Por Mario Morales
Es una de las grandes paradojas del siglo XXI. La libertad de expresión ha sido uno de los sueños cimeros, de los idearios humanos y hasta de sus ficciones porque resume en buena parte las esperanzas de sobrevivencia y desarrollo del hombre en comunidad desde que se conoció la palabra.
Al terminar la primera década del nuevo milenio, las noticias no son alentadoras. La libertad de expresión y su pariente predilecta la libertad de prensa, están amenazadas en dos terceras partes del planeta. El acoso que sufren estos derechos fundamentales dejó de ser exclusivo de los países en desarrollo y hoy toca a rebato con diversos ropajes y novedosas presentaciones, a las puertas de los países desarrollados que lo comienzan a padecer con rigor.
La ebullición de los contenidos en internet, el pregón acerca de la horizontalidad en las comunicaciones que brinda el ciberespacio, el creciente acceso a tecnologías de uso y a nuevas tecnologías, y la bienvenida a la participación ciudadana muestran la cara luminosa del fenómeno. Detrás, agazapados los enemigos de la libertad de expresión y de prensa, y lo que ellas representan, han sumado a los métodos tradicionales: amenaza, agresión, muerte y censura, nuevas estrategias de baja intensidad, a veces imperceptibles pero probadamente eficientes en tanto que han devenido acorralamiento para las manifestaciones del pensamiento, para los medios de comunicación, para los periodistas y muy especialmente para las audiencias ávidas de información necesaria que les permita elegir con libertad.
La denominada neocensura descendiente genética de la globalización, la acumulación de capitales sobre la base de los medios, nuevas legislaciones con imperativos solapados, la estigmatización, judicialización, acoso legal y laboral de los periodistas críticos, las continuas y perfeccionadas limitaciones al acceso a la información, la avalancha de propaganda política hábilmente despojada de sus ropajes publicitarios y habilitada con visos de información, así como la permeabilización en las rutinas y prácticas reporteriles de nuevos modelos políticos basados en la personalización, el caudillismo, el mesianismo y el autoritarismo paralizante son algunas de las tipologías imperantes que han terminado por ampliar la brecha entre la teoría, constituida merced al acervo jurídico, humanista e idealista que habita en nuestra memoria colectiva, y la praxis brutal.
Concebida en el siglo diecisiete, reconocida una centuria más tarde en Francia y Estados Unidos, la libertad de expresión ha sido un componente básico de la institucionalidad en occidente, entendida como los acuerdos sociales tácitos o explícitos, que han quedado plasmados en buena parte de las constituciones políticas del orbe, y luego refrendadas en acuerdos, pactos, manifiestos y alianzas supranacionales. Ha sido de manera consuetudinaria el derecho que lacra los fundamentos democráticos y la rúbrica de las aspiraciones libertarias de las sociedades por encima de los alinderamientos partidistas o religiosos, al asimilar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” . Lo reafirma el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica» de 1969, cuando apunta que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto “ y que “ El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”.
Es el mismo espíritu que se encargó de configurar la constitución colombiana de 1991 que en su artículo 18 dice que “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.
Espejo tangible de la libertad de expresión es la libertad de prensa, también reglamentada en la Constitución del 91 que en su artículo 20 señala que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
Pero va más allá y en el Artículo 73 dice que “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional” .
Como se aprecia, las libertades de expresión y de prensa refrendan el espíritu comunicativo de las sociedades, las posibilidades de interacción, la necesidad de diálogo, la construcción social y la generación de espacios políticos. Es, en últimas, la impronta del poder, concebido desde el ideario de la democracia en tanto que hace posible la diferencia, reivindica el disenso, cualifica la diversidad y le da vida al pluralismo.
La tradicional premisa de que el termómetro del ámbito democrático de un Estado o nación se lee a la luz de la libertad de prensa fue útil para sentar los derroteros de construcción ciudadana de los países del tercer mundo. Pero esa categoría amerita una nueva configuración para analizar los recientes diagnósticos de Reporteros sin Fronteras en los que países como
Italia, Irlanda, Dinamarca, Francia y España han aumentado sus llamados que hoy llegan “alerta roja».
Es claro que después del 11 de septiembre de 2001 las percepciones sobre derechos y deberes sufrieron una metamorfosis que hoy parece irreversible. La tendencia generalizada de las poblaciones amenazadas por el terrorismo a sacrificar a parte de sus derechos y libertades a cambio de esquema de seguridad y protección hizo posible que en medio de la incertidumbre
florecieran legislaciones o disposiciones que consiguieron constreñir la libertad de prensa.
Esos escenarios de violencia y temor han tocado de manera trágica al periodismo universal, con todas las consecuencias que ello puede tener. En 2009 hubo, según el barómetro de Reporteros sin Fronteras , 76 periodistas asesinados en todo el mundo (En 2008 sumaron 60), 33 secuestrados, 573 detenidos, 1456 agredidos, 1 blogger muerto en la cárcel y 151 ciberdisidentes en prisión. Ese año marcó un sino trágico, 30 profesionales fueron masacrados en una sola jornada en el sur de Filipinas. Buena parte de esas cifras macabras estuvo relacionada con elecciones coyunturales en Pakistán, 18 de febrero; Rusia, 2 de marzo; Irán, 14 de marzo, y Zimbabue, 29 de marzo. Otro factor determinante fue el cubrimiento de conflictos en Sri Lanka, los Territorios Palestinos y Somalia, Níger, Chad e Irak. Guerra y elecciones también prohijaron el éxodo masivo de reporteros, cerca de 157, especialmente en países de corte represivo como Irán o Sri Lanka.
