por Mario Morales | Abr 24, 2016 | Análisis, Legislación y regulación, Medios Digitales
Entre la Ignorancia y la impotencia.
Las amenazas y anuncios criminales que hoy circulan en los medios digitales demuestran la eficacia de la red, la complejidad y -los peligros- de controlarla y el desconcierto de las autoridades colombianas a la hora de enfrentar este fenómeno.
Por Mario Morales
Tan preocupante como el incremento de las amenazas por medios digitales ha resultado la respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Hablar, como suele hacer en los medios de comunicación tradicionales, de un campo de batalla entre los cibercriminales y los organismos encargados de contrarrestarlos es un desatino. (Publica Razón Pública)
Primero por la evidente desproporción. Los delincuentes han demostrado que llevan terabytes de ventaja.
Segundo porque no estamos hablando siquiera de ofensiva y defensiva. Hoy las autoridades están al mismo nivel de desconcierto que las víctimas de esas amenazas.
Tercero, bien como disculpa o como convicción, las culpabilidades se están adjudicando en el sentido equivocado: internet, las redes sociales y hasta los mismos ciudadanos que por temor distribuyen esas amenazas entre sus círculos cercanos con la intención de prevenirlos.
Cuarto, porque ante la incapacidad de combatir los ciberdelitos, la solución que proponen gobierno y estamentos de seguridad apunta al recorte de libertades con el uniforme de la regulación que deriva, como siempre, en formas de censura en la que todos perdemos, menos los victimarios y, de carambola, quienes están llamados a combatirlos.
Y quinto, porque parte de esas actividades en el ciberespacio es réplica o continuación del sectarismo ideológico que concibe toda solución desde la perspectiva de la eliminación del otro, sobre todo si ese otro es adversario.
Los “hechos”
El “ciberambiente” se está calentando. Desde julio de 2015 se ha venido registrando una ola creciente de amenazas criminales y anuncios alarmistas a través de correos electrónicos, servicios de mensajería y redes sociales.
La estrategia es muy sencilla: echar a andar un rumor que se convierte en vox populi, en medio de un caldo de cultivo propicio: la falta de confianza en el proceso de paz, la cercanía de las elecciones, la altisonancia de ciertos líderes políticos y la incapacidad de las autoridades para dar con los autores de estos rumores.
Hubo quienes aprendieron esta lógica en la sombra, por fuera de la ley, y hubo quienes, de este lado, la ignoraron y no se prepararon para su recurrencia. Y al terminar marzo y comenzar abril de este año el fenómeno se recrudeció de manera muy notable. Otra vez había un entorno embravecido, voces agresivas y fanatismo insuflado en medio del llamado a un paro multipropósito: contra el gobierno, contra la paz, contra la guerrilla, contra la situación económica.
Pero esta vez hubo un ingrediente adicional. Al lado de las amenazas anónimas que utilizaron las mismas tres autopistas electrónicas (redes sociales, mensajería y correos electrónicos) aparecieron marcas de agrupaciones criminales, como el llamado “clan Úsuga”, enviando panfletos digitales que se multiplicaron y amedrentaron a los pobladores de cuatro departamentos, especialmente a transportadores y comerciantes.
- Amenazas de bombas y de quema de autobuses y coincidencias de apagones, como en Cartagena, hicieron el resto de la trama sicológica que generó zozobra y, por ende, la propagación “viral” de esos mensajes en todo tipo de dispositivos, desde Córdoba hasta el Urabá antioqueño.
- Voces coloquiales, que oscilaban entre lo casual, la soberbia o la jerga del bajo mundo, hablaron al oído de los ciudadanos, en aplicaciones de mensajería vía Whatsapp, en tono consejero o amedrentador, como se dio con la invocación del ‘plan pistola’ en Barranquilla.
- También se colaron estos mensajes en grupos de Whatsapp de periodistas, como en Sucre, multiplicando el efecto; o hablaron de niños víctimas en San Onofre, La Mojana y en Sampués.
- La ansiedad aumentó cuando se habló de bombas en la Universidad de Córdoba e incluso de muertes que llegaron a ser comentadas por personalidades también por vía digital.
- Igualmente, hubo amenazas de bombas en Medellín que aumentaron la tensión luego del asesinato de 6 policías.
- Además se propagaron versiones sobre el día sin carro en la capital antioqueña como una medida preventiva por una amenaza terrorista, así como amenazas a líderes sociales que defienden víctimas en Norte de Santander.
Una rara lógica
Como si estuvieran de acuerdo (¿lo estaban?) las reacciones de las autoridades civiles y de policía coincidieron en cada una de las situaciones mencionadas.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad.
El primer parte que generó aún más desconcierto fue el de declarar las amenazas como falsas. Este fue un error semántico que contradecía la lógica de las audiencias: ¿cómo podían ser falsas si estaban en su aplicación de mensajería con el número celular privado y en los muros de sus redes sociales? Una cosa es desmentir un presunto hecho que no ha ocurrido y otra muy distinta negar una amenaza que cumple el objetivo de atemorizar y anunciar algo grave que puede suceder.
