Año y medio de cárcel por opinar contra un político. Este acoso judicial contra un periodista de provincia es parte de la renovada -y más sofisticada- censura contra los medios independientes que hoy está recorriendo a Suramérica: Venezuela, Ecuador, Argentina…y Colombia. Análisis de un periodista reconocidamente independiente.

Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Andamos mal

Alguien dirá que hemos evolucionado en Colombia. Lo usual era la violencia contra los periodistas. La violencia física, el asesinato o la agresión, como pasa hoy en Guatemala o en México.

Reporteros sin Fronteras (RSF) denomina represión al ambiente que caracteriza la situación de libertad de prensa 2011-2012 en el mundo. Y ahí aparecen también países de difícil ubicación en el mapa como Eritrea y Turkmenistán, o de difícil acceso, como Siria o Irán.

Luis Agustín González, director del diario Cundinamarca Democrática, condenado por una columna crítica, titulada “No más”, acerca de la política, Leonor Serrano de Camargo. Foto: Flip.

Una mirada desprevenida a los informes sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia, como el más reciente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), reforzaría la idea de que avanzamos, si nos referimos al count body, por ejemplo. No hubo asesinatos de periodistas el año pasado y solo se documentaron 18 agresiones físicas.

No obstante, seguimos bien abajo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF: Colombia, puesto 143 entre 179 países; Venezuela, puesto 120; Ecuador, puesto 104; Cuba, puesto 167; China, puesto174…

Censura cada vez más sofisticada

Así como se ha ido sofisticando el trabajo sincronizado y responsable de organizaciones en Colombia para defender el ejercicio del periodismo, las formas de constreñimiento de la libertad de prensa también se han sofisticado:

• de la estigmatización, por presunta asociación ideológica con grupos armados ilegales, pasamos tan rápida como impunemente a
• las interceptaciones ilegales por organismo del Estado, que afectaron por los menos a docena y media de comunicadores y, en el mismo carril de velocidad, a
• la obstrucción del acceso a la información pública y
• al hostigamiento judicial, tan viejo en sus intenciones como renovado en sus estrategias.

Entre las múltiples amenazas a la libertad de prensa, quizás la más paradójica aquí y en los países vecinos, es la que se asienta en la ley y el derecho. Ante las denuncias en el ámbito internacional, las técnicas tuvieron que mutar, pero el objetivo sigue siendo el mismo: controlar, limitar o desinformar desde la esfera pública.

En eso se parecen todos: las dictaduras, las dictablandas, los países que dicen portar el estandarte de la democracia… Y son precisamente las estrategias para controlar esa información utilizadas por los poderes — el político, el económico, el mafioso o sus combinaciones — las que permiten determinar la amplitud y el talante del espectro democrático: son su termómetro, quizás su principal indicador.

Acoso judicial

El primer objetivo alcanzado es desviar el debate en torno a la entraña política o ideológica de gobiernos o funcionarios para llevarlo a los terrenos de la interpretación jurídica.

Quizás bastaría con citar la insólita confirmación — hace apenas dos semanas, en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca — de la sentencia por injuria contra el periodista Luis Agustín González, director del diario Cundinamarca Democrática, por una columna crítica, titulada “No más”, acerca de la exgobernadora y congresista Leonor Serrano de Camargo.

Se trata de un perfil crudo, si se quiere, con una buena dosis de adjetivación de una aspirante a un cargo público. Es decir, opinión en un momento coyuntural de las recientes elecciones. Los límites, como sabemos, los impone la buena fe del periodista. Sus únicos activos: el buen nombre y el derecho a la honra. Pero no era una nota informativa sujeta a estándares factuales de verificación, en estricto sentido. El fallo no permite entrever esta disociación de géneros. Su contundencia es angustiante: año y medio de cárcel y cerca de diez millones de pesos de multa. Queda el recurso de casación para determinar la suerte de ese comunicador en particular.

Pero el efecto está logrado: la resurrección del delito de opinión y la jurisprudencia que sienta. Nadie había llegado tan lejos. Intentos hubo: Alfredo Molano, Salud Hernández, Oscar Collazos. Todos ellos sumergidos en largos procesos para estrangular su tiempo y su presupuesto. Todos ellos acompañados de amenazas justicieras y vindicaciones en nombre de la verdad, el bien común, los derechos inalienables de las personas y otro largo etcétera.

Pero esta es una pena de prisión de veras. Se trata de una retaliación por ejercer el derecho de opinar, negando el principio de buena fe y la flexibilidad de las fronteras, que una democracia debe tener para escudriñar las actuaciones de quienes se dedican a la cosa pública, e inclina la balanza a favor de la mordaza frente al proverbial dilema de una prensa desbordada.

La sanción de cárcel, la humillación pública, el constreñimiento del derecho al trabajo y la eliminación de ese género periodístico en la agenda inmediata magnifican el peso del “poder”. Se apela a un fuero que no necesitan y ni siquiera invocan los gobernantes y funcionarios transparentes y honestos. Se cierra de paso el necesario debate sobre la despenalización de la injuria y la calumnia, que hoy tiene lugar en otras latitudes.

El acoso judicial bajo el disfraz de legalidad logra neutralizar al periodista demandado, sirve de escarmiento para sus colegas y retarda las investigaciones periodísticas y judiciales sobre un tema o personaje determinado.

En últimas, salen perdiendo las audiencias urgidas de información necesaria para ser libres y gestionar sus vidas: la base de los elementos del periodismo en términos de los colegas estadounidenses Kovach y Rosenstiel.

