Por Norbey Quevedo.
La decisión de promover un tercer canal privado de televisión en Colombia que inicie operaciones a principios del año 2009, está tomada, pero el camino a esa adjudicación se ha vuelto incierto y culebrero. En la trasescena del proyecto, con actores y determinaciones inesperadas, se libra un pulso entre poderes económicos y políticos, interesados en sumarse al atractivo y promisorio negocio de la pantalla chica. Publica El Espectador.

Los primeros pasos se comenzaron a formalizar a mediados de 2006, en el tránsito entre el primer y el segundo gobiernos de Álvaro Uribe. Ante la evidencia de que los contratos de concesión con los canales privados Caracol y RCN vencen el 11 de enero de 2009, la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) entró a debatir dos escenarios: la prórroga de estas concesiones y la opción de un tercer canal.

El 13 de julio de 2006, el comisionado Eduardo Noriega de la Hoz, representante de las universidades y las organizaciones comunitarias de televisión, rompió el hielo y, en un memorando enviado a sus colegas, propuso un cronograma de trabajo para valorar las condiciones jurídicas, económicas, financieras, de mercado y técnicas de los dos escenarios: la prórroga de las concesiones a los canales privados y la creación del tercer canal.

En respuesta, la CNTV hizo la contratación directa de la banca de inversión Equity Investment S.A. —empresa con sedes en Bogotá, Barranquilla y Riohacha que preside Carlos Andrade Carrasco—, para realizar una valoración de la prórroga de las concesiones a los canales privados y un estudio de viabilidad para un tercer operador. Con el apoyo de los funcionarios de la CNTV, el trabajo estuvo listo en abril de 2007 y, con carácter confidencial, quedó en manos de los comisionados, salvo unas novedades que pronto hicieron que se empezaran a romper los linderos del sigilo y el secreto.

Entre enero y mayo de 2007 cambió la composición de la CNTV y llegaron nuevos delegados del Gobierno: el ex secretario de Prensa de la Casa de Nariño, Ricardo Galán, y la nieta del ex presidente Turbay, la periodista Carolina Hoyos. Los nuevos comisionados, sumados a Juan Andrés Carreño, Fernando Álvarez y Eduardo Noriega, abocaron el análisis de la valoración, con una nueva promotora de la iniciativa: la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra.

Ases sobre la mesa

El miércoles 8 de agosto de 2007, en desarrollo de una sesión ordinaria de la CNTV, con presencia de la Ministra, comenzaron a destaparse las cartas. La ministra Guerra expuso los planes del Gobierno en materia de televisión y súbitamente sacó el as debajo de la manga: el tercer canal. Entonces se armó el debate, precedido por un comentario del comisionado Galán, que evidenció las diferencias que se empezaban a ventilar entre los miembros del Gobierno: “Tiene razón, Ministra, nos ha faltado comunicación”.

En medio del debate, Galán recordó que él ya había propuesto un cronograma a la Ministra y al presidente Uribe: primero televisión digital, segundo prórroga Caracol y RCN y después tercer canal privado. Se discutió el cronograma y, en el momento culminante, Galán interrogó a la Ministra: “¿Hay dudas sobre el tercer canal?”. La Ministra contestó: “Yo no tengo ninguna”, e insistió en la necesidad de mensajes claros, añadiendo: “Me parece que ellos (los canales privados) están buscando convencernos de que el mercado no da”. Y apuntó el comisionado Carreño: “Esa va a ser la pelea en la prórroga”.

Después se sumó el comisionado Noriega con un cambio de tercio en la discusión: “A Caracol y RCN se les vence su concesión y hay que prorrogársela, punto. No creo que haya ninguna discusión sobre el derecho que ellos tienen a que se les prorrogue”. Acto seguido, reclamó que no hubiera mayor claridad sobre el tema y sacó a relucir el estudio de Equity, para advertir que no le satisfacía porque no llegó a resolver asuntos esenciales, y por eso debía corregirse con otra firma.

El debate siguió, la Ministra insistió en que la decisión del tercer canal debía estar tomada en octubre de 2008; el comisionado Carreño hizo énfasis en que si el tercer canal significaba menos ingresos para la CNTV, el tema se volvía una decisión política; el comisionado Galán reiteró en que eran cuentos de los medios sus diferencias con la Ministra y después de una larguísima sesión se concluyó que Colombia tendrá un tercer canal privado que iniciará operaciones en 2009.

Las nuevas cartas

Como todo termina por saberse, rápidamente trascendió la decisión de la CNTV y la ministra Guerra. En uso del derecho de petición, uno de los canales privados, RCN, solicitó conocer el estudio de Equity. La Comisión se negó a entregarlo, argumentando confidencialidad. La puja continuó y el martes 4 de septiembre la Comisión Sexta del Senado decidió sacar el tema de los linderos de la CNTV y promovió un debate que, como pocas veces, tuvo un inusitado rating y permitió conocer todos los intereses.