Los países latinoamericanos no están distantes de ese deterioro progresivo en el resto del planeta, como lo documenta RSF en la clasificación de 2009, del observatorio de la libertad de prensa. Ese diagnóstico confirma la percepción de que los países del área presentan situaciones disímiles y dispares de criterios constitucionales y legislativos que impiden una cobertura homogénea del trabajo periodístico. En su informe anual, entre 175 países, Cuba aparece en el puesto 170; México en el 138, Colombia mantuvo el puesto 126, y Venezuela descendió al 124 habida cuenta de los enfrentamientos del presidente Chávez con los directores de los medios que lo acusan de buscar el control de cuanto se diga. Uruguay aparece como el de mejor medición en el puesto 29
Según la Sociedad Interamericana de Prensa , en las Américas hubo 26 periodistas asesinados en 2009, principalmente en México, (con 14 víctimas fatales y 8 desaparecidos), Honduras, Colombia, Guatemala y El Salvador
Para corroborar la fuerte imbricación entre libertad de expresión y construcción de proyectos democráticos, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Bolivia que hoy son testigos de las fuertes confrontaciones entre el poder y los medios, son al mismo tiempo los países con menor índice de desarrollo democrático del área según el informe anual del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat 2009, elaborado por Polilat.com y la Fundación Konrad Adenauer
En Colombia, si bien han disminuido las muertes en los últimos cinco años se han incrementado otras clases de violaciones que atentan contra el ejercicio periodístico. Los periodistas y medios siguen trabajando entre mútiples fuegos: la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales, los paramilitares de segunda y tercera generación, la delincuencia común y algunos agentes del Estado.
En 2008, por ejemplo, según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se presentaron 129 violaciones a la libertad de prensa que dejaron 180 víctimas. Si bien en esos doce meses no se contabilizaron asesinatos, la muerte como forma taxativa de coerción reapareció en 2009 que dejó además 157 violaciones a la libertad de prensa con 258 víctimas.
El consolidado es dramático, 125 periodistas han sido asesinados por razones de oficio entre 1993 y diciembre del 2007. En 57 de los casos se comprobó que los asesinatos están relacionados con el oficio. Entre 1993 y el 2007 ha habido 16 condenas, el mismo número de procesos archivados y 25 en recolección de pruebas. Entre las condenas que se cuentan sólo hay dos de autores intelectuales en crímenes de periodistas (ambos contra Carlos Castaño, ya muerto). En el resto, 14, han caído autores materiales. No obstante la impunidad en torno a estos delitos sigue rampante.
LOS NUEVOS ENEMIGOS
Es larga la lista de nuevos enemigos, o de los mismos depredadores con nuevo ropaje, que tiene la prensa por estos días y que comienzan o terminan por ser cortapisas a la libertad de información, factores de criminalización de algunos métodos periodísticos o de alineamiento ideológico de los comunicadores en torno a objetivos políticos disfrazados de asuntos de interés nacional.
En primera instancia es necesario mencionar, como forma antitética por definición de las libertades de expresión y de prensa, la transnacionalización, fusión e integración de múltiples empresas periodísticas que de suyo, tienen visiones, formas de abordaje y dinámicas diferentes, en unos poco conglomerados regidos por el capital, por el interés económico e incluso por los valores monopolísticos que los determinan.
Si bien los mercados, incluidos los atinentes a las comunicaciones, están guiados por la libre empresa, el aglutinamiento de medios en unas pocas manos, deviene forzosamente, desde la perspectiva periodística, visiones unilaterales, puntos de vista regularizados y uniformes.
La libertad de expresión queda circunscrita a las escasas posibilidades de acceso a la información, la cual permitiría formar criterios, opiniones y toma de posiciones. El resultado como hipótesis es que la libertad individual consagrada y defendida por las sociedades democráticas está restringida en directa proporción con la libertad empresarial en lo tocante a los medios. A mayor libertad empresarial más cerca del monopolio y más distantes de los controles sociales. Esto resulta paradójico en la medida en que nunca antes como ahora había tal cantidad de profesionales formados en la especificidad de los medios y el periodismo tanto en los niveles de pregrado como de posgrado en esta parte del continente. Ese es el acicate para un nuevo interrogante ¿Debe pues el Estado intervenir para limitar el incremento del monopolio en beneficio de las posibilidades individuales tanto del acceso como en la producción de contenidos informativos? O ¿Debe el Estado mantenerse al margen de los medios audiovisuales tal como lo ha tenido que hacer con los medios escritos desde el siglo XVII?
Ese es uno de los ingredientes del caldo de cultivo en el cual se teje la maraña discusiones y debate sobre la relaciones entre medios, periodismo y poder. Buena parte de esas discusiones se profundizan en la medida en que abordemos la relación entre Estado, mercado y ciudadanía o sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y de los medios.
En este ámbito, como lo señala Ignacio Ramonet , la información finalmente fue devorada por el mercado y es apenas un ingrediente en el pastel de la comunicación. Ahora se mezclan las noticias con la publicidad, telenovelas, cine, espectáculos deportivos, marketing, música, juegos en red y toda la gama de alternativas de la información y el entretenimiento pero servidas en un único plató”.
