¿Ignorancia o cinismo?

por Mario Morales | Oct 14, 2021 | Análisis

La Presión y la estigmatización a medios públicos. Análisis para Razón Pública.

Por Mario Morales.

Parafraseando al maestro Javier Darío Restrepo,

el periodismo (la democracia y los medios públicos)

comienzan a deteriorarse cuando se (o los) apartan

de las categorías del servicio, de lo público

 y de las tareas de información libre.

                                                                                              ***

No se sabe qué es peor, si la ignorancia de parte de algunos funcionarios en relación con el papel de los medios, especialmente los públicos, en las sociedades contemporáneas o su adscripción a la escuela del cinismo, que tiene matrículas abiertas todo el año, para atropellar impunemente el trabajo periodístico y el derecho a la libre información de los ciudadanos.

Claro, dirán, la culpa es de la tradición que acostumbró a legalizar la confusión intencionada entre todo aquello que es público, o parte del Estado, que somos todos, para considerarlo como patrimonio de los gobiernos de turno, autoproclamados como delegatarios directos para sus intereses particulares, esto es, propagandísticos y politiqueros.

En esa normalización indebida, acuñada en el mismo origen de los medios públicos, como una tara, se han disuelto las peregrinas protestas por el uso indebido del poder de presidentes, gobernadores y alcaldes para imponer gerentes, directivos de medios y de sistemas informativos, y lineamientos sobre los principios informativos de canales y emisoras. Pero, no contentos con ello, han querido incidir en las decisiones periodísticas de medios privados y comunitarios a través de presiones, amenazas, despidos o chantajes de diversa índole.

El resultado de esa perversión conceptual ha sido la esquizofrenia de querer acabar los medios públicos, relegados como están hoy, desde la perspectiva de las mediciones de audiencia, o tomárselos sin reato a través de caballos de troya para impedir disensos, fisuras o informaciones que los pongan en evidencia ante los ciudadanos.

Atados a una legislación del siglo pasado, los medios audiovisuales públicos en nuestro país se siguen considerando como apéndices de las administraciones sin que los organismos de control o la sociedad civil hagan algo al respecto. Sólo quedan algunas voces arando en el desierto, como las fundaciones en defensa de la libertad de expresión.

Clientelismo y politiquería

La clientelización de los medios públicos ha vuelto a la palestra a raíz de las sonadas denuncias sobre presiones, despidos, y ex abruptos en declaraciones oficiales sobre el cambio forzado de directivos administrativos y periodísticos en el Canal local de Telemedellín por la negativa a seguir presuntas directrices de la alcaldía, secretarías y otras entidades de esa ciudad, como se desprende de lo que han señalado el periodista Hernán Muñoz, director del sistema Informativo, y de Johanna Jaramillo, la gerente, obligados a salir del medio con una diferencia de 3 semanas, porque, según ellos, no aceptaron las presiones  para convertir a ese medio “no en el canal de la gente, sino en el canal del alcalde” y más que eso, “en el canal de Daniel Quintero”.

El desconocimiento o el cinismo, mencionados antes, quedan de manifiesto en las declaraciones del gerente entrante, Deninson Mendoza, cuando se refirió, en Bluradio, al Canal como “una de las 37 empresas del conglomerado público de la alcaldía de Medellín”.

Esa visión deformada no solo pretende arrebatarles a los ciudadanos el medio que debería potenciar su voz, sus necesidades y sus preocupaciones, sino que además busca justificar las presuntas presiones, de las que hablan los implicados, y contradice la razón de ser del periodismo y de los medios públicos, relegándolos a la dependencia de decisiones burocráticas o serviles, solo porque el flamante funcionario “no estaba de acuerdo con línea periodística de Muñoz en el tratamiento de los temas sensibles de la ciudad” que afectaban la imagen del alcalde.

Otras denuncias en el mismo sentido dejan en evidencia que no se trata de coyunturas o reacciones aisladas sino de un “estilo de administración”, cuando hablan de interferencias de las secretarías para presionar cubrimientos, de decisiones de la primera dama, de investigaciones sobre preferencias políticas de los periodistas y el monitoreo constante a sus publicaciones en diversas plataformas.

Estilo que ya se había manifestado, como documentó la Flip, a mediados del año pasado, en denuncias de medios y periodistas de ser monitoreados por la alcaldía en redes sociales, para obstruir publicaciones sobre acusaciones de presunta violencia sexual.

Más recientemente, el alcalde la ha emprendido contra el diario El Colombiano por publicaciones críticas a su gestión, debidas según el mandatario y otros funcionarios a la disminución de la pauta publicitaria oficial en ese medio. Esa sola insinuación pone en entredicho, sin pruebas, la transparencia de anteriores administraciones y del uso de la pauta oficial ya no con perspectivas propagandísticas o de difusión sino como elemento de presión para obtener narrativas favorables.

Además, ese tipo de señalamientos, comunes en varias regiones del país, quieren hacer ver como una confrontación para tratar de neutralizar, como dice su directora Luz María Sierra, el ejercicio independiente del periodismo con investigaciones o denuncias. En ese sentido, la pauta, como enfatiza la periodista, no puede ser considerada nunca como presión, ni cuando está ni cuando no está, porque el periodismo se debe a sus lectores y audiencias.

Las declaraciones de la administración se dan en medio de versiones sobre la conveniencia de la partida de 160 millones de pesos mensuales para publicidad en 26 medios no tradicionales, con escasa experiencia o muy baja audiencia.

