Abajo una entrevista a la Relatora de la OEA para la Libertad de Expresion, Catalina Botero Marino, quien, de paso, tiene una agenda de cinco puntos para los proximos tres años, segun nos conto hace poco en un taller de acceso a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, taller cumplido en Bogota. (Fuente Red Caribe)

1. Protección de periodistas y lucha contra la impunidad. Sugiere ley especial de protección a los periodistas (Ojo Angelica, reynel y otros, habria que conectarnos con esta tematica para ver como la promueve la OEA).
2. Criminalización de la libertad de expresión (injuria, calumnia y desacato). Despenalizar cuando hay interés publico y que la sanción pecuniaria sea proporcionada. Corte Interamericana ha fallado muchas veces a favor de la despenalizacion.
3. Censura directa e indirecta
4. Acceso a la información
5. Pluralismo y diversidad en los medios

Su agenda la distribuira con enfasis así:

Primer año: protección e impunidad, y acceso a la información

Segundo año: censura indirecta y despenalización

Tercer año: Pluralismo

“LOS PERIODISTAS TIENEN QUE COMENZAR A HABLAR EL LENGUAJE DE LOS DERECHOS”

«Hay que unificar la legislación sobre acceso a la información»

La abogada colombiana Catalina Botero Marino asumió en julio de este año como Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta semana está disertando en Argentina como parte de una visita académica que es apoyada por la Asociación por los Derechos Civiles y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En diálogo con Periodismo Social, la funcionaria pidió que el Gobierno argentino derogue los delitos de injurias y calumnias, cuestionó el uso de la publicidad oficial como elemento de presión para los medios y bregó por una ley única de acceso a la información en Argentina. Destacó el rol determinante de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos.
Además, criticó la criminalización de la expresión, habló de la situación de la libertad de expresión en el continente, de la necesidad de incorporar y permitir el acceso de todas las voces a los medios. También se refirió a la situación específica del periodismo en Colombia y México, y del sistema de libertades mediáticas de Canadá.
Catalina Botero es titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que opera dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