- Las directivas policiales en Barranquilla insistían, por ejemplo, en que los panfletos digitales no eran “auténticos”, lo que llevó la discusión no al eventual suceso que anunciaban sino a la autoría de las amenazas.
- Este terreno de ambigüedad fue amplificado por el gobierno nacional que ofrecía 50 millones de pesos como recompensa por información que revelara la identidad de los autores.
- Por su parte, el gobernador de Antioquia, increíblemente, insistía en tener confianza en la investigación para detectar el origen pues supuestamente esos panfletos digitales dejan huella detectable.
- Expertos de organismos de seguridad llegaron a decir, en esos momentos de alta tensión, que los mensajes no eran serios porque no eran estructurados como los del Estado Islámico. Una rara lógica.
- Igual de rara fue la lógica del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que como solución pidió que las redes sociales tuvieran algún filtro para los delincuentes. Esta fue una propuesta polémica, en un terreno colindante con la censura, que acabó por desviar la atención de los líderes de opinión.
- En tono aún más contraproducente para el momento de zozobra, el ministro graduó a las redes sociales como armas de guerra.
Unos y otros, incluyendo a los medios de comunicación, responsabilizaron a los ciudadanos por creer y por redistribuir las amenazas, a internet por facilitar la expedita conectividad global y a los legisladores por no haber expedido normas apropiadas para controlar los contenidos.
Sicología del rumor
La situación anterior se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor, como hace ya 70 años fue propuesta por Gordon Allport y Leo Postman en su clásica Psicología del Rumor: los rumores prosperan cuando abunda la ansiedad y sobre todo cuando ofrecen explicaciones creíbles sobre situaciones inciertas o desconocidas que producen temor.
Según estos autores, los ciudadanos simplifican, añaden a conveniencia y asimilan esos rumores en directa proporción con el ambiente preexistente. Y si a la zozobra de la amenaza le sigue la ambigüedad de las autoridades, queda pavimentada la autopista de la (des)información que da lugar al terrorismo.
Este no es un problema nacional, por supuesto. Según estudios de la Universidad de Haifa, hace 18 años existían en el mundo doce sitios web relacionados con terrorismo y hoy existen más de diez mil que aprovechan la libertad de internet para convertirlo en un espacio de propaganda, de consecución de fondos y de reclutamiento de adeptos a sus causas.
La situación se ajusta con exactitud a lo que dice la teoría del rumor.
¿Qué hacer?
La primera idea es ubicar la IP, o punto de origen donde nace el delito informático. Conocer esta fuente tarda meses una vez se haga la solicitud al proveedor, habitualmente ubicado fuera del país. Es más: ese tipo de actividades se lleva a cabo desde conexiones públicas, desde cuentas que mueren una vez se emite el mensaje, que se triangulan con varias IP o que utilizan la indetectable y casi infinita deep web o red profunda, acerca de la cual no sabemos casi nada.
¿La solución es entonces monitorear? ¿Bloquear? ¿Regular? ¿Recortar los derechos digitales? ¿Vigilar? ¿Educar? ¿Prevenir? Uno de los dilemas en boga por estos días es si los proveedores y empresas digitales deben entregar información de sus usuarios a autoridades y gobiernos. Por ejemplo:
- el vicepresidente latinoamericano de Facebook en Brasil fue detenido porque se negó a revelar mensajes de un usuario en Whatsapp.
- por su parte, Apple parece no haber cedido a las pretensiones del FBI de desbloquear un teléfono celular de un victimario en la masacre de San Bernardino, California, que para lograrlo tuvo que recurrir a un hacker.
- Y en México parece prosperar una medida para que empresas digitales den información de sus usuarios así como su geolocalización.
Al mismo tiempo, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están reforzando su seguridad, como acaba de hacerlo Whatsapp para blindar las conversaciones. Las plataformas de mensajería permiten crear grupos de hasta dos centenares de usuarios con doble capa de encriptación.
¿Hay que bloquear entonces? Un estudio de la universidad George Washington señala que las cuentas bloqueadas se pueden reciclar rápidamente con otros nombres. Según Naciones Unidas, Facebook, cada semana, bloquea un millón de mensajes por sospecha de cercanía al terrorismo. Y Youtube ha eliminado, por las mismas razones, 14 millones de videos.
¿Regular, acaso? Esta es la idea facilista y peligrosa que ronda en la mente de nuestros dirigentes. Pero regular los contenidos del ciberespacio es sinónimo de recortar los derechos digitales que son la esencia misma de la red, la razón de su crecimiento y la aceptación que suscita. Espiar, así parezca unido a nobles razonamientos, es el camino del atajo cuando reina la impotencia. Ceder en unas libertades para proteger otras es una contradicción que abre un boquete para las injusticias, el control y la censura.
Semejante desafío amerita una solución integral que va desde la prevención con educación hasta la capacitación multidisciplinaria de las autoridades para enfrentar este tipo de fenómenos. Esta permanente actualización requiere creatividad y conocimiento profundo de las funcionalidades de la red, pero sobre todo de su filosofía.
Necesitamos una alfabetización especial de las audiencias para saber cómo reaccionar ante las contingencias. Se requiera además el apoyo legislativo y judicial, ya que estos delitos son muy difíciles de probar y no conducen a la cárcel sino en uno de cada diez casos. Semejante impunidad es aún más grave si tenemos en cuenta que una de cada tres amenazas se consuma.
