Publica Periodista Digital
El periodista cubano exiliado en España Raúl Rivero se ha convertido en protagonista de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Indianápolis desde este viernes. Más de 400 editores americanos debatirán sobre la falta de libertad de prensa, principlamente en cuatro puntos calientes: Cuba, con 26 periodistas en la cárcel; EEUU tras el caso de Judith Miller y el secreto profesional; México y la violencia del narcotráfico en la frontera y Venezuela con su Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
Las violaciones a la libertad de prensa registradas durante el último semestre han estado localizadas en lugares y hechos muy específicos, que centran el debate de estos días de la SIP, comenzando por Cuba, «cuyo informe destacará la prisión a la que están sometidos 26 periodistas independientes, muchos de los cuales se encuentran en débil estado de salud y algunos al borde de la muerte», indicó la organización desde Miami.
Tal y como informa EFE, también será analizado el caso de varios periodistas estadounidenses que vieron afectado su derecho a la reserva de fuentes. Recientemente fue liberada la periodista del diario The New York Times Judith Miller, encarcelada por desacato judicial al no querer revelar sus fuentes informativas.
Alerta en México
Otro punto de la agenda sobre libertad de prensa será la situación que viven los periodistas mexicanos en la frontera con Estados Unidos debido a la violencia que despliega el narcotráfico. Tres periodistas mexicanos fueron asesinados en los últimos meses y otro está desaparecido.
Un panel especial abordará el tema y el contenido de la Declaración de Hermosillo, un documento auspiciado por la SIP que pide al gobierno mexicano la ‘federalización’ de los delitos contra periodistas, la no prescripción de los mismos y el agravamiento de las penas.
Y Venezuela sigue acaparando la atención de la SIP, especialmente tras «los devastadores alcances de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y otras medidas legales, administrativas y judiciales con las que el gobierno está acechando a medios de comunicación y periodistas», señaló la organización.
