Constructores de ruinas

Si fuésemos un país serio, no tendría que ser el Eln el que, de manera cínica, nos tuviera que recordar que hay que “construir sobre lo construido”. (Publica El Espectador)

Si bien

la solicitud del grupo guerrillero se refiere al año y medio de acercamientos con el anterior gobierno, la solicitud habría que hacerla extensiva a los tres poderes del Estado que hoy andan en plan de desmantelamiento, y no por razones políticas o ideológicas, de instituciones, leyes, normas, proyectos y hasta de compromisos sagrados refrendados por los ciudadanos, como la extensión del período de gobernantes territoriales y nacionales.

La lista es larga y sigue creciendo: dosis mínima, aborto legal, consultas populares, reconfiguración sobre medidas y conveniencias de las cortes, arrinconamiento de los acuerdos con las Farc, ejercicio controlado del periodismo, normatividad centralizada y oficialista sobre tecnologías, medios y televisión; y un absurdo y largo etcétera para apenas 70 días de improvisación y palos de ciego.

Así se han ido resquebrajando los logros más importantes para esta sociedad que no termina de conocerse, como la Constitución del 91 y el proceso de paz, que eran garrochas para franquear el muro del anquilosamiento y el provincianismo.

Nada de eso parece importar en medio de este ambiente contaminado e irrespirable por debates afincados en creencias personales, prejuicios suplantando argumentos e insultos maquillados de estilo, germen de esta esquizofrenia social que afecta razones, ideologías, percepciones, comportamientos y perspectivas éticas.

Por eso, no diferenciamos entre mermelada y nombramientos clientelistas, entre vocación por la educación y contentillo, entre condecoraciones espurias y pago de favores, entre legislación y repartija, entre alianzas parlamentarias y componendas, entre reformar y refundar…

Ahí van, entre el espejo retrovisor y la tierra arrasada, fabricando ruinas, único legado seguro para las próximas generaciones.

El buen colombiano

Los síntomas están ahí, a la vista. La virulencia verbal, el decaimiento moral y la desarticulación de la esfera pública dejan ver que avanzamos, que nos llevan a empellones a eso que llamó Hannah Arendt una sociedad totalitaria. (Publica El Espectador)

No es un secreto de Estado, como lo han reconocido desde el Centro Democrático, que la violencia discursiva, la agenda puesta en el pasado reciente y el “inflamil” aplicado a propuestas imposibles por absurdas apuntan a “ambientar” la andanada de reformas que se nos vienen pierna arriba y que, a pesar de su pretendida urgencia, esperan sigilosas el momento de salir al ruedo.

Es la fase de desgaste de la opinión pública, que es veleidosa y se cansa rápido. Le apuesta a abrir tantos frentes de polémica como sea posible sin intención de profundizar en ninguno. Pero también a generar confusión con iniciativas dispares y voceros del partido de gobierno en aparente contradicción. Una toxicidad que deviene en fatiga y que genera un paulatino desinterés ciudadano en los asuntos que le conciernen. Da lugar al individuo sumido, al decir de Arendt, “en la triste opacidad de su vida privada”, en su supervivencia y en sus intereses para neutralizarlo en la inmovilidad del conformismo.

Mientras tanto, se avivan los prejuicios para generar lazos de adhesión por las vías del prejuicio y del seudomoralismo. Entonces se entiende el acento del Gobierno en su confrontación con molinos de viento como la dosis mínima, tendencias sexuales, xenofobia encubierta y los ataques personalizados al expresidente Santos, periodistas, magistrados, líderes o cualquier voz disidente que incite al pluralismo, el antídoto del Estado totalitario.

La fórmula no es nueva como lo saben los vecinos venezolanos y, más recientemente, los brasileños, expuestos al discurso agresivo y contaminado de moralina de Bolsonaro.

El resultado ya se deja ver: individuos que actúan y reaccionan en la cotidianidad y en las redes sociales de manera irracional pero idéntica, la versión homologada del buen colombiano.

