La Presión y la estigmatización a medios públicos. Análisis para Razón Pública.

Por Mario Morales.

Parafraseando al maestro Javier Darío Restrepo,

el periodismo (la democracia y los medios públicos)

comienzan a deteriorarse cuando se (o los) apartan

de las categorías del servicio, de lo público

 y de las tareas de información libre.

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No se sabe qué es peor, si la ignorancia de parte de algunos funcionarios en relación con el papel de los medios, especialmente los públicos, en las sociedades contemporáneas o su adscripción a la escuela del cinismo, que tiene matrículas abiertas todo el año, para atropellar impunemente el trabajo periodístico y el derecho a la libre información de los ciudadanos.

Claro, dirán, la culpa es de la tradición que acostumbró a legalizar la confusión intencionada entre todo aquello que es público, o parte del Estado, que somos todos, para considerarlo como patrimonio de los gobiernos de turno, autoproclamados como delegatarios directos para sus intereses particulares, esto es, propagandísticos y politiqueros.

En esa normalización indebida, acuñada en el mismo origen de los medios públicos, como una tara, se han disuelto las peregrinas protestas por el uso indebido del poder de presidentes, gobernadores y alcaldes para imponer gerentes, directivos de medios y de sistemas informativos, y lineamientos sobre los principios informativos de canales y emisoras. Pero, no contentos con ello, han querido incidir en las decisiones periodísticas de medios privados y comunitarios a través de presiones, amenazas, despidos o chantajes de diversa índole.

El resultado de esa perversión conceptual ha sido la esquizofrenia de querer acabar los medios públicos, relegados como están hoy, desde la perspectiva de las mediciones de audiencia, o tomárselos sin reato a través de caballos de troya para impedir disensos, fisuras o informaciones que los pongan en evidencia ante los ciudadanos.

Atados a una legislación del siglo pasado, los medios audiovisuales públicos en nuestro país se siguen considerando como apéndices de las administraciones sin que los organismos de control o la sociedad civil hagan algo al respecto. Sólo quedan algunas voces arando en el desierto, como las fundaciones en defensa de la libertad de expresión.

Clientelismo y politiquería

La clientelización de los medios públicos ha vuelto a la palestra a raíz de las sonadas denuncias sobre presiones, despidos, y ex abruptos en declaraciones oficiales sobre el cambio forzado de directivos administrativos y periodísticos en el Canal local de Telemedellín por la negativa a seguir presuntas directrices de la alcaldía, secretarías y otras entidades de esa ciudad, como se desprende de lo que han señalado el periodista Hernán Muñoz, director del sistema Informativo, y de Johanna Jaramillo, la gerente, obligados a salir del medio con una diferencia de 3 semanas, porque, según ellos, no aceptaron las presiones  para convertir a ese medio “no en el canal de la gente, sino en el canal del alcalde” y más que eso, “en el canal de Daniel Quintero”.

El desconocimiento o el cinismo, mencionados antes, quedan de manifiesto en las declaraciones del gerente entrante, Deninson Mendoza, cuando se refirió, en Bluradio, al Canal como “una de las 37 empresas del conglomerado público de la alcaldía de Medellín”.

Esa visión deformada no solo pretende arrebatarles a los ciudadanos el medio que debería potenciar su voz, sus necesidades y sus preocupaciones, sino que además busca justificar las presuntas presiones, de las que hablan los implicados, y contradice la razón de ser del periodismo y de los medios públicos, relegándolos a la dependencia de decisiones burocráticas o serviles, solo porque el flamante funcionario “no estaba de acuerdo con línea periodística de Muñoz en el tratamiento de los temas sensibles de la ciudad” que afectaban la imagen del alcalde.

Otras denuncias en el mismo sentido dejan en evidencia que no se trata de coyunturas o reacciones aisladas sino de un “estilo de administración”, cuando hablan de interferencias de las secretarías para presionar cubrimientos, de decisiones de la primera dama, de investigaciones sobre preferencias políticas de los periodistas y el monitoreo constante a sus publicaciones en diversas plataformas.

Estilo que ya se había manifestado, como documentó la Flip, a mediados del año pasado, en denuncias de medios y periodistas de ser monitoreados por la alcaldía en redes sociales, para obstruir publicaciones sobre acusaciones de presunta violencia sexual.

