Proponen la creación de un canal de TV regional para difundir cultura latinoamericana

Un artículo de opinión del diario La Nación de Argentina destaca que lamentablemente la cultura latinoamericana no se expande sobre la región como debería, salvo la comunicación de masas. Para revertir esta situación, propone un canal latino, a cargo de una sociedad civil sin fines de lucro ni políticos, que promueva contenidos en español y portugués, los dos idiomas más importantes de la región, obviamente ambos subtitulados. De esta forma sería posible un intercambio de información entre países vecinos, a cargo de un canal objetivo, plural y democrático, que respete las diversas opiniones. Información publicada por el diario La Nación (Argentina).

Hay una canción brasileña que dice: «Brasil no conoce a Brasil».

Ese verso de Acuarelas de Brasil , de los compositores Mauricio Tapajós y Aldir Blanc, se volvió un lugar común. Prendió. Y reaparece cada vez que alguien quiere puntualizar el hecho de que los brasileños conocen poco su propia tierra. Un verso similar podría ser adecuado para todos los latinoamericanos: América latina no conoce a América latina.

Si exceptuamos a los ídolos del fútbol, a una que otra estrella pop -a la que el showbiz prácticamente despoja de su característica latinoamericana- y a algún dirigente político destacado, ¿cuántos latinoamericanos son profetas en su tierra? Esto es: ¿cuántos tienen prestigio en todo el continente latinoamericano? ¿Pueden los argentinos, mexicanos, colombianos y venezolanos decir que conocen realmente la cultura de sus países vecinos? ¿Qué saben de la historia, la literatura, la música, la danza, el teatro, el cine y la gastronomía de sus hermanos?

Gabriel García Márquez está entre las poquísimas excepciones. Es reconocido tanto de este como del otro lado del Atlántico. Ganó un Nobel. Se hizo popular: es un best-seller. Pablo Neruda obtuvo una notoriedad similar, en parte gracias al cine y a la televisión. Pero ¿cuántos colombianos oyeron hablar de Jorge Luís Borges? No es necesario hacer una investigación minuciosa para descubrir que poquísimos peruanos, ecuatorianos y guatemaltecos oyeron hablar alguna vez de uno de los más grandes escritores de la Argentina de todos los tiempos.

En América latina, fuera de los circuitos académicos, periodísticos y literarios, ¿cuántos leyeron a Octavio Paz, a Gabriela Mistral, a Mario Benedetti, a Augusto Roa Bastos, a Julio Cortázar? Indudablemente, pocos.

La gran mayoría conoce el México de las telenovelas, el Chile de Portillo, el Uruguay soleado de Punta del Este y la Argentina del tango y los bifes de chorizo de Buenos Aires. No hay nada malo en que los latinos conozcan la llamada cultura de masas o los puntos turísticos destacados de sus vecinos, pero, ¿la cultura de masas es, efectivamente, un buen espejo de la verdadera cara de América latina? ¿No se trata de una forma limitada de acceso a la cultura de los demás herederos de la colonización ibérica?

Los medios de comunicación de masa, en toda América latina, se han dedicado a difundir la cultura de masas, con raras excepciones.

Cumplen con su papel y, generalmente, lo hacen muy bien. Pero queda un espacio vacío, el espacio de las otras formas de cultura, como la cultura popular y la cultura erudita.

¿Dónde y de qué manera se han manifestado estos espacios fuera de sus países de origen?

Es muy probable que en todos los países latinoamericanos ni siquiera la élite ilustrada conozca la cultura que se forja en América latina. ¿Qué decir de la población analfabeta, semianalfabeta o analfabeta funcional? ¿Qué decir de los artistas que no ven a sus vecinos en la TV, en las películas, en la radio, en los diarios?

Existen esfuerzos. Gobiernos, ONG y organizaciones internacionales promueven, siempre que les es posible, encuentros de cultura: ferias, seminarios, festivales de cine, mesas redondas, espectáculos.

Se trata de acciones loables, necesarias, imprescindibles, pero particulares. No dan cuenta de la infinidad de manifestaciones culturales de este subcontinente. No tienen el poder y la fuerza de los medios de comunicación de masas. Los pasos de aproximación siguen siendo tímidos y avanzan lentamente. Y América latina sigue sin conocer a América latina.

