La revista inglesa PRWeek publicó que a una quincena de la vida bajo la Ley de Acceso a la Información, Sarah Robertson examina los desafíos PR para organismos públicos y cómo planean sobrellevar la gran demanda de preguntas de los medios y el público general.

Si alguien esperaba un aluvión de información ultra secreta del gobierno esparcida en todos los diarios aplicando la implementación de la Ley de Acceso a la Información el 1 de enero, habrá sido decepcionado.
La introducción de los británicos a la vida bajo la Ley de Acceso a la Información ha comenzado con cuidado. Al publicarse esta noticia, se sabía que Tony Blair había estado cenando en Chequers y que a los realizadores de series de TV Porridge se les había negado el permiso para filmar en una prisión HN. Pero las verdaderas ramificaciones de la ley y cómo los organismos públicos trabajarán con ella, solo se dará a conocer a finales de este mes. Esto sucede cuando expiden los 20 días permitidos para presentar apelaciones y las organizaciones están pendientes de preveer respuestas, de acuerdo a Lucian Hudson, Jefe del Departemento de Asuntos Constitucionales de los Comunes.
Le ley fue introducida por Labour para proveer servicios contables y transparentes y es difícil de quebrar. Los suecos introdujeron una ley similar a esta en el siglo 17.

Administración pesada
Para James Ford, director de Citigate Communications y además lidera la cuenta de la Oficina de Información del Comisario (ICO), la predisposición para trabajar con la Ley de muchos organismos locales es dudosa.
Bob Schofield, director de managing del especializado en salud Atlas Media Group, concuerda: “El estado de preparación en el sector público es variable. Organizaciones monolíticas como las DOH están bien preparadas pero las escuelas y colegios de educación a distancia lo están en menor medida. El Departamento de Educación y Habilidades (DFES), por ejemplo, no tiene la misma dirección y control.