En lugar de aclararse, el novelón de las interceptaciones a los diálogos de La Habana se sigue enredando y amenazando tanto el proceso de paz como el ejercicio y la calidad del periodismo en Colombia.
(Publica Razón Pública.com)
Final de novelón
Si algo le faltaba al guion de telenovela de bajo presupuesto en que se convirtió el escándalo de las interceptaciones por parte de la inteligencia del Estado colombiano, era la conclusión de que en Buglly Hacker no hay indicios de actividades ilegales, dada a conocer un día después de la revelación de las conversaciones privadas de alias “Timochenko” con los negociadores de las FARC en La Habana.
Ni la declaración de la Inspección del Ejército ni las conversaciones reveladas por Inteligencia Militar logran disipar las dudas razonables que quedan en el ambiente, luego de que medios nacionales e internacionales dieran a conocer la lista de periodistas y opositores presuntamente chuzados en circunstancias que están por esclarecerse.
La verdad está embolatada no porque esté en tela de juicio la veracidad de las transcripciones de esas conversaciones, ni la labor de las primeras pesquisas, sino porque están entreveradas en otro capítulo de la ya extensa serie de acontecimientos que han acabado por agobiar a la opinión pública nacional y por confundir a medios y periodistas en medio
de dimes y diretes, versiones y retractaciones, mentiras a medias y digresiones que dejan tras de sí una larga estela de desinformación que afecta de muchas maneras el quehacer periodístico.
No se trata pues de un rumor o una versión que pu ede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.
Si algo ha quedado claro es que la denuncia de la revista Semana no era un asunto de poca monta. Primero, porque ese proceso de desinformación no solo acabaría por revictimizar a civiles legítimos que, si se comprueban varias versiones, fueron el objetivo de esas interceptaciones.
Y segundo, porque pondría en riesgo el proceso de paz donde se juega el presente nacional, y se llevaría por delante numerosos derechos como el de saber, por lo menos, una parte de la verdad, y, sobre todo, los de la libertad de prensa y libertad de expresión, sujetos a los vaivenes de intereses aún no abiertamente establecidos.
El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.Foto: ICP Colombia |
Nada ha quedado claro
Nadie salió a desmentir al director de la revista mencionada cuando anunció que tenía en su poder las pruebas que soportaban las publicaciones. Y no es creíble que se comprometiera, él mismo y consigo el semanario, si de veras no las tuviera.
Tampoco se ha controvertido con bases las denuncias del canal Univisión de que habría 2.600 correos electrónicos intervenidos de voceros de la insurgencia y periodistas nacionales e internacionales.
Ni se ha contradicho el reporte del canal RCN sobre indicios de la interceptación de 500 conversaciones, cien de las cuales habrían sido de manera ilegal. Ni ha sido rectificado Simón Gaviria, director del Partido Liberal, que hablaba de interceptaciones a 400 whatsapp, 500 pines de blackberry y numerosos correos electrónicos.
No se trata pues de un rumor o una versión que puede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.
A cambio de explicaciones fehacientes y satisfactorias, la esfera pública ha sido sometida al bombardeo de contradicciones y declaraciones encontradas: que ilegales e inaceptables, que legales aunque compartimentadas; que oficiales relevados, que no, que separados temporalmente; que interceptación a los armados ilegales, que interceptación al espectro, como en un juego de telebolito.
Desde el tuit del expresidente Uribe donde hablaba del presunto malestar de la fuerza pública por la enérgica declaración del presidente Santos en la que decía que las chuzadas eran inaceptables, el Ejecutivo y los mandos castrenses han intentado bajarle el volumen a un asunto, que de confirmarse, no solo afectaría a las presuntas víctimas, sino que reeditaría la manida hipótesis que esas actuaciones ilegales serían una política de Estado, con el agravante de que el Gobierno no estaría al tanto de tales operaciones.
El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.
Foto: ICP Colombia |
Desinformados
La ausencia de pruebas de carácter oficial ha dejado circunscrita la labor informativa a las siguientes posibilidades:
– Al denominado periodismo de declaraciones o de versiones, reactivo unas veces, oportunista otras, pero en todo caso temporal y en riesgo por las veleidades de la opinión pública.
– A las filtraciones que no faltan cuando sube la marea y el río está revuelto, con los riesgos éticos y de enfoque que ello tiene.
– A prácticas inmediatistas y no verificadas como la reproducción de fotografías en redes sociales de presuntos implicados pero fuera de todo contexto.
– A las labores investigativas de unos pocos buenos reporteros cuyos productos dejan mal parada, hasta ahora, a la verdad oficial.
En medio del naufragio hay pocas tablas de salvación que permitan lograr narrativas periodísticas contundentes y confiables que le puedan explicar a las audiencias las causas y efectos de un fenómeno tan complejo, tan variable y tan inasible.
Más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.
La argumentación de las fuentes gubernamentales al alcance es precaria:
-Va desde el manoseo del concepto jurídico de legalidad (como ese de que es legal si hay orden de un fiscal de por medio -y no la hubo como lo prueban los allanamientos posteriores del ente investigador-, o si, como ahora dicen desde ministros hasta altos mandos castrenses, lo que se interviene es el espectro, ese lugar vago, inubicable y frágil, cuyos límites, situación, alcances y objetivos no conocemos y quizás no conoceremos de manera prístina).
-Pasa por las mutuas solicitudes y requerimientos de investigaciones ágiles, profundas y “exhaustivas” -y que no es otra cosa que una forma de lavarse las manos-.
-Y llega hasta la invocación de asuntos de seguridad nacional que cierran el debate al llevarlo al escenario patriotero de “deber antes que derechos”.
Por la libertad y la información
Como se ve, las perspectivas no son halagüeñas. A expensas de las indagaciones de la Fiscalía y del pretendido contrapeso de la investigación disciplinaria de la Procuraduría, los apartes deseables de verdad de un tema tan delicado quedan por ahora en manos de los sabuesos del periodismo investigativo y de fuentes, interesadas y no interesadas, cercanas a las pesquisas.
Pero más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.
No es suficiente con que los reporteros digan que entienden la labor de los organismos de inteligencia y que no tienen nada que temer. No. El Gobierno y las autoridades deben garantizar sin excepción la libertad de expresión de los comunicadores, la garantía de que no solo no son espiados sino que sus comunicaciones no son utilizadas como caballos de Troya con fines militares.
El efecto, como dijo Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es que se “vulnera la confianza de las fuentes en las comunicaciones con el periodista”. Esto es, la confidencialidad y el sigilo profesional que aparece en nuestro marco jurídico.
Pero también los ciudadanos deben tener el aval de su privacidad y la promesa renovada con hechos ciertos de que toda investigación que signifique intervención de sus conversaciones, correos, chats y llamadas telefónicas tiene el respaldo anticipado y legítimo de un fiscal.
Pero más que nada, hay que exigir que caiga todo el peso de la ley sobre sectores, grupos o individuos que desde las posiciones de privilegio de la inteligencia militar utilizan los operativos, fachadas, elementos y demás posibilidades técnicas para servir a intereses particulares, politiqueros, guerreristas y antidemocráticos.
No hay que olvidar que la desinformación, la confusión y las verdades a medias son armas poderosas de propaganda política y propaganda negra. Al fin y al cabo, y a pesar de los avances en los diálogos, todavía estamos en guerra.
Por eso es oportuno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya anunciado que pedirá cuentas al Gobierno colombiano por este oscuro capítulo de nuestra historia.
Porque por ahora hay más dudas que certezas, y preguntas sin respuesta, como esa de que si así se trata a la verdad, ¿qué podrá pasar con la justicia y la reparación?