Los hechos hacen recordar, entre otros casos, denuncias sobre despidos a periodistas por contenidos de Teleantioquia que, en 2008, afectaban la gobernación; o en Canal Capital, por presiones sobre contenidos e invitados en 2013. En cualquier caso, las presiones e injerencias en la línea editorial de los medios públicos configuran, como lo plantea la Flip, censura indirecta, pero se constituyen, además, en otros tipos de ataques a la prensa, cuando acuden a estigmatizaciones, amenazas y despidos que devienen miedo y contenidos incompletos, que configuran otra veta de esa gran peste que es la desinformación, contaminan la esfera pública, recortan la libertad de expresión y atentan contra los principios democráticos de pluralismo, diversidad y participación ciudadana. Pero más que nada, afectan la reputación del periodismo y de su credibilidad; contribuyendo al descenso de la confianza en los medios, para ratificar la reciente conclusión de Reporteros sin Fronteras que los principales artífices del desprestigio periodístico son, absurdamente, quienes están llamados a defenderlo: los gobernantes.

Si por allá llueve…

La pretendida cooptación de los medios públicos por parte de los gobiernos sigue siendo una constante en nuestro país, bien por el atiborramiento de programas o espacios informativos de carácter propagandístico, disfrazados de periodísticos, poniendo en entredicho el valor de la verdad, o con actuaciones similares a la ya mencionada como sucedió con las presuntas presiones del gobernador del Quindío Roberto Jaramillo, denunciadas hace un año ante instancias como la misma Flip, por el entonces director del sistema informativo en Telecafé, Juan Manuel Lenis, que lo llevaron a renunciar hace ocho meses.

O como sucedió en diciembre de 2018 cuando la gerencia de entonces en RTVC retiró de la parrilla la repetición de Los Puros Criollos por la actitud crítica de su presentador, Santiago Rivas.

O como se viene extendiendo a medios comunitarios, también documentados por la Flip, como la emisora la Radio de mi Gente, desde donde denunciaron, hace un mes, presiones del alcalde de Chaparral, Tolima, por publicaciones críticas a la prestación del servicio de acueducto. Su director, Héctor Fabián Chila, recibió luego amenazas.

O como las recientes intimidaciones y amenazas en Puerres, Nariño, contra el reportero Andrés Benavides de la emisora comunitaria Paraíso Estéreo 96.3 FM, único medio de comunicación en esa zona.

Presiones a las que no escapan ni los medios privados, a juzgar por los ataques y las publicaciones hostiles desde el Centro Democrático contra Caracol Noticias por sus emisiones en relación con los procesos adelantados por las ejecuciones extrajudiciales.

Culpar al mensajero sigue siendo la estrategia gubernamental perfecta para esconder errores, ineficiencia o irresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, pero domesticarlo o despedirlo porque no logra alinearlo con la historia oficial que quieren contarnos es atentar contra derechos y libertades, y contra el mandato para que cual fueron elegidos, no importa si un día muestran la máscara de la ineptitud y al día siguiente se burlan de los ciudadanos con la del cinismo; actitudes tan graves como lo que quieren ocultar. @marioemorales y www.mariomorales.info

Apoyo a los medios sí, pero así, no.

por Mario Morales | Sep 7, 2021 | Análisis

Análisis y recomendaciones a propósito de sorteos y ayudas económicas a medios colombianos por aprte del gobierno y de proyectos de ley como el de una regulación para la estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia

Profundizando en las causas

Por Mario Morales

No ha sido solo por el coronavirus; las crisis económicas de los últimos tiempos han tocado de manera directa la sostenibilidad de los medios de comunicación. La de finales del siglo pasado, la que ocurrió al cerrar la primera década del presente, la del lustro pasado, más las presiones económicas propias de cada coyuntura y de cada reto que afronta nuestro país han significado un desafío para que los medios cumplan con su mandato ciudadano y democrático.

A su lado, las crisis propias del oficio, las que tienen que ver con la competencia, no siempre en igualdad de condiciones, pero especialmente aquellas provenientes de la irrupción de internet como plataforma de canales y nuevos medios han puesto de cabeza los modelos de negocio, la independencia periodística, el blindaje editorial y la autonomía laboral.

Se suman otras razones que tienen que ver con las ya mencionadas, pero relacionadas con la sobreoferta, la pérdida de confianza, el desprestigio, la guerra global de la desinformación, y el distanciamiento con las audiencias acostumbradas a recibir de manera gratuita o a bajo costo la información que necesitan para gestionar sus vidas.

Los medios viven sus crisis y resienten las ajenas en los planos económicos, sociales y políticos, junto a otras concomitantes como las relacionadas con la autoestima ciudadana y la escala de valores que se van reconfigurando y adaptando con el paso de los tiempos.

Cuando había recesión estaban las audiencias. Cuando escasearon los públicos estaban los modelos de negocio. Hoy flaquean todos ellos, comenzando por la fragmentación de la inversión publicitaria, la ausencia de un modelo de anuncios coherente con las nuevas rutinas y lógicas de consumo, el derrumbe de los medios como soporte de avisos clasificados o de portadores de otro tipo de mensajes comerciales directos o indirectos, que han radicalizado el dilema de supervivencia mediática.

Ahí está el germen del círculo vicioso, el periodismo de rigor no es vendedor y no representa el epicentro de atención que parecen requerir anunciadores e inversionistas.

El periodismo, los medios y, por intermedio suyo, la democracia necesita ayuda. Además, y parafraseando al académico Enrique Bustamante, los medios de comunicación están en el corazón de las industrias creativas en las que confluyen por lo menos quince sectores diversos con características como la creatividad y la propiedad intelectual en el contexto de la sociedad de la información. Eso refrenda la profecía de Fernando Yarza, presidente de la asociación mundial de periódicos y editores de noticias Wan-Ifra quien sentenció “que si no se articulan ayudas va haber un tsunami y una tragedia para la democracia”.

