones sociales han dejado secuelas nefastas entre campesinos y comunicadores. La alianza entre mafias y políticos ha extendido su terror a la prensa; huestes intolerantes en año  electoral, insurgentes y hasta miembros de los organismos del Estado que abusan de sus facultades, han pasado de las amenazas a las acciones para tratar de intimidar a un periodismo  con aura quijotesca pero decididamente valiente. Este pareciera seguir a pie juntilla aquella máxima que le dejara el Caballero hidalgo a Sancho, su fiel acompañante: “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida“.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros.

En estos meses la prensa colombiana ha sido agredida, amenazada, desplazada estigmatizada, exiliada, obstruida, secuestrada, maltratada y violentada, para citar las violaciones más recurrentes, sin obviar los asesinatos ya mencionados, detenciones ilegales, los heridos y víctimas de atentados  contra empleados o contra la infraestructura de los medios.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros, según los informes de las organizaciones defensoras de la prensa.

Edison Molina
Foto: Unesco
Edison Alberto Molina, periodista asesinado el pasado 11
de septiembre en Antioquia.

Múltiples víctimas y victimarios

El deshonroso aporte nacional a la lista luctuosa no tuvo siquiera una digna repercusión, tal vez porque las víctimas no pertenecían a grandes medios, ni laboraban en las grandes capitales:

· Uno de los dos comunicadores asesinados -el abogado Edison Alberto Medina- trabajaba en el modesto ambiente de una radio comunitaria de Puerto Berrío,  Antioquia, desde donde ponía en evidencia la corrupción.

· El otro era empleado multitarea, si se quiere: voceador, fuente y reportero del diario Extra de Quindío. Fue baleado en Caicedonia, Valle, epicentro de las denuncias del medio sobre irregularidades en la cárcel. Muertes que duelen.

· No están aún claros los motivos en los homicidios de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta en Cali  y de José Naudín Gómez, gerente de Radio Guadalajara en Buga.

A la par aumentan las amenazas masivas especialmente en la Costa Atlántica, Antioquia, Valle y Viejo Caldas, según reseña la FLIP. Al estilo de las que hubo  en Valledupar por parte del autodenominado Ejército Anti-restitución de Tierras para presionar la salida de la ciudad de ocho periodistas y de las amenazas que hizo el ELN mediante panfletos en Arauca y que buscan amedrantar a los periodistas y medios que cubren la difícil situación de orden público que vive ese departamento. También hay presiones de las AUC en Chiquinquirá,  Boyacá y en Santander y Norte de Santander, según refiere la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER–.

La intolerancia se tradujo en amenazas a las publicaciones relaciones con movilizaciones sociales, como en el caso del director  y redactores del periódico La Tarde de Pereira. También son reprobables las agresiones que tuvieron que soportar comunicadores por parte de la policía, como sucedió en 10 de 30 casos de cubrimiento de la protesta social y campesina, según denuncia de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios); o a manos de turbas violentas, como pasó en el sur de Bogotá durante un operativo judicial.

Lo mismo denunciaron periodistas del Canal regional de televisión PCS en Tuluá, Valle, que cubrían manifestaciones estudiantiles, y Éder Narváez Sierra, periodista del Bajo Cauca, que grababa durante el paro minero en Caucasia, según denunció la Asociación de periodismo de Antioquia-APA-.

La organización Reporteros Sin Fronteras también levantó la voz para protestar por “las agresiones y tentativas de censura que afectan la movilización nacional Indígena”. Los señalamientos apuntan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como presunto responsable de las agresiones y a Los Rastrojos de las amenazas.

Intentos de silenciar al periodismo

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales por parte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política. Han resurgido las amenazas y el acoso contra Claudia López, León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén lo que los ha obligado a buscar otra vez refugio en el exterior, pero no a bajar su voz gallarda y valerosa contra el crimen organizado, especialmente en La Guajira.

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales porparte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política.

Se siguen presentando iniciativas legislativas que van desde la regulación del derecho de petición, hasta restricciones para el trabajo periodístico en las cárceles, pasando  por el control de contenidos informativos y de la libertad de expresión de los medios en el ciberespacio.

Y como si fuera poco, el fantasma de las chuzadas revivió por cuenta de las denuncias de presuntos seguimientos a periodistas reconocidos como Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. De manera simultánea la Corte declaró a comienzos de octubre la prescripción de los delitos por presunta intervención de comunicaciones  de periodistas por parte del exdirector del DAS, Jorge Noguera, pendiente de juicio, pero ya por otras acusaciones.

