El fuerte cuestionamiento del presidente Uribe la semana pasada por varias emisoras al corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald de Miami, Gonzalo Guillén, suscitó preocupación en organizaciones de prensa nacionales e internacionales. Publica El Tiempo.
Así lo consignaron en estos días tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Reporteros Sin Fronteras. Estas organizaciones temen los posibles efectos que puedan tener estos pronunciamientos del jefe del gobierno en un país donde los periodistas han sido blanco de tanta violencia e intimidación.

Por otra parte, ante la descalificación de su periodista, a quien el Jefe del Estado definió como «calumniador profesional», el director de El Herald, Humberto Castelló, expresó su extrañeza por estas afirmaciones y sostuvo que su diario jamás había recibido «una sola queja, ni solicitud de corrección del Presidente por las publicaciones de nuestro corresponsal». A quien el Primer Mandatario sindicó también de ser el inspirador del libro de la ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, cuyas perversas alusiones a Uribe habían suscitado ya una enérgica aclaración suya. Guillén respondió que nada tenía que ver con el libro, que ni siquiera lo había leído, pero que había recibido amenazas de muerte a raíz de las acusaciones de Uribe, de quien exigió una rectificación. Sería bueno saber quién está en lo cierto.

En sí mismas, las declaraciones radiales del Presidente no constituyen una violación de la libertad de prensa, ni un acto de censura oficial. Podrían incluso entenderse como legítimo derecho de réplica de una persona que se siente ultrajada en su honra y en la de su familia. Pero Álvaro Uribe no es un ciudadano cualquiera, sino el que detenta la más alta investidura del país y, como tal, sus opiniones o juicios adquieren significados particulares.
Y hay que decir -porque ya hay varios antecedentes- que no deja de ser inquietante el tono agresivamente descalificador con que el Presidente suele rechazar críticas o informes periodísticos que considera desacertados. No habla bien de la tolerancia y mesura esperadas de quien gobierna al país más conflictivo del hemisferio. Un país donde, como dijo el director de El Herald, al lamentar el cuestionamiento a su corresponsal desde la cúpula del Estado, «a los periodistas no los corrigen con cartas sino con balas».

Manes, en fin, de una ya conocida y por lo visto irrefrenable tendencia del Primer Mandatario a ‘chispotearse’. Él mismo ha dicho que es «frentero» y es posible que haya asesores presidenciales que alimenten su espíritu camorrista porque creen que al electorado le gusta ver a Uribe siempre «fajado» con sus opositores. Pero otra es la lectura que se tiene en el exterior -entre, por ejemplo, los demócratas del Congreso estadounidense-, donde las salidas de casillas del Presidente se perciben más bien como salidas en falso.

El presidente Uribe debería rememorar con más frecuencia sus tiempos de estudiante en Oxford y recordar las lecciones que han dado tantos gobernantes británicos sobre cómo salir al paso con fría elegancia o fino humor a las acusaciones ponzoñosas y críticas malintencionadas que inevitablemente atraen los altos cargos públicos. Tony Blair dio memorables muestras de refinado sarcasmo al responder a despiadados ataques de la prensa inglesa. Pero el maestro de la ironía en este campo ha sido Winston Churchill, de quien, a propósito del tema, cabe recordar una célebre frase: «En el curso de mi vida he tenido a menudo que comerme mis palabras, y confieso que siempre me ha parecido una dieta saludable».

* * * *

Si las ‘chispoteadas’ presidenciales contra periodistas suscitan justificadas inquietudes en el campo de la libertad de prensa, hay actuaciones concretas de la Justicia que resultan tan alarmantes como indignantes. Como la del juez que decretó en estos días la libertad del sicario que asesinó al subdirector de La Patria de Manizales, Orlando Sierra. Condenado a 29 años, el homicida cumplió apenas cinco y medio, gracias a diferentes descuentos y beneficios que otorga la ley.

Desafía toda lógica que cuando se ha logrado que la ley considere el asesinato de periodistas como causal de agravación del delito, la misma legislación consagre favorecimientos que terminen en penas tan irrisorias para crímenes tan graves. A raíz de este hecho, la Asociación Nacional de Diarios (Andiarios) ha planteado la urgencia de revisar el Código Penal para que la aplicación de beneficios no conduzca a contradicciones tan aberrantes.

El sicario que le arrebató la vida a Orlando Sierra se pasea hoy libre por las calles de Manizales, mientras que los autores intelectuales de este crimen aún no han sido tocados por la justicia, pese a los abundantes indicios que existen. Fiel y patético reflejo de uno de los mayores flagelos que conspiran contra la libertad de prensa en Colombia: la impunidad que rodea el asesinato de tantos periodistas valientes y honestos.

editorial@eltiempo.com.co

Suscribir
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
LinkedIn
Instagram