Por Mario Morales

Sumario

Juegan con candela. Quizás creen que las instituciones, que han resistido embates centenarios y que todos dicen defender, no son inflamables. En la lucha por el relato de los tiempos que corren todos salen un poco chamuscados: los pirómanos de oficio que, con el pretexto de la oposición, son botafuegos de todo y por todo; el gobierno mismo  que, en lugar de ser una tea en defensa de la libertad de expresión, esparce gasolina a través de trinos presidenciales o de su mano derecha; activistas disfrazados de periodistas, periodistas transformados en activistas, políticos infiltrados en el periodismo, periodistas que quieren infiltrarse en la política, comunicadores fletados, tuiteros que se creen figuras públicas, posteadores que se creen influenciadores y las grandes bodegas de los dos extremos han contaminado de tal manera la esfera pública  y han arrinconado al buen periodismo, a las organizaciones y a los medios que hacen la tarea y los han puesto entre la hoguera y el estigma, en medio de tres guerras distintas y un solo caos verdadero.

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El contexto

Lo nuestro es el conflicto, como lo sabe en carne propia, por lo menos, medio país desde que tiene memoria. Como se deduce con esas nueve cajas chinas que buscan dialogar con los armados ilegales. En el mismo origen o por el mismo efecto, junto a esa violencia interminable, asistimos escandalizados a otras guerras y por otros medios: la primera, la guerra por el relato, a sabiendas de que la historia ya no la escriben los vencedores, (como dice la manida frase cuya autoría se pelean Walter Benjamin, George Orwell y Winston Churchill), sino, como parece, quien tenga más likes, más bodegueros y más viralización.

La segunda, en continuidad con la anterior, la guerra por el control de la agenda pública que hace tiempo se llevó por delante la agenda mediática y la agenda política, por debilidad, ignorancia o falta de convicción de periodistas y políticos de oficio.

Y la tercera, la guerra por el poder, o lo que eso signifique, y que algunos asocian al poder gubernamental, otros al poder económico, otros al poder de hecho y otros al poder simbólico. En esos escenarios es necesario preguntarse en primera instancia quién ostenta el poder; si es acaso el gobierno que escasamente ha podido salvar las dos últimas legislaturas en su ambicioso plan de reformas; o si es la oposición en su rol de palafrenero en los procesos de cambio para insistir que las cosas se hacen a su modo; o si son las mafias enquistadas que siguen esquilmando el presupuesto ante el estupor general. En ese orden de ideas cabe interrogarse cómo se reconfigura el rol de contrapoder de los medios periodísticos y si debe vigilar a todas las expresiones mencionadas o se circunscribe, a juzgar por la posición de algunos medios, a la vigilancia del poder político, y que por su tono y obcecación se puede confundir con oposición ideológica, sobre todo si ese control se hace desde orillas con intereses políticos definidos y más aún, con intenciones proselitistas y electoreras.

El resultado de tantos frentes de batalla es este caos generalizado en el que, invocando diversos métodos que van desde la agresión y la violencia verbal hasta la legitimación de información mentirosa y engañosa, todos los contendientes dicen estar defendiendo la democracia, maestro. Habría que parafrasear a la derrotada Madame Rolland en la revolución francesa: Oh democracia cuántos crímenes se cometen en tu nombre”.

Tras de cotudos…

Como si fuera poco con la rampante crisis de los medios por razones de sostenibilidad, fragmentación, competencia, mercado y legislación, se ha desatado una guerra inédita contra los medios, desde algunos medios y entre algunos medios y periodistas que solían debatir sus diferencias en privado y parecer unidos en públicos. ¿Porqué?