Siguen las prescripciones

Por la inoperancia de la justicia siguen prescribiendo los delitos contra periodistas.

Este año ya prescribieron cuatro casos. Y si, como anota la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-, no pasa nada antes del 26 de diciembre, cuando se cumplen dos décadas del homicidio  de Danilo Alfonso Baquero a manos del ELN, el caso prescribirá. Sería el quinto.

La pregunta obvia es: ¿si no pasa algo como qué? Como que sea declarado delito de lesa humanidad, tal y como sucedió en marzo de este año con el asesinato de Eustorgio Colmenares, lo que hace que las pesquisas del crimen no tengan vencimiento. No obstante, de ahí a que haya resultados y condenas hay un largo trecho, pero la posibilidad subsiste.

Por todo eso la situación del periodismo en Colombia no es extraña ni distante de ese peor semestre en los últimos cinco años del que habla la SIP. Como no es ajeno el resto del planeta que suma por estos días, según cifras de Reporteros Sin Fronteras, 43 periodistas asesinados, 25 netciudadanos muertos, 184 periodistas encarcelados y 157 net ciudadanos encarcelados.

Por eso este 23 de noviembre se celebra el día mundial contra la impunidad, iniciativa de IFEX, red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, a la que se han unido la FLIP y otras organizaciones. La campaña se denomina “23 días 23 acciones”, que ya comenzaron para dar a conocer el estado de las agresiones e investigaciones.

Iniciativa que hay que apoyar como homenaje a esos héroes que aquí no se recuerdan, salvo honrosas excepciones, como la que hizo el investigador de Semana, Ricardo Calderón, también víctima de un atentado este año, del que salió ileso. Calderón recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, el cual, como él mismo dijo, es “reconocimiento a la labor de docenas de reporteros que poblamos las redacciones y las calles de este país. Muchos de ellos, especialmente en nuestras regiones, no habrían podido subir a este escenario a recibirlo si se lo hubieran ganado”.

Que esas víctimas de tantos y tan diversos delitos contra la libertad de expresión,-que se repiten cada año como una dolorosa profecía-, puedan subir a la tarima de la memoria a ver si prescribe esa “condena”. Es lo menos que podemos pedir.

Prensa bajo amenazas

Prensa bajo amenazas

En dos semanas se ha exacerbado la presión sobre los periodistas para impedir que hagan públicas sus investigaciones. En Colombia la prensa es parcialmente libre, mientras no estorbe a los poderosos de todas las raleas.

 

Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

primera fila portadaFoto: www.villafane.comAlgo se está acelerando

El ambiente está recalentado: lo prueba el termómetro de la libertad de prensa, que ha dado señales de alarma en lo que va corrido de mayo. Pero el mal que delata no es nuevo: se ha venido incubando desde hace casi cuatro décadas. Es más: el mal es síntoma de una morbilidad mayor, endémica, que no ha recibido la atención ni el cuidado que debían.

El rebrote de agresiones contra el periodismo habla de la fiebre a la que tristemente nos acostumbramos, acompañada de las convulsiones de un año electoral y con proceso de paz a bordo. Detrás de la fiebre está el estamento corrupto más violento  enquistado en las élites de poder que reacciona contra la prensa, su único fiscalizador, ante la miopía o la paquidermia de los organismos de control del Estado.

Ya en los primeros cuatro meses del año estábamos en urgencias- con 32 violaciones  y 55 víctimas según el monitoreo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuando ocurrieron de modo casi simultáneo el atentado contra Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, el asesinato del periodista  Alberto Lázaro en el Valle, el desplazamiento forzado de por lo menos ocho comunicadores en Valledupar y la denuncia de un plan para asesinar a los investigadores Ariel Ávila y León Valencia y al periodista Gonzalo Guillén.

Factores de alarma

primera fila imagen 1Foto: circulodeperiodistasdebogota.com

En término de cifras, el estado de alerta se mantenía en la misma situación que a comienzos de año o incluso del año pasado: lo nuevo ha sido la concurrencia de sucesos en solo dos semanas y el desafío que la delincuencia organizada lanzó ya no sólo a la prensa regional como lo viene haciendo de manera inveterada  sino a la nacional, que sufría menos presiones y corría menos riesgos a la hora de publicar este tipo de denuncias, al tener su sede en Bogotá.

Otro factor de alarma es el cambio de estrategia del crimen organizado: ya no se limita a amenazar para constreñir, como venía haciendo en los últimos años, sino que acaba de pasar a los atentados y al sicariato para acallar las voces críticas en los medios.