La ministra Guerra y el director de la CNTV, Ricardo Galán, se mostraron unidos y enfáticos: “El tercer canal no tiene marcha atrás”. En contraste, los presidentes de los canales privados, Gabriel Reyes, de RCN, y Paulo Laserna, de Caracol, argumentaron que la situación iba a complicar la pauta publicitaria y se iba a afectar la calidad de la producción nacional. Fue un debate donde políticos, empresarios, Gobierno y hasta los actores exteriorizaron su libreto. El tema del tercer canal se volvió público.

Como públicos empezaron a volverse los reclamos por la confidencialidad del informe de Equity. No sólo porque el 14 de septiembre el comisionado Noriega envió un memorando a sus colegas cuestionando sus conclusiones y pidiendo otro estudio con un verdadero análisis del entorno económico nacional y del negocio, sino porque el comisionado Galán enfrentó a los canales con dos ácidos comentarios: “Nadie los está obligando a continuar transmitiendo. Su prórroga no es automática, no es gratuita y no es obligatoria”.

Por eso, limando asperezas y para acabar los misterios, el 26 de octubre de 2007 la CNTV decidió hacerlo público. Y escogió el escenario perfecto: el Congreso Nacional y Andino de Telecomunicaciones que ese día se celebró en Cartagena. El propio Galán dio cuenta del dato que todos querían saber: según el estudio, la inversión para el tercer canal privado sería de US$105 millones, suma representada en dos valores: US$32 millones por la licencia y US$73 millones por los costos de la operación inicial.

En letra menuda después se supo que Equity valoró cuatro escenarios: mantener la exclusividad de los canales privados actuales, el ingreso de un tercer operador, el mercado dividido entre los dos canales y el tercer operador y la televisión por suscripción, y el mismo entorno pero sumando los canales locales encadenados. Según el escenario previsto, la valoración apunta a que el nuevo canal tendría el 11% del mercado en el primer año y hacia 2017 el 33% de la torta publicitaria.

El informe de Equity aporta otras valoraciones e incluso estima cómo cambiaría el mercado publicitario para la radio y la prensa escrita. Pero básicamente la principal conclusión es que el tercer canal reportaría menos ingresos a la CNTV, lo cual redundaría en menos recursos para la televisión pública. Tema preocupante para el Estado, pero aún más para los canales privados, que empezaron a hacer nuevos estimativos de pauta publicitaria y a reorientar sus estrategias de acercamiento con el Gobierno para escenarios futuros.

La otra pata

Y mientras el Estado y los canales privados reacomodaban sus fuerzas frente a la perspectiva del tercer canal, en el mismo seno de la Comisión surgieron circunstancias inesperadas que han hecho de las últimas semanas un nuevo campo de batalla. Inicialmente por la expedición de un decreto que cambió las reglas de juego para la elección del miembro de la CNTV escogido por las asociaciones de televidentes y universidades, y después porque el vencimiento del período del comisionado Eduardo Noriega alborotó el avispero.

El primer hecho se presentó el pasado 18 de septiembre. A través del Decreto 3560 de 2007, la ministra María del Rosario Guerra expidió un súbito reglamento para escoger al sucesor de Eduardo Noriega, quien estaba concluyendo su periodo como comisionado. La piedra del escándalo vino por cuenta del parágrafo primero del artículo 10, en el que dispuso que quienes fuesen contratistas de la CNTV o prestatarios del servicio de televisión autorizados por el organismo no podían participar en la elección del nuevo comisionado.

De inmediato los abogados entendieron que las universidades, cuyas facultades de comunicación social tienen contratos con la CNTV, quedaron por fuera de la opción de poner comisionado. Y este es un sector influyente en el negocio. Por eso la ofensiva jurídica no se hizo esperar, sobre la base de acusar al Gobierno de haber impulsado una restricción injustificada y desproporcionada, desconociendo de paso los derechos de participación política de este importante sector del entorno mediático.

Y sin que aún se calmaran las aguas por este asunto, el pasado 9 de octubre el comisionado Fernando Álvarez le aportó otro lío a la CNTV, cuando reclamó que su colega Eduardo Noriega cesara en sus funciones, acusándolo de seguir actuando como un funcionario “de hecho y no de derecho”. La razón: el período de Noriega concluyó el 4 de octubre. Sin embargo, la Registraduría estaba muy ocupada en el tema de las elecciones regionales y sólo tiene previsto adelantar el proceso en enero próximo.

