Diversos organismos internacionales y locales expresaron su rechazo a la iniciativa del gobierno argentino de oficializar el Observatorio de Medios contra la Discriminación. El titular de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, Osvaldo Ripio, dijo que el Observatorio “atenta contra la libertad de expresión y ejerce un control de contenidos en los medios”. También manifestó su preocupación la Sociedad Interamericana de Prensa. (con Medios Latinos)
El organismo continental señaló que “si el Gobierno realmente quiere que haya mayor pluralidad de voces, debería de dejar de lado buscar métodos sutiles de control sobre los medios a través de observatorios y, dedicarse, más bien, a reinsertar el debate en el Congreso por una ley de acceso a la información pública”. Por otra parte, trascendió que el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires no aprobaría la iniciativa, a pesar de que el decano de la facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster, fue uno de sus impulsores. Información publicada en los diarios Clarín y El Cronista (Argentina).
Clarín (Argentina).
El debate por la prensa llegó a la Cámara de Diputados
Ayer el debate en torno de la política del Gobierno con relación a los medios de comunicación llegó a la Cámara de Diputados. Fue en la Comisión de Libertad de Expresión que preside la diputada radical porteña Silvana Giudici.
La apertura fue un informe de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) en base a distintos asuntos convergentes. Uno, la intención de implementar un observatorio gubernamental sobre la prensa. Otro, la transferencia del COMFER a la estructura de la Secretaría de Medios. Y un tercero, la resolución del organismo que modifica la grilla de canales de TV por cable.
La entidad está integrada por la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), Asociación de Editores de Directores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), Asociación Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Asociación de Televisión por Cable (ATVC) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).
El titular de la CEMCI, Osvaldo Ripoll (Asociación Argentina de Editores) dijo que el Observatorio «atenta contra la libertad de expresión y ejerce un control de contenidos en los medios». Definió que una sucesión de hechos (entre ellos el ataque del que fue víctima el director de Perfil, Jorge Fontevecchia o el modo de calificación de Cristina Kirchner a un dibujo de Hermenegildo Sábat, además de los dichos de D’Elía), «están revelando una intencionalidad en relación a los medios de parte de autoridades del Gobierno y algunos de sus allegados». Dijo que tanto a la CEMCI cuanto a ADEPA, «estos episodios nos tienen muy preocupados».
Clarín (Argentina).
La SIP también mostró su «preocupación»
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación sobre el anuncio del Gobierno argentino de crear un organismo estatal para «vigilar» a los medios de comunicación y solicitó mayor acción para avanzar en una ley de acceso a la información pública.
A través de un comunicado, el organismo que nuclea a editores de medios de toda América señaló que «si el Gobierno realmente quiere que haya mayor pluralidad de voces, debería de dejar de lado buscar métodos su tiles de control sobre los medios a través de observatorios y, dedicarse, más bien, a reinsertar el debate en el Congreso por una ley de acceso a la información pública». Al respecto, su presidente, Earl Maucker, dijo que «siempre nos ponemos en alerta cada vez que vemos la intervención de un Gobierno en asuntos que puede socavar la libertad de prensa».
El Cronista (Argentina).
El rectorado de la UBA rechazaría el Observatorio de Medios oficial
El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires dará a conocer la semana próxima su postura oficial sobre el Observatorio de la Discriminación en los Medios que reflotó el gobierno de Cristina Kirchner y del que participa la facultad de Ciencias Sociales de la institución.
Según pudo saber El Cronista, las autoridades de la casa de altos estudios no aprobarían la iniciativa, a pesar de que el decano de Sociales, Federico Schuster, fue uno de sus impulsores.
De hecho, fue un informe de esa facultad -que Schuster entregó en mano a la Presidenta- la chispa que reavivó al Observatorio. Ese documento acusó “expresiones discriminatorias” de la prensa durante la cobertura del conflicto entre el Gobierno y los productores agropecuarios.
El rectorado de la UBA se sumaría así a las expresiones en contra que el proyecto recogió en los últimos días. Ayer, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la iniciativa es “un ataque frontal a la prensa” y señaló que el Gobierno “culpa a los medios cuando hay un rechazo social profundo a sus políticas”. Al exponer en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la ex candidata presidencial pidió defender la libertad de prensa “absolutamente”.
Más temprano, el oficialismo había impedido que la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados acordara un dictamen sobre el pedido de informes al Ejecutivo acerca del Observatorio y proyectos de declaración para repudiar los dichos de la Presidenta por una caricatura de Hermenegildo Sábat en el diario Clarín que llevó a la jefa del Estado a denunciar un mensaje “cuasimafioso”.
La estrategia del kirchnerismo, liderada por el chubutense Mario Pais, el entrerriano Raúl Solanas y el correntino Hugo Perié, logró posponer el debate.
En simultáneo, se conoció un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que alertó que el Observatorio buscará “vigilar” a los medios.
El organismo que agrupa a editores de medios de toda América recomendó al Gobierno que “si realmente quiere que haya mayor pluralidad de voces, debería dejar de lado buscar métodos sutiles de control sobre los medios a través de observatorios y, dedicarse, más bien, a reinsertar el debate en el Congreso por una ley de acceso a la información pública, que incentivaría una mayor libertad de expresión en el país”.
El titular de la entidad, Earl Maucker, consideró que la iniciativa “puede socavar la libertad de prensa” y denunció que el oficialismo “desea intervenir en cuestiones que competen a la sociedad civil”.
