En dos semanas se derrumbó la confianza en entidades llamadas a suscitar mínimos de credibilidad en medio de la inequidad e injusticia que nos carcome.

Luego del escándalo en la Defensoría del Pueblo se reaviva el que tiene atribulada a la Policía Nacional con la investigación que abrió la Procuraduría por tres presuntos cargos contra su director. Se suman a los 12 en los que trabaja la Fiscalía y a la no menos escandalosa renuncia del viceministro del Interior en medio de señalamientos sobre participación de policías y congresistas en la comunidad del anillo. Y a la llamada a calificar servicios de otro oficial por presuntos nexos con armados ilegales.

Pero hay más. Tuvo que venir el Consejo de Estado a suspender una medida irracional como la tabla de avalúos de vehículos. Increíble que en vez de hundirla, funcionarios expertos del sector se empecinaron en su defensa.

Y más. Se supo que en la alcantarilla de Soacha donde murió este año un menor ya había muerto otro hace dos años, como sabemos que mueren todos los años niños indígenas por física hambre, en un país donde se desperdicia millón y medio de toneladas de alimentos al año y el 40% de sus habitantes tiene problemas de nutrición.

Y más. Se dice que el 17% de los licores consumidos está adulterado y que hay por lo menos 270 medicamentos milagrosos, alterados y sin licencia circulando por ahí. Un país que comercia con la muerte.

Y que convive con absurdos como ese de que en el descalabro de Reficar no tuvo nada que ver el Gobierno, ni empresas petroleras, ni interventores ni contratistas. Entonces, ¿quién?

…Y después dicen que no necesitamos reformularnos como país y como sociedad.