Como se ve, hay mucho por hacer. Enfrentar el terrorismo digital va más allá de la reacción improvisada buscando culpables que distraigan o confundan a la opinión pública.
Internet es el nuevo pharmakon, ese término que designaba aquello que era al tiempo el remedio, el veneno y la víctima. Pero de allí a creer que la red, sus aplicaciones o sus usuarios son corresponsables y que por ello hay que limitar sus libertades no solo es injusto y contraproducente sino una muestra de ignorancia e impotencia. @marioemorales
por Mario Morales | Feb 17, 2016 | Análisis, Por los medios, Publicaciones Periodisticas
(Por: Mario Morales) Un estudio del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana concluye que el cubrimiento periodístico del proceso de paz ha tenido carencias, unifuentismo, se ha hecho a distancia y en muchos casos ha generado confusión. (Publica El Espectador)
No hemos hecho bien la tarea. Ni el gobierno en la comunicación política acerca de lo que ha pasado con el proceso de paz. Ni quienes tienen a cargo la pedagogía para saber hacia dónde van las negociaciones. Ni el periodismo para contar lo que está sucediendo, como dice el manido, e incumplido lema de algunos medios.
Lo prueba la indiferencia de la población frente al desafío, que es, a la vez, el sueño cimero de las últimas cuatro generaciones, resumido en esas cuatro palabras repetidas hasta el hastío: la tan anhelada paz.
Pero no son los únicos insumos para analizar cada una de esas tres patas sobre las que descansa la otra mesa, la de la credibilidad de lo que se acuerde en La Habana. También lo documenta una investigación realizada por el observatorio de medios de la Universidad Javeriana que ha monitoreado día a día, desde el inicio de las conversaciones, el cubrimiento periodístico del proceso en los medios nacionales de prensa y televisión.
El estudio muestra que el trabajo periodístico ha tenido carencias, primero porque los medios como el resto del país fueron sorprendidos por un suceso de tal magnitud para el cual no estaban preparados. Segundo, porque el modelo de confidencialidad que ha blindado lo que pasa en La Habana ha sido un obstáculo para acceder a la información con estándares de calidad. Y tercero porque a los periodistas nos ha pasado lo que al resto de ciudadanos, no hemos ido más allá de la cotidianidad para entrar en los terrenos de la previsión y la anticipación.
En ese día a día los medios se han impregnado o representado los estados de ánimo de los colombianos frente al desarrollo de las negociaciones. Partieron de la incredulidad fruto de la larga resaca por el fracaso de las negociaciones en El Caguán, frustración que dio paso al recrudecimiento de la guerra, de la violación de los derechos humanos y al recorte de libertades individuales y sociales.
Con los primeros anuncios de los diálogos se abrió paso en las piezas periodísticas el escepticismo y más tarde la cautela. Con la instalación formal de la mesa vino la exaltación que reencarnaba cada vez que se aprobaba un punto de la agenda, hasta que vinieron los escollos y cundió el pesimismo en titulares y desarrollos, a veces contagiado de determinismo, a veces de fatalismo. De esa manera y al ritmo ralentizado de los anuncios, las narraciones periodísticas han aprendido a convivir en medio de esa bipolaridad pero sin tocar los extremos.
La ausencia de hechos y la escasez de documentos, que no fueran los comunicados o los registros audiovisuales, llevaron a los reporteros a contagiarse de las emocionalidades de las fuentes que cambiaban según el biorritmo de cada ciclo, según las conveniencias en el tira y afloje de las discusiones o en la toma de partido no pocas veces visceral de quienes reaccionaron como oposición.
Las dificultades del cubrimiento in situ llevaron a los periodistas a hacerlo a distancia, especialmente desde la capital, con el riesgo de incluir en sus narrativas los (des)contextos también emocionales según el momento o la coyuntura. Eso explica que momentos de efervescencia como el mundial de fútbol se vieran trasplantados al crecimiento de la favorabilidad del proceso en el monitoreo, y que coyunturas como las de elecciones reflejaran espectros amplios de polarización, o épocas como vacaciones marcaran distanciamiento y disminución de las narrativas mediáticas sobre las conversaciones.
Otro factor evidente, como consecuencia de lo dicho anteriormente, es que haya primado el periodismo de declaraciones que iban cambiando e incluso contradiciéndose con la evolución de la agenda, generando confusión.
Si bien la iniciativa fue de la estrategia gubernamental, los medios asumieron los relatos del proceso de manera personalizada en torno a la figura del presidente Santos de forma que lo afectaba a uno involucraba al otro y viceversa.
Pero quizás uno los aspectos más llamativos del estudio tiene que ver con el encuadre desde el cual siguen narrando los medios. Entrenados durante muchos años en el cubrimiento del conflicto y no pocas veces contagiados por la propaganda política, los medios siguen narrando el proceso desde la perspectiva de adversarios, esto es, de vencedores y vencidos, de enemigos irreconciliables, de buenos y malos.
