Fuente: Revista Semana. Agosto 21 de 2005.

A pesar de que han disminuido los asesinatos y las amenazas contra los periodistas, la libertad de prensa está en peligro. La autocensura se extiende como mecanismo de protección contra los violentos

La salida del país del periodista Daniel Coronell, para protegerse de alevosas amenazas contra su vida y la de su familia, despertó reacciones de preocupación de parte de las principales organizaciones que vigilan y promueven la libertad de expresión. Que un pugnaz columnista y director de noticiero, con posiciones críticas hacia el gobierno, sólo pueda garantizar su seguridad si fija su residencia en el exterior -en Estados Unidos, desde donde continuará escribiendo su columna para SEMANA- es un grave indicador de falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo.

Lo más grave es que el caso de Coronell es apenas una punta del iceberg. Aunque las estadísticas sobre periodistas asesinados y amenazados han disminuido, otros indicadores demuestran que la situación está muy lejos de un ideal. La acción de mafias y grupos armados, en especial en áreas distantes de las grandes capitales, ha generado prácticas nocivas contra el ejercicio libre del periodismo. La autocensura -omisión deliberada de informaciones para evitar las reacciones violentas de los afectados- se ha propagado en forma preocupante.

Varias noticias en municipios y zonas rurales no salen a la luz pública. Tal fue el caso, el 15 de julio pasado, de la captura, cerca de Envigado, Antioquia, de José Aldemar Rendón Ramírez, alias ‘Mechas’, uno de los 10 narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. Aunque el hecho fue ampliamente cubierto por los medios nacionales e internacionales, en Cartago, Valle, no hubo registro de la noticia. La omisión no pasaría de ser una anécdota periodística, de no ser porque Rendón Ramírez vivió la mayor parte su vida en Cartago, donde, además, desarrolló su empresa delictiva al lado de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’.

Algo similar sucede en Barrancabermeja. A pesar de ser una ciudad con varios medios de comunicación (un diario, 10 semanarios, tres canales de televisión local y numerosos espacios informativos y de opinión en la radio), hay temas de gran importancia que nunca son registrados. Poco o casi nada se habla de los controles sociales contra la forma de vestir de las mujeres y el corte de pelo de los hombres, que imponen los actores armados. Mucho menos se habla del robo masivo de gasolina por parte de los paramilitares.

En varios lugares del país, los periodistas y comunicadores están atemorizados y prefieren callar antes que poner en riesgo sus vidas y las de sus familias. La autocensura se convirtió en una salida para continuar informando sin riesgos. Algunos ya califican esta práctica como ‘periodismo de baja intensidad’, donde los medios pueden hablar de cualquier tema, siempre y cuando no se trate de narcotráfico, de corrupción o interfiera con los intereses de los grupos paramilitares o de las guerrillas.

En Cartago, Valle, un grupo de reporteros nacionales que estaba por casualidad en la ciudad el día que capturaron a ‘Mechas’, escuchó a los periodistas locales decir que no iban a cubrir ese hecho. «Uno se mete con eso y va a dar a la 11», manifestó uno de ellos, haciendo alusión a la calle 11, donde queda el cementerio.

En uno de los puertos más importantes del país, Buenaventura, un periodista de la región, que naturalmente prefiere mantener su identidad en el anonimato, manifestó que, además del problema paramilitar, «el tema de la corrupción administrativa es intocable». Saulo Quiñones, alcalde de la ciudad, no piensa lo mismo. Afirmó que «sí hay amenazas porque se tocan intereses particulares de grupos armados ilegales, pero no por tocar intereses políticos».

Para completar la crisis del Valle, están las recientes amenazas del diario El Caleño, que desde cuando creó su unidad investigativa, en agosto de 2004, ha venido recibiendo advertencias. El último hecho se presentó el 21 de junio de 2005, cuando un desconocido rondó las instalaciones del diario varias veces, preguntando de manera insistente por la directora.

Lejos de tratarse de casos aislados, hay indicios serios de que se trata de una tendencia. En La Guajira, el descrédito de los medios locales es patente. «Hay periodistas locales que fustigan a los funcionarios para que les den pauta y, una vez la obtienen, no vuelven a decir más nada», afirmó un comunicador de Riohacha. Hace un par de meses se dio a conocer de manera aislada que un abogado guajiro radicado en Bogotá estaba extorsionando al gobernador del departamento, José Luis González, con la amenaza de denunciarlo ante la Procuraduría por un supuesto caso de corrupción. La noticia sólo tuvo eco en Riohacha cuando los extorsionistas fueron capturados en Bogotá.

En la Costa Atlántica, un funcionario de la Gobernación de Sucre compró el martes antepasado todos los ejemplares de El Universal, para que la gente en Sincelejo no leyera la noticia sobre las supuestas conexiones con las AUC del ex gobernador Arana, hoy embajador encargado en Chile. A pesar de eso, periodistas y opositores de Arana fotocopiaron el ejemplar del diario y lo repartieron.

Los grupos armados, en varios departamentos, ejercen presiones que con frecuencia terminan en autocensura. En Arauca, donde a principios del año pasado más de 10 periodistas tuvieron que huir para proteger sus vidas, la situación se había tranquilizado, pero ahora se ha vuelto a complicar. Los atentados con explosivos, las muertes selectivas y el desplazamiento forzado han aparecido nuevamente. Los frentes guerrilleros que operan en la zona han optado por llamar a las emisoras para exigir que lean sus comunicados. Uno de ellos decía: «Los campesinos tienen prohibido ir a las brigadas médicas del Ejército».

En el ‘periodismo de baja intensidad’ también caen varios medios comunitarios. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre libertad de prensa en el Oriente Antioqueño, otra manifestación de la autocensura es el cambio en el perfil de los periodistas. Los medios regionales optan por emplear jóvenes sin experiencia que se dedican únicamente a hacer un periodismo de registro. «Los medios locales no informan sobre el conflicto, porque tampoco saben cómo hacerlo. Allí, en el Oriente Antioqueño, los muchachos de últimos años de bachillerato son quienes están más cerca de los micrófonos, las cámaras y el papel», concluye el informe. De esta forma, son pocas o nulas las noticias sobre las actividades de las autodefensas en las poblaciones o en la capital del departamento.

Uno de los argumentos que respaldan la política de seguridad democrática del presidente