Valga este ejemplo, de cerca de sesenta empresas que había hace 25 años, al despuntar el nuevo siglo seis se apoderaron del mercado de medios estadounidenses.
Esa excesiva concentración produce como lo señala Gutman, “un achatamiento informativo, la democracia pierde calidad, los ciudadanos se desentienden de la agenda política, los medios no se interesan por reflejar la pluralidad de los puntos de vista y hay un discurso hegemónico que favorece a los conglomerados y las políticas que los sostienen”
Las herramientas de control están a la mano. La legislación existe desde el año 2000, cuando la Comisión Interamericana aprobó una declaración de principios, con apoyo de organizaciones de prensa del continente, que expresa la obligación del Estado de implementar leyes antimonopolio y de garantizar el ingreso al debate público, esto es, la construcción de ciudadanía, de sectores que están excluidos de la deliberación democrática.
Este capitalismo salvaje en el sector de comunicaciones ha propiciado, entre otras cosas que poco a poco se ha ido consolidando lo que se dado en llamar el periodismo licitante, esto es, una actividad periodística, canales o emisoras al servicio de quienes proveen las licitaciones, concesiones y prórrogas de contratos muy especialmente en el ámbito audiovisual, toda vez que el espectro radioeléctrico, por donde corren las señales, pertenece al Estado.
El canibalismo de lo oficial también es evidente. Países como Ecuador y Venezuela donde la oferta de medios se inclinaba hace una década hacia el sector privado, hoy muestran un escenario opuesto con una altísima cuota de canales y medios oficiales frente a los privados que son cada vez menos, por efectos de cierres taxativos como el caso de Radio Caracas Televisión en Venezuela, o persecuciones como a Globovisión, en el mismo país.
La ausencia de transparencia en la normatividad que como en el caso de Colombia, representa inestabilidad y desconfianza, más aún si las reglas de juego cambian de forma continua, en partes o en el todo, al vaivén de intereses coyunturales asociados a elecciones, referendos o plebiscitos que se suceden en la región cada vez con mayor frecuencia. Es aquí cuando la injerencia de las grandes empresas que acumulan medios pueden ejercen mayor presión sobre las decisiones, plazos o marcos regulatorios que sirven para tomar decisiones de interés público, que pasan incluso por la negación al acceso de nuevos actores o empresas.
Otro de los nuevos enemigos de los derechos y libertades tocantes a la expresión y a la prensa tiene que ver con la presión de la pauta publicitaria tanto desde los intereses particulares pero muy especialmente desde la órbita estatal que destina dineros públicos para sustentar, viabilizar o mejorar la percepción de políticas, programas o personas en el ámbito político.
A su lado o a su sombra se configura la neocensura, esa clase de cortapisa que impone el sector privado, sea autocensura, censura de mercado o la represión y amenazas silenciosas a directores, periodistas y editores.
Al ya opaco panorama se suma como una constante la polarización política en, por lo menos, seis países del área en circunstancias matizadas por decisiones de largo aliento y en torno a las cuales los medios han tomado partido en directa proporción a su conveniencia, sin que se tenga en cuenta factores prevalentes como las opiniones mayoritarias representadas en corrientes de opinión o las confrontaciones que se susciten a veces con el poder constituido.
En por lo menos seis países del área esa polarización ha sido marcada por reformas constitucionales que buscan modificar períodos de gobierno, inhabilidades o toma de decisiones a través de referendos, como en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia o elecciones convencionales como en el caso de Argentina o Nicaragua. Es entonces cuando los medios periodísticos se desprenden de su papel fiscalizador para convertirse en otros actores con intereses en las decisiones políticas pero con la ventaja del a acceso a la selección, jerarquización y difusión de temáticas informativas acordes con esos intereses.
A la par con lo anterior se ha afianzado una serie de procedimientos con asiento en el campo jurídico que buscan encausar, acorralar y en el peor de los casos intimidar a la prensa crítica y al periodismo de investigación. Van del señalamiento, al acoso judicial, pasando por la citación a declarar o testificar en casos en los que los periodistas estaban destacados para el cubrimiento informativo.
El primero de esos procedimientos es la estigmatización de medios o reporteros que se separan de la línea oficialista o gobiernista para seguir una agenda propia o cuando menos, pública en la difusión de sus narrativas. Han coincidido por ejemplo, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia en “pedir” investigaciones para los periodistas que han puesto en evidencia irregularidades o falta de transparencia en actos o procesos públicos. Los presidentes Chávez y Correa han anunciado la creación de estamentos para que “los defiendan” del periodismo. El presidente Uribe ha pedido, por ejemplo, que se investigue al columnista de la revista Semana y director del telenoticiero «Noticias Uno», Daniel Coronell.
A ese respecto Reporteros sin Fronteras ha intervenido para decir que hay periodistas que «llevan mucho tiempo en el punto de mira del poder a causa de sus opciones editoriales». Y se pregunta si «¿Será necesario dentro de poco que la prensa consiga permiso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para tener derecho a abordar temas sensibles, como el conflicto armado y la corrupción?»
Esas posiciones oficiales han tenido calado en diversos sectores sociales que han cerrado filas contra actuaciones, publicaciones y formas de pensar de medios y periodistas, suscitando cortapisas a la libertad de información, propiciando la criminalización de algunos métodos periodísticos y el alineamiento ideológico de los comunicadores en torno a objetivos políticos disfrazados de asuntos de interés nacional.