En ese contexto se manifiesta la necesidad de un canal de televisión exclusivo para América latina. De manera ideal, debería ser una iniciativa de la sociedad civil, sin fines de lucro ni políticos, que promoviera contenidos en portugués y español, los dos idiomas más importantes de la región (subtitulados ambos). Eso contribuiría, sin dudas, al acercamiento de las dos lenguas hermanas.

Un canal latinoamericano, originada por la sociedad civil, tendría el mérito de trabajar con una comunicación de doble mano, esto es, de posibilitar realmente el intercambio de informaciones y comunicaciones entre países vecinos y ser objetivo, plural y democrático, respetando las opiniones y las diversidades de todos los países.

El camino para la integración regional debe pasar por el descubrimiento -hecho con genuino interés- de la realidad de los países vecinos. La poca distancia física entre ellos puede ocultar un abismo cultural aparente que hace que Bolivia parezca más distante de Ecuador que ambos de los países europeos o norteamericanos, con los que estamos más familiarizados por la interacción con los contenidos mediáticos. Se puede salvar esa deficiencia simplemente por medio del estímulo de lo que, convencionalmente, se ha llamado «diversidad creadora», la suma de realidades culturales a veces distintas, pero que se suman para contribuir con el engrandecimiento humano.

Evidentemente, América latina está lejos de formar un continente integrado. Sin embargo, sólo cuando se logre incorporar la idea de que es posible agregar valor basado en la diferencia que distingue a unos de otros, se podrá hablar de una América latina única. Hasta entonces, la comunicación de masa y en particular la televisión, como ocurrió en América latina, constituye el medio más efectivo para la integración real de la «nación latinoamericana».

La reforma de la televisión colombiana

Nadie quiere reforma de la Ministra a la TV
Publica El Tiempo

La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, propone quitarle poder a la Comisión de TV, pero no hay acogida en el sector. La televisión cerrada y los canales nacionales y regionales consideran ‘inconveniente’ la propuesta. Hay respaldo a la figura de la Comisión de TV, pero piden replantear la función de sus miembros.

En sus 11 años de vida, la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) no ha dejado de recibir críticas. Encargada de definir políticas de televisión, adjudicar licencias y vigilar contenidos, ha sido tildada por críticos hasta de inútil.

Y ahora, cuando la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, le ha metido la ficha a cortarle los poderes (quedándose con el control de la TV por suscripción y con los recursos del Fondo para el Desarrollo, con más de 60 mil millones de pesos), parece que nadie quiere ‘jalarle’ al proyecto de reforma que radicó en el Congreso.

Ni la TV por suscripción ni la nacional (Caracol y RCN), ni la regional creen conveniente la propuesta (ver recuadros). Coinciden en que la TV no debe perder la independencia de los gobiernos de turno.

Jorge Yarce, experto en TV, no está de acuerdo con esa postura. Opina que la Cntv «nunca ha sido independiente» y que en su composición misma «nunca ha representado a la comunidad». Considera que se necesita una reforma más profunda y que se equivocan «quienes piensen que la Cntv está bendecida ‘sacrosantamente’ por la Constitución».

Por su parte, Ómar Rincón, conocido crítico de televisión, estima que el proyecto de la Ministra «no soluciona los problemas fundamentales». Para él, no tiene sentido que la Comisión pierda control sobre la TV cerrada. «La Cntv lo que se debe es actualizar (…) se debe discutir como debe ir la industria en este contexto de convergencia».

De hecho, en un documento donde Fescol recoge opiniones de comisionados, ex comisionados, representantes del sector y académicos, la mayoría coincide en que la Cntv debe evolucionar según el avance de las telecomunicaciones y, específicamente, al de la convergencia (la posibilidad de que empresas ofrezcan paquetes de telefonía, Internet y televisión). La pregunta, y el debate es cómo.

Además, por falta de tiempo, lo más seguro es que la discusión definitiva de la iniciativa quede para el próximo año.

Por el momento, al proyecto ni siquiera se le ha asignado un ponente en el Senado. Según el senador Carlos Ferro, del partido de la ‘U’, en la Comisión Sexta no existe ambiente para menguar la autonomía de la Cntv. «No nos gusta que los recursos los maneje el Ministerio», dijo.