Claro el mismo gobierno, con la voz altisonante del exmindefensa Pinzón, las rabietas del presidente o el discurso encendido de la fuerza pública abonaron ese terreno maniqueo del cual no logramos salir. Incluso propuestas, como el desescalamiento del lenguaje, hechas en momentos de tensión o indignación no fueron comprendidas y se convirtieron en epicentro de burlas y diatribas.
Ese ambiente enrarecido ha impedido el apoyo a la mesa en tanto que una de las partes sigue siendo deslegitimada como interlocutor válido contradiciendo la lógica de las conversaciones y los acuerdos.
En términos generales a través del seguimiento diario se evidencias rutinas periodísticas alineadas y entrenadas durante años desde esa perspectiva de enemigos, con incidencia de renovados discursos de odio, con sus correspondientes y repetidas formas expresivas, centradas en la sectarización o en la victimización.
Esos acontecimientos son contados de manera episódica, sin solución de continuidad y sin contextos explicativos o nexos de causalidad o perspectivas de futuro.
En esa montaña rusa de sensaciones, signada por acontecimientos cuyo significado va cambiando de valor, los medios se miran unos a otros, se han mimetizado entre sí, reciclan sus rutinas y al cabo de tres años su narrativa es monótona, aburrida, sin regiones, sin rostros humanos, con preeminencia de los comunicados, de las versiones pero sobre todo con la lógica de que toda declaración se merece una reacción, una contraparte bajo el equivocado pretexto del equilibrio informativo.
En la construcción de las informaciones el gobierno aparece como principal punto de referencia por la preeminencia de la voz presidencial, del comisionado y de sus voceros en la mesa, pero escasean las voces y rostros de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia. Interesa más la dialéctica de guerra y paz, entendida como contienda entre Uribe y Santos, por ejemplo.
La perspectiva de género no sale bien librada, las fuentes son esencialmente masculinas muy a pesar del protagonismo femenino en diversos frentes que tiene que ver con el (pos)conflicto. Ese protagonismo, cuando aparece narrado, lo hace cundido de estereotipos como el de la vanidad y el eterno femenino, como en el caso de la guerrillera Tanja. Una de las preguntas que deja el observatorio es si esa visión es machista y en esa medida tiene determinados efectos.
Quedó claro que sigue primando el cerofuentismo o el unifuentismo con especial relieve de las fuentes oficiales. Y en lo atinente a las formas narrativas de sujetos y fuentes, las imágenes y descripciones se han ido mecanizando en ángulos, encuadres y adjetivos, de tal manera que parecen repetidas o de archivo, sin serlo.
La dialéctica encendida de las redes sociales ha reemplazado el periodismo de investigación y de interpretación. Sin proponérselo, los reporteros han legitimado como fuentes a redes sociales que no lo son y que, a veces, ni siquiera quieren serlo, como lo describen su presentación. De esta manera el trabajo de campo se ha reducido a las rondas pro internet en busca de reacciones, opiniones personales o comunicados sin el suficiente trámite de verificación o sustentación.
La agenda de los medios nacionales es generalista, apunta a contar el desarrollo de la mesa como tal, sus ritmos, sus tiempos, sus desavenencias y sus polémicas, pero no busca los detalles en los puntos específicos ni en los subtemas, ni en los asuntos relacionados o emergentes producto de la dinámica de las conversaciones.
Como consecuencia de la emocionalidad, se ha instalado la lógica narrativa del conflicto en la que los hechos disruptivos como combates o ataques contra combatientes o infraestructura que antes eran colaterales han pasado a ser temas centrales en momentos de tensión, pero brillan por su ausencia los temas que tienen que ver con acciones de paz, reconciliación y perdón.
Es justo reconocer que hubo un ligera mejoría una vez se aprobó el tercer punto. Se incrementaron los informes, los enviados especiales y crecieron tanto el análisis como los puntos de vista en columnas de opinión y editoriales pero también en la parte informativa con presencia de voces de la sociedad civil. También se ha mejorado en el uso de recursos narrativos y en el manejo del lenguaje. Pero todavía falta …
El observatorio
El observatorio de medios de la universidad Javeriano ha realizado cerca de 15 monitoreos en los últimos 12 años teniendo como referencia los estándares de calidad periodística, con base en el análisis de contenido y las teorías contemporáneas del periodismo. El monitoreo del cubrimiento del proceso de paz arrancó el 1 de agosto de 2012 y se mantendrá vigente hasta la implementación de los acuerdos en 2016.
Inicialmente ha analizado los periódicos nacionales y los noticieros de televisión pública y privada que cubren todo el país. Su trabajo es censal, quiere decir que no toma una muestra sino que observa todas las narrativas periodísticas, incluyendo opinión y caricatura, que han aparecido sobre el proceso de paz y temas relacionados. El investigador principal es Mario Morales y el asesor estadístico es Andrés Medina. Involucra estudiantes de pregrado y posgrado como monitores, asistentes de investigación o que realizan sus trabajos de grado y tesis con apoyo en su metodología. Ha contado con el apoyo del Centro Ático, Cinep, PEP, FNPI, Cifras y Conceptos y Auditsa.
A través de un instrumento de análisis observa la prominencia, encuadre, enfoque, construcción informativa, origen de la información, contexto, recursos narrativos, calidad del lenguaje, temas y asuntos de la información, fuentes periodísticas y ética periodística.
