Por Javier Darío Restrepo
El dilema se ha instalado, insistente y molesto, cada vez que se agrega un nuevo episodio al culebrón de la compra de votos para la reelección presidencial. Ya se sabe que cuando hay quien peca por la paga, debe haber otro que paga por pecar; asunto tan evidente que no merece discusión. Pero en el fondo de esos episodios aparece la pretensión presidencial de debilitar y absorber a la justicia.
En efecto, no dejan sosiego episodios como la pelea del presidente Uribe contra el ex presidente de la Corte ; ni la campaña de rumores y acusaciones para minar la autoridad moral de los jueces; ni las presiones solapadas sobre los magistrados, ni la ofensiva de comunicados con que el Presidente quiso, desde la tribuna dócil de los medios, suplantar la acción de los jueces que investigan el caso de clientelismo, soborno y tráfico de influencias.
El ciudadano común, abrumado por ese despliegue de poder presidencial, espera y reclama que la justicia pueda hacer su trabajo, sin la interferencia del Ejecutivo y a pesar de las flaquezas de este o aquel magistrado. Que sancionen al que recibió dádivas o sobornos disfrazados, pero que esa debilidad no se magnifique hasta el extremo de darle legitimidad al poder para hacer a un lado la justicia.
Es un atentado similar al que está ocurriendo para prescindir y anular a la prensa. El espectáculo de caricatura de la periodista que le sirvió de pretexto al presidente Uribe para tomarse un noticiero de televisión con una extensa autodefensa, da una idea del estilo de relaciones con las audiencias y los medios que quieren imponer los presidentes con excesivo poder acumulado: prescindir de los medios con el argumento de que es más democrática la relación directa -sin intermediarios- con los ciudadanos. Los medios y los periodistas, lo mismo que los jueces, son intermediarios molestos e incómodos porque no se limitan a recibir la información oficial; además preguntan, nunca se dan por satisfechos, no creen en dogmas ni en absolutos y, mucho menos, en hombres indispensables o irremplazables.
Ese intento de hacer a un lado la prensa, o de neutralizarla por la vía del miedo o de los ofrecimientos, se da en Venezuela, apareció en Nicaragua, comienza en Ecuador, es parte del quehacer presidencial en Brasil, lo inició en Argentina el presidente Kirchner y lo heredó, con todo lo demás, su esposa.
Son presidentes que han acumulado -de buena o mala manera- demasiado poder. Comenzaron negándose a dar información porque prefieren -eso dicen- el contacto directo con la ciudadanía. Esta es la coartada de quien elude preguntas y rechaza críticas porque el excesivo poder le crea la ilusión de ser infalible y lo vuelve hipersensible a la crítica.
Los jueces pueden ser tanto o más incómodos que los periodistas, sobre todo cuando aparecen como un límite al poder gubernamental; por eso es explicable que el gobernante quiera prescindir de ellos y hacer su propia justicia. Cuando el Presidente insistía en entregar pruebas a los televidentes, los convertía en jueces y, de hecho, hacía prescindible la acción de los agentes de la justicia. De una actitud así se siguen aberraciones como la justicia tomada por la propia mano, la aparición de la justicia política ejercida directa o indirectamente por el gobernante poderoso y, desde luego, la impunidad de gobernantes y políticos.
Ante la quiebra institucional generalizada, debe reconocérsele a la justicia colombiana que, por su actuación, se haya erigido en el recurso eficaz y creíble para mantener la dignidad y la esperanza de la nación.
