Por: Mario Morales
Luego de que este diario diera a conocer que conductores ebrios han asesinado (así, con todas sus letras) a 305 seres humanos, 42 de ellos en Bogotá, en lo que va corrido del año, sale el defensor del pueblo, sí del “pueblo”, a decir que aumentar penas haría colapsar el sistema judicial y centros penitenciarios. Como si el sistema judicial no tuviera ya bastantes y exacerbados defensores. (Publica El Espectador)

Y, muy ingenioso, dijo que hay que buscar otros métodos de sanción “que le duelan más al ciudadano”. ¿Más doloroso que la cárcel? ¿A qué se referiría?

Una cosa es que haya que sobreabundar en la prevención y en la cultura ciudadana para enfrentar esa cifra de 5.400 muertos en accidentes de tránsito cada año, y otra que no haya que castigar ejemplarmente primero a homicidas ebrios al volante y después a centenares de borrachos que cada semana son sorprendidos en puestos de control. Evidentemente las sanciones pecuniarias y penales son demasiado suaves.

Claro que el hacinamiento y deshumanización en cárceles del país está desbordado, pero esa eterna crisis, que se supone tiene dolientes propios, no puede ser mampara para dejar de legislar o castigar a culpables.

Y a propósito de legislación, ¿no estamos en mora de prohibir de manera permanente, sin el ruego trimestral, el porte de armas, probada como está su efectividad? Sólo en Bogotá, durante agosto, se salvaron 63 vidas con respecto al mismo mes de 2011. Los homicidios por esta causa disminuyeron 44%; cifra más baja en 27 años.

Y si nos atenemos a las cifras de Francisco Lloreda, el consejero de Santos para la seguridad ciudadana, algo parecido sucede en Medellín, que redujo muertes violentas en 30%, Cali en 5% y Barranquilla en 3,8%.

En pleno lanzamiento de la marca Colombia, está claro que la vida es la respuesta y cuidarla y respetarla, como se trata de hacer en medio del conflicto, es el imperativo moral.