Algunos datos
A lo largo de estos tres años se han observado más de 12,000 piezas periodísticas. Se ha encontrado que el generó más frecuente en prensa es la columna de opinión con un 29 5%, mientras que las narrativas de registro como la noticia aparecen con un 25.4% y la breve con un 15.2%,. El análisis sólo llega a un escaso 6% si se compara con la caricatura, por ejemplo, que alcanza el 7.5%
El interrogante que queda planeado es si las audiencias están recibiendo primero la información tratada, la de posiciones ya establecidas y opiniones fuertes, antes que la información pura y dura y si eso tiene que ver con el grado de polarización en que se encuentra la opinión pública
En televisión el género predominante es la noticia con 69.2%; el análisis aparece en el 1.9% de las piezas.
En prensa el enfoque es neutro en un 51.8% crítico en un 26 5% y parcializado en un 13.3% en televisión es neutro en un 67%, crítico en 23 3% y parcializado en un 4.6%
Si bien en prensa un 37.3% no es posible establecer el origen de la información, en un 20.5% proviene de entrevistas 17.2% de foros, 8.1% de boletines y 1.9% de redes sociales, mientras que en TV el origen estáen las entrevista s en 39%, foros y debates en 24,2%, y ruedas de prensa en un 15, 8% lo que demuestra por qué en las narrativas prevalece el quién sobre el qué.
En prensa el 25.4% de las notas informativas no tienen fuente y el 41.6% o sólo tienen una. Las fuentes son masculinas en un 80% y femeninas en un 10%.
En tv el 11.4% de las notas no tienen fuente y el 50.8% sólo tienen una. El 83% de las fuentes son masculinas y el 10% femeninas.
En prensa, las víctimas aparecen como fuente en un 2% y como sujeto de la información en un 4%, mientras que l gobierno es fuente en un 23% y sujeto en un 19.7%
En TV el gobierno aparece como fuente en un 25% de las notas y como sujeto de las notas en un 17.1, y las víctimas son fuentes en un 3.3% y sujetos de la información en un 5.3%
Qué hace falta
Teniendo en cuenta los resultados del observatorio en relación con lo que exponen teóricos como Galtung o Giró, hace falta tener en las piezas periodísticas múltiples voces, relatos desde las regiones y territorios, dignificar las víctimas, salirse del círculo de la guerra, no replicar la voz de las fuentes, reconstruir la verdad histórica, diferenciar violencia de conflicto, más debates entre distintos, recurrir a otros géneros; el antídoto son las historias, siendo menos reactivos y más proactivos.
Dejar ver al otro, humanizar a todos, maximizar aciertos, adjetivar menos y usar menos eufemismos, más memoria más clima más autoestima, más bases informativas sólidas; hay que llevar las audiencias a la reflexión, hay que ser activos e innovadores y evitar la exhibición de las víctimas o las minorías desde la perspectiva exótica o como pura escenografía. Los medios deben ser escenarios de debate en los temas del conflicto pero también en las agendas de paz.
En resumen, tanto medios como periodistas se deben instalar en puntos de convergencia, de consensos y disensos, en la generación de ambiente, en la reconstrucción de memoria y en la recuperación de autoestima y optimismo.
* Profesor de la universidad Javeriana y columnista de El Espectador.
por Mario Morales | Feb 17, 2014 | Análisis, Ética
En lugar de aclararse, el novelón de las interceptaciones a los diálogos de La Habana se sigue enredando y amenazando tanto el proceso de paz como el ejercicio y la calidad del periodismo en Colombia.
(Publica Razón Pública.com)
Final de novelón
Si algo le faltaba al guion de telenovela de bajo presupuesto en que se convirtió el escándalo de las interceptaciones por parte de la inteligencia del Estado colombiano, era la conclusión de que en Buglly Hacker no hay indicios de actividades ilegales, dada a conocer un día después de la revelación de las conversaciones privadas de alias “Timochenko” con los negociadores de las FARC en La Habana.
Ni la declaración de la Inspección del Ejército ni las conversaciones reveladas por Inteligencia Militar logran disipar las dudas razonables que quedan en el ambiente, luego de que medios nacionales e internacionales dieran a conocer la lista de periodistas y opositores presuntamente chuzados en circunstancias que están por esclarecerse.
La verdad está embolatada no porque esté en tela de juicio la veracidad de las transcripciones de esas conversaciones, ni la labor de las primeras pesquisas, sino porque están entreveradas en otro capítulo de la ya extensa serie de acontecimientos que han acabado por agobiar a la opinión pública nacional y por confundir a medios y periodistas en medio
de dimes y diretes, versiones y retractaciones, mentiras a medias y digresiones que dejan tras de sí una larga estela de desinformación que afecta de muchas maneras el quehacer periodístico.
No se trata pues de un rumor o una versión que pu ede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.
Si algo ha quedado claro es que la denuncia de la revista Semana no era un asunto de poca monta. Primero, porque ese proceso de desinformación no solo acabaría por revictimizar a civiles legítimos que, si se comprueban varias versiones, fueron el objetivo de esas interceptaciones.