En apariencia, simple asunto de colegaje, pero con características de ciclón en las entrañas de la CNTV. De hecho, el primero en responder fue el propio comisionado Noriega, quien le recordó a su colega Álvarez que cuando tomó posesión de su cargo por segunda vez, en marzo de 2007, lo hizo un mes y 15 días después de vencido su primer período, y durante ese mismo tiempo permaneció en funciones en la CNTV, votó en las sesiones de la misma y devengó los salarios correspondientes al cargo, además de procurar su reelección.

El asunto se puso tan tenso que tuvo que intervenir la subdirectora de asuntos legales de la CNTV, Adriana Saldarriaga, quien les aclaró a unos y otros que, de conformidad con el decreto 3560, el mismo que puso lanza en ristre a las universidades, Noriega puede permanecer en la Comisión hasta tanto el Ministerio de Comunicaciones y la Registraduría convoquen a elecciones para reemplazarlo. Sin embargo, en menos de una semana el tema desbordó el recinto cerrado de la CNTV.

En los estrados

Y, por vía de tutela, empezaron a conocerse los nombres de quienes aspiran a suceder a Noriega en la CNTV: Alberto de Jesús Guzmán, hermano del actual cónsul en Miami, Luis Ignacio Guzmán; y Goering Fernando Barrero Chaves, ex diplomático y actual asesor del Ministerio de Defensa para asuntos de comunicaciones; además de otros catedráticos y ciudadanos que en las últimas dos semanas han acudido a varios tribunales con dos propósitos: que Noriega deje el cargo y que revoquen las nuevas reglas de juego para sucederlo.

Al margen de la discusión jurídica, hoy abundan los interrogantes y las interpretaciones políticas: ¿Por qué tanto afán de sacar a Noriega de la Comisión? ¿Qué motivación tiene reglamentar restricciones para quien vaya a sucederlo? Se dice que el Gobierno quiere poner otra cuota en la CNTV para garantizar su control absoluto. De hecho, los principales aspirantes son muy cercanos. Además, crece el rumor de que el consejero presidencial José Obdulio Gaviria y el empresario de televisión Juan Gonzalo Ángel rondan a la CNTV para sus propios intereses.

Y muchos otros están expectantes: el Grupo Prisa, el Grupo Planeta con el apoyo de El Tiempo y RTI; el inversionista mexicano Ángel González; la gente de Clarín de Argentina; los dueños de CM&, Teleset, Jorge Barón, NTC y Colombiana de Televisión; los grandes anunciantes de publicidad; y, obviamente, los canales privados Caracol y RCN, que hacen cuentas sobre el panorama que les espera a partir de 2009. Es un hecho que tendrán su prórroga; el tema es, sin embargo, a qué costo, en qué condiciones y a competir con quién.

Por ahora, además de resolver el asunto Noriega y la pelea con las universidades y otras ligas de televidentes, el futuro de la televisión privada empieza a cobrar forma. La comisionada Carolina Hoyos pide garantizar la continuidad en la prestación del servicio de televisión privada en Colombia y propone que la selección de posibles adjudicatarios del tercer canal sea vigilada por la Contraloría, la Procuraduría y el Código de Valores de la CNTV; el comisionado Álvarez insiste en que no debe haber tres sino cuatro canales, porque hay mercado.

El tema va para largo. Tal vez por eso, el pasado 18 de octubre, el comisionado Galán les pidió a los comisionados Noriega y Álvarez ser más respetuosos y no involucrar a sus colegas en sus diferencias personales. De alguna manera, lo que se les viene encima es histórico y necesitan blindarse. Por eso, el paso inmediato es la contratación de dos nuevos estudios financieros y de la asesoría del ex procurador Carlos Gustavo Arrieta para que aporte luces jurídicas en un camino de 14 meses que separan a Colombia de su tercer canal privado.

Opiniones

Existían unas diferencias conceptuales y de procedimiento con la Comisión que se subsanaron. Esta es una decisión que tiene un componente de política pública y no partidista.

María del Rosario Guerra, ministra de Comunicaciones

Estamos estructurando el proceso como se hizo el de Ecopetrol. No he recibido instrucciones del presidente Uribe y nunca me he reunido con José Obdulio Gaviria para tratar el tema del tercer canal.

Ricardo Galán, director de CNTV

Deberían ser cuatro canales, en razón a las buenas condiciones económicas. Siempre que quieren cuestionar mis iniciativas, me sacan a relucir mi cercanía con el empresario Juan Gonzalo Ángel.

Fernando Álvarez, comisionado de Televisión

Las normas son diáfanas, el Gobierno no puede interferir en las decisiones sobre la televisión. A mi juicio, el Gobierno debe limitarse a colaborar. Debe prevalecer la autonomía de la CNTV.

Eduardo Noriega, comisionado de Televisión.

nquevedo@elespectador.com

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