El gobierno de Estados Unidos abrió investigaciones sobre las recientes filtraciones a los medios de comunicación de información confidencial de los servicios de espionaje y adoptó una serie de medidas para evitar que empleados gubernamentales filtren información clasificada a periodistas. Según informó The Washington Post, el FBI entrevistó a docenas de empleados de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y otras entidades y les prohibió discutir los planes de la NSA con la prensa. De acuerdo con el diario, el Departamento de Defensa incluso advirtió a los periodistas que pueden ser procesados por espionaje, bajo una ley que data de la primera guerra mundial. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el Gobierno tiene la necesidad de proteger la información confidencial del país, como parte de la lucha contra el terrorismo. Información publicada por el portal Terra y el diario El Periódico (España).

Como resultado de filtraciones a la prensa, se supo de la existencia de cárceles clandestinas de la CIA en varios países del este de Europa, lo que fue negado por este organismo.

También, fuentes anónimas supuestamente facilitaron información sobre el programa de escuchas telefónicas dentro del país.

El diario señala que para proteger los secretos del país, el Departamento de Justicia ha prohibido a sus empleados, a los del FBI, la CIA y de otras entidades, discutir los planes de la NSA.

Como consecuencia de las filtraciones, varios periodistas estadounidenses han sido obligados judicialmente a revelar sus fuentes, como en el caso de la filtración de la identidad de la ex agente de la CIA Valerie Plame.

EL PERIÓDICO

Los periodistas están en el punto de mira de la Administración republicana de EEUU, que encabeza el presidente, George Bush. Decidido a eliminar las filtraciones de información secreta a la prensa que resultan embarazosas para la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ha emprendido varias investigaciones sobre quién las ha realizado. Este ministerio incluso ha advertido a los periodistas de que pueden ser procesados por espionaje, bajo una ley que data de la primera guerra mundial, según reveló ayer el diario The Washington Post.

El secretismo del Gobierno de Bush es bien conocido y su ofensiva contra las filtraciones a la prensa es la mayor desde los tiempos de su predecesor republicano, Richard Nixon, declararon al rotativo de la capital editores de prensa y abogados. «Dejan caer que los reporteros que miren demasiado a fondo los asuntos públicos pueden ser declarados traidores», comentó Bill Keller, el director de The New York Times. Para Keller, la Administración «parece estar declarando la guerra en su propio país a los valores que dice estar promocionando en el extranjero».

Las recientes revelaciones por la prensa de que la CIA tiene prisiones secretas en el Este de Europa y de que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) espía a los estadounidenses sin permiso de los tribunales desencadenaron la actual ofensiva antifiltraciones, anunciada por Bush en diciembre. El presidente republicano montó en cólera ante «el vergonzoso acto» de publicar el espionaje de la ASN, que justificó por la guerra contra el terrorismo, pues revelarlo «ayuda al enemigo», según su opinión.

Docenas de empleados de la CIA, de la ASN y de otras agencias del Gobierno han sido interrogados por el FBI en busca de los que hacen filtraciones. Paralelamente, el Departamento de Justicia ha enviado cartas a muchos de ellos prohibiéndoles incluso que comenten con periodistas aspectos que no son secretos del programa de escuchas telefónicas de la ASN, afirmó ayer el Post. Varios periodistas del diario californiano Sacramento Bee han sido también interrogados por el FBI por haber informado de un caso de terrorismo en base a documentos secretos.

En la CIA muchos empleados han sido interrogados o sometidos al detector de mentiras para dilucidar cuál de ellos ha hablado con periodistas. Y Porter Goss, director de la agencia de espionaje, les ha advertido de que no lo hagan so pena de ser penalizados. Goss ha animado también a los fiscales del Gobierno a forzar a los periodistas a declarar ante un gran jurado, para que revelen sus fuentes.

La Casa Blanca ha asegurado que Bush defiende la libertad de expresión, aunque también necesita «proteger la información secreta que ayuda a luchar contra el terror».

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