Y segundo, porque pondría en riesgo el proceso de paz donde se juega el presente nacional, y se llevaría por delante numerosos derechos como el de saber, por lo menos, una parte de la verdad, y, sobre todo, los de la libertad de prensa y libertad de expresión, sujetos a los vaivenes de intereses aún no abiertamente establecidos.
El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.Foto: ICP Colombia |
Nada ha quedado claro
Nadie salió a desmentir al director de la revista mencionada cuando anunció que tenía en su poder las pruebas que soportaban las publicaciones. Y no es creíble que se comprometiera, él mismo y consigo el semanario, si de veras no las tuviera.
Tampoco se ha controvertido con bases las denuncias del canal Univisión de que habría 2.600 correos electrónicos intervenidos de voceros de la insurgencia y periodistas nacionales e internacionales.
Ni se ha contradicho el reporte del canal RCN sobre indicios de la interceptación de 500 conversaciones, cien de las cuales habrían sido de manera ilegal. Ni ha sido rectificado Simón Gaviria, director del Partido Liberal, que hablaba de interceptaciones a 400 whatsapp, 500 pines de blackberry y numerosos correos electrónicos.
No se trata pues de un rumor o una versión que puede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.
A cambio de explicaciones fehacientes y satisfactorias, la esfera pública ha sido sometida al bombardeo de contradicciones y declaraciones encontradas: que ilegales e inaceptables, que legales aunque compartimentadas; que oficiales relevados, que no, que separados temporalmente; que interceptación a los armados ilegales, que interceptación al espectro, como en un juego de telebolito.
Desde el tuit del expresidente Uribe donde hablaba del presunto malestar de la fuerza pública por la enérgica declaración del presidente Santos en la que decía que las chuzadas eran inaceptables, el Ejecutivo y los mandos castrenses han intentado bajarle el volumen a un asunto, que de confirmarse, no solo afectaría a las presuntas víctimas, sino que reeditaría la manida hipótesis que esas actuaciones ilegales serían una política de Estado, con el agravante de que el Gobierno no estaría al tanto de tales operaciones.
El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.
Foto: ICP Colombia |
Desinformados
La ausencia de pruebas de carácter oficial ha dejado circunscrita la labor informativa a las siguientes posibilidades:
– Al denominado periodismo de declaraciones o de versiones, reactivo unas veces, oportunista otras, pero en todo caso temporal y en riesgo por las veleidades de la opinión pública.
– A las filtraciones que no faltan cuando sube la marea y el río está revuelto, con los riesgos éticos y de enfoque que ello tiene.
– A prácticas inmediatistas y no verificadas como la reproducción de fotografías en redes sociales de presuntos implicados pero fuera de todo contexto.
– A las labores investigativas de unos pocos buenos reporteros cuyos productos dejan mal parada, hasta ahora, a la verdad oficial.
En medio del naufragio hay pocas tablas de salvación que permitan lograr narrativas periodísticas contundentes y confiables que le puedan explicar a las audiencias las causas y efectos de un fenómeno tan complejo, tan variable y tan inasible.
Más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.
La argumentación de las fuentes gubernamentales al alcance es precaria:
-Va desde el manoseo del concepto jurídico de legalidad (como ese de que es legal si hay orden de un fiscal de por medio -y no la hubo como lo prueban los allanamientos posteriores del ente investigador-, o si, como ahora dicen desde ministros hasta altos mandos castrenses, lo que se interviene es el espectro, ese lugar vago, inubicable y frágil, cuyos límites, situación, alcances y objetivos no conocemos y quizás no conoceremos de manera prístina).
-Pasa por las mutuas solicitudes y requerimientos de investigaciones ágiles, profundas y “exhaustivas” -y que no es otra cosa que una forma de lavarse las manos-.
-Y llega hasta la invocación de asuntos de seguridad nacional que cierran el debate al llevarlo al escenario patriotero de “deber antes que derechos”.
Por la libertad y la información
Como se ve, las perspectivas no son halagüeñas. A expensas de las indagaciones de la Fiscalía y del pretendido contrapeso de la investigación disciplinaria de la Procuraduría, los apartes deseables de verdad de un tema tan delicado quedan por ahora en manos de los sabuesos del periodismo investigativo y de fuentes, interesadas y no interesadas, cercanas a las pesquisas.
Pero más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.
No es suficiente con que los reporteros digan que entienden la labor de los organismos de inteligencia y que no tienen nada que temer. No. El Gobierno y las autoridades deben garantizar sin excepción la libertad de expresión de los comunicadores, la garantía de que no solo no son espiados sino que sus comunicaciones no son utilizadas como caballos de Troya con fines militares.
El efecto, como dijo Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es que se “vulnera la confianza de las fuentes en las comunicaciones con el periodista”. Esto es, la confidencialidad y el sigilo profesional que aparece en nuestro marco jurídico.
Pero también los ciudadanos deben tener el aval de su privacidad y la promesa renovada con hechos ciertos de que toda investigación que signifique intervención de sus conversaciones, correos, chats y llamadas telefónicas tiene el respaldo anticipado y legítimo de un fiscal.