De parte y parte

Son dos cosas distintas. Una, que Iván Márquez y el Paisa tienen razón en el fondo, y no tanto en la forma, en el fuerte reclamo al Gobierno por el incumplimiento olímpico de los compromisos que dejó el proceso de paz; y otra, que ellos dos deben cumplir con la JEP no solo para mantenerse en el proceso, sino para que sus exigencias sean legítimas. (Publica E

l Espectador)

Es cierto que la inseguridad jurídica es una espada de Damocles que pende no tanto sobre los excombatientes rasos, pero sí sobre los jefes de la FARC, que perciben que en cualquier momento pueden cambiar sus condiciones de reintegro a la sociedad.

Es verdad que si antes del plebiscito el texto no era digerible, mucho menos después de las cirugías, reformas y maquillajes que ha tenido a lo largo de estos casi dos años.

Pero quizás el problema más grande ha sido el inveterado incumplimiento de las instituciones, en todos los órdenes, del acuerdo firmado, como le consta a cualquiera que haya dejado la comodidad del escritorio y haya palpado el descontento en las regiones. El de las circunscripciones territoriales es la más flagrante de las promesas fallidas.

Que centenares de excombatientes hayan sido forzados a abandonar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, bien por la falta de oportunidades económicas o por el accionar de grupos armados ilegales, habla de ineptitud, abandono o mala leche del Estado. O las tres juntas.

Por eso resulta risible, si no tocara asuntos tan graves, la respuesta del alto comisionado para la Paz, mientras acusa a la FARC de poner el retrovisor, de que el incumplimiento es del pasado gobierno. Él y el resto del círculo del presidente Duque pretenden ignorar que esa es su responsabilidad desde que ganaron las elecciones.

Tranquiliza que los organismos del Estado digan que saben dónde están Márquez y el Paisa y que no tienen contacto con las mal llamadas disidencias. Pero esos reclamos, independientemente del tonito, no tendrían óbice si los dos líderes que critican el desarrollo del proceso estuvieran al día con él.

Han ido demasiado lejos

No. No son gajes del oficio. No podemos normalizar el acoso judicial, ni el matoneo, ni el hostigamiento, ni la obstrucción, directa o indirecta, al trabajo de los periodistas en nuestro país. (Publica El Espectador)

La tutela a María Jimena Duzán por sus valientes y necesarias columnas sobre el caso Odebrecht no solo es sospechosa de origen, sino que se salta todos los referentes del sentido común. Su intención es obvia, ponerle freno, amedrentarla, y de paso a todos los colegas. Como ella, según la FLIP, son 33 reporteros presionados por quienes dicen defender la Constitución y la ley.

Igualmente reprobable es la andanada rabiosa del furibismo y sus bodegas contra la comunicadora Mónica Rodríguez, víctima en el pasado y presente del matoneo en redes sociales, del hostigamiento contra su persona y de la estigmatización por decir lo que piensa, el más sagrado de los derechos que subyacen a nuestros acuerdos sociales. Como ella suman este año 24 colegas víctimas de estigmatización y 30 de hostigamiento, al decir de la FLIP.

Pero ahí no cesa la avanzada. Está de moda que unos funcionarios impidan o les digan a otros qué pueden responderle a la prensa, como el reciente caso del director de la cárcel Modelo al exdirector de la ANI, obstruyendo el acceso a la información de los reporteros y constriñendo la libertad de expresión del exfuncionario.

También parece ser directriz que los funcionarios eviten a los comunicadores, como se dice que pasó con el ministro de Vivienda en Cúcuta y en La Guajira, y como ha pasado en otros casos precedentes, como el ministro Carrasquilla, que muestran la incomodidad del poder con la fiscalización.