“En Colombia ejercer el periodismo es casi un acto heroico”
Botero Marino fue jueza constitucional en Colombia y trabajó en la Defensoría del Pueblo de su país. Cuando se la consulta sobre su decisión de presentarse como postulante para la Relatoría, sostiene que “la experiencia colombiana es muy rica y creo que puede aportar mucho para toda la región”. Para su elección se tuvo en cuenta su experiencia, su visión estratégica y su plan de trabajo para la Relatoría.
-¿Ejercer el periodismo en Colombia es un desafío?
-En Colombia ejercer el periodismo es casi un acto heroico. De lo que se trata es de convertirlo en una profesión normal. Que se pueda ejercer con total libertad y seguridad como cualquier otra profesión. Las dificultades que tenemos en nuestro país han sido expuestas por el periodismo arriesgando su vida. Buena parte de los periodistas regionales no pueden hablar porque hay censura y autocensura, porque todavía en gran parte del territorio impera la mafia de la guerrilla o del paramilitarismo.
-¿Y en México?
-El narcotráfico se ha convertido en una amenaza para el periodismo. Hace días asesinaron a un periodista. Ya son 40 los muertos, de los cuales 20 han sido asesinados por causas relacionadas a su profesión, y los otros deben ser investigados.
El gobierno de México presentó una reforma constitucional –con la que estoy de acuerdo- para federalizar los delitos contra los periodistas. Esto es fundamental para que avancen las investigaciones.
-¿En la CIDH se está investigando el caso mexicano?
-Ahora tenemos 250 casos. Hay de todo. Pero no tenemos un caso emblemático que de manera particular pueda permitirnos hacer un litigio estratégico para poner presente la obligación del Estado. Tenemos que seleccionarlo.
Criminalizar la expresión
-¿Qué otros países son conflictivos?
-Prefiero hablar de problemáticas, no de países. Porque a veces somos injustas con ciertos países que hacen esfuerzos en ciertos temas, pero que en otros están complicados.
Hay una problemática general en América Latina que es la criminalización de la expresión, a través de la injuria y la calumnia que criminaliza la expresión de noticias, de opiniones relacionadas con la función pública. Yo considero que tendría que estar absolutamente despenalizada. Pero también se criminaliza la expresión disidente. En algunos países, donde hay algún grado de confrontación, hay que frenar urgente esta situación porque la disidencia es una de las formas más importantes de la expresión.
-¿Cómo se frena?
-Tiene que generarse una conciencia de que estigmatizar, o acusar de terrorista o apátrida a una persona que tiene una opinión crítica respecto del gobierno y que lo manifiesta, es una violación del derecho de esa persona a expresarse, y el Estado no lo respeta. El Estado tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con informaciones u opiniones y a contestar, porque eso enriquece el debate público.
Es normal la tensión entre el Estado y la prensa, lo que no es normal es que les digan terroristas o enemigos del Estado. Eso genera condiciones propicias para que luego se vulnere la integridad y la vida de esos periodistas, y para que se inhiba toda la expresión disidente.
-¿Cómo debe actuarse ante la violación de derechos de los monopolios mediáticos privados?
-El Estado, en relación a la libertad de expresión, no sólo tiene responsabilidades negativas (no presionar, no cerrar medios, no estigmatizar…), también tiene obligaciones positivas: debe generar las condiciones para que exista una deliberación plural, abierta, amplia, vigorosa. Y una de esas es evitar los monopolios en el mercado de las ideas.
Y esto está claro desde el 2000, cuando la Comisión Interamerica aprobó una declaración de principios que fue apoyada por organizaciones de prensa de todo el continente, donde queda clara la obligación del Estado de implementar leyes antimonopolio. Pero además, el sistema interamericano -la Corte, la Comisión, y la Relatoría- han sido muy claras con que no bastan leyes antimonopolio, se requiere garantizar que sectores que están excluidos de la deliberación democrática, puedan ingresar al debate público.
Personas que no pueden competir en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si para otorgar una licencia de radio se exigen capitales exorbitantes, claramente ni las comunitarias, ni las madres cabeza de familia, ni los obreros, mineros, indígenas, poblaciones afro… pueden ingresar. Se necesitan condiciones especiales para que esos grupos, tradicionalmente marginados, no queden por fuera de algo que nos pertenece a todos: el mercado público de las ideas.
-Canadá es un ejemplo de convivencia de medios públicos y privados…
-Es un país particularmente respetuoso de la libertad de expresión. Se ha caracterizado por un mercado plural y muy desinhibido. Tiene una experiencia muy bonita con radios comunitarias, y su experiencia demuestra que estos medios son compatibles con el mercado. Es un ejemplo, de un país capitalista, donde pueden convivir la radio pública que es muy vigorosa, la radio comunitaria y la radio privada.
-En Estados Unidos hubo periodistas encarcelados por no revelar sus fuentes ¿Cómo ve las libertades en ese país?
-Es pionero en la dimensión liberal de la libertad de expresión. Tiene una muy buena radio pública y regulaciones interesantes. Ahora, el último gobierno intentó disminuir la regulación antimonopólica, pero al parecer eso se va a revertir.
Tiene un problema complicado con la reserva de las fuentes. Los últimos casos en Estados Unidos han puesto muy presente temas complicados, como el caso de jueces que piden a los periodistas que revelen sus fuentes. En estos días una Corte de Apelaciones liberó a un periodista porque respeta la reserva de la fuente. Hubo un proceso grave, que se logró contener, relacionado con el contexto de las leyes antiterroristas que podían culminar con actos de censura. Lo que tiene este país es un Poder Judicial independiente que se toma muy en serio los derechos.
-¿La publicidad oficial es una manera de controlar la línea editorial?
-Es un gran tema del cual no se hablaba hasta hace poco tiempo. ADC tiene una publicación muy importante, donde muestra cómo la publicidad oficial puede convertirse en un mecanismo para premiar a los medios amigos y castigar a los críticos.
Y en muchos sectores esta situación es vista como normal. Como si se tratara de un asunto privado, y resulta que es un asunto público. Si la publicidad oficial tiene como sentido no financiar medios, sino publicitar actuaciones estatales, tiene que escoger los medios que permitan hacer eso de mejor manera, y no utilizarlo como un mecanismo de censura, que sobre todo en las provincias es muy eficaz.
“El Estado argentino debe derogar las calumnias e injurias”
-¿Conoce los 21 puntos por una Comunicación Democrática elaborados por la sociedad civil argentina como propuesta para una nueva legislación en medios?
-No los conozco en detalle, pero vi que tienen que ver con la Declaración de Principios y con la nueva manera de entender la libertad de expresión para todos.