Pero más que nada, hay que exigir que caiga todo el peso de la ley sobre sectores, grupos o individuos que desde las posiciones de privilegio de la inteligencia militar utilizan los operativos, fachadas, elementos y demás posibilidades técnicas para servir a intereses particulares, politiqueros, guerreristas y antidemocráticos.
No hay que olvidar que la desinformación, la confusión y las verdades a medias son armas poderosas de propaganda política y propaganda negra. Al fin y al cabo, y a pesar de los avances en los diálogos, todavía estamos en guerra.
Por eso es oportuno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya anunciado que pedirá cuentas al Gobierno colombiano por este oscuro capítulo de nuestra historia.
Porque por ahora hay más dudas que certezas, y preguntas sin respuesta, como esa de que si así se trata a la verdad, ¿qué podrá pasar con la justicia y la reparación?
por Mario Morales | Nov 4, 2013 | Análisis, Ética
El periodismo colombiano ha sido víctima de atentados, asesinatos, persecuciones y censuras. Hay decenas de víctimas, desde periodistas vinculados a los grandes medios, hasta comunicadores de medios comunitarios. Impera un alto grado de impunidad.
Por Mario Morales
(Publica Razón Pública)
Más víctimas
Parece una condena. La ofrenda de vidas, libertades y bienes que los periodistas colombianos hacen cada año en cumplimiento de su deber se repite dramáticamente. Casi milimétricamente, como una cuota fija: 108 casos de violaciones a la libertad de expresión y 167 víctimas contabiliza la Fundación para la libertad de la Prensa –FLIP- en 2013 hasta la fecha.
A ese ritmo fatídico y constante repetiremos al finalizar diciembre las cifras desgraciadas del año pasado. Pero peor, porque ha habido dos víctimas mortales, y cuando llegue Navidad serán cinco –solo de este año- los casos de homicidio que prescribirán de manera indolente, por decir lo menos.
Sí, dirán los escépticos y acaso los más cínicos, otra vez el mismo diagnóstico. Sí, y la misma cruel indiferencia del Estado, de la sociedad, del gremio. Pero más grave porque hay dos vidas que no se recuperarán y homicidios que no tendrán culpables, como en el 87 por ciento de los 142 casos documentados por la misma FLIP
Igual que en el resto de la región, dirán los responsables del cuidado y protección de la prensa en estos países sin ley ni honor. Pero más preocupante por los visos de recrudecimiento, si nos atenemos a los informes que hablan del peor semestre en el último lustro para el periodismo de las Américas, con 14 periodistas asesinados. Cifra que podría aumentar si las investigaciones, como en otros dos casos en Colombia, vislumbran que fueron homicidios por razones estrictamente periodísticas.
Foto: Adolfo Lujan
Conmemoración el pasado 6 de abril en Madrid del
asesinato del periodista Jose Couso a manos del ejército
stadounidense en Bagdad. |
Profesión asediada
Hay una tendencia que rebasó las fronteras tercermundistas y las analógicas para amenazar a las sociedades industriales y al ciberperiodismo. Aquí, el aire está enrarecido y el vecindario está convulsionado: Argentina y Ecuador, con nuevas legislaciones; Venezuela y Cuba, con asedios gubernamentales a los comunicadores, y hasta Estados Unidos con su restricción en el acceso a la información pública.
Ha sido año particularmente difícil. La preocupación aumenta con el avance de los enemigos de la prensa en Colombia, que han dejado la penumbra mediática de las regiones para constreñir o victimizar a medios y periodistas en las ciudades capitales. La polarización ideológica, entendida como debate saludable de propuestas, ha sido más bien escasa; ha tomado su lugar la iracundia febril de las hordas que defienden intereses no siempre conseguidos de manera legítima.
Exabruptos en medio de las movilizaciones sociales han dejado secuelas nefastas entre campesinos y comunicadores. La alianza entre mafias y políticos ha extendido su terror a la prensa; huestes intolerantes en año electoral, insurgentes y hasta miembros de los organismos del Estado que abusan de sus facultades, han pasado de las amenazas a las acciones para tratar de intimidar a un periodismo con aura quijotesca pero decididamente valiente. Este pareciera seguir a pie juntilla aquella máxima que le dejara el Caballero hidalgo a Sancho, su fiel acompañante: “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida«.
La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros.
En estos meses la prensa colombiana ha sido agredida, amenazada, desplazada estigmatizada, exiliada, obstruida, secuestrada, maltratada y violentada, para citar las violaciones más recurrentes, sin obviar los asesinatos ya mencionados, detenciones ilegales, los heridos y víctimas de atentados contra empleados o contra la infraestructura de los medios.
La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros, según los informes de las organizaciones defensoras de la prensa.
Foto: Unesco
Edison Alberto Molina, periodista asesinado el pasado 11
de septiembre en Antioquia. |
Múltiples víctimas y victimarios
El deshonroso aporte nacional a la lista luctuosa no tuvo siquiera una digna repercusión, tal vez porque las víctimas no pertenecían a grandes medios, ni laboraban en las grandes capitales:
· Uno de los dos comunicadores asesinados -el abogado Edison Alberto Medina- trabajaba en el modesto ambiente de una radio comunitaria de Puerto Berrío, Antioquia, desde donde ponía en evidencia la corrupción.