Esa osadía de la delincuencia si los indicios conectan a los presuntos autores de los atentados con las investigaciones que adelantaban los periodistas significa que han decidido combinar todas las formas de lucha para silenciar a la prensa: desde el asesinato hasta impedir la circulación de publicaciones, incluso provocando la respuesta solidaria de los medios y de la opinión pública que despierta este tipo de actos, con el propósito de enviar un mensaje de intocabilidad y la advertencia de lo que le puede pasar a todo aquél que se meta con ellos.

Desafío al gobierno y a la sociedad

Esos hechos lograron, sin embargo, que los grandes medios se ocuparan de temas que no eran nuevos en la agenda, pero que estaban olvidados o desplazados por otras noticias. Y que por fin la Fiscalía se ocupara de las investigaciones, bien por convicción o presionada por la opinión pública.

Por eso, prensa y organismos judiciales consideraron obvio que los ataques tenían una conexión directa con el trabajo reciente o en curso de los comunicadores o investigadores víctimas de las agresiones. De ahí el repudio generalizado a los atentados y planes contra Calderón, Guillén, Valencia y Ávila, en el entendido de que se trataba de un ataque contra la prensa toda y de un mensaje para la sociedad entera.

No es menos grave que ocho periodistas que cubrían temas referentes a la restitución de tierras, al conflicto y al proceso de paz hayan tenido que abandonar la capital del Cesar tras ser declarados objetivo militar del autodenominado “ejército antirrestitución”, que no solo amenaza la libertad de expresión, sino que reta al propio gobierno mediante la violencia.

No se trata entonces de casos aislados, sino de una estrategia para poner de rodillas al país en esta etapa crucial de su historia.

Tampoco se debe pasar por alto el asesinato del locutor y periodista radial Alberto Lázaro en Cali, no obstante que las primeras pesquisas apuntan a móviles de índole personal y ausencia de amenazas previas.

En medio de fuego cruzado

primera fila imagen 2Foto: www.flickr.com/photos/crissorama

Pero esa situación es permanente en las regiones, como lo documenta la Fundación para la Libertad de Prensa: en lo que va corrido del año ha habido por lo menos 15 amenazas, 2 desplazamientos forzados, 3 agresiones físicas o sicológicas, amén de otros casos de interrupción de la circulación informativa u obstrucción al trabajo periodístico, así como los más de 20 casos de intimidaciones en Montería, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar.

Pero también desde el Congreso apuntan contra periodistas y medios, como ocurrió con el desafortunado artículo cuarto del proyecto de ley que pretendía legislar sobre la parodia, con algunas pocas buenas intenciones opacadas por las ambigüedades que dejaban expedito el camino a la censura o a las acciones civiles y penales contra el humor político, la sátira y toda creación fundamentada en características o actuaciones de personajes públicos.

Y como si fuera poco, grupos violentos o pequeñas bandas barriales también la emprenden contra la prensa, como pasó en el sur de Bogotá, donde atacaron un vehículo del Canal RCN o en Cali con un automóvil del diario Q’hubo.

Lentitud e impunidad

Casos emblemáticos no tienen aún pruebas concluyentes, como el de Jineth Bedoya, víctima de violación hace 13 años por su trabajo periodístico y de acoso por sus valientes denuncias, o el más reciente de Yesid Toro, también del diario Q’hubo, quien fue forzado a exilarse de Cali tras publicar un libro sobre sicariato, producto de sus investigaciones.

Y a pesar de las denuncias y de los insistentes reclamos de justicia, siguen prescribiendo casos de periodistas asesinados hace dos décadas: este año ya prescribieron dos, para un intolerable total de 62. Muy seguramente  dormirán también el sueño de los justos los casos que se siguen por el homicidio de los reporteros Nelson de la Rosa Toscaza de Cartagena, Manuel José Martínez de Popayán y Danilo Alfonso Baquero de Tame (Arauca), caídos en cumplimiento de su deber en 1993.

Con razón no nos va bien en las clasificaciones que año tras año hacen organizaciones de diversa índole, como Freedom House, que monitorea a 195 países y 14 Estados en formación. En esa lista, Colombia ocupa el puesto 14 y forma parte del grupo de naciones con prensa parcialmente libre, con deficientes indicadores en cuanto a libertades civiles y derechos políticos, lo que explica que 94 periodistas deban tener protección permanente incluso extrema en 37 casos hasta diciembre de este año.