No es sorpresa

La transmutación se veía venir, la trampa de los contenidos engañosos, sensacionales, viciados de escándalo o con raíces en el morbo antes que como una deriva periodística son vistos como alternativas de solución y salvavidas en tiempos de incertidumbre.

Aquí se pueden esgrimir razones de inversión publicitaria, de lecturabilidad, parámetros de confianza, así como las diferencias entre medios escritos en soportes físicos, medios audiovisuales que utilizan el espectro y medios digitales cuya producción puede resultar más barata.

Capítulo aparte merece la aparición de competencias de toda índole en la generación de contenidos digitales, pero especialmente aquellos que sin tener fundamentos asociados al periodismo son confundidos en la emisión o en la recepción como tales, por el uso de técnicas o estrategias propias del oficio como la entrevista, el manejo de lenguaje audiovisual, o el uso o reúso de material de índole informativa con fines de entretenimiento, pasatiempo y lucro de sus autores o sus gestores.

Aparte de las consecuencias atinentes al ejercicio democrático se han incrementado los efectos en la pauperización del oficio, decrecimiento en la contratación y desempleo.

Si bien la crisis, tan notoria en países del primer mundo que no aceleraron su tránsito a lo digital, no se ha sentido tan fuerte en nuestro país y en nuestros vecinos, la recesión se siente particularmente en lo que tiene que ver con los nuevos anunciantes y los nuevos consumidores, caracterizados en generaciones que tienen como fundamento la gratuidad que ofrece el ciberespacio, la permuta por el suministro de información personal para ser negociada sin limitación legal o el intercambio por la publicación de contenidos sin un pago específico por su producción.

Estampida

La crisis presente o inminente ha suscitado la diáspora de tradicionales familias asociadas al oficio, de mecenas o socios sin la intención urgente de ánimo de lucro, y dio paso a la aparición de grupos económicos poderosos, de entidades financieras, o de varios familiares multimillonarios, amén de empresas tecnológicas, en la propiedad de  medios de comunicación, no como un negocio en sí mismo, sino como un soporte, un refuerzo o un blindaje, desde el punto de vista de la influencia para otras actividades colaterales. Con ellos han aparecido nuevas dinámicas ajenas a la deontología del oficio, asociadas a tácticas y estrategias si bien legales, no legitimadas como el uso del clickbait, la espectacularización de los contenidos, la parcialización informativa para grupos políticos o económicos afines, o como vitrina de productos actividades o relaciones públicas con los poderes tradicionales.

Lejos ha quedado pues la vieja metáfora hegeliana de la plegaria matutina del hombre contemporáneo frente al periódico y la construcción de una opinión pública masiva y totalizante alrededor de temas y enfoques decididos o aupados por medios y periodistas.

La aparición de nuevas fuentes asociadas a lo emocional, a los prejuicios, a los valores y a la posverdad, que tienen como referente la redes sociales, han puesto de manifiesto también la emergencia de audiencias con intereses ya no enfocados en información de calidad, sino en busca de contenidos convenientes o afines que les permitan consumir eso que llamó el filósofo argentino Miguel Wiñaski, la noticia deseada, es decir las narrativas que les repitan aquello que quieren leer o que esperan oír y que, de entrada, configura grupos o comunidades de opinión compartida y reforzada y de emoción exacerbada.

Señalada como tal en las críticas de los albores del periodismo hoy más que nunca es evidente la circunscripción de la información como moneda de cambio o mercancía, desfigurando la concepción de la función periodística desde la perspectiva ciudadana, como contrapoder, como eje de equilibrio entre los poderes existentes, como portadora de la voz de los que no tienen voz, como relato centrado en el usuario y como facilitadora de la democracia en aspectos como la diversidad, la inclusión, la participación y el pluralismo entendido, al decir de Faustino y Arons de Carvalho, como la diversidad de voces, políticas y culturas que tiene oportunidad de expresarse en una geografía o mercado.

 El factor central de la independencia.

No deja de ser una paradoja que, en medio de las crisis de grandes conglomerados fundamentados en la tradición, de aquellos que se quedaron sumidos en la duda para iniciar el proceso de transición hacia tecnologías más contemporáneas y en la emergencia de múltiples medios de pequeña y mediana escala, lo que esté más comprometido sea el valor de la independencia, precisamente por razones económicas. Entonces, funciona con mayor prevalencia la pauta como elemento de presión en la gestión informativa y en el acceso a las fuentes y a la libre información socavando la independencia, más aún si este tipo de medios actúan según intereses particulares o coyunturales y con prácticas desconectadas y disruptivas, divorciados de objetivos comunes. Pero, cuando algunos medios logran estabilizarse a través de la dinámica de periodismo local, de nuevas estrategias, nuevos formatos y nuevas narrativas, son fácilmente capturados, al decir de la Unesco, como otra forma de control por parte de los grupos de interés de gran magnitud.

En esas circunstancias, la condición democrática de los medios como bien público queda en entredicho bien sea por las regulaciones, la interpretación de las normas jurídicas o por el círculo cerrado de intercambio de negocios y publicidad de medios privados y públicos.

Según estudios citados por la Unesco, sobre información y sociedad de la Central European University, esa captura de medios de comunicación es el resultado de dichas presiones, cambios en el modelo de financiamiento, inequidad de género en la sala de redacción, el pacto financiero de las empresas de internet y la industria publicitaria y, especialmente, de los conflictos de interés.

Salvaguardar la independencia de los medios desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legal significa hacerlo también a partir de otros derechos consagrados como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de asociación, la libertad de prensa y de su distribución.

