El polémico Estatuto del Periodista ideado por Izquierda Unida llegó ayer a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde será debatido durante los próximos meses. El documento ha sido rechazado desde distintos frentes sociales por considerarlo intervencionista y lesivo para los derechos de la empresa periodística. El texto propone, entre otras medidas, que la acreditación de periodista se someta a un carnet expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos. Además, se impone un código ético con un sistema de sanciones tan inéditas como multas del 1% de los beneficios netos de la empresa informativa que podría elevarse hasta el 10%. Información publicada por el diario ABC (España)

Asimismo, se establecen criterios asamblearios en los Comités de Redacción y se introducen sectores alejados de la profesión periodística en el mencionado Consejo de la Información.
Gabriel Elorriaga, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, aseguró ayer a ABC que «lo ideal hubiera sido que el proyecto de estatuto ni se hubiera admitido a trámite, puesto que no existe ninguna necesidad de regular todos los aspectos de la profesión periodística». Elorriaga abogó por la elaboración de una regulación específica para aspectos como el secreto profesional o la cláusula de conciencia e insistió en que el derecho a informar es un derecho constitucional de cualquiera.
Por su parte, el catedrático en Ciencias de la Comunicación y ex secretario general de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España), José María Torre Cervigón, pidió ayer en su ponencia la elaboración de un código ético «que sea exigible a los profesionales» ante un organismo independiente, y «un derecho a la cláusula de conciencia» que ya recoge la Constitución.