Encuesta reveladora

Este recrudecimiento de acciones violentas contra la prensa opaca la leve mejoría  en asuntos de seguridad que habían percibido 707 periodistas entrevistados por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y la firma Cifras y Conceptos, en desarrollo de la segunda encuesta nacional a periodistas sobre libertad de expresión y acceso a la información pública, cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 3 de mayo, con motivo del día de la libertad de prensa.

El 20 por ciento de los periodistas encuestados afirmaron haber tenido restricciones por parte de autoridades para su libre movilidad, el 26 por ciento haber sufrido ataques por canales electrónicos, el 23 por ciento haber sido vigilado ilegalmente por el Estado, el 21 por ciento haber sido agredido por miembros de la Fuerza Pública y el 14 por ciento haber recibido agresiones por grupos al margen de la ley.

La consecuencia obvia en medio de esta atmósfera de amenazas es el temor que deviene autocensura, como lo manifestó el 47 por ciento de los encuestados:

  • 37 por ciento por presencia de armados ilegales en su región.
  • 35 por ciento por presiones que ocasionan el cierre de su medio o su despido.
  • 34 por ciento por estigmatizaciones de parte de gobernantes o altos funcionarios.
  • 25 por ciento por presión de autoridades del Estado.
  • 24 por ciento por recorte o interferencia indebida en sus historias por parte de editores de su medio.
  • 14 por ciento teme ser víctima de acosos judicial.

Con razón el Índice de Libertad de Expresión y el Acceso a la Información Pública en Colombia que monitorea el mismo PAN en 2012 apenas alcanza 50 puntos sobre 100, escasos 12 en la dimensión de impunidad y 38 en la de acceso a la información.

Derecho condicionado

Este mes, la Corte Constitucional aprobó con condicionamientos la ley estatutaria de transparencia y regulación del derecho de acceso a la información pública, que queda pendiente de la sanción presidencial.

Si bien dichos condicionamientos ampliarían el derecho de acceso, en el momento de escribir este artículo no se conocía el texto de la sentencia, particularmente en lo tocante a límites relacionados con la defensa y la seguridad nacionales, así como con el ente encargado de velar por su cumplimiento.

Algo es algo en medio de esta racha que ha llevado hasta el límite las alarmas  cuando el país se juega su futuro con la búsqueda de la paz, de la cual es motor e inspiración el libre ejercicio del periodismo, hoy retado y en entredicho.

Cibercolombiano

Cibercolombiano

Si.Crecemos. Y no de cualquier manera. La actividad en internet ha aumentado de tal suerte que ha puesto al país en posiciones de vanguardia en cuanta medición internacional hay sobre el uso de la red.

Por Mario Morales

Publica revista Credencial

(Fotografías: Camilo Devis )

Dicen que el consumo y el acceso a la tecnología en Colombia están disparados. A continuación, un informe especial con lo último en cifras, análisis y declaraciones.

(Fuentes: MinTic, Socialbakers, Juancmejia.com, Crcom, EGM, Lanix, Dinero.com, DANE, Ipsos Napoleón Franco, IAP)

-En promedio, el colombiano gasta mensualmente $54.100 en telefonía celular.

-En promedio, el colombiano gasta mensualmente $30.000 en televisión por suscripción.

-En promedio, el colombiano gasta mensualmente $24.400 en internet.

-8 de cada 10 usuarios se conectan a internet 4,3 horas diarias. Y un usuario promedio pasa 2 horas y 12 minutos conectado.

-Las páginas favoritas de los colombianos son Facebook (87,95%), Twitter (54,42%), Youtube (46,36%), LinkedIn (31,22%), Pinterest (6,32%) y Foursquare (4,98%).

-Lo que los colombianos más compran por internet: teléfonos móviles (56%), ropa (54%), conexiones a internet para el hogar (45%), CD o DVD (41%), computadores personales (36%).

-Los aparatos que prefieren los colombianos: 57% de los consumidores elige el computador de escritorio; 50%, smartphones; 11% prefiere ultrabooks; 8%, notebooks.

-79,8% de colombianos tiene algún tipo de acceso a internet.

-A septiembre de 2012, el número total de suscriptores a internet en el país llegó a 7’037.241.

-Hay 48’699.217 colombianos abonados en servicio de telefonía móvil. De ellos, el 49,78% tiene teléfonos inteligentes.

-Edad promedio de la gente que más entra a internet: de 12 a 24 años; es decir, un 84,7%.
-Aplicaciones más usadas por los colombianos: Tap Tap Revenge 3.0, Traffic Rush, WhatsApp Messenger, MotionX GPS, WritePad, Tap Tap Revenge, Radio Colombia, Rat On The Run y App Box Pro.