Ejemplo de ello en nuestro medio es el cumplimiento del mandato de mayor oferta en soportes con pocos actores, especialmente en canales de televisión y la promesa de nuevos canales nacionales que quedó en el olvido con el pretexto de la escasez de pauta publicitaria, concebida como único factor de sostenibilidad.

Modelos de negocio

Una parte del debate ha estado encaminada a innovar y a proveer alternativas de sostenibilidad, especialmente en lo atinente a los modelos de negocio, no solo afincados en los anuncios comerciales, comenzando por experimentar con modelos de emisión de publicidad no invasivos, que se distancien del tinte tradicional y lineal de la publicidad como parte del relato mediático.

Los modelos de negocio apuntalados en los clics o en la promoción de contenidos populares o virales como lo manejan plataformas tecnológicas están lejos de la calidad periodística y a veces la contradicen.

Esas nuevas propuestas pasan por el pago por parte del mismo usuario, a través de suscripciones o por beneficios como el acceso a experiencias a comunidades prácticas que, como sabemos, forman parte de los rituales de las nuevas audiencias ávidas de conversación y de grupos con intereses comunes.

Ejemplos de innovación reciente son El Confidencial en España, el Malaysia King, El Faro en El Salvador o Animal Político en México, como lo señalan Rodríguez Castro y Valero Pastor y Dragomir, en investigación de 2020.

Si en algo coinciden los estudios sobre modelos de financiación, así como ha sucedido con el consumo de contenidos desde la una perspectiva centrada en los usuarios, es en que debe estar fundamentada en términos de derechos constitucionales, ya mencionados, como pluralismo, inclusión y participación cualquiera que sea su estrategia: suscripciones, afiliaciones, cooperación, donaciones, patrocinios temporales o permanentes, etc.

En síntesis, los principales modelos de financiación estatal para empresas de comunicación y periodismo son: la financiación pública a través de medios de administración estatal, como tasas de licencia fondos públicos y medios de comunicación, la publicidad estatal, las subvenciones o asignaciones directas. El modelo de la tasa de licencia consiste en una tasa que todos los ciudadanos pagan, que es un modelo común europeo y que pretende inmunizar a los medios de partidos políticos y gobiernos.

Antecedentes de apoyo oficial o público a medios de comunicación.

Uno de esos antecedentes está ubicado en los setentas y en los ochentas con ayudas discrecionales para aliviar las crisis económicas precedentes.

Un ejemplo es la ley 29 de 1984 en España, que habla de un modelo reglado de ayudas directas e indirectas al sector, que tenía un panorama muy similar al que viven en los medios hoy por hoy.

Estas ayudas, históricamente, han sido de carácter directo, es decir, las empresas periodísticas reciben dinero sin contraprestación, para mejores aspectos como los relativos a la adquisición de papel y otros insumos, la renovación tecnológica que es clave tanto en equipos, manejo y capacitación; para nuevos productos, nuevas actividades connaturales o para difusión de contenidos desde y hacia otras comunidades en busca de nuevos públicos.

Las ayudas indirectas están relacionadas con la disminución del dinero que las empresas aportan al Estado y que tienen que ver con disminución de impuestos, de tarifas postales, créditos baratos o apoyos, como los caracteriza al profesor Justino, a fabricantes de máquinas o insumos para medios de comunicación, a mano de obra o personal de la empresa, a gremios periodísticos, a labores pedagógicas y campañas tendientes a la recuperación del prestigio de los medios de comunicación.

Una vez España ingresó a la Comunidad Europea sus ayudas fueron mermadas o disueltas por nuevas legislaciones y quedaron circunscritas a las comunidades autonómicas.

En ese sentido y tal y como lo documentan Quintana y Oliva, las comunidades autónomas mantienen ayudas relacionadas con el fortalecimiento de publicaciones periódicas en lenguas no oficiales, el fomento de la lectura, el auge del periodismo especializado, publicaciones de pago o gratuitas de manera ponderada, intervención para evitar la pérdida o cierre de publicaciones periódicas o para ampliar la cobertura.

Es menester impulsar la posibilidad de tener medios mixtos en la medida que la empresa privada empuja su crecimiento, pero también medios completamente financiados por el Estado para garantizar estabilidad y continuidad y evitar presiones desde el punto de vista publicitario. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió con la ley 8 de 2009 para lograr la financiación total del sistema de radiotelevisión española.

En esa medida el capital privado se puede unir al estatal en casos determinados o, indirectamente a través de tasas impositivas o para alimentar fondos que coadyuven a sostener los medios públicos.

Otros ejemplos tienen que ver con aportes directos de las autonomías, como el que ocurrió en Cataluña en 2013, con incrementos sustanciales de acuerdo con los retos económicos y las metas de crecimiento. Reformas jurídicas similares se vivieron en otras comunidades como el País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía etc. Algunas de ellas con la condición de que esas partidas fueran excepcionales y no continuas.

La tendencia en España ha apuntado más a la financiación directa para dejar los terrenos de libre mercado a la inversión publicitaria.

Otras formas de financiación.