· El otro era empleado multitarea, si se quiere: voceador, fuente y reportero del diario Extra de Quindío. Fue baleado en Caicedonia, Valle, epicentro de las denuncias del medio sobre irregularidades en la cárcel. Muertes que duelen.
· No están aún claros los motivos en los homicidios de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta en Cali y de José Naudín Gómez, gerente de Radio Guadalajara en Buga.
A la par aumentan las amenazas masivas especialmente en la Costa Atlántica, Antioquia, Valle y Viejo Caldas, según reseña la FLIP. Al estilo de las que hubo en Valledupar por parte del autodenominado Ejército Anti-restitución de Tierras para presionar la salida de la ciudad de ocho periodistas y de las amenazas que hizo el ELN mediante panfletos en Arauca y que buscan amedrantar a los periodistas y medios que cubren la difícil situación de orden público que vive ese departamento. También hay presiones de las AUC en Chiquinquirá, Boyacá y en Santander y Norte de Santander, según refiere la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER–.
La intolerancia se tradujo en amenazas a las publicaciones relaciones con movilizaciones sociales, como en el caso del director y redactores del periódico La Tarde de Pereira. También son reprobables las agresiones que tuvieron que soportar comunicadores por parte de la policía, como sucedió en 10 de 30 casos de cubrimiento de la protesta social y campesina, según denuncia de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios); o a manos de turbas violentas, como pasó en el sur de Bogotá durante un operativo judicial.
Lo mismo denunciaron periodistas del Canal regional de televisión PCS en Tuluá, Valle, que cubrían manifestaciones estudiantiles, y Éder Narváez Sierra, periodista del Bajo Cauca, que grababa durante el paro minero en Caucasia, según denunció la Asociación de periodismo de Antioquia-APA-.
La organización Reporteros Sin Fronteras también levantó la voz para protestar por “las agresiones y tentativas de censura que afectan la movilización nacional Indígena”. Los señalamientos apuntan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como presunto responsable de las agresiones y a Los Rastrojos de las amenazas.
Intentos de silenciar al periodismo
Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales por parte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política. Han resurgido las amenazas y el acoso contra Claudia López, León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén lo que los ha obligado a buscar otra vez refugio en el exterior, pero no a bajar su voz gallarda y valerosa contra el crimen organizado, especialmente en La Guajira.
Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales porparte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política.
Se siguen presentando iniciativas legislativas que van desde la regulación del derecho de petición, hasta restricciones para el trabajo periodístico en las cárceles, pasando por el control de contenidos informativos y de la libertad de expresión de los medios en el ciberespacio.
Y como si fuera poco, el fantasma de las chuzadas revivió por cuenta de las denuncias de presuntos seguimientos a periodistas reconocidos como Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. De manera simultánea la Corte declaró a comienzos de octubre la prescripción de los delitos por presunta intervención de comunicaciones de periodistas por parte del exdirector del DAS, Jorge Noguera, pendiente de juicio, pero ya por otras acusaciones.
Siguen las prescripciones
Por la inoperancia de la justicia siguen prescribiendo los delitos contra periodistas.
Este año ya prescribieron cuatro casos. Y si, como anota la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-, no pasa nada antes del 26 de diciembre, cuando se cumplen dos décadas del homicidio de Danilo Alfonso Baquero a manos del ELN, el caso prescribirá. Sería el quinto.
La pregunta obvia es: ¿si no pasa algo como qué? Como que sea declarado delito de lesa humanidad, tal y como sucedió en marzo de este año con el asesinato de Eustorgio Colmenares, lo que hace que las pesquisas del crimen no tengan vencimiento. No obstante, de ahí a que haya resultados y condenas hay un largo trecho, pero la posibilidad subsiste.
Por todo eso la situación del periodismo en Colombia no es extraña ni distante de ese peor semestre en los últimos cinco años del que habla la SIP. Como no es ajeno el resto del planeta que suma por estos días, según cifras de Reporteros Sin Fronteras, 43 periodistas asesinados, 25 netciudadanos muertos, 184 periodistas encarcelados y 157 net ciudadanos encarcelados.
Por eso este 23 de noviembre se celebra el día mundial contra la impunidad, iniciativa de IFEX, red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, a la que se han unido la FLIP y otras organizaciones. La campaña se denomina “23 días 23 acciones”, que ya comenzaron para dar a conocer el estado de las agresiones e investigaciones.
Iniciativa que hay que apoyar como homenaje a esos héroes que aquí no se recuerdan, salvo honrosas excepciones, como la que hizo el investigador de Semana, Ricardo Calderón, también víctima de un atentado este año, del que salió ileso. Calderón recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, el cual, como él mismo dijo, es “reconocimiento a la labor de docenas de reporteros que poblamos las redacciones y las calles de este país. Muchos de ellos, especialmente en nuestras regiones, no habrían podido subir a este escenario a recibirlo si se lo hubieran ganado”.
Que esas víctimas de tantos y tan diversos delitos contra la libertad de expresión,-que se repiten cada año como una dolorosa profecía-, puedan subir a la tarima de la memoria a ver si prescribe esa “condena”. Es lo menos que podemos pedir.
