Por: Mario Morales
Así se confirme, el anuncio hecho el sábado por el presidente Santos de la «posible» muerte de alias Fabián Ramírez, no sólo contradice su cacareada ponderación a la hora de comunicar, sino que deja ver el intento desesperado de desviar la atención por la indignante petición de asilo de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y la no menos oprobiosa actitud de su gobierno de querer bajarse por las orejas del escándalo. (Publica El Espectador)
De la mesura de los primeros cien días pasó a la estrategia de la rumorología con la presunta caída del comandante guerrillero, no obstante la ausencia de pruebas concluyentes, a diferencia del tratamiento dado a hechos como la bomba frente a Caracol Radio o la misma muerte del Mono Jojoy.
Y es que la protesta crece en Colombia y Panamá por la insólita petición de quien es señalada por sus subalternos como victimaria, por la premura con la que el gobierno de ese país atiende la solicitud a riesgo de violar acuerdos internacionales, por la tardanza del proceso en la Fiscalía y por la meliflua respuesta del Gobierno colombiano.
No se trata sólo de la suerte de Hurtado, o de la discusión jurídica sobre la pertinencia del asilo, porque ella no es perseguida política, o de la incoherencia del gobierno panameño al aceptarla cuando acaba de condenar a su ex procuradora por hechos similares.
Con esa jugada se abre una ventana a la impunidad de quienes realizaron, instigaron y maquinaron la cacería criminal que tiene origen en las chuzadas, y que ahora a punta de periódicos y declaraciones quieren posar como víctimas. Fieles a su talante.
También obstruye la investigación para conocer y juzgar al beneficiario de esas interceptaciones y seguimientos ilegales. Es decir, esquiva de manera aleve el derecho de verdad y justicia que el país reclama.
Frustrante, ¿verdad? Por eso es previsible ver a Santos jugando a tres bandas, es decir, de botas pantaneras, en el campamento bombardeado y en cuanta inundación se presente para evitar las preguntas en ambos países de si se trató de un favor a Uribe (ver diario La Prensa de Panamá), y de si el Gobierno, con su ambigüedad, sigue pagando las facturas.
