Un informe de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y de Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, que será presentado en Washington, denunció que «los funcionarios de alto rango del gobierno nacional habitualmente hacen objeto de presión e intimidación inaceptables a los propietarios de medios, editores e incluso a periodistas individuales para que morigeren las críticas al gobierno del presidente Néstor Kirchner, o para que se manipule la cobertura de noticias a su satisfacción». Y señala que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales suelen usar sus recursos de publicidad como premios o castigos, sea para llevar a la quiebra a una publicación molesta o influir sobre su contenido, asignando la publicidad de modo arbitrario, sin tener en cuenta rating o cantidad de ejemplares vendidos. Información publicada por el diario La Nación (Argentina).

Con el título «Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de prensa en Argentina», se dio a conocer un informe de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y de la entidad internacional Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta.

El informe analiza algunas formas sutiles con las cuales funcionarios del gobierno nacional y de gobiernos provinciales interfieren en la libertad de los medios y la independencia editorial.

Expresa que «los funcionarios de alto rango del gobierno nacional habitualmente hacen objeto de presión e intimidación inaceptables a los propietarios de medios, editores e incluso a periodistas individuales para que morigeren las críticas al gobierno del presidente Néstor Kirchner, o para que se manipule la cobertura de noticias a su satisfacción».

Y señala que los gobiernos provinciales suelen usar sus recursos de publicidad como «garrotes» o «zanahorias» financieras, sea para llevar a la quiebra a una publicación molesta o influir sobre su contenido.

Uso discrecional

«La posibilidad de decidir discrecionalmente, sin reglas claras, cómo y a quién se le otorga publicidad oficial abre la puerta a la arbitrariedad -dice en el prólogo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo A. Bertoni-. La posible violación indirecta a la libertad de expresión surge porque las decisiones arbitrarias conllevan el riesgo de ser usadas como presión hacia los medios de comunicación críticos a la gestión de gobierno.»

La investigación se realizó en su mayor parte entre abril de 2003 y agosto de 2004, pero el informe se actualizó «con importantes cambios y sucesos al entrar en prensa». El estudio analizó el ámbito nacional y cuatro provincias: Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

En las tres primeras provincias, dice, los gobiernos locales -incluyendo algunos municipios- usan la publicidad para tomar represalias contra medios cuya línea editorial es crítica, y para recompensar a aquellos de cobertura favorable. Señala que el gobierno de Neuquén manifiesta «el abuso más intenso y agresivo de publicidad por medios políticos».

En Tierra del Fuego -donde los medios reciben el 75% de su ingreso publicitario de organismos gubernamentales-, los pagos por publicidad frecuentemente no guardan relación con los escasos avisos publicados, sino que parecen estar dirigidos a comprar el silencio respecto de problemas y sucesos negativos, o una cobertura que no critique la versión del gobierno.

Se indica que a fines de 2002 y en 2003, la provincia de Neuquén retiró casi toda su publicidad del diario Río Negro, después de la publicación de «un escándalo por sobornos que implicó al gobernador».

En el orden nacional, el informe advierte que la asignación de publicidad oficial favorece clara e injustificadamente a ciertos medios -generalmente amistosos hacia el gobierno de Kirchner- a expensas de otros. Observa las asignaciones desproporcionadamente elevadas al diario Página 12 (señala que recibe el 29% de la publicidad oficial del gobierno nacional) y a América TV, especialmente si se comparan su respectiva circulación y rating con los de sus competidores. El gobierno nacional, dice, parece estar preocupado por recompensar y ayudar a sobrevivir a los medios que le son amistosos, en lugar de castigar activamente a los medios que lo critican.

La responsabilidad por las decisiones importantes en cuanto a publicidad -incluyendo qué, cuándo y dónde publicitar- está en manos de la Secretaría de Medios de Comunicación, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y agrega que la contratación de publicidad de la mayoría de los organismos se realiza a través de la agencia oficial Télam, que no recurre a ningún proceso licitatorio.

El informe incluye el relato de un periodista que describió cómo los funcionarios nacionales de alto rango llaman a editores preventivamente para «conversar» asuntos y eventos delicados antes de que el diario haya siquiera decidido cómo cubrirlos.

Añade que la presión oficial intimida y «dispara olas de autocensura que inhiben a salas de redacción completas y son capaces de silenciar incluso a los periodistas más valientes».

Por Jorge Rouillon
De la Redacción de LA NACION

Recomendaciones

El informe recomienda a los gobiernos nacional, provinciales y municipales «comprometerse públicamente a no usar la publicidad y otras presiones financieras o indirectas».

Reclama aprobar una legislación clara y específica que defina procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes.

Sugiere descentralizar la responsabilidad de la asignación de la publicidad oficial.

Pide, además, difundir en Internet los presupuestos de publicidad e informes de gastos anuales.