Se necesita hacer un esfuerzo, y no es por culpa del pesimismo, para encontrar aspectos positivos en la situación de los periodistas colombianos en estos momentos.
La sociedad Interamericana de Prensa concluye al término de su asamblea realizada recientemente que ningún periodista murió violentamente en nuestro país en los últimos seis meses…
En cualquier lugar del mundo la cifra y el plazo resultarían absurdos para el observador desprevenido. Pero si se mira la historia reciente, digamos el último cuarto de siglo, el contraste parece esperanzador. Sólo parece…
Porque con amenazas, que ahora vienen de a tres, y con leguleyadas, violentos y corruptos han arrinconado las voces independientes y críticas en los medios de comunicación.
Sí. El suspiro de alivio que se avizoraba luego del pronunciamiento de la SIP (en medio de las tensas jornadas que vive el país a la espera de la exequibilidad del proyecto de reelección inmediata) tuvo que ser abortado porque unas horas después la organización Reporteros sin Fronteras anunció que otros tres comunicadores nacionales habían sido amenazados de muerte por fuerzas oscuras en procura de su silencio. Sí, otros tres, Enrique Alfonso Camargo Plata, de Radio Guatapurí, Galo Bravo Picossa, redactor jefe del diario El Pilón, y Miguel Macea, corresponsal de Noticias Uno y Tele Caribe en el Departamento de César. Como son de provincia, esta vez no hubo alocución presidencial ni despliegue ni voces de solidaridad.
Con estos ya suman veinte, (dos por mes, uno cada quince días), los casos en los que los periodistas han debido abandonar sus regiones, su familia, su trabajo, sus sueños. Otra forma de morir, (menos escandalosa y con menor pedigrí en los registros y en los artículos de prensa) y con la apabullante presión del silencio, de la mordaza que devendrá impunidad de doble vía, para los denunciados por esos periodistas y para quienes los amenazan que podrían ser los mismos.
El 20 de septiembre ya habían sido amenazados tres directores (Juan Gossaín de Radiosucesos RCN, Julio Sánchez Cristo de la W Radio y Mauricio Vargas de la Revista Cambio) por las denuncias que sus medios habían hecho en torno a la corrupción que carcome a Cartagena.
Y el 16 de mayo Hollman Morris, Calos Lozano y Daniel Coronell, abiertos críticos del gobierno Uribe, también habían recibido amenazas contra sus vidas y las de sus familias. Algunos de ellos tuvieron que salir del país o reforzar las medidas de seguridad.
En fin nada para celebrar, Sobre todo si a ello le sumamos el recurrente y ahora masivo recurso de los funcionarios públicos de acosar a periodistas y medios con demandas, tutelas y toda suerte de artilugios jurídicos que buscan amedrentar, callar o cobrar revancha por el trabajo fiscalizador, de denuncia o análisis de los comunicadores.
El fenómeno tiene vigencia continental pero, como suele suceder, es Colombia el país que lidera las estadísticas.
Según la SIP, sólo en los últimos seis meses hubo más de un centenar de demandas contra una docena de medios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, contra nueve periodistas y dos columnistas a través de acciones populares, denuncias penales y civiles de parte de militares en retiro, ministros, funcionarios públicos y particulares.
Y si a ello le sumamos el diagnóstico de la Fundación para la Libertad de Prensa acerca del ejercicio en nuestro país del “oficio más bello el mundo