La nueva represión

Se está abriendo la caja de Pandora donde reposan los intentos de legislar, sancionar y controlar el ejercicio del periodismo mediante leyes marco sobre comunicación y prensa, que con apariencia de constitucionalidad han adelantado, con éxito o sin él, los gobiernos ecuatoriano, argentino, venezolano y colombiano, entre otros, en los albores de la década

Se trata de proyectos de reformas y nuevas leyes que buscan suministrar herramientas a demandantes o Estados para regular la prensa en términos empresariales, de derecho, y de acceso y circulación de la información, escondiéndose tras el pretendido bien común.

En paralelo con demandas, condenas y penas de periodistas, los medios mismos se han convertido en los países vecinos en objeto de persecuciones, producto de la extrema polarización política, que han terminado en multas impagables, cierres, tomas, suplantaciones, exilio de sus directivos y dueños…y clemencias hipócritas.

Venezuela, Ecuador, Argentina, ejemplos elocuentes

En Venezuela por ejemplo, decisiones de ley ya han dejado muchas víctimas: como Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño; Guillermo Zuluaga, presidente de Globovision; Leocenis García, editor del semanario Sexto Poder; Laureano Márquez, cuyas sátiras provocaron la ira y una multa de 50 mil dólares; Miguel Angel Rodríguez, por supuestamente incitar al golpe de Estado; en fin, Rafael Toledo, editor de la revista Nuevo País. Juicios que — aparte de servir de advertencia a sus colegas — obligan a las víctimas a buscar el exilio o a someterse al silencio, para no tener que huir.

Este ambiente enrarecido se ha ido materializando en formas cada vez más agresivas: multas millonarias y toma de partes accionarias, como en el caso de Globovisión; suspensión de frecuencias, como la de RTVC; cierres definitivos, como los de 34 estaciones de radio y TV local por “razones administrativas”; leyes, como la denominada ‘Resorte’ para permitir requisas de canales obligados a conectarse al canal del Estado.

En Ecuador por la “gracia presidencial” de Rafael Correa perdonó al diario El Universo y a tres de sus periodistas, de multas onerosas.

Ecuador sigue las mismas coordenadas en una guerra mediática que ha pasado de los insultos a las demandas o a nuevas leyes, que en nombre del derecho a la comunicación y de la prohibición de monopolios en la propiedad de los medios, avanza hacia la conformación de nuevos estatutos para el periodismo, invocando la seguridad nacional y el orden público, cuyos límites rayan en la censura.

El gobierno, encargado de garantizar la pluralidad y la independencia, ha creado sus propios medios escritos y audiovisuales que no han estado exentos de denuncias por censura interna como en el caso de El Telégrafo.

Los medios de oposición, en cambio, deben lidiar imposiciones e intromisiones en sus parrillas o enfrentar procesos por contenidos que el gobierno no ha encontrado bien alineados, como en el caso de Teleamazonas. Y claro: siempre están abiertas las puertas de la cárcel, como sucedió con Milton Chacaguasay, director de La Verdad, debido a sus denuncias por presunta corrupción.

Pero sin duda, el hecho que atrajo la atención mundial sobre el riesgo de la prensa y de los periodistas en ese Ecuador fue la denominada “gracia presidencial” con la que el gobierno perdonó al diario El Universo y tres de sus periodistas, tras su condena en doble instancia por calumnia injuriosa a 36 meses de cárcel y el pago de 40 millones de dólares al propio presidente Correa.

La salida ideada por el gobierno ecuatoriano como un gesto en defensa de la libertad de expresión, para el resto del continente fue resultado de la insoportable presión de organismos, gobiernos, periodistas y medios que incluso decidieron reproducir la columna de opinión que fue el florero de Llorente en esa confrontación, como lo hicieron muchos medios colombianos. Una de las formas más potentes de censura quedó desenmascarada.

Aunque Argentina ha salido mejor librada en todos los indicadores y aparece entre los primeros 50 países en el escalafón de la libertad de prensa, no ha sido ajena al conflicto entre el gobierno y los medios de oposición, cuyo origen se remonta a La Nación y se hizo extensivo recientemente al grupo Clarín. La promulgación de la Ley de servicios de comunicación audiovisual, con el pretexto de evitar el monopolio de medios, tenía un destinatario específico, habitual crítico de la presidenta de la República.

Ese país es uno de los pocos en la región que avanza de veras hacia la despenalización de la injuria y la calumnia y hacia eliminar la pena de cárcel para esos casos.

El fantasma…ahí

En lo ámbitos descritos el periodismo sigue siendo incómodo, por asumir el papel vertebral y funcional de contrapoder. Y si incomoda es porque determinados poderes centrales, sectoriales o ilegales preferirían reducir las libertades democráticas, y en particular la libertad de prensa.

En fin, no hemos evolucionado tanto… El fantasma sigue ahí, metamorfoséandose para controlar la información y torciendo los derechos y la ley para disfrazar de legal lo que a todas luces es ilegítimo. Por eso estamos donde estamos.
 
* Magíster en Estudios literarios, con estudios en periodismo y especialización en medios y opinión pública. Periodista y analista de medios. Ha sido columnista de El Tiempo, Semana.com, Radiosucesos RCN y actualmente de El Espectador. Dirige actualmente la Especialización en Televisión de la Universidad Javeriana y el campo de periodismo.
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