Ya los espíritus estaban alterados. La sectarización creciente, el uso de la estrategia del escándalo como arma de comunicación política, la propaganda sucia, la pauperización del debate público y la suplantación del argumento por el insulto y la posverdad aumentaron la temperatura interna a límites insostenibles. La chispa la produjo el señalamiento del uso de tribunas o posiciones periodísticas como plataforma de futuras campañas. Chispa que se fue extendiendo con trinos frecuentes del presidente y su confrontación personalizada sobre la veracidad de publicaciones de periodistas o medios; con la construcción endeble de “casos judiciales” sobre decires, versiones, rumores o especulaciones; con la oposición abierta o velada de algunos medios, ya no solo desde espacios editoriales sino de realidades alternativas en las que los hechos fueron reemplazados por opiniones de fuentes de un mismo origen, cuando no de fuentes anónimas; con la construcción amañada del vox populi; con el abuso de la presunción ya no para hablar de inocencia, como instancia garantista, sino de escudo para sentenciar responsabilidad y culpabilidad; con la instrumentalización del periodismo desde cargos públicos; con la cooptación del oficio para engañar o para mentir; con la confusión entre opinión pública y la opinión privada expresa públicamente; con la legitimación de la voz ciudadana como voz periodística; con la utilización de medios públicos con fines políticos regionales o nacionales y con la publicación  estudios como el del Reporte de Reuters y Oxford que dan cuenta de la baja de la confianza en los medios, hasta un 35%, y la consecuente evasión o huida de las audiencias, en un 44%, de los medios noticiosos ya fuera por exceso, miedo, ansiedad o la polemización fútil en X de ”la mayoría de las élites periodísticas, académicas, económicas y políticas, a menudo de modo tóxico y descortés”.

Hasta que llegó el conato de incendio: la estigmatización, por parte del presidente Petro a la Flip, uno de los pocos bastiones que tiene la libertad de prensa y de expresión en nuestro país. Con alusiones a un periodismo Mossad en asociación a filtraciones y espionajes de la agencia israelí, o  con injustas vinculaciones actuales con políticos de derecha, Petro optó por escalar las diferencias con algunos reporteros por razones de veracidad y comprobación de la información, a confrontación directa con la prensa en general, infamando sus organizaciones o atacando a periodistas renombrados por el solo hecho de preguntar.

Atacar a la Flip, cuyo mandato está enfocado en la defensa de los periodistas y el libre ejercicio del oficio, no solo fue desproporcionado, sino que puso en contradicción algunas de las actuaciones del presidente en el pasado en relación con el respeto por los derechos humanos ante instancias internacionales que, al unísono, CIDH, RSF, SIP y demás salieron en apoyo de la fundación colombiana, de quienes la lideran y de sus actividades.

¿Qué buscaba el presidente?

Por un lado, sentar un precedente contra esa “prensa hegemónica tradicional” y dar, de paso, un velado apoyo a medios alternativos y comunitarios de los cuales ha hablado reiteradamente pero no ha podido organizar. Por otra parte, elegir un “enemigo” calificado para desvirtuar periodistas en particular con los cuales ha sostenido frecuentes encontrones; pero, además, alinderar fuerzas con dos claros mensajes: quien no está conmigo esta contra mí, y los amigos o defensores de mis enemigos son también mis enemigos. Finalmente, y en medio de la confusión, abrir un debate sobre la necesidad de una instancia, en este caso la Flip, que diferencie el buen periodismo del mal periodismo y actué en ese sentido.

Era necesario que la Flip reafirmara, como lo hizo, cuál es su función específica. La otra, la que quieren endilgarle como tribunal, agente evaluador o calificador de la labor periodística la aparta de su competencia para ponerla en el ojo del huracán, como efectivamente ha venido sucediendo en las tendencias de redes sociales en las que sin asomo de justicia se ha puesto en entredicho la idoneidad de la organización y la honestidad de sus directivos.

Sin generalizar

Tienen razón los medios y periodistas en exigirle al gobierno, como lo hicieron a través de una carta firmada por decenas de reporteros y líderes de opinión, que haya garantías para el oficio y que cesen los ataques multiplicados por los áulicos digitales, que debilitan el ejercicio democrático. Como los medios, las redes sociales gubernamentales construyen realidad, generan o refuerzan imaginarios y legitiman representaciones que van más allá de la reputación y ponen en riesgo la integridad de los comunicadores, afectan su salud mental y alteran sus rutinas profesionales. No deja de ser paradójico que esos ataques a la prensa se den justo cuando se tenía prevista la expedición de una directiva presidencial, con apoyo de la CIDH, para prohibir la estigmatización gubernamental a los periodistas.