En Colombia, diplomáticos e intelectuales que alguna vez fungieron como periodistas, han planteado de manera reiterada que realizar trabajos periodísticos sobre grupos alzados en armas, no sólo es mérito suficiente para ser un perfecto idiota, sino que es una suerte de bandidaje mirar la ‘realidad’ desde puntos de vista distintos a los boletines oficiales.
Según un estudio de la Universidad de Harvard hace menos de un lustro, “Cuando al periodismo se le pide algo distinto para ser libre, o cuando un gobierno ejerce el control de la información subvierte la cultura democrática, como sucedió con la Alemania Nazi y en la Unión Soviética”.
Quizás mostrar una parte de la realidad no sea toda la verdad, más aún si como sucede en el conflicto armado los hechos que se cubren están en desarrollo, se fundamentan en versiones cambiantes o incompletas cuyo contexto y comprensión se alcanzan con trabajos posteriores. Pero no es el periodista el que establece una paridad o no entre los agentes del conflicto, son los aciertos o yerros de uno y otro bando.
Condicionarle o censurarle, así sea a posteriori, el tema y el enfoque a un periodista que actuó en conciencia es una violación de su autonomía informativa.
Pero esa presión crece en nombre de la democracia o de la institucionalidad. Ya no se trata de un ejercicio respetuoso de la ley y del orden institucional sino de la obligación moral y judicial del periodista a favorecer una de las dos partes del conflicto, la que representa esa ley y ese orden institucional.
Algo similar o parecido proponía La Ley de los Caballos, hace 117 años, cuando hablaba de reprimir los delitos que pudieran afectar el orden público.
Así, los periodistas no se les pide estar a prudente distancia, sino que a los avatares de su labor pretenden añadirle tareas como la de ser defensores de programa políticos o incluso en la deformación del concepto convertirse en informantes. Pasando por encima de los 68 códigos de ética que reclaman la independencia del periodista frente al poder y su entorno, hay todavía quienes piensan que no podemos ser neutrales.
Según la Corporación Medios para la paz, la independencia y la verdad están por encima de todo en el código de los periodistas de Austria; los de la Asociación Sigma Delta Chi afirman que son la primera obligación del periodista. En Corea los periodistas consideran que no deben quedar bajo la dependencia de personas que ejerzan el poder y en el código de Gales se admite que el periodista falla si se hace portavoz de políticos o de intereses creados. 30 códigos como estos hacen mención expresa de la independencia como valor necesario para el periodista y 44 denuncian los factores que pueden llegar a limitar su independencia .
En sectores de la dirigencia de la región subsiste la idea de que el periodismo no obedece a principios fundamentales y universales, sino a intereses de nación, que son, como sabemos, definidos y delimitados por sus gobiernos. ¿La ética del periodista no debe ser igual aquí, en Venezuela o en Portugal?
Hablar con todas las partes involucradas no será jamás una astucia semántica, dejar de hacerlo por presiones o prejuicios, será el triunfo de una argucia política o partidista.
El Tribunal Europeo de Derechos humanos dijo en 1976 que “la libertad de expresión también se aplica con las ideas que ofenden, impactan o inquietan al Estado o a cualquier sector de la población. Esas son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y la apertura, sin las cuales no existiría la sociedad democrática”
Asociar al periodista con la fuente que cubre es una de las muchas formas de estigmatización, entendida como el señalamiento apresurado, irresponsable y peligroso que vienen haciendo especialmente gobiernos y funcionarios públicos. La estigmatización no sólo descalifica de manera apresurada un trabajo o un periodista sino que ataca frontalmente formas de hacer periodismo en cuanto que pretende unificar las prácticas y alinear rutinas y contenidos en torno a propósitos políticos o propagandísticos, y buscan que los reporteros se alineen con una doctrina como si las democracias necesitaran informantes en vez de informadores.
No se trata, en el sentir de gobernantes y sus asesores, de si el periodista tiene derechos y deberes, en medio del ejercicio respetuoso de la ley y el orden constitucional, sino de la presunta obligación moral, judicial (y últimamente hasta religiosa) de favorecer por acción u omisión a una de las partes del conflicto.
Ese reclamo, en tonos distintos, lo han repetido hasta el cansancio los asesores del presidente Uribe, y él mismo, hasta el punto de condenar “extrajudicialmente” y sin acervo probatorio, a los periodistas Hollman Morris, Claudia Julieta Duque y Jorge Enrique Botero, como ya se mencionó que sucedió con Daniel Coronell y Carlos Lozano. Una condena que discrimina unos periodistas y que, de paso, busca sentar doctrina sobre el deber ser del periodismo.
CASOS DE ESTUDIO
Veamos grosso modo casos recientes que nos permite ilustrar el nivel de intemperancia que se vive en la región y muy particularmente en Colombia. En busca de una entrevista con un jefe guerrillero, el director del programa televisivo, Contravía, Holman Morris, tuvo acceso a la liberación unilateral de secuestrados por parte de la guerrilla en las selvas del sur del país. Cuando el gobierno tuvo conocimiento de su presencia en el lugar, lo descalificó y llegó tildarlo de auxiliador de la insurgencia y hasta guerrillero de civil
El único pecado de Morris fue romper filas en el batallón de periodistas que en Bogotá fue acostumbrado a esperar la rueda de prensa, el boletín o las imágenes de la oficina de prensa; prefirió buscar otras fuentes, otros sujetos, otras narrativas y otras estéticas más allá del trillado periodismo de declaraciones, matizado de adjetivos, e irse a cubrir en el terreno la liberación, para brindarle otra visión del suceso al país aparte de las cámaras oficiales. Fue juzgado no sólo sin ser escuchado, sino sin haber conocido sus productos periodísticos y los intereses que los propiciaron. Un derecho elemental de un periodista es que sea evaluado por lo que emite o por lo que publica y no por lo que algunos creen o suponen que difundirá. Ya en la esfera pública es cuando los códigos éticos del oficio y aún la legislación en relación con el periodismo cobran plena potestad.
