Por: Irene Pedruelo Tapia / Juan Camilo Maldonado
El cierre de 34 emisoras en Venezuela y la hostilidad hacia los medios en varios países de la región causan preocupación.
En los últimos días el presidente venezolano, Hugo Chávez, se ha convertido en protagonista de uno de los videos más vistos de Facebook. En él, el presentador de noticias de la cadena Univisión, Jorge Ramos, dice haber encontrado un video en sus archivos que prueba que el presidente venezolano “le mintió” durante su campaña en 1998. A renglón seguido, el joven y atemperado candidato aparece sonriente, contestando las preguntas del periodista mexicano.

—-¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? —Por supuesto que sí.

—¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? —No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado, el resto debe seguir siendo privado.

Las palabras del candidato Chávez contrastan con el mensaje que este fin de semana recibieron 34 emisoras venezolanas por parte de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Chávez. La misiva revocaba las licencias a las “primeras 34 emisoras” de radio en este país, anticipando que más estaciones serían cerradas .

La medida ha producido todo tipo de protestas. Sobre todo porque el cierre de los medios se produce mientras que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, le presentaba a la Comisión de Medios del Parlamento venezolano una propuesta de proyecto de ley contra delitos mediáticos, una norma que castigaría con dureza a todo aquel que difunda mensajes por medios de comunicación “que atenten contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio”.

Como sucedió hace dos años, en mayo de 2007, cuando el gobierno venezolano le revocó la licencia a Radio Caracas Televisión, las noticias de esta semana han generado una avalancha de reacciones. Con el título “Venezuela amordazada”, el diario español El País publicó un duro editorial, en el que sostenía que con lo sucedido esta semana “Chávez está cada vez más cerca de la dictadura (…). Su gobierno ha construido en los últimos años un imperio mediático adicto, que a su vez reprime implacablemente la información adversa”, dijo el diario.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas confederaciones de medios y periodistas expresaron su preocupación. Hasta que, después de días de intensa polémica, el secretario general de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa, negó que la ley estuviera dentro de la agenda legislativa de esta institución. La fiscal Ortega, aseguró ayer, no cuenta con “iniciativa legislativa”.

Las acciones de amedrentamiento hacia los medios no hacen más que repetirse. El pasado martes, al menos 35 simpatizantes del presidente Hugo Chávez, comandados por la activista Lina Ron, irrumpieron armados y con gases lacrimógeno en las instalaciones de Globovisión, canal crítico con el mandatario.

Contra las vacas sagradas

Lo ocurrido esta semana en Venezuela pareciera formar parte de un ciclo peligroso que mezcla el ataque constante de gobernantes a los medios de comunicación, con políticas que de una u otra manera conducen a la censura. El resultado: constantes amenazas legales y la animadversión y violencia generadas en sectores de la población.

A escasos kilómetros, un día después del cierre de las emisoras venezolanas, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó el lunes que su gobierno revisaría esta semana las licencias de los medios de comunicación ecuatorianos “adquiridas con permisos de manera irregular”. “Caerán algunas vacas sagradas”, dijo el presidente en un abierto desafío a muchos de los medios que considera sus enemigos y a quienes tilda de estar aliados con poderosos sectores económicos en su contra. Ya en julio del año pasado el gobierno de Correa se hizo con el control de tres canales de televisión, propiedad de banqueros acusados de malversación de fondos. El embargo fue justificado por el deseo de recuperar los 661 millones de dólares de pérdidas acumuladas por el Grupo Isaías, propietario de los canales. No faltaron, sin embargo, quienes apuntaron a un intento de acabar con las voces críticas que se alzaban desde dichas televisiones en un contexto próximo a las elecciones.

¿Intimidan a los medios estas amenazas? El director del diario Hoy, de Quito, Jaime Mantilla, aseguró en conversación con El Espectador que en el país sigue existiendo la libertad de expresión. “No hay un solo tema que no estemos tratando. Denuncias de corrupción, medidas, etc., hay plena libertad, y el resultado es que todos los días recibimos insultos”, afirmó. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Ecuador deberá aprobar una nueva ley de comunicación antes del próximo 20 de octubre. Varias propuestas, con las que se pretenden crear sistemas de auditoría y observatorios con los que ejercer un mayor control sobre los medios, fueron ya presentadas. El gobierno de Correa posee la mayoría en la Asamblea, por lo que se presume la próxima aprobación del proyecto.

Fuente EL ESPECTADOR

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