-Los colombianos usan internet para: comunicación (78,7%), obtener información (74,3%), educación y aprendizaje (62,1%), actividades de entretenimiento (65,7%).

-Colombianos registrados en redes sociales: Facebook (87,95%), Twitter (54,42%) y Youtube (46,36).
¿Cuáles son los correos electrónicos favoritos de los colombianos? Outlook (antiguo Hotmail): 77,43%, Gmail: 70,84%, Yahoo: 37,2% y otros: 19,76%.

-El 74% de los colombianos tiene un computador en la casa.

-El 39,7% de los colombianos oye radio a través del celular.

-El 30% usa el computador para ver películas.

-El 16% hace compras por internet.

-La publicidad en internet creció un 15,32% durante el año pasado.

¿Qué tan digitales somos los colombianos?

Las internacionales

Medir lo que pasa en la red no es tan sencillo, tanto por la diversidad como por la profusión de canales, plataformas, aplicaciones y contenidos que inundan cada vez más el ciberespacio. Se habla de unos 800 millones de sitios web en la actualidad y de unos 2.400 millones de usuarios, que equivalen al 34,3 por ciento de la población mundial, según el Internet World Stats.

Es con ese estudio, en el que Colombia aparece con 26’936.343 usuarios de internet a junio de 2012, como iniciamos con los sorprendentes resultados de nuestro país en el ámbito internacional.

En el escalafón del Web Index Scores, que se ocupa de establecer la influencia que internet tiene en la vida de las personas, y con una muestra de 61 países, Colombia ocupa el puesto 26 con un índice de 53,86, no muy lejos de las naciones desarrolladas y de otras de la región, que tienen un mayor índice de desarrollo económico.

En la más reciente medición del índice de desarrollo de las TIC, que anualmente realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que es un ente de la ONU, Colombia ocupa el puesto 76 entre 152 países, y registra un crecimiento del 3,93 por ciento en relación con el año anterior. En los primeros lugares se mantienen Corea y Suecia. Este índice es, antes que nada, un reflejo de nuestros avances en la sociedad de la información con base en indicadores de infraestructura, uso y posibilidades de acceso. Si bien esta clasificación también la dominan los países más avanzados, el estudio deja en claro que buena parte de los del tercer mundo están en plena ebullición tecnológica y un creciente dinamismo.

En las redes sociales

En uno de los ámbitos digitales en los que Colombia crece más fuertemente es, sin duda, Facebook. En las mediciones que presenta Socialbakers, por ejemplo, Colombia ocupa el puesto 15, con 17’685.920 cuentas, creciendo en más de 1’100.000 usuarios en los últimos seis meses, y sólo es superada en Centro y Suramérica por Brasil, México y Argentina. El crecimiento sostenido del país en esta red social habla de una penetración del 40,01 por ciento. Como es previsible, el grupo que más crece está en el rango de 18 a 24 años de edad, y tiene cerca deseis millones de usuarios. Le siguen los usuarios entre 25 y 34 años. Las mujeres con cuenta alcanzan el 51 por ciento frente al 49 por ciento de los varones. En cuanto a marcas, Juan Valdez es la que mayor número de seguidores tiene, alcanzando cerca de 1’200.000 fans. Por ciudades registradas, Bogotá llega a 6’112.000 usuarios; Medellín a 2’168.000; y Cali a 883.500.

Facebook como sitio web también es el más visitado por los colombianos, seguido por Google-Colombia, YouTube, Google-Global y Windows Live, mientras que Twitter ocupa el séptimo puesto.

Twitter

Según el más reciente informe de la firma Semiocast de Francia, ya se superó el listón de los 500 millones de usuarios mundiales de Twitter. Colombia se ubica en la posición 12 con cerca de ocho millones de cuentas, aunque es necesario aclarar que los estudios anteriores señalan que entre el 27 por ciento y el 50 por ciento de estas se consideran inactivas, teniendo como referencia la actividad registrada en los últimos tres meses. Nuestro país está por encima de Argentina y Chile. En cuanto a la actividad en esta red social ocupamos la posición diez en Latinoamérica con un 16 por ciento de usuarios activos. Holanda es el país líder. Para la última semana de marzo los usuarios que más seguidores tenían eran Shakira, con más de 20 millones y medio, y Juanes con más de 7’400.000. En cuanto a los medios, Noticias RCN tenía más de 2’500.000 y Noticias Caracol más de 2’300.000.