La presión o seducción con la pauta publicitaria, la amenaza en sus variadas versiones, el acoso y los ataques viscerales son todos graves atentados contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho ciudadano de estar informados sobre las veleidades del poder. Hace falta más que solidaridad en redes. Están yendo demasiado lejos

Miedo a lo diferente

No se entienden el miedo y la prevención que el nuevo Gobierno y sectores políticos afines les tienen al disenso, la disrupción y la fiscalización, tan necesarias en una democracia que se precia de ser amplia e incluyente. (Publica El Espectador)

Por eso resulta tan preocupante que no solo hablen en lenguaje de batalla, sino que estén trabajando, por encima y por debajo, en la idea de regular o controlar cuanto se salga de su miope visión de sociedad o, en su defecto, de estigmatizar a quienes rompen filas.

Primero fue el ministro Botero quien propuso, vaya uno a saber hasta qué punto ingenuamente, que se regulara la protesta social, en un gesto a todas luces totalitarista, que alcanzó sus mayores niveles cuando la criminalizó al asociarla a financiación de bandas criminales.

Después fue el mismo presidente, a coro con algunos de sus portavoces no reconocidos formalmente, quien quiso deslegitimar a la oposición valiéndose de un falso dilema moral: si ellos son los buenos, ¿quién osará oponerse? Suman la decisión de no otorgarle personería jurídica a la Colombia Humana que obtuvo ocho millones de votos y el boicot rampante de la Presidencia del Congreso al ejercicio libre de la oposición, como lo denunció Jorge Robledo, a propósito del necesario debate al (¿ex?) ministro Carrasquilla.

Y cierran el cuadro siniestro las iniciativas de “profesionalizar” a la comunicación social y el periodismo con el huevito de pascua de crear un consejo profesional, apéndice del Gobierno, con el pretexto de la responsabilidad de los contenidos y que no es más que una máscara de censura, muy parecida a la que se percibe en los proyectos de ley que tienen que ver con la televisión y la convergencia y que plantean desde el control previo hasta una ambigua desregularización que solo favorece a los cableros en detrimento de la TV pública, el botín codiciado del Mintic.

Muchas coincidencias, no cabe duda, y un solo propósito verdadero, unificar el discurso plural en torno a un Gobierno que ni siquiera tiene méritos para intentarlo.

Que discrepen

De eso se trata la política al fin de cuentas, de lidiar con los desacuerdos. Y ahí va la FARC, aprendiendo a trancas y a mochas. Por eso no se entiende el morbo exagerado ni el tono apocalíptico acerca de las discrepancias ideológicas, partidistas y prácticas entre sus dirigentes. (Publica El Espectador)

Como tampoco se comprende que, en cambio, se miren con la lupa de los eufemismos las profundas divisiones en el Centro Democrático, la U o los partidos que, alguna vez, fueron tradicionales.

Resulta más “saludable” que dirigentes como Joaquín Gómez o Fabián Ramírez ventilen sus diferencias con Timochenko y el resto de la cúpula fariana para poder entender a qué juegan y cómo se están involucrando en la cosa pública.

El primer falso dilema que hay que desmontar es que los disensos llevan forzosamente a extremos, como la retoma de las armas por parte de algunos de ellos. Las misivas de Gómez y Ramírez, en vez de tener tono de ultimátum, denotan una crítica profunda y necesaria que cuestiona la actuación de sus líderes en lo ideológico, lo político y lo ético.

En vez de demonizarlo, se trata de un debate que el país no se puede perder porque deja ver los miedos de sus dirigentes tanto a las investigaciones judiciales como a los enemigos territoriales; las rencillas personalizadas, así quieran negarlas, y las divergencias por hitos como el caso Santrich, los primeros pinitos en el Congreso y por el manejo de los dineros asignados, cuyo seguimiento dejará ver si se quieren diferenciar o están cayendo en las mismas prácticas políticas que tanto combatieron.

Eso no significa que no haya inquietud por los ocho dirigentes y otros tantos miembros de ese partido cuyo paradero se desconoce. Una cosa es que hayan renunciado al proceso y otra que anden paranoicos o desconcertados por las incertidumbres reinantes en la implementación del Acuerdo y estén a la espera de momentos más propicios. Que lo dejen saber, así sea en medio de las más crudas discrepancias

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