En mayo de este año, la CIDH sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel, que había sido condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la “masacre de San Patricio”, el asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976. La Corte exigió que se dejara sin efecto la condena contra Kimel, que se lo indemnizara, se reconociera su responsabilidad en un acto público, e intimó a Argentina a modificar la legislación en materia de calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión
-El caso Kimel fue un proceso que duró 17 años ¿Por qué?
-Cada Estado tiene sus tiempos. Es necesaria una reforma legislativa muy complicada. Lo que le recomendaría al Estado argentino es que derogara directamente los delitos de injurias y, ojalá, calumnias.
No es fácil hacer la reglamentación, porque lo que dice la Corte es cual es el tipo penal de injurias que castiga a aquel que lesione el honor de otra persona. Es demasiado ambiguo y permite la arbitrariedad judicial.
Más fácil es derogar y establecer una norma de rectificación y respuesta, que sea muy clara, en las que estén de acuerdo todas las personas que trabajan en libertad de expresión. Y normas que prevean, que si hay un periodista que ocasiona un daño desproporcionado, tenga que reparar el daño civilmente. Sería muy feliz si pudiera poner en el informe anual que Argentina cumplió con la sentencia Kimel.
-¿Cómo es la relación con el Gobierno argentino?
-No me reuní todavía. El Gobierno argentino tiene, en altos cargos, a personas que han estado en el sistema y que han sido muy respetuosos de los derechos. Esta es una característica de los gobiernos que salieron de dictaduras dolorosas, en la transición democrática y en el ejercicio efectivo de la democracia, han sido amigos del sistema, y es placer trabajar con ellos.
-¿Cree que todavía no entendemos la importancia de utilizar el derecho de acceso a la información?
-En Argentina hace falta una gran ley nacional. Existe un decreto y leyes provinciales, pero hay que unificar, porque la dispersión no es efectiva.
Los periodistas tienen que incorporar esta herramienta. Los periodistas tienen que comenzar a hablar el lenguaje de los derechos. En la medida en que se defiendan, articulando con la Declaración de Principios, las normas constitucionales, las sentencias de la Corte Argentina, el camino se allana. Es un cambio sustancial.
Los periodistas tienen que plantearles a sus gobiernos las demandas en términos de derechos.
La fuerza de las OSC
-¿Los informes sobre libertad de expresión de la Relatoría los hace un equipo interdisciplinario?
-Claro. Lo que existe en política pública tiene que ver con el derecho, pero también lo que opinen los medios y organizaciones no gubernamentales son insumos esenciales.
En el informe anual se recoge de manera sucinta las alertas que llegan a la Relatoría, donde se hace un inventario de cada país con las alertas que indican dónde el Estado debe trabajar.
También podemos hacer un informe, a través de lo recabemos en una visita oficial al país y en base a estándares ya consensuados sobre respeto a la libertad de expresión.

-¿El rol de las organizaciones sociales es determinante en la lucha por la expresión libre?
-Es otra de las grandes cosas que pasaron en Argentina y otros países: las ONGs han tenido un rol fundamental. Son las que han movido los grandes casos en el sistema interamericano en materia de libertad de expresión.
En Argentina tienen organizaciones de primer nivel, y tan importantes como cualquier ONG europea. Se manejan con herramientas sofisticadas y un poder de actuación y legitimidad muy importante. Cuando llegan al sistema, sus argumentos son muy buenos, son interlocutores con el Gobierno, tienen opiniones técnicas muy valiosas, y no se han dejado confundir con órganos del Gobierno. Mantienen un rol independiente.