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACTOR DE EL TIEMPO

‘Es inconveniente’: CARACOL Y RCN

Caracol Televisión y el Canal RCN consideran «injusto» el aparte del artículo 7 del proyecto de ley, que permitiría a Señal Colombia comercializar el 30 por ciento de su programación. Según Gabriel Reyes, presidente de RCN, ellos dan el 1,5 por ciento de su facturación bruta anual al Fondo de Televisión con el que se financian los canales del Estado. «La televisión pública quedaría con tres ingresos: los estatales, los que nosotros aportamos y, ahora, con parte de la torta publicitaria (…) Nos parece injusto y contraproducente».

Jorge Martínez, representante de Caracol, opina que el proyecto es «inconveniente para el servicio, para el mercado y para los televidentes». Añade que no tiene sentido separar a la TV abierta de la cerrada: «Cuando crearon un ente autónomo para regular la televisión, lo hicieron pensando en el concepto completo», dijo.

Les preocupa independencia económica

Para los ocho canales regionales, el tema que más preocupa de la propuesta de reforma a la televisión es el que la Cntv pierda los recursos del Fondo para el Desarrollo y pasen a manos del Ministerio. Consideran que, de esta manera, se deja sin independencia la financiación de la televisión pública, pues el desembolso de los dineros del Fondo entraría a depender del Ministerio de Hacienda. Además creen que el proyecto no es claro en cuanto a la destinación de los recursos. En un documento de Fescol (que hace un balance a los 11 años de vida de la Comisión de TV), Ana Cristina Navarro, gerente de Teleantioquia, afirma que a los gobiernos les interesa «fundamentalmente» la plata que maneja la Cntv. «Si no manejara presupuesto, el gobierno no estaría tan interesado en acabarla», dice.

Reduce valor de licencias de TV cerrada

La propuesta del Ministerio incluye la redefinición del concepto de televisión en el país y establece que la TV por suscripción se defina ahora como un servicio de valor agregado. En la práctica, eso disminuye el valor de sus licencias y permite que otros (como ETB y Telefónica) entren al negocio de la TV cerrada pagando mucho menos de lo que ellos cancelaron por la adjudicación.

Según Carlos Mario Porras, representante de Cablecentro, el gremio ya envió una carta a la ministra María del Rosario Guerra, a través de la Asociación de Televisión Paga de Colombia (donde están también operadores como TV Cable, Superview, Direct TV, Cableunión y EPM). Allí exponen que la reforma «no les parece conveniente».

Tres respuestas del Ministerio a las críticas del sector

El viceministro de comunicaciones, Daniel Medina, responde a los reparos que hace el sector al proyecto de ley.

A los canales privados. Sobre la posibilidad de que Señal Colombia comercialice el 30 por ciento de su parrilla: «La TV pública, en el mundo, se financia por pauta. En Italia se puede comercial el 45 por ciento de la parrilla, en España el 70, en Chile el 100. Además, el proyecto limita el tipo de pauta al objetivo cultural del canal.

A los canales regionales. Sobre los recursos que pasarían de la Comisión de TV al Ministerio: «Los recursos actuales no son suficientes para garantizar la cobertura de la TV pública. El modelo actual no garantiza la expansión de la red. Lo que se busca es que trasladando esos recursos al Fondo de Comunicaciones del Ministerio se fortalezca la inversión».

A la televisión cerrada. Sobre la disminución en el costo de las licencias, porque ahora serían un servicio de valor agregado. «El cambio es transicional, porque igual se va a dar. A partir del 2011, con el TLC, las licencias van a tener un costo muy bajo, pues no va a haber límite en el número de adjudicaciones».

Estupefactos

Por: Mario Morales

De estupor en estupor. Así, sin respiro y sin digestión, estamos viviendo la increíble realidad nacional empeñada en ocultarse a sí misma.
Cuando se había encendido una lucecita para comenzar a esclarecer algunos de los hechos que a manera de esqueletos siguen guardados en el armario de nuestra desmemoria, renace nuestra estirpe macondiana. (Publica el Espectador)

El recientemente capturado exsargento Bernardo Garzón, calificado pomposamente como el eslabón perdido, toda vez que había sido testigo en investigaciones sobre presuntos graves delitos de la fuerza pública hace cinco lustros, dejó boquiabierto al país al decir que nada sabía sobre esos hechos, incluido lo que sucedió en la retoma del Palacio de Justicia, y más sorprendente aún, que había sido suplantado en esas declaraciones.