Parte de la financiación de los medios, sobre la base la sostenibilidad, en el ya largo camino de propuestas, ha tenido que ver con su tránsito al mundo de la multipantalla, la multiplataforma y el multiformato, sin traicionar los soportes tradicionales, que fue el reto que aceptó en 2004 la BBC y que le permite hoy a estar a tono con su competencia en cada uno de los soportes en el ámbito europeo. Ello fue posible gracias a ejes fundamentales como el servicio universal, el interés colectivo y la financiación de carácter obligatorio por parte de los ciudadanos vía impuestos y con destino específico

Otra opción a lo largo de la historia reciente ha sido el auspicio parcial o total y ayudas de la filantropía dedicada a los medios de comunicación y al buen periodismo. Esa filantropía ha tenido que ver con aportes directos sin intereses políticos, sin intervención en la administración o en la línea editorial; también son viables becas donaciones, préstamos o apoyos con tecnología, capacitación y formación de periodistas

En nuestro medio se ha planteado la estrategia de negocios tipo paraguas que permite la diversificación en la búsqueda de ingresos a través de capacitaciones propias, conferencias, publicaciones, edición o gestión de contenidos para terceros, alianzas temporales y la donación directa de sus audiencias.

En esas y otras experiencias ha quedado claro que para que se consoliden, se necesita una legislación dúctil que permita, por ejemplo, seguir el ejemplo del diario The Guardian para recaudar dinero a través de suscripciones y donaciones masivas sin importar el monto o a las membresías individuales y sin cerrar la puerta a la filantropía lo que hace posible dedicar todo el esfuerzo a la creación de buenos contenidos.

En otras iniciativas, como la de la prensa argentina, han acudido a la generación de sociedades temporales o no declaradas entre periodistas y usuarios que a través de un pago específico no solo tienen acceso al contenido, sino también a una red de beneficios sobre todo en el campo cultural, en relación con compra de libros, ingreso a eventos y consumo de material cultural. Fue a través de la ley de servicios de comunicación audiovisual que, en 2009, se actualizó la normatividad con los retos comunicativos en términos jurídicos y contribuyó a la emergencia de nuevos medios, particularmente pequeños y asociados a lo comunitario, sin tener mayor impacto negativo en los grandes medios o de carácter mediano.

Ejemplos de fundaciones con inversores o mecenas son la Open Society Foundation, controlada por George Soros, la fundación Gates o la tienda de becas Luminate, financiada por el fundador de eBay Pierre Omidyar. Según Media Impact Founders fundaciones de este tipo ayudaron con más de 1300 millones de dólares al año a medios de comunicación y periodistas en todo el mundo en el tercer lustro de este siglo, pero eso equivale solo a cerca del 1% del gasto total que requieren esos medios para funcionar.

Más ejemplos de apoyo a medios de comunicación

El incentivo fundamental en la base jurídica europea fue en sus orígenes, como lo sigue siendo ahora, la idea de pluralismo. No obstante, las formas y modos de presentar los auspicios han sido tan variopintas como polémicas.

En Europa los apoyos a la prensa, con y sin regulación, responden a tres modelos según Hallin y Mancini, teniendo en cuenta las relaciones de los medios con el poder político:

El sistema liberal anglosajón, también llamado sistema corporativista democrático, que no tiene subvenciones; el corporativo democrático con bajo control y reparto político de los países del norte de Europa, y el pluralista partidista de los países mediterráneos como Francia, España, Portugal, Italia y Grecia, que no tienen control con algunas excepciones.

Las ayudas son directas como subvenciones, contratos, convenios o campañas de publicidad, o indirectas como IVA reducido, beneficios fiscales, tarifas postales gratuitas o subsidiadas, créditos, fondos de capital de riesgo, líneas telefónicas bonificadas, reducciones del impuesto empresarial o de la cotización de la seguridad social, beneficios en transportes etc.

Por ejemplo, algunos países como el Reino Unido Suiza, Irlanda y Alemania dan apoyos indirectos disminuyendo el Iva o llevándolo a cero. En esos países los apoyos directos no se han considerado históricamente como plausibles porque los estudios de la Royal Comisión of  Press, en el siglo pasado, concluyeron que los objetivos de pluralismo y diversidad en los medios no son visibles o no son mensurables en términos de apoyos directos y que, en cambio, se pone en riesgo  la independencia al tiempo que se podría incidir en el funcionamiento del libre mercado y suscitar una dependencia recurrente, afectando con ello la competitividad.

Parte de los dilemas han sido si las ayudas indirectas deben ser automáticas, mecánicas y abiertas, y si las directas deben pasar por el filtro de la selección.

En países como Austria, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia hay apoyos directos y también indirectos. Otros países como Bélgica, España, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Grecia, Dinamarca conciben ayudas directas con base en lo establecido en sus legislaciones en el arranque de este siglo. En España, como vimos, hay discrecionalidad para las autonomías territoriales.

En Austria hay una ley federal desde 2004 que determina que la Autoridad Estatal de Comunicaciones regula las ayudas en la industria audiovisual. Esa autoridad tiene asesoría de un comité que evalúa el cumplimiento de los requisitos para los apoyos. Además, también puede hacer sugerencias sobre la manera como se entregan esas subvenciones. Está integrado por seis miembros y un presidente; dos los nombran el sindicato de periodistas; dos, la asociación de diarios y dos, el canciller de la república. Éstas ayudas son para la distribución de periódicos, al fomento de la oferta diversa, para el fomento de la calidad y el futuro de la industria, especialmente hacia grupos o asociaciones que no tengan ánimo de lucro, apoyos editores en formación, a los medios que contraten jóvenes periodistas, corresponsales en el extranjero, asociaciones que fomenten la lectura y a proyectos de investigación mediáticos. Los apoyos indirectos incluyen descuentos de en el IVA y las tarifas postales.

En Finlandia las ayudas están encaminadas a la oferta plural de medios para garantizar la sostenibilidad de medios que no sean hegemónicos. A través de la cartera de transporte y comunicaciones se extienden ayudas parlamentarias y ayudas selectivas. Las primeras son directas a los partidos políticos para que favorezcan a los medios de su línea política, y las electivas buscan reducir o abaratar los costos en distribución. Adicionalmente hay ayudas para medios culturales y disminución en el IVA con énfasis en publicaciones minoritarias y la información producida en idioma nativo.

