Artículo publicado por el diario El Tiempo de Colombia, el 20 de enero.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional aparece a propósito de una tutela interpuesta por organizaciones no gubernamenteles.

La Corte Constitucional le dijo al Presidente de la República, a través de un falló de tutela, que está obligado a evitar cualquier cosa que pueda ampliar los riesgos que corren los defensores de derechos humanos. La Corte le dijo que él no es «absolutamente libre» de decir lo que quiera en sus alocuciones públicas.

«Debe abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos (los derechos fundamentales)» y más «tratándose de sujetos de especial protección constitucional tales como los defensores de derechos humanos, los reinsertados, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de paz (…)». Estos son apartes de lo que dice la Corte, a propósito de una tutela interpuesta por las ONG que consideran lesionados sus derechos con varias declaraciones del presidente Uribe en las que asocia ese trabajo con la defensa del terrorismo (ver recuadro).

El fallo, sin embargo, no favoreció jurídicamente a las organizaciones no gubernamentales que le dieron poder a la Comisión Colombiana de Juristas para que las representara, pues le dio la razón a dos instancias anteriores que determinaron que en el caso expuesto por las ONG no es posible «individualizar a las personas concretas cuyos derechos pudieron resultar lesionados».

El ‘regalo’

No obstante, el alto tribunal, que en algunas materias ha tenido una relación tensa con el Presidente, aprovecha la sentencia para hacer algunas consideraciones sobre las intervenciones de Uribe.

«Las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres (…) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y veracidad (…)», agrega y añade:

«El empleo de estos medios (radio, televisión, prensa) genera una responsabilidad mayor en cabeza del Primer Mandatario, en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos (…).

También le dice: «Cuando el Presidente durante sus discursos hace alusión a información que presenta como auténtica, esta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de información (…)»

«(…) Cargas que pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la opinión pública, más teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que cuenta el primer mandatario, en virtud de su cargo».

El fallo, ratificado por la Corte, había sido negado en primera instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (mayo de 2004) y luego por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (junio de 2004).

A pesar de que no procedió la acción, la Corte también le dice al Gobierno que tiene el «mandato imperioso» de dar protección y garantía a los activistas de estas causas, cuyo papel resalta.

Las afirmaciones de la Corte están contenidas en la sentencia T-1191/04, de la sala sexta de revisión, compuesta por los magistrados Humberto Sierra,

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