Como sorpresivo fue que la Justicia Penal Militar hubiera cerrado, así de golpe, la investigación por la filtración de coordenadas del desplazamiento de voceros de la guerrilla a La Habana y que hizo pública en Twitter el expresidente Uribe. Preocupa la premura de la decisión y que alardeemos al tiempo con tener inteligencia militar de avanzada y no haya posibilidad de establecer el origen de un correo electrónico.

Menos intempestivo (ya nos estamos acostumbrando) ha sido que las pesquisas por las interceptaciones en Galerías se vayan diluyendo en la ambivalencia sin rubor del presidente, el mindefensa y sus allegados. La lentitud de la Fiscalía y el presunto proceso de borrado de discos duros dejan una estela de frustración asociada a la resignación.

Esos hechos forman parte del halo de misterio y ocultamiento que acompaña la historia nacional y que sólo sale a la luz pública a manera de chismes, como si fueran asuntos de poca monta, en medio de las histerias electorales de los expresidentes, o en los libros de historia no oficial que no alcanzan el mismo cubrimiento.

Y pensar que hay quien, desde altas dignidades, repite que el país no aguanta ciertas verdades. A ver si soportamos tantos estupores juntos…

Execrable

Por: Mario Morales
Se queda corto el presidente Santos al calificar las chuzadas que denunció Semana. No sólo es inaceptable. Es un delito execrable. También y principalmente porque las víctimas son, claro, los negociadores del proceso en La Habana y, por ende, el mismo Gobierno, pero, sobre todo, los colombianos que le apuestan a la paz. Sumado a que los objetivos pudieron ser otros, pudimos ser todos. (Publica el Espectador)

No, no hay y no puede haber ninguna justificación que invoque alguna “ideología racional” para cometer un delito de lesa patria, como hay que considerar este atentado criminal, sin eufemismos ni ambigüedades. No hay lugar para argumentos peregrinos como que es una práctica continuada, o que hay ruedas sueltas, o que se han multiplicado las manos negras.

Hasta ahí el hecho per se, un capítulo que creíamos superado o, por lo menos, restringido en el pasado muy reciente a las legítimas labores de inteligencia propias de un Estado. Pero se agrava hasta el tuétano por venir de donde presuntamente viene.

La institucionalidad, el presupuesto y especialmente la confianza no pueden ser traicionados por una parte de aquellos sobre quienes descansa el deber de proteger a sus compatriotas. Y por quienes en nombre del amor patrio se esconden tras ellos.

El presidente tiene una oportunidad de oro para llegar al centro de la nuez y desenmascarar a los enemigos de la paz y del país, que, agazapados y entre las sombras, se multiplican de generación en degeneración.

Tiene otra para saber quiénes entre quienes lo rodean están con él en la idea de ponerle fin al conflicto. Una más, en continuidad con la anterior, para descontaminar mandos medios y altos.

Pero tiene otra, que ojalá no tome en cuenta, y es victimizarse, esto es, aprovechar esa coyuntura con fines propagandísticos en plena etapa electoral.

Verdad y resultados prontos en esta investigación son su mejor marketing frente a este país que cada vez que quiere levantar cabeza recibe otro golpe desesperanzador.

A romper la cadena

 

Libertad de prensa en Colombia

El periodismo colombiano ha sido víctima de atentados, asesinatos, persecuciones y  censuras. Hay decenas de víctimas, desde periodistas vinculados a los grandes medios, hasta comunicadores de medios comunitarios. Impera un alto grado de impunidad.

 Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Más víctimas

Parece una condena. La ofrenda de vidas, libertades y bienes que los periodistas colombianos hacen cada año en cumplimiento de su deber se repite dramáticamente. Casi milimétricamente, como una cuota fija: 108 casos de violaciones a la libertad de expresión y 167 víctimas contabiliza la Fundación para la libertad de la Prensa –FLIP- en 2013 hasta la fecha.

A ese ritmo fatídico y constante repetiremos al finalizar diciembre las cifras desgraciadas del año pasado. Pero peor, porque ha habido dos víctimas mortales, y cuando llegue Navidad serán cinco –solo de este año- los casos de homicidio que prescribirán de manera indolente, por decir lo menos.

