Por: Mario Morales
Superamos la ficción. Esos discursos de “unas manzanas podridas” o de la “rueda suelta” ya no sirven para explicar el ya proverbial accionar desde el DAS de una red mafiosa (como la califica su propio director) dedicada a grabar ilegalmente a periodistas, magistrados y opositores, hacer seguimientos no autorizados y “pinchar” correos electrónicos de quienes piensan o hablan distinto. (Publica El Espectador)
Ni tampoco para justificar que equipos donados por agencias extranjeras para buscar a Don Mario se usen para espiar comunicadores y opositores del presidente Uribe.
Estos delitos no sólo violan la Constitución (derecho a la intimidad, a la libre expresión, etc.), defraudan la confianza de donantes y ciudadanos por el uso inapropiado de recursos, sino que ponen en tela de juicio la misión y funciones de un organismo creado hace más de cinco décadas para combatir el crimen, ayudar a mantener el orden público y coordinar procesos migratorios.
El debate no debe centrarse en si el DAS debe desaparecer o si el Estado tiene derecho a hacer inteligencia, más aún en manos de civiles. La inquietud que dejan estas denuncias es si, por su recurrencia, forman parte de una política de Estado, apuntalada en un organismo llamado a dar línea acerca de las políticas de seguridad, es decir, si estamos frente a un estado policial real, como lo describieron en la ficción Orwell en 1984 y el ruso Zamiatin en la novela Nosotros.
El primero describió un gobierno que controla la sociedad, recorta las libertades civiles, amedranta con policía secreta y aboga por mecanismos de vigilancia sobre aquellos que “piensan” y que pueden resquebrajar la constitución de un Estado totalitario. La llamó policía del pensamiento.
El segundo denunciaba, en 1921, las “nuevas” formas de represión con base en el control total de las vidas pública y privada de los ciudadanos, la destrucción de la intimidad mediante la vigilancia (Como en la película La vida de los otros) y la posterior anulación de la individualidad reemplazada por la colectividad que “no piensa”.
Ya somos más que esas ficciones. Por eso, ya basta de investigaciones exhaustivas o depuraciones con dos o tres renuncias. Les corresponde a la Fiscalía, Procuraduría y organismos Internacionales desentrañar realmente quién está detrás. Podrían preguntarse como Séneca, hace veinte siglos, “¿Cui prodest?”, ¿A quién benefician esos delitos?