La respuesta a las investigaciones periodísticas no puede ser el insulto o la descalificación, y las preguntas, independientemente de su tono, no pueden ser respondidas con amenazas desde la prepotencia de los cargos y mucho menos con demandas de cualquier índole, que comienzan a configurar acoso judicial y tienen la nefasta intención de limitar y censurar, por otra vía, a los implicados y advertir a los demás colegas.

Es cierto que el escrutinio periodístico puede llegar a ser agobiante, pero es necesario en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, más aún cuando el gobierno no cesa de verse envuelto en escándalos, investigaciones, polémicas y señalamientos, especialmente provenientes de fuego amigo.

Es cierto que espontáneos o políticos se han disfrazado de periodistas con interés particular pervirtiendo el interés público y contaminando la percepción ciudadana de este digno oficio. Una cosa es que la constitución garantice la libertad de prensa y otra que individuos sin formación o politiqueros con bajas pasiones utilicen el periodismo en venganzas, querellas o disputas ideológicas o se valgan de él para lograr reconocimiento público, seguidores y esquilmar la confianza de sus seguidores para saltar a la arena política. Peor aún que lo hagan a través de estrategias algorítmicas aprovechando el perfilamiento que hacen para explotar sus emociones. Como en otras profesiones y oficios, advenedizos e impostores deben quedar al descubierto.

Pero también es cierto que, en correspondencia con un ambiente sano de libertad de expresión, con el que el gobierno debe comprometerse, los medios y los periodistas están llamados a cumplir con los principios centenarios del oficio, más allá de los reclamos gubernamentales, tal y como lo dice el  artículo 20 de la Constitución, citado por el exmagistrado José Gregorio Hernández, y que consagra el derecho a informar sin censura que asiste a los periodistas, pero  también el deber de que la información sea veraz,  imparcial y comprobada.

Y aquí vuelve a tener razón la Flip, le corresponde a la sociedad civil, a la academia, a las defensorías de audiencias, a los observatorios de medios, a las veedurías ciudadanas y a los individuos informados servirle como contra peso a esos medios con una mirada crítica constructiva que ponga en evidencia malas prácticas legitimadas como la suplantación del periodismo de hechos por el periodismo de versiones y rumores; la contaminación del periodismo informativo por opiniones no pedidas y sesgadas del reportero; la “reportería” que pasa por encima de derechos consagrados como la privacidad y la intimidad cuando no hay afectación pública y devienen deshumanización, descalificación u ofensa; la ideologización de medios públicos en defensa o haciendo propaganda a gobiernos en ejercicio; la ausencia de calle, esto es, de reportería y presencialidad; el arribismo, el racismo y el clasismo mimetizados en el escrutinio y el seguimiento; la doble vida de personajes que sirven por una parte a intereses empresariales privados no confesados y en otras instancias se presentan como periodistas, columnistas u opinadores sin dar a conocer sus conflictos éticos o de intereses, llevándose por delante la perspectiva de verdad, afectando la memoria histórica y, lo que es peor, en contra de las víctimas de todas las violencias, como se ha denunciado recientemente.

Aún en medio de estas malas prácticas, nada justifica el estigma o la descalificación gubernamental y mucho menos generalizado con etiquetas como “la prensa” o “el periodismo” que pueden resultar incendiarias.

No sobra recordar que la columna vertebral del periodismo son sus principios que no son enajenables ni adaptables ni permutables, y que la médula de esos principios la componen la libertad de prensa y la libertad de expresión, un triduo que es, a su vez, más que soporte, sello y rostro de la democracia.

Por eso se extraña que en los llamados que viene haciendo el gobierno a la unidad y al consenso no haya mención a una zona de distensión con los medios, el periodismo y el mundo de la comunicación. Hay que comenzar a apagar el fuego. Todos somos bomberos voluntarios. El pluralismo del que tanto se habla, pasa por el respeto a la diferencia y por el diálogo franco entre gobierno y reporteros, aún aquellos que patean los estándares de calidad del periodismo: diálogo que debe estar mediado y en presencia de la sociedad civil, si es verdad que la participación está en la entraña del mentado acuerdo nacional y si es cierto que el objetivo es la paz, que sin el periodismo no puede ser total.