Sí, dirán los escépticos y acaso los más cínicos, otra vez el mismo diagnóstico. Sí, y la misma cruel indiferencia del Estado, de la sociedad, del gremio. Pero más grave porque hay dos vidas que no se recuperarán y homicidios que no tendrán culpables, como en el 87 por ciento de los 142 casos documentados por la misma FLIP

Igual que en el resto de la región, dirán los responsables del cuidado y protección de la prensa en estos países sin ley ni honor. Pero más preocupante por los visos de recrudecimiento, si nos atenemos a los informes que hablan del peor semestre en el último lustro para el periodismo de las Américas, con 14 periodistas asesinados. Cifra que podría aumentar si las investigaciones, como en otros dos casos en Colombia, vislumbran que fueron homicidios por razones estrictamente periodísticas.

José Couso
Foto: Adolfo Lujan
Conmemoración el pasado 6 de abril en Madrid del
asesinato del periodista Jose Couso a manos del ejército
stadounidense en Bagdad.

Profesión asediada

Hay una tendencia que rebasó las fronteras tercermundistas y las analógicas para amenazar a las sociedades industriales y al ciberperiodismo. Aquí, el aire está enrarecido y el vecindario está convulsionado: Argentina y Ecuador, con nuevas legislaciones; Venezuela y Cuba, con asedios gubernamentales a los comunicadores, y hasta Estados Unidos con su restricción en el acceso a la información pública.

Ha sido año particularmente difícil. La preocupación aumenta con el avance de los enemigos de la prensa en Colombia, que han dejado la penumbra mediática de las regiones para constreñir o victimizar a medios y periodistas en las ciudades capitales. La polarización ideológica, entendida como debate saludable de propuestas, ha sido más bien escasa; ha tomado su lugar la iracundia febril de las hordas que defienden intereses no siempre conseguidos de manera legítima.

Exabruptos en medio de las movilizaciones sociales han dejado secuelas nefastas entre campesinos y comunicadores. La alianza entre mafias y políticos ha extendido su terror a la prensa; huestes intolerantes en año  electoral, insurgentes y hasta miembros de los organismos del Estado que abusan de sus facultades, han pasado de las amenazas a las acciones para tratar de intimidar a un periodismo  con aura quijotesca pero decididamente valiente. Este pareciera seguir a pie juntilla aquella máxima que le dejara el Caballero hidalgo a Sancho, su fiel acompañante: “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida«.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros.

En estos meses la prensa colombiana ha sido agredida, amenazada, desplazada estigmatizada, exiliada, obstruida, secuestrada, maltratada y violentada, para citar las violaciones más recurrentes, sin obviar los asesinatos ya mencionados, detenciones ilegales, los heridos y víctimas de atentados  contra empleados o contra la infraestructura de los medios.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros, según los informes de las organizaciones defensoras de la prensa.

Edison Molina
Foto: Unesco
Edison Alberto Molina, periodista asesinado el pasado 11
de septiembre en Antioquia.

Múltiples víctimas y victimarios

El deshonroso aporte nacional a la lista luctuosa no tuvo siquiera una digna repercusión, tal vez porque las víctimas no pertenecían a grandes medios, ni laboraban en las grandes capitales:

· Uno de los dos comunicadores asesinados -el abogado Edison Alberto Medina- trabajaba en el modesto ambiente de una radio comunitaria de Puerto Berrío,  Antioquia, desde donde ponía en evidencia la corrupción.

· El otro era empleado multitarea, si se quiere: voceador, fuente y reportero del diario Extra de Quindío. Fue baleado en Caicedonia, Valle, epicentro de las denuncias del medio sobre irregularidades en la cárcel. Muertes que duelen.

· No están aún claros los motivos en los homicidios de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta en Cali  y de José Naudín Gómez, gerente de Radio Guadalajara en Buga.

A la par aumentan las amenazas masivas especialmente en la Costa Atlántica, Antioquia, Valle y Viejo Caldas, según reseña la FLIP. Al estilo de las que hubo  en Valledupar por parte del autodenominado Ejército Anti-restitución de Tierras para presionar la salida de la ciudad de ocho periodistas y de las amenazas que hizo el ELN mediante panfletos en Arauca y que buscan amedrantar a los periodistas y medios que cubren la difícil situación de orden público que vive ese departamento. También hay presiones de las AUC en Chiquinquirá,  Boyacá y en Santander y Norte de Santander, según refiere la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER–.