El uso de internet

El 79,8 por ciento de colombianos utiliza internet, según encuesta de Ipsos Media CT. El mayor rango, por encima del 94 por ciento, está en las edades de 15 a 17 años y de 18 a 24. Donde menos se usa es en el rango de 45 a 55 años con un 55,9 por ciento. El 82,1 por ciento de los hombres la usa, frente a un 77,6 de las mujeres. En cuanto a estratos, el cinco es el que más se conecta, con el 94,5 por ciento, y el que menos lo haces es el 1, con el 71,6 por ciento. Pero más de la mitad, el 54 por ciento, dice utilizarlo todos los días.

Sobre los consumos de internet en Colombia, un estudio de ComScore mostró que un usuario promedio pasa dos horas y 12 minutos diarias. La tercera parte de ese tiempo lo invierte en redes sociales, el 15 por ciento en entretenimiento, el 7 por ciento en emails, el 8 por ciento en chats y el 36 por ciento en buscar información.

En publicidad

En cuanto a inversión publicitaria en medios digitales durante el primer semestre de 2012, esta estuvo cerca de los 60.000 millones de pesos, según un informe de la firma Prices Waterhouse Coopers, que tuvo en cuenta a 30 medios y 18 agencias. El crecimiento fue del 12,23 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Y según el reciente reporte de IAB, la inversión en este tipo de medios creció en un 15,32 por ciento durante todo 2012 con 145.729 millones de pesos, frente a los 126.366 millones de pesos que se invirtieron en 2011.

Los riesgos

Según Kasperski, el 39 por ciento de los usuarios en Colombia ha sido víctima de algún ataque durante el año, lo que ha puesto a nuestro país a la cabeza de las naciones suramericanas en inseguridad informática.

La televisión pública: ¿cierre y fin de la emisión?

La televisión pública: ¿cierre y fin de la emisión?

Mario Morales Razon PublicaEn medio de reformas inanes y un cambio tecnológico veloz, esta mirada  a los modelos de TV pública en el mundo, a la historia y al momento que atraviesa en Colombia, deja un sabor bastante menos dulce que amargo.

Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Los modelos disponiblesEran otros tiempos. Las respuestas eran más fáciles y repetidas. Y la pregunta, siempre la misma: ¿cuál es el mejor modelo de financiación y de operación para una televisión pública?  El de la British Broadcasting Company (BBC), aprendimos a decir y a creer.

Mario Morales televisionY si concebimos a la televisión pública como un  lugar de derechos, sería preciso rescatar el intento que está haciendo Canal Capital, desde sus propias limitaciones.
Foto: news.smashpipe.com

Claro, el modelo de sostenibilidad — vía impuestos a cargo de los ciudadanos — garantizaba estabilidad, pero más que nada pertenencia de los usuarios, quienes  pronto se convirtieron  en reguladores naturales de “su empresa”, hasta convertirla en la más grande, y en paradigma de independencia y de equilibrio: una suerte de videmocracia participativa, modelo de pluralismo y de diversidad creadora.

Ese ejemplo cundió en el viejo continente, pero las crisis económicas, que lo relativizan todo, han puesto a temblar el modelo con recortes anunciados de dos mil puestos de trabajo en los próximos cinco años en la propia BBC, afectando por lo menos el servicio mundial, los de Escocia y Asia, y otras extensiones radiofónicas.  Amén de las huelgas de protesta, que ya afectan emisiones y franjas de programación. La BBC ya nunca será igual.

Lo mismo pasa con la televisión pública en España, en Italia, en Francia y en Portugal,  donde el debate tiende a la privatización de algunas frecuencias, copiando el modelo que prosperó en Estados Unidos y en una parte de Latinoamérica con estilos variopintos de financiación — siempre en detrimento de la televisión estatal, no pocas veces confundida con la vocera de los gobiernos de turno y reducida a pequeñas expresiones que no cuentan ni en el rating ni en la repartición de la torta publicitaria.

Las excepciones corren por cuenta de Panamá, Brasil — donde la televisión pública compite con los privados mediante estaciones de corte educativo y cultural —  y Chile—  que tiene una televisión pública independiente del gobierno, apoyada en universidades y compitiendo por la publicidad con la privada-.

Caso aparte es Telesur, que no depende de la publicidad, pues está auspiciada directamente por los países del Alba, con asiento en Venezuela. Fue concebida como una televisión pública de alcance  continental para competir con empresas como CNN o Fox, Univisión y BBC. Tiene una fuerte carga ideológica de oposición al Norte desarrollado y primermundista y de exaltación del Sur, representado por los países que la patrocinan.