Llevar a la picota pública a un periodista porque está en el lugar de la noticia sin tener la autorización expresa del gobierno es negar de un plumazo la libertad de acceso, la posibilidad de verificación y, como tal, la labor periodística.
Decirle a un periodista qué y dónde grabar, no es expresión de democracia ni de libertad de prensa, sino delimitación al derecho de información.
Dice Morris que sabía de la presión de las Farc sobre quienes iban a ser liberados, que les cree a los policías y el soldado cuando dicen que intentaron manipular sus testimonios, pero que él mismo no fue libreteado aunque no descarta que el permiso para estar allí pueda ser en sí mismo una forma de manipulación, de la misma manera en que todos los actores del conflicto lo han intentado manipular.
Eso, por supuesto no es novedad desde que existe la propaganda de todos los colores. El dilema no está en los intentos de manipulación, sino en la forma como el periodista los esquiva a la hora de emitir o publicar, con el debido contexto, equilibrio e implicaciones que puede tener ese suceso.
Pretender que la única fuente de información posible en medio del conflicto armado es el gobierno o la Fuerza Pública es tratar de construir una verdad a medias que por lo mismo es tanto o más grave que una mentira.
Insistir en que los grupos al margen de la ley deben desaparecer de las agendas reporteriles es tratar de ignorar otras voces, otros sujetos, otros componentes de, gústenos o no, otra Colombia, en busca de adhesiones por la vía del unanimismo y el unifuentismo.
Estar antes que los demás colegas o con desconocimiento del gobierno no habla ni sugiere complicidad, a lo sumo habla de habilidad del reportero y de conocimiento de sus fuentes, connatural al trabajo diario.
Estigmatizar a quienes lo hacen es poner en riesgo su vida y la de los suyos, como lo sabe Morris, que tiene medidas de protección desde el año 2000 y que ha tenido que viajar fuera del país en busca de protección.
Pero además contradice la Carta Magna y las sentencias de la Corte Constitucional, que garantizan tanto el libre ejercicio profesional como las maneras de hacerlo.
Como siempre quedan más preguntas que respuestas:
¿Si la Operación Jaque, y el ataque al campamento del fe guerrillero Raúl Reyes, debían tener, como los tuvieron registros audiovisuales, porqué la liberación de secuestrados no debía o no podía tenerlos?
¿Si hay magnificación de los hechos y éxitos (merecida, además) de las operaciones militares y de los actos de guerra, porque no se deben dimensionar las acciones de paz?
¿Si hay libre acceso a los cadáveres de Reyes y de Ríos con todas las implicaciones macabras que esas imágenes construyen nuestro imaginario de violencia, porqué hay barreras y cortapisas al cubrimiento de la liberación de unos secuestrados que vuelven a la vida y generan esperanza?.
El gobierno y la sociedad colombiana deben aprender que no es un acto de bandidaje entrevistar guerrilleros o paramilitares y que es deber del periodista, con el debido contexto, visibilizar otras voces, otras miradas y otros hechos que forman parte de nuestra cruda realidad.
Acaso ¿No se contradice el gobierno cuando insiste en que vela por el bienestar de la prensa en general pero pasa por encima de la Constitución y los derechos, denigrando y estigmatizando reporteros?.
Dice el más elemental principio del periodismo que es nuestro deber brindarle a sus audiencias toda la información que necesitan para que sean libres y poder gobernarse a sí mismos; y eso no será posible si no hay periodistas que ejerzan control sobre el poder, si no hay preguntas y si los periodistas no exigen respuestas.
Otro caso dolorosamente ejemplarizante es el de Claudia Juliana Duque, investigadora pertinaz en temas de derechos humanos y muy especialmente por su denuncia de que el asesinato del humorista Jaime Garzón fue un crimen de Estado, lo que le ha significado persecuciones y amenazas desde 2001 por parte del Departamento Administrativo de seguridad, DAS, policía secreta al servicio del Estado. Su arrojo y valor le significaron dos premios internacionales en 2010, otorgados por la oficina sueca de Reporteros sin Fronteras y por la International Women’s Media Foundation.
Son también materia de debate la cancelación, sin previo aviso, de las colaboraciones de columnistas críticos con las actuaciones gubernamentales y que han sido denunciados por ellos mismos como una forma de acallar el disenso. Tales son los casos de Gustavo Alvarez Gardeázabal, Pascual Gaviria y Javier Darío Restrepo que fueron despedidos por el diario antioqueño El Colombiano, Claudia López por el periódico bogotano El Tiempo, Ramón Jimeno en la Radio Santafé, Rodrigo Pardo, María Elvira Samper y sus colaboradores en la Revista Cambio que adelantó investigaciones sobre interceptaciones ilegales del DAS en opositores, paramilitarismo, infiltración de la mafia en entidades oficiales y denunció masacres ilegales de jóvenes inocentes que fueron luego presentados como falsos positivos en la lucha contra la subversión para que oficiales, suboficiales y soldados de bajo rango pudieran obtener prebendas en vacancias o recompensas de tipo económico.