Más recientemente, el alcalde la ha emprendido contra el diario El Colombiano por publicaciones críticas a su gestión, debidas según el mandatario y otros funcionarios a la disminución de la pauta publicitaria oficial en ese medio. Esa sola insinuación pone en entredicho, sin pruebas, la transparencia de anteriores administraciones y del uso de la pauta oficial ya no con perspectivas propagandísticas o de difusión sino como elemento de presión para obtener narrativas favorables.

Además, ese tipo de señalamientos, comunes en varias regiones del país, quieren hacer ver como una confrontación para tratar de neutralizar, como dice su directora Luz María Sierra, el ejercicio independiente del periodismo con investigaciones o denuncias. En ese sentido, la pauta, como enfatiza la periodista, no puede ser considerada nunca como presión, ni cuando está ni cuando no está, porque el periodismo se debe a sus lectores y audiencias.

Las declaraciones de la administración se dan en medio de versiones sobre la conveniencia de la partida de 160 millones de pesos mensuales para publicidad en 26 medios no tradicionales, con escasa experiencia o muy baja audiencia.

Los hechos hacen recordar, entre otros casos, denuncias sobre despidos a periodistas por contenidos de Teleantioquia que, en 2008, afectaban la gobernación; o en Canal Capital, por presiones sobre contenidos e invitados en 2013. En cualquier caso, las presiones e injerencias en la línea editorial de los medios públicos configuran, como lo plantea la Flip, censura indirecta, pero se constituyen, además, en otros tipos de ataques a la prensa, cuando acuden a estigmatizaciones, amenazas y despidos que devienen miedo y contenidos incompletos, que configuran otra veta de esa gran peste que es la desinformación, contaminan la esfera pública, recortan la libertad de expresión y atentan contra los principios democráticos de pluralismo, diversidad y participación ciudadana. Pero más que nada, afectan la reputación del periodismo y de su credibilidad; contribuyendo al descenso de la confianza en los medios, para ratificar la reciente conclusión de Reporteros sin Fronteras que los principales artífices del desprestigio periodístico son, absurdamente, quienes están llamados a defenderlo: los gobernantes.

Si por allá llueve…

La pretendida cooptación de los medios públicos por parte de los gobiernos sigue siendo una constante en nuestro país, bien por el atiborramiento de programas o espacios informativos de carácter propagandístico, disfrazados de periodísticos, poniendo en entredicho el valor de la verdad, o con actuaciones similares a la ya mencionada como sucedió con las presuntas presiones del gobernador del Quindío Roberto Jaramillo, denunciadas hace un año ante instancias como la misma Flip, por el entonces director del sistema informativo en Telecafé, Juan Manuel Lenis, que lo llevaron a renunciar hace ocho meses.

O como sucedió en diciembre de 2018 cuando la gerencia de entonces en RTVC retiró de la parrilla la repetición de Los Puros Criollos por la actitud crítica de su presentador, Santiago Rivas.

O como se viene extendiendo a medios comunitarios, también documentados por la Flip, como la emisora la Radio de mi Gente, desde donde denunciaron, hace un mes, presiones del alcalde de Chaparral, Tolima, por publicaciones críticas a la prestación del servicio de acueducto. Su director, Héctor Fabián Chila, recibió luego amenazas.

O como las recientes intimidaciones y amenazas en Puerres, Nariño, contra el reportero Andrés Benavides de la emisora comunitaria Paraíso Estéreo 96.3 FM, único medio de comunicación en esa zona.

Presiones a las que no escapan ni los medios privados, a juzgar por los ataques y las publicaciones hostiles desde el Centro Democrático contra Caracol Noticias por sus emisiones en relación con los procesos adelantados por las ejecuciones extrajudiciales.

Culpar al mensajero sigue siendo la estrategia gubernamental perfecta para esconder errores, ineficiencia o irresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, pero domesticarlo o despedirlo porque no logra alinearlo con la historia oficial que quieren contarnos es atentar contra derechos y libertades, y contra el mandato para que cual fueron elegidos, no importa si un día muestran la máscara de la ineptitud y al día siguiente se burlan de los ciudadanos con la del cinismo; actitudes tan graves como lo que quieren ocultar. @marioemorales y www.mariomorales.info