Por Carlos Lauría *
Los buenos periodistas de investigación saben más de lo que pueden escribir. El problema en algunos países latinoamericanos es que los buenos periodistas apenas están escribiendo. Desde Brasil hasta la frontera entre México y Estados Unidos, los periodistas están mirando por detrás de sus espaldas antes de sentarse delante de sus computadoras o salir al aire. La mayoría de los periodistas en los grandes centros urbanos de la región todavía pueden investigar temas de corrupción y criticar a las autoridades sin temer por sus vidas. Pero en áreas más aisladas, donde el poder del gobierno central está debilitado, o es inexistente, los periodistas están a merced de cualquiera que lleve un arma de fuego.
La autocensura no es algo nuevo en América Latina. Durante años ha sido un flagelo para el periodismo en una región en donde las dictaduras militares podían aplastar a los medios que no se controlaban. El problema en la actualidad es la envergadura de la autocensura al tiempo que la ilegalidad, el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado continúan propagándose. Editores en países como Colombia, México y Brasil abandonaron mayormente el periodismo de investigación en áreas en las cuales se sabe que instituciones estatales como la policía y la justicia no pueden o no quieren garantizar la seguridad de los periodistas.
Los medios en Colombia, amenazados por la guerrilla, el ejército y paramilitares partidarios del gobierno, se están autocensurando por temor a sufrir represalias si publican algo que pudiera ofender a alguno de los actores del conflicto armado. En México, los narcotraficantes y el crimen organizado, han intimidado a los periodistas para que se mantengan en virtual silencio a lo largo de la frontera con Estados Unidos, asolada por una ola de violencia. Los periodistas que se atreven a informar sobre estos temas en ocasiones lo pagan con sus vidas. Inclusive en Venezuela y en Brasil, en donde la amenaza no es tan generalizada, los editores de los medios ignoran investigaciones por motivos de supervivencia. Una víctima de este silencio autoimpuesto es la democracia. Cuestiones vitales como el saqueo de los recursos naturales, el tráfico de drogas y de personas, y la corrupción le han quitado oxígeno al debate público.
Algunos periodistas comenzaron a ponerle un freno a las restricciones, y están ahora más dispuestos que antes a hablar sobre autocensura y sobre sus temores.
Periodistas y editores de medios en el conflictivo interior de Colombia admiten abiertamente que se autocensuran por temor a sufrir ataques físicos de cualquiera de los actores armados que intervienen en la guerra civil, según una investigación del CPJ en el 2005. Chip Mitchell, colaborador del CPJ en Bogotá, viajó a tres de las áreas más problemáticas –Arauca, Córdoba, y Caquetá– y entrevistó a 36 periodistas para un informe titulado “Historias no contadas, s”, que fue publicado en octubre.
Mitchell advirtió como los editores de medios son presionados por quienes son blancos de las investigaciones para que censuren las noticias antes de su publicación. Periodistas
de investigación que ignoran las advertencias son asesinados u obligados a irse del país.A menudo la policía ni siquiera investiga los crímenes cometidos en contra periodistas.
Las cuestiones que no son cubiertas, en consecuencia, son las violaciones a los derechos humanos, el conflicto armado, la corrupción política y corporativa, el tráfico de drogas y
las vinculaciones entre funcionarios y grupos armados ilegales. A veces los funcionarios alientan la autocensura acusando a los periodistas de mantener conexiones con la
guerrilla. En Saravena, provincia de Arauca, el único periodista de tiempo completo de la ciudad, Emiro Goyeneche, fue procesado por “rebelión” y acusado de ser un guerrillero. Goyeneche estuvo en prisión durante más de 20 meses. Periodistas locales elogian su labor y creen que las acusaciones en su contra no tienen fundamento.
Funcionarios de alto rango, incluyendo al Presidente Álvaro Uribe, también intentan relacionar a periodistas con grupos guerrilleros. En una conferencia de ejecutivos de
medios, los exhortó a que ejercieran “autocontrol” y consideraran excluir la publicación de entrevistas con integrantes de grupos armados ilegales. El sobrecargado sistema
judicial colombiano no ha podido resolver los casi 30 casos de periodistas asesinados durante la última década, perpetuando así el clima de impunidad. En una serie de casos
extremos, los periodistas se vieron obligados a abandonar sus hogares.
Casi todos los reporteros de Arauca huyeron del departamento a principios del 2003 luego de que dos periodistas radiales fueran asesinados en un período de nueve meses.
Amenazas de muerte de guerrilleros y paramilitares, indistintamente, junto con la aparición de una misteriosa lista que nombraba a 16 periodistas como blancos de
asesinatos, propiciaron el éxodo. A veces, detrás de la autocensura, también se esconden cuestiones de índole económica. Muchos medios no cuentan con recursos ni con
personal. Esperan que sus periodistas vendan publicidad. Por lo tanto es menos probable que los periodistas realicen notas de investigación sobre empresarios y políticos cuya
publicidad ayuda a que se les paguen sus salarios.
Dentro de este panorama, lo único positivo es la menor la cantidad de periodistas caídos en cumplimiento de su labor informativa. Sin embargo una de las razones que dan cuenta
de esta disminución en las cifras es la autocensura. Como se observó en un informe 3divulgado en septiembre por la Organización de los Estados Americanos, los periodistas
colombianos no están informando sobre temas que podrían causarles la muerte. El informe, titulado “Impunidad, autocensura y conflicto armado interno: Análisis de la
situación de la libertad de expresión en Colombia”, afirma que la caída en las estadísticas sobre violencia en contra de periodistas “también se origina en la autocensura de los
propios periodistas”. El informe fue elaborado por Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la OEA.