En Francia que es paradigma en este sentido, las ayudas las otorga la Dirección de Desarrollo de los Medios que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación francés. Están encaminadas al desarrollo de los medios, a su difusión, defensa del pluralismo y a la modernización y diversificación digital y multimedia de las empresas de prensa.

Las ayudas directas tocan apoyos a la difusión, el transporte, la impresión descentralizada de periódicos y la distribución de publicaciones semanales.

Por otro lado, las ayudas que fomentan el pluralismo están dirigidas a periódicos de información política y general y que tienen pocos ingresos; a los periódicos regionales y locales, a los que también se les subvenciona con la idea de modernizar y diversificar hacia lo digital. De esas modalidades tiene carácter discrecional la de la modernización de la prensa diaria y el apoyo a la lectura que está consagrada por ley. Apoyan también proyectos que tienen participación multisectorial.

En lo referente a las ayudas indirectas hay que destacar las de transporte, pero especialmente las de fomento a la lectura de prensa, con énfasis en los jóvenes, y en la distribución de medios en centros de concentración de nuevas generaciones con el ánimo de facilitar su consumo. También hay deducciones fiscales por inversiones, exoneración de tasas tributarias y pone especial relieve en la modernización y tránsito a lo digital.

Noruega es ejemplo y tradición en los apoyos a la prensa. Cuenta con una Autoridad de Medios de Comunicación que depende del Ministerio de Cultura y Asuntos Religiosos.

Se enfocan en apoyar a los periódicos hegemónicos para evitar los monopolios. Auspicia

medios de minorías y publicaciones específicas para grupos sociales o políticos que tienen que ver con inmigración o discapacidad. Hay apoyo a la formación de periodistas.

Entre las ayudas indirectas tiene exención de IVA parcial para los medios diarios, pero no aplica para los semanarios y revistas. Su efecto central ha sido despolitizar la concentración del sector.

Suecia cuenta con un Consejo de Subvenciones a la Prensa que depende del Ministerio de Cultura y que se encarga de entregar subsidios para fomentar la diversidad y la pluralidad, con carácter selectivo y énfasis en las publicaciones no hegemónicas o denominadas secundarias, dirigidas a minorías. Hay apoyos selectivos a la distribución de medios para población en situación de discapacidad y una disminución general del IVA para periódicos.

Algunos de esos países se ajustan entonces al denominado modelo democrático corporativo definido por Hallín y Mancini[1] y caracterizado por una gran circulación de medios comerciales, medios de partidos políticos o grupos civiles, con vinculación entre medios y tendencias políticas que no afecta a la calidad periodística, y un notable intervencionismo estatal producto de sus apoyos.

Francia en cambio se ajusta al modelo pluralista polarizado, corriente en el Mediterráneo, con el común denominador de baja lecturabilidad en relación con su contexto, la vinculación entre medios y tendencias políticas, siendo el país que más apoya y más abanico de posibilidades presenta en este sentido. Se aprecia un apoyo a periódicos o medios secundarios, impulso de la lectura y a medios para minorías.

Se nota la combinación de ayudas directas e indirectas, estas últimas, sobre todo, en disminución del IVA, pero hay deducciones mayores para editores y medios con altos estándares de seguridad social.

Para la adjudicación de los auspicios hay entidades que, si bien dependen en lo gubernamental del Ministerio de Cultura, cuentan con comités de veeduría y comités consultivos tanto en la asignación como en el otorgamiento y seguimiento a las ayudas, con representación de diversos sectores sociales especialmente el referido a las comunicaciones y el periodismo.

La agenda digital 2020

En los últimos años, algunas de estas legislaciones y subvenciones, que se vieron recortadas o suspendidas transitoriamente, se han visto reforzadas a través de la agenda digital 2020 que fue la estrategia de la Unión Europea desde la perspectiva de las tecnologías y la comunicación como ruta para la transición hacia la sociedad digital, y que tiene como epicentro el copyright digital, para reformar la ley de propia intelectual y la monetización o conversión del intercambio informativo para brindarles sostenibilidad a los medios.

Esa agenda contó entre sus siete objetivos con dos de capital importancia: el de la alfabetización digital especial y la aplicación de beneficios de las Tic a la sociedad. Y como hemos dicho, el que propugna por proteger la trazabilidad de la autoría “a través de la cadena de valor de la creación y circulación de los contenidos digitales con la creación de un símbolo digital del copyright reconocible visualmente y por sistemas informáticos de acceso, bases de datos y registros digitales en todo Europa”. Los complementan otras metas como plataformas automatizadas de licencias y gestión en línea de esos derechos sobre contenidos, marco de gobernanza transparente para la negociación entre agentes de la cadena de valor, y, finalmente, sistemas de pagos electrónicos confiables.

Dicha agenda está en consonancia con un decálogo propuesto por la agrupación europea de asociaciones nacionales de editores para regular la era digital actual con aspectos como que no haya restricciones a la libertad de prensa en la sala digital, que se impulse la protección del valor de los contenidos en el escenario digital, que se establezcan acciones beneficiosas con las Tic, que se reconozca el papel central de los periódicos en la sociedad digital, que la modulación de la publicidad es imprescindible para defender la sostenibilidad, que debe haber protección de datos preservando la transparencia, confianza y libertad de elección de los usuarios,  que se salvaguarde el equilibrio en la reforma de la directiva de comercio electrónico, y que haya neutralidad.

