La resolución del Parlamento Europeo de 2004
y las amenazas actuales a la libertad de expresión en España

Concepción Travesedo de Castilla *

Extracto: El pasado mes de abril de 2004, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las amenazas a la libertad de expresión e información a nivel comunitario. Como es tradición, la concentración empresarial y las injerencias políticas aparecen como las bestias negras del derecho a la información, y se insta a las instituciones europeas a una intervención directa para frenar ambos fenómenos. Pero otros vicios dañan, incluso en mayor medida, nuestro sistema de medios sin avivar tales denuncias. La supuesta pasividad de la Comisión Europea se justifica en la adhesión al principio de subsidiariedad que garantiza el respeto a las realidades locales. Y en la nuestra, la abdicación de la responsabilidad social de los medios poco tiene que ver con agentes externos políticos o empresariales, y mucho con una auto adulteración de la profesión cuya solución no depende de Bruselas. Abstract: On April of 2004, the European Parliament passed a resolution on the threats to the freedom of speech and information at the communitarian sphere. As customarily, the concentration in the media industry and the political interferences emerged as the worst menaces to the right to information, and the European institutions were urged to intervene resolutely to restrain both phenomena. But other deficiencies spoil our media system, even in greater measure, without inciting such denunciations. The alleged passivity of the European Commission is justified in the devotion to the principle of subsidiarity that guarantees deference to local particularities. And in our local reality, the resignation of the media social accountability has little to do with external political or economic agents, and more with a self adulteration of the profession which resolution does not depend on Brussels.

Entre las demandas de intervencionismo y la inclinación de la Comisión Europea hacia el autocontrol

El pasado mes de abril de 2004, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre los peligros que corre en la Unión Europea la libertad de expresión y de información. En ella, tras ofrecer una descripción panorámica de las principales barreras que frenan el libre flujo de información y opinión a nivel comunitario, se pedía a la Comisión y a los estados miembros una batería de iniciativas para dignificar un escenario que se presentaba opaco.

Desde la liberalización del sector, cuando en la década de los ochenta se inició una feroz competencia por el reparto del mercado audiovisual, han sido numerosos los documentos surgidos del Parlamento instando a la Comisión a la adopción de iniciativas específicas destinadas a prevenir la excesiva concentración de medios, fenómeno considerado como gran bestia negra de la pluralidad informativa. En respuesta, la Comisión Europea inició en 1992 un proceso de consultas que culminó con la presentación de un Libro Verde sobre pluralismo y concentración de medios en el mercado interior.1

La Comisión estimó como alternativas realistas las tres siguientes: la inhibición de las instituciones europeas, una mayor transparencia sobre la propiedad de los medios, o la armonización, impuesta por directiva o reglamento, de las legislaciones nacionales destinadas a controlar la concentración. Gradualmente, el principal órgano ejecutivo de la UE se ha situado en una posición híbrida aunque, en términos generales, más inclinada hacia la primera alternativa mencionada. Así, ha defendido que la preservación de unos medios de comunicación plurales debe contemplarse como una prerrogativa fundamental de cada estado miembro.2

Desde una visión opuesta, el anterior comisario de Mercado Interior Mario Monti presentó un borrador de directiva basado en las conclusiones del Libro Verde de 1992, pero su iniciativa fue persistentemente rechazada por el Colegio de Comisarios, la última vez en 1997. También el Parlamento Europeo ha solicitado en varias ocasiones, siendo la resolución de abril de 2004 la última ocasión, una directiva que encaje en la tercera de las alternativas barajadas.

Recientemente, los obstáculos al funcionamiento del mercado interior creados por la disparidad de las normas nacionales sobre la propiedad han adquirido una nueva dimensión por la internacionalización de la industria y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. La perspectiva de unas legislaciones nacionales descoordinadas podría agravar los obstáculos a la internacionalización de los medios y al desarrollo de los nuevos servicios en la Sociedad de la Información.

Por lo que se refiere a la prensa, aunque no se puede decir que se haya producido aún una fase de liberalización, razón por la cual las políticas europeas sobre medios de comunicación se han centrado en el sector audiovisual, está recibiendo una atención creciente al verse progresivamente implicada en actividades transfronterizas y al éxito que están teniendo sus sitios de Internet.

Con todo, la Comisión siempre ha considerado que existen instrumentos para prevenir la concentración sin arruinar un difícil equilibrio que garantice el cometido específico de los medios en el funcionamiento de la democracia, evitando al tiempo interferencias en un mercado interior sin fronteras, y coadyuvando a que la industria europea sea competitiva a nivel internacional.

Así, existen recursos como la Directiva comunitaria de 1992 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, que contiene algunos elementos para promover la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo en los medios.3 O la normativa europea sobre concentraciones, plasmada en el último reglamento comunitario de concentraciones de enero de 2004, que provee a los estados miembros la capacidad de bloquear concentraciones para proteger el pluralismo.4

Pero estas herramientas son consideradas insuficientes por una parte importante de los parlamentarios, académicos o profesionales de los medios europeos que, desde el colapso del Grupo Kirch, ante el polémico caso Berlusconi, y tras las alertas suscitadas por las últimas fusiones en el sector francés, despiertan nuevos debates y exhortan a la Comisión para que adopte medidas preventivas sólidas.

Tras el nombramiento el pasado mes de noviembre de 2004 de Vivianne Reding como comisaria de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, se ha presenciado un resurgir de este tipo de reclamaciones. El grupo parlamentario socialista, en una nota de prensa emitida tras la nominación de la nueva comisaria, expresó su desilusión ante lo que consideró una posición continuista. “Decir que la pluralidad de los medios es responsabilidad de los estados miembros

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