HAY MÁS
Ya sea como forma de propaganda o como estrategia de generación de opinión pública el abuso de comunicados, frecuencia de declaraciones oficiales y de ruedas de prensa ha terminado por coartar el campo de acción del periodismo cercenado de la posibilidad de construir su propia agenda y de proponer sus propios temas. Como dice el exdirector de la Fundación para la libertad de prensa en Colombia, Carlos Cortés “Las oficinas de prensa de las entidades públicas no existen para defender a los titulares de turno o difundir acusaciones abstractas. Tampoco son – en democracias la menos – portavoces de la familia presidencial” .
Más grave aún, esos canales institucionales son con frecuencia utilizados para defender intereses personales o para atacar u ofender personas, periodistas o medios, llevando los debates al terreno de la emoción, como ya se mencionó en el caso de Morris o de Daniel Coronell.
Olvidando la reserva de la fuente, consagrada por códigos naciones e internacionales, va en camino de convertirse en leit motif, la presión para que los periodistas declaren aún en contra del sigilo profesional, en procesos en los cuales hay carencia de testimonios, los órganos judiciales no tienen acceso o donde, como en el caso de conflictos armados, las pruebas presentadas por los periodistas pueden afectar la imagen gubernamental. Tales fueron los casos de William Parra, de la cadena Telesur, con sede en Caracas y de Carlos Lozano, director del semanario Voz, del Partido Comunista, citados por la Fiscalía colombiana en desarrollo de la investigación por eventuales nexos de periodistas y políticos con grupos insurgentes..
«Recordamos a las autoridades que la reserva de fuente es una base esencial del trabajo periodístico amparada por la Constitución nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias proferidas por la Corte constitucional. Esta serie de maniobras se parece mucho a una estrategia de intimidación», expresó Reporteros sin Fronteras .
Como señala la Flip: “pretender que los periodistas denuncien cualquier posible comisión de un delito por cuenta de su labor periodística es restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión. El secreto profesional incluye la potestad del periodista de no divulgar la identidad de sus fuentes o algún tipo de información que la fuente haya entregado con la solicitud de que no se divulgue. Si bien cada caso debe ser analizado de manera individual, conocer y no difundir versiones sobre posibles actos ilegales, fruto de una investigación periodística, no implica un delito” .
El acoso judicial
Como consecuencia de la polarización política y de la estigmatización, a partir de 2007 se han incrementado en la región y en el país las demandas y denuncias a periodistas por calumnia o injuria o en busca de rectificaciones o retractaciones acerca de sucesos que si bien no fueron demostrados como ciertos en los medios por escasez de pruebas documentales, tampoco alcanzaron el nivel de suficiencia en claridad y transparencia para que las decisiones de los periodistas y medios estuviesen ajustadas a las lógicas del oficio y no fueran el resultado del acoso de jueces y abogados con acciones judiciales y administrativas representadas en demandas multimillonarias y amenazas de ir a la cárcel.
El fenómeno se agrava pues crece en medio de las fricciones y confrontaciones entre las ramas del poder público. La SIP , en su asamblea general, reseñó que entre los periodistas denunciados penalmente por calumnia e injuria hay una decena de ellos pertenecientes a la casa editorial El Tiempo, al Heraldo, El Colombiano y El País, mientras que varios periódicos afrontan tutelas y demandas por informaciones que se publican con base en boletines de la Fuerza Pública, según el documento.
En esa oportunidad, la SIP refirió un nuevo intento del Congreso colombiano por aprobar un proyecto de ley que busca regular el derecho a la información, lo que degeneraría en límites de incalculables implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo. Ese proyecto, que se ha paseado por los pasillos de las comisiones desde 2002, pretende crear un consejo de información conformado por autoridades y asociaciones de medios y periodistas con el riesgo de que pudiera erigirse en una especie de tribunal de censura, como lo señaló la SIP.
Del mismo modo se ha planteado un proyecto para sustituir por una multa la pena de prisión prevista ahora para el delito de injuria y calumnia, y que elimina la calumnia indirecta.
Entre los caso más sonados y representativos está el del periodista y sociólogo Alfredo Molano, quien fue denunciado penalmente por injuria y calumnia por una columna suya publicada en el periódico El Espectador. El proceso fue iniciado por miembros de las familias Araujo Ariza y Molina Araujo, pero las autoridades fallaron a favor del comunicador luego de un largo, costoso y desgastante proceso judicial.
Algo similar le sucedió a Pascual Gaviria, del mismo medio, al ser denunciado penalmente por Luis Pérez, quien aspiraba a la Alcaldía de Medellín, bajo la figura del delito de injuria.
Ese acorralamiento afecta específicamente la libertad de opinión, consagrada y ratificada de manera reiterada como uno de los grandes bastiones de la libertad de expresión, en tanto que la concibe sin restricciones y sin el temor de ser afectada por sanciones penales.
Cabe recordar que la rectificación es un derecho ciudadano pero sólo se da cuando un medio cae en un error en la presentación de los hechos y ocasiona un daño que toca derechos fundamentales del afectado, como la honra y el buen nombre. Esa rectificación procede si la solicita el afectado y tiene como fin exclusivo corregir ese error.