Hay otros dilemas que tienen que ver con la legislación y los modelos de negocio, como el que plantean a los gobiernos las grandes empresas tecnológicas, tal y como sucede hoy entre Australia y Facebook, red social que decidió bloquear la publicación de noticias en Australia, luego que el parlamento de ese país aprobara el código de negociación de noticias que insta a esas empresas tecnológicas para que alcancen un acuerdo con los medios para remunerarlos en la creación de noticias.

En cualquier caso, se trata de minimizar la intervención del Estado la la politización de los medios que deben ejercer el denominado profesionalismo crítico

Conclusiones y recomendaciones

Como se ha visto, el debate se ha centrado, en países que los han implementado, en los apoyos directos a los costos que son variables en tanto que son ineficaces y casi siempre insuficientes, en vez de, como diría el académico Picard, llevarse gastos fijos que es donde están los problemas estructurales.

No se trata de recurrir al asistencialismo, que puede degenerar en medios pasivos y resignados, o que restringen otras formas de negocio. Hay algunos pocos ejemplos de sostenibilidad con base en la inversión a través de la retribución publicitaria, pero obedecen a conglomerados con un enorme músculo financiero mientras se ve el retorno de las ganancias; no sucede lo mismo con los medios pequeños o incluso medianos que están más expuestos a las presiones ya mencionadas

Si bien los apoyos cuentan, es necesario intervenir otros factores aledaños, como las dinámicas del mercado, fomento de las audiencias, hábitos de lectura mediática, alfabetización, etc.

También ha sido polémica la inversión de publicidad institucional por asuntos de transparencia, pero también por la variabilidad cuando se presentan situaciones de crisis.

Es necesario decir que estas ayudas no pueden afectar la competencia entre países ni a los mercados.

Marco jurídico integral

Es necesario, al tiempo que se desarrollan este tipo de subvenciones, actualizar la legislación en el ámbito de los medios de comunicación y, muy especialmente, aquella atinentes al sector audiovisual que permita tener un marco jurídico actual en relación con los cambios y las nuevas tecnologías.

La legislación, como ha sucedido en otras latitudes, garantizaría la prestación del servicio de información como bien público blindado, autónomo e independiente de los gobiernos y administraciones, con entes que garanticen la libertad política, la libertad editorial y la libertad económica.

Esa legislación avalaría la delegación del manejo y control independiente y autónomo de la administración de esos presupuestos para garantizar y regular, por ejemplo, la financiación mixta, con rubros del presupuesto general estatal que sería inmodificable para cada gobierno, sumados a los provenientes del mercado publicitario, con la garantía de que los medios denominados secundarios no van a estar en desventaja en relación con los medios pertenecientes a grandes conglomerados.

Pero dejar la sostenibilidad solo a cargo del erario no garantiza la eficiencia ni la estabilidad a largo plazo por esos modelos; una alternativa es el aporte durante un determinado número de años, aunque sin retorno, pero con la garantía de que cumplidos unos plazos se comprometan a encontrar modelos de negocio propios sin que trastabillé su deber ser.

Y un modelo híbrido es el de permitir los aportes estatales fijos y la participación en el mercado publicitario en determinados tipos de horarios o narrativas, para permitir que franjas o programación referidas especialmente a la información estén garantizadas más allá de su audiencia o de la inversión publicitaria.

Es menester una legislación para acallar incertidumbres como la variedad y la fragmentación frente a la diversidad y al acceso con equidad, el monopolio ante a la libertad de expresión, la mimetización o remezcla de contenidos frente a la originalidad, la pauperización frente al uso sin derechos, así como la brecha en conectividad, banda ancha, costos y afectación del servicio público.

Parte de la legislación ha de estar dirigida a impedir la concentración mediática, a que monopolios empresariales acaparen inversión publicitaria, a que los apoyos que necesitan los medios estén dirigidos a mejorar las condiciones de acceso, por ejemplo, con la distribución de los periódicos, con material tecnológico para los medios audiovisuales y la distribución de dispositivos para recepción.

Una legislación más actual debe considerar la inclusión de tasas, impuestos o cobros a las empresas tecnológicas que utilicen contenidos periodísticos de medios de comunicación con fines de lucro; eso significa participación de los autores, productores y creadores de contenidos en las ganancias. Es un doble pago para las casas periodísticas realizar esos contenidos con trabajo propio para que las plataformas utilicen ese material proveído como mercancía de distribución y lo moneticen, al tiempo que deben pagar visibilizar o jerarquizar los contenidos en esas redes o en esas plataformas para ganar audiencia

Clave en ese marco jurídico, sin duda, es el fortalecimiento de los medios públicos con su concepción genuinamente estatal pero distanciados legal y económicamente de la administración de los gobiernos de turno, que no deben tener injerencia ni en su composición ni en su línea editorial para cumplir los mandatos constitucionales de pluralismo, inclusión, participación y calidad periodística.

En últimas, se requiere una legislación actualizada que ayude a dirimir esa paradoja de nuevos usuarios que pagan a presión por conexión de acceso, pero son reticentes a hacerlo por el valor de la autoría y la propiedad intelectual sin entrar en conflicto con el uso de las libertades públicas de información y comunicación.

Es importante destacar que los aportes del Estado ni el mercado pueden ser los únicos reguladores, relegando a las audiencias al papel pasivo de consumidor sin injerencia en las decisiones colegiadas

Entonces, para las relaciones de los medios con el Estado, los gobiernos y los poderes económicos se requiere de instancias moduladora a través de jurisprudencia, normatividad y políticas públicas en pro de concertación sobre la base el respeto, la actividad delegada y el compromiso social adquirido frente a la sociedad.