La intolerancia se tradujo en amenazas a las publicaciones relaciones con movilizaciones sociales, como en el caso del director  y redactores del periódico La Tarde de Pereira. También son reprobables las agresiones que tuvieron que soportar comunicadores por parte de la policía, como sucedió en 10 de 30 casos de cubrimiento de la protesta social y campesina, según denuncia de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios); o a manos de turbas violentas, como pasó en el sur de Bogotá durante un operativo judicial.

Lo mismo denunciaron periodistas del Canal regional de televisión PCS en Tuluá, Valle, que cubrían manifestaciones estudiantiles, y Éder Narváez Sierra, periodista del Bajo Cauca, que grababa durante el paro minero en Caucasia, según denunció la Asociación de periodismo de Antioquia-APA-.

La organización Reporteros Sin Fronteras también levantó la voz para protestar por “las agresiones y tentativas de censura que afectan la movilización nacional Indígena”. Los señalamientos apuntan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como presunto responsable de las agresiones y a Los Rastrojos de las amenazas.

Intentos de silenciar al periodismo

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales por parte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política. Han resurgido las amenazas y el acoso contra Claudia López, León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén lo que los ha obligado a buscar otra vez refugio en el exterior, pero no a bajar su voz gallarda y valerosa contra el crimen organizado, especialmente en La Guajira.

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales porparte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política.

Se siguen presentando iniciativas legislativas que van desde la regulación del derecho de petición, hasta restricciones para el trabajo periodístico en las cárceles, pasando  por el control de contenidos informativos y de la libertad de expresión de los medios en el ciberespacio.

Y como si fuera poco, el fantasma de las chuzadas revivió por cuenta de las denuncias de presuntos seguimientos a periodistas reconocidos como Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. De manera simultánea la Corte declaró a comienzos de octubre la prescripción de los delitos por presunta intervención de comunicaciones  de periodistas por parte del exdirector del DAS, Jorge Noguera, pendiente de juicio, pero ya por otras acusaciones.

Siguen las prescripciones

Por la inoperancia de la justicia siguen prescribiendo los delitos contra periodistas.

Este año ya prescribieron cuatro casos. Y si, como anota la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-, no pasa nada antes del 26 de diciembre, cuando se cumplen dos décadas del homicidio  de Danilo Alfonso Baquero a manos del ELN, el caso prescribirá. Sería el quinto.

La pregunta obvia es: ¿si no pasa algo como qué? Como que sea declarado delito de lesa humanidad, tal y como sucedió en marzo de este año con el asesinato de Eustorgio Colmenares, lo que hace que las pesquisas del crimen no tengan vencimiento. No obstante, de ahí a que haya resultados y condenas hay un largo trecho, pero la posibilidad subsiste.

Por todo eso la situación del periodismo en Colombia no es extraña ni distante de ese peor semestre en los últimos cinco años del que habla la SIP. Como no es ajeno el resto del planeta que suma por estos días, según cifras de Reporteros Sin Fronteras, 43 periodistas asesinados, 25 netciudadanos muertos, 184 periodistas encarcelados y 157 net ciudadanos encarcelados.

Por eso este 23 de noviembre se celebra el día mundial contra la impunidad, iniciativa de IFEX, red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, a la que se han unido la FLIP y otras organizaciones. La campaña se denomina “23 días 23 acciones”, que ya comenzaron para dar a conocer el estado de las agresiones e investigaciones.

Iniciativa que hay que apoyar como homenaje a esos héroes que aquí no se recuerdan, salvo honrosas excepciones, como la que hizo el investigador de Semana, Ricardo Calderón, también víctima de un atentado este año, del que salió ileso. Calderón recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, el cual, como él mismo dijo, es “reconocimiento a la labor de docenas de reporteros que poblamos las redacciones y las calles de este país. Muchos de ellos, especialmente en nuestras regiones, no habrían podido subir a este escenario a recibirlo si se lo hubieran ganado”.

Que esas víctimas de tantos y tan diversos delitos contra la libertad de expresión,-que se repiten cada año como una dolorosa profecía-, puedan subir a la tarima de la memoria a ver si prescribe esa “condena”. Es lo menos que podemos pedir.

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