Como lo expresa Catalina Botero, relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “cualquier requerimiento adicional a los que señale, en una rectificación, sería desproporcionado y supone una violación del derecho a la libertad de expresión. En particular si se ordena incluir información adicional que no está directa y específicamente relacionada con el error fáctico cometido. Obligar a un medio a publicar todo una reflexión elaborada por el juez, que implique por ejemplo una forma distinta de valorar los hechos, es una violación de la libertad de expresión” .
Varios periodistas han sido citados por la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a declarar en procesos relacionados con la ‘para-política’ y un eventual cohecho, por el que recientemente fueron condenados dos congresistas, en el trámite del acto legislativo que permitió la reelección presidencial en Colombia. Tuvieron que comparecer en calidad de testigos Rodrigo Silva, de Caracol Radio y Edgar Velosa y Sandra Pureza, del Canal Caracol.
Así mismo la fiscalía llamó a declarar a periodistas por señalamientos de tener nexos con las FARC, con base en declaraciones de testigos bajo protección o de documentación recogida en computadores como el que, según las autoridades, era del jefe guerrillero, Raúl Reyes.
Como colofón de estas presiones, toma cuerpo y se extiende, en medio de la lógica de arrinconamiento a la prensa, la autocensura, que se diferencia de la censura tradicional (aquella que se traduce en no incluir de manera obligada, expresa o subrepticia, un hecho noticiable o variar su enfoque o cambiar una parte o todo el contenido) por su carácter intencional supeditado a temores, precauciones o riesgos que el periodista o medio asumen en su conciencia y que afectan, parcial o totalmente, su producción informativa en cualquiera de sus niveles de construcción.
Por su condición inconfesable la penetración de la autocensura es inconmensurable, más aún si se entiende que aplica en situaciones de alto riesgo desde ámbitos fragmentarios a veces demasiado sutiles, con connotaciones intimistas, para ser percibidos a primera vista por las audiencias. Como lo señaló el presidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Jim Boumelha, por esta causa el periodista es «menos independiente» y recurre a la «autocensura para poder sobrevivir» .
Otras formas veladas
Otros recortes a la libertad de prensa no son tan evidentes. Prácticas como demorar o no entregar la información solicitada por los periodistas con base en preceptos constitucionales, arguyendo desde dificultades logísticas hasta problemas de seguridad nacional constituyen un tipo de censura velada. Allí ha tenido que intervenir la Corte Suprema mediante fallos como aquel mediante el cual ordenó al ejército la entrega de información solicitada por un periodista, y decidió que cualquier entidad que niegue información bajo el amparo de la seguridad nacional debe explicar las razones.
Se han generalizado las mal denominadas ruedas de prensa donde no hay posibilidad de preguntar y/o contrapreguntar. Medios y periodistas son citados a recibir un comunicado una declaración sin sustentos o documentos, lo que permite a la larga dejar esas intervenciones en el terreno de las versiones y las declaraciones, susceptibles de cambiarse, modificarse o ajustarse con el correr de los días sin complicaciones legales, en desmedro de la construcción de veracidad.
El transporte de medios y periodistas en vehículos o aeronaves oficiales, la entrega de imágenes o material audiovisual editado y el veto, consistente en no entregarle información o no dar entrevistas a ciertos reporteros, retoman prácticas servilistas, chantajistas o utilitarias en busca de periodistas domesticados.
Son matices de la censura modernizada, entendida como la manipulación sutil, constante y sofisticada de la realidad en nuestros grandes medios de información masivos, tal y como afirmó Proyecto Censurado.
Las amenazas se digitalizan
El leve repunte que tuvieron las cifras acerca de violaciones a la libertad de prensa pronto ha comenzado a tener explicación, ya no sólo por el incremento de la autocensura, el autodesplazamiento que a veces termina en exilio o por el cierre de publicaciones, secciones o emisiones de determinados medios en zonas de alto riesgo. A medida que cambia la proporción en la balanza entre medios análogos y digitales, los predadores de la libertad de expresión también están franqueando la frontera que los lleva al ciberespacio. 2008, por ejemplo ha marcado el lamentable hito del primer periodista ciudadano asesinado, el empresario chino Wei Wenhua, a manos de unos oficiales municipales después de que grabara un altercado con manifestantes en la ciudad de Tianmen.
Pero es sólo el comienzo, según cifras de RSF en 37 países ha habido censura en la red: China encabeza con 93 sitios censurados, Siria con162, e Irán con38 . En Tailandia y Turquía han sido bloqueadas, en una suerte de censura colectiva o masiva, las redes sociales y los sitios que comparten vídeos, como YouTube o Dailymotion. Se han verificado bloqueos o filtrados en sitios como Twitter, en Siria, o Facebook en Siria, Túnez Turquía y Emiratos Arabes Unidos.
En China han sido detenidos diez ciberdisidentes, 31 fueron agredidos o amenazados y condenados tres. En Irán, ya hubo dieciocho detenciones, 31 agresiones y diez condenas. En Siria, 8 detenciones, 3 condenas; en Egipto, 6 detenciones; en Marruecos, 2 detenciones, 2 condenas. La libertad de expresión fue afectada en Birmania, donde fueron condenados un blogger a 59 años de prisión y un ciberdisidente , a 20 años .