Así como en lo atinente a la libertad de expresión, en la primera enmienda de la constitución estadounidense, se deja en manos de la Corte Suprema los debates o dilemas que establecen los límites de la libertad expresión sin injerencia de otros poderes, así mismo, dicha legislación debe regular los aportes directos o indirectos del Estado, mediados por instancias independientes, con participación de expertos, academia y sociedad civil que permitan decidir el monto y requisitos de esos aportes.

Esa instancia permite dirimir auspicios y prebendas para los medios estrictamente privados, como los impresos y los digitales, en relación con otro tipo de medios como los audiovisuales que corren sobre bienes de la nación, en el espacio radioeléctrico y que permiten un mayor control y vigilancia por parte del Estado.

Otras propuestas de apoyo

Esta esta medida, y con la participación de academia y expertos, las propuestas para apoyos a medios de comunicación y periodismo, podría partir de la creación de tanques de pensamiento, laboratorios de experimentación, e incluso ayudas para los primeros años de emisión o publicación como lo estilan determinadas fundaciones que apoyan medios, para garantizar el periodismo de calidad combinado con innovación y la creatividad para hacerse auto sostenibles a largo plazo. La necesidad de suscitar nuevos modelos de negocio es tan urgente como la financiación misma en el presente, en tanto que hace posible la subsistencia de los medios en el mediano y largo plazo.

La estructura de esos medios públicos debe alejarse de los modelos de programación o contenidos espejo que ofrecen los medios privados con alto poder económico. Las ayudas, por tanto, deben incentivar iniciativas que ofrezcan alternativas, que contra programen y que estén empeñados con innovación, nuevos medios, nuevos formatos y nuevas audiencias.

Otro tipo de alternativas han de estar dirigidas a la actualización y formación de periodistas y directivos en competencias que les permitan enfocar su trabajo a la construcción de contenidos para públicos específicos que requieren de esos contenidos para lidiar con su vida personal, profesional o económica a través de la segmentación de intereses y necesidades.

Otra idea de financiación tiene que ver con la creación de fondos que admitan el concurso de medianas y pequeñas empresas interesadas en modelos periodísticos y modelos de negocio específicos, viables y sostenibles mediante convocatorias, programas y concursos manejados por entes independientes de los gobiernos de turno.

Otro ejemplo es la participación accionaria de las audiencias en la propiedad de los medios, con la idea de capitalizar al mismo tiempo que suscitan, con la idea de club y de pertenencia, el involucramiento de las audiencias

Por supuesto, fundaciones y organizaciones deben estar sometidas a la veeduría pública para impedir que tras bambalinas aparezcan presuntos mecenas con intereses no declarados en esos medios de comunicación.

Lo importante a la hora de pensar en apoyos, subvenciones y garantías de financiación tiene que ver con el pensamiento a largo plazo, en la idea de garantizar el flujo de la información, trabajo y periodismo de calidad

Entonces habría que insistir en la participación ciudadana en el futuro económico de los medios, teniendo cuenta que ya colaboran en la recolección o testimonialidad de noticias,para que hagan lo mismo con aportes económicos constantes.

Por ende, hay que hacer énfasis en la pedagogía de la suscripción mediante la cual el ciudadano tiene una retribución directa y tangible.

Una pedagogía que se extienda a mejorar e incrementar la lectura y consumo de medios, con perspectiva crítica con la idea de suscitar hábitos y cultivar las nuevas audiencias del futuro.

Por eso es urgente pues la participación ciudadana en la base de las alternativas de apoyo a los medios en la parte económica, pero también en los procesos de regulación y de interacción, a través de procesos de rendición de cuentas

Referencias

-Campos, F (2012) Los grupos de comunicación de Europa y la agenda digital Razón y Palabra, núm. 79, mayo-julio, 2012 Universidad de los Hemisferios Quito, Ecuador.

-Colino, F. Evolución de la financiación de los medios de comunicación en España. Papeles de Europa 26. Madrid.

-Faustino, P., Arons de Carvalho (2011): “Public Policies and State Subsidies Impacts: The Case of Regional and Local Media in Portugal”. Aciveiro (Pontevedra): Curso de UIMP de Galicia

-Fernández Alonso, I. & Blasco Gil, J. J. (2006). Press Subventions in Europe in 2006.. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pp. 56-76.

-Hallin, D. Mancini, P. (2004). Comparing media systems: three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press.

-Mateo, R. de (1990). Els ajuts d´Estat a la premsa a l´Europa Occidental. Anàlisi comparada de les politiquees de 17 països. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d´Investigació de la Comunicació.

Año 3 (2012) | artículo nº 6-31| ISSN: 1989-8681|Creative Commons | Págs 101-120.

-Picard, R (2010).Value creation and the future of news organization. Lisboa, Media XXI

-Quintana, A, Oliva, C (2012) Subvenciones a la prensa en España: sinergias políticas y empresariales en Andalucía, Cataluña, Galicia y El País Vasco. Miguel Hernández communication Journal. Año 3, artículo nº 6-31| ISSN: 1989-8681|Creative Commons |

-Royal Commission on the Press (1977). Final Report. Londres: Her Majesty’s Stationery Office.

– Wiñazki, Miguel. La noticia deseada (2da edición). 2014: Marea. p. 248.

[1] El Marco conceptual de Hallin y Mancini (2004) tiene cuatro dimensiones: la estructura de los de comunicación, el paralelismo político, el profesionalismo periodístico y la intervención estatal de la comunicación. Por otro lado, tiene otros cinco ejes que son el papel del Estado, el tipo de democracia, el tipo de pluralismo individual frente a pluralismo organizado, el grado de autoridad racional legal y el grado de pluralismo moderado frente al problema polarizado haciendo referencia a los contextos políticos.