La autocensura está también generalizada en el norte de México, donde el narcotráfico y el crimen organizado han convertido a la región en uno de los lugares más peligrosos
para los periodistas en América Latina. Desde que se intensificó la guerra entre poderosos carteles de la droga hace dos años, decenas de periodistas que trabajan en la frontera
entre México y Estados Unidos han optado por el silencio debido a que las autoridades no pueden brindarles ni siquiera una mínima protección.
En Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, el matutino El Mañana ha cesado su cobertura sobre temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. “No
podemos hacer periodismo de investigación sobre estos temas dado que el gobierno no garantiza la seguridad de nuestros periodistas”, explica el Director Editorial Heriberto
Cantú.
El Mañana, fundado en 1932, se está autocensurando desde que su editor, Roberto Javier Mora García, fuera apuñalado de muerte en marzo del 2004. El CPJ está investigando si
el asesinato estuvo vinculado con su labor periodística. De acuerdo a Cantú, la violencia a lo largo de la frontera con Estados Unidos creció marcadamente en los últimos años,
haciendo que a los periodistas mexicanos les resulte imposible informar con libertad sin temor a sufrir represalias. “No hay libertad de expresión sin garantías para ejercer el
periodismo”, admite Cantú.
Los periodistas que intentan cubrir temas relacionados con el crimen se encuentran con funcionarios de gobierno y de las fuerzas de seguridad que son abiertamente corruptos,
junto a criminales que operan sin restricciones. En consecuencia, los periodistas de El Mañana y varias otras publicaciones radicadas en Nuevo Laredo solamente cubren
noticias oficiales, omitiendo cualquier tipo de contexto o análisis que pudiese resultar ofensivo. El Imparcial, matutino de Hermosillo, en el estado noroccidental de Sonora, ha
decidido abandonar parcialmente la investigación sobre narcotraficantes desde la desaparición en abril del periodista dedicado la fuente de crimen organizado, Alfredo
Jiménez Mota.
4“Después de que desapareciera Alfredo, quedamos muy desanimados”, indica Jorge Morales, uno de los editores del diario. “Me reuní con los periodistas y llegué a la
conclusión de que no haríamos ningún tipo de periodismo de investigación sobre crimen organizado hasta que se resuelva la situación de Alfredo”.
La autocensura es menos generalizada fuera de Colombia y México, pero sigue ejerciéndose en países como Brasil y Venezuela.
Brasil sigue siendo un lugar peligroso para los periodistas que a menudo son blanco de políticos corruptos, criminales y narcotraficantes. Cuatro periodistas cayeron en
cumplimiento de su labor informativa en los últimos cinco años, según el CPJ. Periodistas de ciudades como Brasilia, San Pablo, y Río de Janeiro, gozan de más
protección que sus colegas en regiones aisladas del Amazonas o en el noreste. En abril, el periodista Mauricio Melato Barth, que había informado sobre la corrupción política,
tuvo que esconderse por dos semanas con su familia después de ser atacado por hombres armados. Barth, dueño y editor de Info Bairros – publicación que sale dos veces al mes-,
en la ciudad sureña de Itapema, fue atacado luego de haber publicado un artículo donde denunciaba la corrupción gubernamental. La policía cree que la intención del grupo de
hombres armados no era matar, sino amedrentar a Barth para silenciarlo.
En Venezuela, la situación es más complicada porque la autocensura es el resultado de restricciones legales más que de actos de violencia contra la prensa. Las emisoras
privadas de televisión alteraron la programación para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que fuera aprobada por la Asamblea
Nacional y promulgada por el Presidente Hugo Chávez en diciembre del 2004. Elsy Barroeta, directora de noticias de Globovisión, señaló al CPJ que la emisora no había
restringido su cobertura de noticias, pero admitió que algunos colegas estaban preocupados por la autocensura. Barroeta sostuvo que, según las nuevas directivas, se
podían poner al aire imágenes de violencia durante las protestas callejeras pero no podían reiterarse a lo largo del día.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización de libertad de prensa regional, halló que tres de las emisoras de televisión más importantes –Venevisión, Televén y
Radio Caracas Televisión – habían reducido en un 50 por ciento sus programas de opinión desde fines del 2004. María Alejandra Díaz, directora de responsabilidad social
en el Ministerio de Información y Comunicación de Venezuela, indicó al CPJ que la ley restringía solamente a “la prensa amarilla”. Desmintió reclamos por autocensura,
aduciendo que nadie había sido multado o sancionado. Díaz afirmó que se habían abierto procedimientos administrativos en contra de 20 emisoras de radio por no transmitir el
5porcentaje de música venezolana exigido por la ley.
Sin embargo, las acciones de los gobiernos no constituyen la principal amenaza. La autocensura está socavando a la prensa de América Latina, especialmente en aquellas
regiones donde no impera la ley y que más necesitan contar con periodismo de investigación y libre flujo de información. El narcotráfico, el crimen, la corrupción y
otras cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente común no están siendo cubiertos plenamente. Todo esto llega en un momento crucial en el cual el electorado mexicano y
colombiano se preparan para las elecciones del 2006.
La autocensura es tan generalizada en este momento que los periodistas han comenzado a hablar sobre el problema públicamente. Esto permite vislumbrar cierta esperanza no
solamente para el periodismo, sino también para los gobiernos democráticos.
