Defensora del lector. Columnista de EL TIEMPO.
Periodistas, reporteros, dueños de medios y empresarios de la comunicación mexicanos definieron en ocho principios las bases del buen ejercicio periodístico. Ese fue el resultado de dos foros -‘Por un Periodismo de Calidad’- realizados en ese país y convocados por The Trust for the Americas, una ONG afiliada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Defensora considera que vale la pena dar a conocer esas conclusiones, de gran interés -tanto en la práctica como en la enseñanza del periodismo- para mejorar la calidad de la información. Estos son:
1. Transparencia en los procesos de construcción y procesamiento de la información: Mostrar cómo llegó el reportero a la información y procurar que la audiencia lo siga en ese proceso. Crear mecanismos de transparencia para los principios y criterios editoriales y los parámetros para la selección de las noticias. Preguntarse: ¿Qué necesita conocer y entender la audiencia para evaluar la información?
2. Verificación y contextualización de la información: Recuento preciso y confiable de los acontecimientos. Dar cuenta de los hechos con rigor y precisión. Verificar y dar contexto a los contenidos periodísticos son los métodos para dar con la verdad. Utilizar técnicas adecuadas que sean notorias para la gente: fuentes que inspiren autoridad, investigación exhaustiva, transparencia.
3. Investigación periodística: Elaborar esquemas sencillos para el desarrollo de la investigación: hipótesis adecuadas, alcances, exploración amplia de fuentes, respeto por las fuentes y los personajes, confrontación y confirmación permanente de datos. Promover la profesionalización y formación de periodistas de investigación.
4. Espacios de comunicación horizontal entre periodistas, editores y directivos: Una dirección editorial que promueva un ambiente organizacional adecuado. Generar garantías y protección en los medios, para que los reporteros puedan conservar autonomía en el ejercicio de la profesión respecto de criterios empresariales y políticos. Apoyar a organismos sociales para que sancionen las presiones a las que los periodistas puedan estar sujetos.
5. Códigos de ética: Definir estándares mínimos donde se establezcan criterios deontológicos que regulen la labor de empresas, editores y periodistas. Mantener una permanente actitud de autocrítica entre los medios y los periodistas para generar cercanía con los ciudadanos. Establecer fundamentos éticos que mejoren e influyan en los criterios para el proceso de selección y jerarquía de contenidos.
6. Mecanismos de contrapeso de los medios: hacer efectivo el derecho de réplica, crear figuras como defensor del lector, veedurías ciudadanas, etc., que funcionan como contrapeso al poder de los medios. Recuperar y ampliar la responsabilidad de los medios con la sociedad. Aceptar y corregir errores en contenidos.
7. Equidad en la asignación de publicidad: La creación de criterios coadyuva a la independencia editorial de los medios frente al poder político. Establecer una frontera clara entre los intereses empresariales y los editoriales, con el fin de evitar que los anunciantes se conviertan en censores o en mecanismos de presión de los contenidos. Autonomía de las redacciones y de la política editorial respecto de los intereses económicos, comerciales o de los mismos propietarios de las empresas periodísticas.
8. Derecho y acceso a la información: Crear conciencia de que la primera lealtad del periodista es con el ciudadano. No ver a la audiencia solo como consumidor, sino reconocerlo como destinatario y sujeto del derecho a/y de la información. Poner al lector como el principal criterio de jerarquización de contenidos e información. El éxito empresarial no tiene por qué estar en contradicción con la calidad y la pluralidad de las fuentes periodísticas.
Lo que los hace más interesantes es que estos principios surgieron de los mismos periodistas ¿tanto dueños de medios de comunicación como reporteros¿, que los consideran importantes para ejercer su misión como orientadores de la opinión pública y defensores de los intereses de la comunidad. Su puesta en práctica es una garantía para los ciudadanos como receptores de la información.