Es tal el fenómeno que compañías como Google, Yahoo y Microsoft han tenido que aunarse a una iniciativa para garantizar la libertad de expresión y privacidad en contra de intromisiones gubernamentales, mediante la denominada Global Network Initiative. Yahoo fue blanco de críticas en 2004 por haber colaborado con el gobierno chino en la identificación de un periodista que había denunciado la censura de prensa en el país y que ya lleva diez años de prisión.
En la iniciativa, que suma dos años, participan también Human Rights Watch y las firmas europeas de telecomunicaciones France Télécom y Vodafone.
Según un informe del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 56 informadores en Internet están encarcelados en todo el mundo, una cifra que supera por primera vez al número de reporteros de prensa escrita. Las acusaciones más frecuentes son por supuesta subversión, divulgar secretos de Estado y actuar contra intereses nacionales. Según su director, Joel Simon. “ el poder y la influencia de esta nueva generación de periodistas de Internet ha captado la atención de los gobiernos represivos alrededor del mundo y aceleró su contraataque” .
En 2009 las cifras se duplicaron con respecto al año anterior: unos sesenta países ejercieron algún tipo de censura de la Web. Como dice RSF: “La World Wide Web se está quedando cada vez más pequeña frente a la creación de intranets nacionales, con un contenido “validado” por las autoridades: UzNet, Chinternet, TurkmenNet, etc. Poco les importa a los dirigentes si cada vez más disidentes son víctimas de una segregación numérica. La Web 2.0 se enfrenta al Control 2.0″ .
Jordania, Kazajstán, Afganistán e Iraq son algunos de los países que han comenzado a implementar herramientas legislativas de carácter represivo a la red y a los denominados netciudadanos. Australia, Francia, Italia y Gran Bretaña están haciendo lo propio aunque con la mira puesta en pornografía infantil y derechos de autor.
Para 2010 la clasificación de enemigos de la Internet, en tanto que existe la disposición de impedir el acceso mismo a la red, propuesta por Reporteros sin Fronteras está conformada por Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Vietnam. Entre los “países bajo vigilancia” están Australia, que adelanta proyecto de filtrado en la red y Corea del Sur por su estricta legislación que apunta al control. Se suman a ellos Rusia y Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia y Tailandia.
Más recientemente Venezuela ha entrado en la criticada onda de intentar controlar el acceso y el servicio con el argumento de seguridad de Estado.
Qué hacer?
Las iniciativas para preservar los elementos del periodismo y las libertades de expresión y de prensa también son numerosas. Pasan por la creación de sitios web como http://www.dipity.com/ que permiten hacer públicas a escala mundial las amenazas contra estos derechos y libertades a escala mundial. La página, “Periodismo Internacional: libertad de medios en el mundo”, incluye un mapa mundial, cronología de noticias y eventos relacionados.
También hay iniciativas que tocan ámbitos de capacitación y formación, consolidación de gremios y estructurales profesionales, grupos de debate así como actividades de apoyo a ONGs, y entidades supranacionales que velan por los retos del ejercicio del periodismo que como bien lo señala Catalina Botero, Relatora de la OEA para la Libertad de Expresión, debe incluir temas como la protección de periodistas y lucha contra la impunidad, mediante una ley especial de salvaguarda a los periodistas; frente ante la criminalización de la libertad de expresión mediante denuncias por injuria, calumnia y desacato; reacción a la censura directa e indirecta, unificación de la legislación sobre acceso a la información y pluralismo y diversidad en los medios .
Como creyentes y practicantes de la filosofía de los derechos, los periodistas deben propiciar el debate y elevar sus demandas en el lenguaje y la órbita de esos derechos fundamentados en las cartas, principios y elementos consagrados en las normatividades dentro y fuera de sus países.
Deben entender y hacer ver que las tensiones con los poderes que vigilan son concomitantes a su misión pero que no deben trascender a las esferas de las seguridades profesionales, personales o vitales.
Esas tensiones deben mantenerse en los terrenos de la crítica, del diálogo y el disenso pero claramente diferenciadas de las estigmatizaciones, de los señalamientos infundados, de las segregaciones mediante facilidades u obstáculos para el acceso a la información, o premios y castigos representados con pauta publicitaria.
La intolerancia y la polarización han devenido narrativas, formatos y estéticas periodísticas, por miedo o prevención desprovistas de crítica que facilitan la construcción de informaciones inanes, manipuladas o desvertebradas que le niegan a las audiencias la información que requieren para gobernarse a sí mismas, así como la adecuada construcción de sentido que le permita interpretar el mundo que las rodea
También se debe distinguir entre el derecho legítimo de gobernantes y funcionarios a defenderse jurídicamente sin hacer uso de prebendas, influencias, excesos o mecanismos ilegales para atemorizar a los periodistas o medios que vigilan sus actuaciones, y la concepción de que la prensa es un obstáculo para el poder.
Periodistas y medios deben saber que no sólo el asesinato, la amenaza o la agresión constriñen, en materia grave, las libertades de expresión y de prensa; cualquier otra modalidad por sutil o intangible que sea y que limite sus actuaciones, las determine en contra de su voluntad o las inhiba constituyen un delito contra la calidad periodística, el libre acceso a la información, sino también contra esos derechos que representan la democracia misma. Como alguna vez lo dijo Borges, en momentos especiales, la suerte de un sólo hombre representa la de todos los seres humanos. Lo que está en juego en el presente y el futuro de la prensa, es la suerte de nuestras democracias.
