No se entienden el miedo y la prevención que el nuevo Gobierno y sectores políticos afines les tienen al disenso, la disrupción y la fiscalización, tan necesarias en una democracia que se precia de ser amplia e incluyente. (Publica El Espectador)
Por eso resulta tan preocupante que no solo hablen en lenguaje de batalla, sino que estén trabajando, por encima y por debajo, en la idea de regular o controlar cuanto se salga de su miope visión de sociedad o, en su defecto, de estigmatizar a quienes rompen filas.
Primero fue el ministro Botero quien propuso, vaya uno a saber hasta qué punto ingenuamente, que se regulara la protesta social, en un gesto a todas luces totalitarista, que alcanzó sus mayores niveles cuando la criminalizó al asociarla a financiación de bandas criminales.
Después fue el mismo presidente, a coro con algunos de sus portavoces no reconocidos formalmente, quien quiso deslegitimar a la oposición valiéndose de un falso dilema moral: si ellos son los buenos, ¿quién osará oponerse? Suman la decisión de no otorgarle personería jurídica a la Colombia Humana que obtuvo ocho millones de votos y el boicot rampante de la Presidencia del Congreso al ejercicio libre de la oposición, como lo denunció Jorge Robledo, a propósito del necesario debate al (¿ex?) ministro Carrasquilla.
Y cierran el cuadro siniestro las iniciativas de “profesionalizar” a la comunicación social y el periodismo con el huevito de pascua de crear un consejo profesional, apéndice del Gobierno, con el pretexto de la responsabilidad de los contenidos y que no es más que una máscara de censura, muy parecida a la que se percibe en los proyectos de ley que tienen que ver con la televisión y la convergencia y que plantean desde el control previo hasta una ambigua desregularización que solo favorece a los cableros en detrimento de la TV pública, el botín codiciado del Mintic.
Muchas coincidencias, no cabe duda, y un solo propósito verdadero, unificar el discurso plural en torno a un Gobierno que ni siquiera tiene méritos para intentarlo.