Colombia: una crisis permanente

El caso de la televisión pública colombiana es también particular, porque  quiso parecerse al modelo BBC, sin lograrlo: se inauguró el 13 de junio de 1954, bajo un esquema típicamente estatal, que luego derivó en un modelo de economía mixta, con concesiones.

Pero una vez apareció la televisión privada, los canales públicos pasaron a ser financiados  mediante aportes del presupuesto nacional,  combinados con ingresos publicitarios, pero en medio de crisis repetidas.

De hecho, la televisión pública colombiana siempre ha estado en crisis.  Las críticas actuales — más bien escasas frente a una oferta pobre, casi mendicante — son pálidas con respecto a las que recibía cuando solo había tres canales nacionales, o cuando nacía la televisión regional  y aún la comunitaria.  La televisión pública ha dejado de interesarnos, por irrelevante.

Y debe ser porque, aquí hemos confundido siempre lo público con lo estatal y peor aún, con los gobiernos de turno.  Quizás televisión  pública  en sentido estricto — la que va más allá de la financiación hasta la participación o la perspectiva ciudadana — no  hemos tenido nunca; si acaso intentos, programas y a veces franjas que  permiten alimentar ese sueño remoto.

De poco sirvió el esfuerzo del constituyente de 1991, que quiso dar autonomía al sector mediante la creación de un ente autónomo — la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) — encargado de controlar y vigilar en nombre de la sociedad que representaba, pero que resultó tanto o más politiquero y clientelista que sus antecesores: no hizo ni lo uno ni lo otro.

Hoy quedan vestigios de ese naufragio:

  • un canal público nacional, el Uno, fragmentado, desconectado y poco visto;
  • un canal cultural, Señal Colombia,  a cargo de RTVC, que lo intenta y que a veces lo logra; los cinco premios India Catalina que acaba de ganar frente a los privados son bien elocuentes;
  • unos canales regionales y otros locales que son como golondrinas en medio de este desierto.

Y desde 2012, al frente de este dispositivo público  — es un decir — un ente mal concebido, mal criado y mal crecido: la Agencia Nacional de Televisión (ANTV), que hoy luce inerte, intrascendente y ahogada en sus propias contradicciones.El modelo actual: perverso e insostenible

Tras la gran fiesta del despilfarro ofrecida por la CNTV, hoy la televisión pública colombiana sufre un profundo guayabo: opera bajo un modelo de financiación perverso, subvencionado con lo que pagan por concesión y compensación los canales privados.

Un modelo paradójico: en palabras del comisionado Alfredo Sabagh, la televisión que no es negocio depende de la televisión que sí es negocio. En otras palabras, a más oferta, esto es, a mayor competencia de la televisión privada, mayor financiación, pero menos espacio para la televisión pública.

Pero esta no es la única competencia que debe afrontar la televisión pública: el país vive el boom de la oferta internacional a través de la  televisión cerrada —  la televisión por suscripción o por cable — que según la más reciente encuesta Ipsos alcanza al 85 por ciento de la población colombiana, para quien de todos modos los  canales nacionales privados siguen siendo sus favoritos.

Y pronto arrancará de veras la televisión digital, y con ella toda la oferta audiovisual por internet, en medio de la multiplicidad de ventanas, plataformas y dispositivos de recepción que amenazan con hacer trizas la forma habitual de consumir hoy televisión, y de paso esa forma de financiación asistencialista con origen en los privados.

Pero no será tan pronto como algunos piensan; la conectividad, aunque avanza en el país, cubre fundamentalmente los departamentos y las capitales principales. A las regiones menos favorecidas sólo llegan las señales de radio y televisión.

Eso explica que haya crisis internacional en el sector, pero una relativa estabilidad temporal para la televisión dentro de nuestras fronteras.

Pese a todo, algo queda

Pero no naufraguemos en la confusión. Si bien la televisión pública supone financiación pública,  este no es el rasgo que en realidad la define: es su carácter incluyente y universalista, basado en principios como la identidad nacional y regional; el equilibrio, más asociado con la equidad que con la imparcialidad; las parrillas de calidad; el pluralismo; la diversidad. Es decir, una construcción asentada en derechos humanos y democráticos.

Desde esta perspectiva, muy poco del contenido de la actual televisión pública pasa el examen:

  • Mencioné ya a Señal Colombia, que viene de menos a más, que apuesta, que explora, que se sale del molde, que le da la cabida a la creatividad y a lo distinto. Es de igual o mejor calidad televisiva, segundo por segundo de contenido que el resto de la oferta nacional, y con un modelo de negocio creativo que le apuesta a la coproducción y consigue que retorne la inversión para poder iniciar otros procesos.

Pero se encuentra ante la indolencia nacional que no entiende y tampoco asume la televisión como actividad cultural o educativa, sino como mero lugar de entretenimiento pasivo. El resultado es un rating que se puede contar con los dedos de una mano. Una de dos: o esos contenidos de calidad se construyen de espaldas al país, o el país se construye — en su tiempo libre y en sus aficiones — de espaldas a la televisión de calidad.

  • Y si concebimos a la televisión pública como un  lugar de derechos, sería preciso rescatar el intento que está haciendo Canal Capital, desde sus propias limitaciones: las técnicas, las de cubrimiento (al vaivén de los cable–operadores) y las políticas en tanto que dependen del gobierno de turno en Bogotá: desde el punto de vista laboral, de agenda y de acceso.

Su franja de opinión y de análisis es una opción ante el período de fatiga de los realities: como lo es su mirada incluyente de minorías, su espíritu libertario y su apuesta de meterle país a sus narrativas.Esa suma de factores ha tenido en el ojo del huracán de los organismos de control a Canal Capital:

–   Primero, la Contraloría investigó la transmisión parcial en vivo del histórico concierto de Paul McCartney, pero no encontró detrimento patrimonial ni  méritos para seguir el proceso.

–   Luego, la Procuraduría se abrogó el derecho de retomar esa investigación desde el ángulo disciplinario. Suena a falso moralismo con tufillo político y pacato que quiere ver uniformada la propuesta audiovisual.

Peor el remedio que la enfermedad

El panorama actual es poco halagüeño:

  • La ley de televisión “vigente” es obsoleta frente a los retos digitales del momento.
  • La ANTV no despegó;  se pretendió adscribirla al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), pero ahora  quiere ser autónoma, y  para ello necesita margen de maniobra y presupuesto, que obviamente no tiene.
  • Esa indefinición es fruto de un gobierno que no le ha parado bolas al sector y que no ha tenido ni tiempo para nombrar sus delegados en los organismos de control y regulación.
  • Para colmo, un abogado asesor interpuso una demanda para que el ente fuera declarado organismo público (lo que consiguió) y para deshacerse de la  carga pensional de la antigua Inravisión (donde perdió).
  • Se acabó por cuestionar el puesto en la junta directiva del propio Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante otra demanda ante la Corte Constitucional.  Eso fracturó “la unidad y el consenso que construimos durante las 38 sesiones de junta que tuvimos”, se lamentó el comisionado Sabagh.

Por eso, los temas centrales del sector están en el limbo: la puesta en marcha de la Televisión Digital Terrestre, el tercer canal, y licitaciones, como la que ya debía estar en proceso para adjudicar los espacios del Canal Uno. ¡Casi nada!  Para este año hay asignados por ley unos 130 mil millones de pesos para el funcionamiento de RTVC y para los canales regionales (a razón de unos 6 mil millones por cada uno).Llamado a los ciudadanos

Así cabe esperar más de lo mismo, sin negar estrategias de creatividad — como “contraprogramar” según Hollman Morris,  el gerente de Canal Capital — al poner en pantalla lo que los privados no ofrecen en horarios prime, como la opinión y el análisis.

O coproducir o vender al exterior, para paliar los costos, sin desmedro de la calidad, como propone Señal Colombia.

O hacerle el juego a lo cultural, a lo educativo, a lo identitario e idisioncrático, con una adecuado equilibrio entre lo hiperlocal y lo global, como se concluyó en un reciente  foro en el marco del Festival de Cine de Cartagena.

O apostarle todo a la TV–web y esperar que para entonces ya se haya inventado el cibermodelo de sostenibilidad.

O una nueva ley, como pide Sabagh, que garantice a un nuevo ente autonomía en lo técnico y en lo presupuestal.

Pero una nueva ley supone — no sólo demoras en el trámite legislativo — sino riesgo de que a algunos honorables congresistas les dé por regresar a los tiempos del clientelismo y del despilfarro de la CNTV, o de la asignación de espacios por casas políticas, o al control directo del gobierno de turno, o algo peor… Como se ve, nada  hace suponer que la larga agonía de la televisión pública en Colombia vaya a tener un final feliz.

Y ni modo de volver a soñar con el BBC Style. O quizás sí, tal vez sea justamente este el momento de pensar en la financiación directa de los contribuyentes, sobre todo si creemos lo que se dice tanto en la “tele”, que aquí no estamos en crisis. Como en otros tiempos.

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