¿Para dónde va la televisión colombiana?

Algunos dicen que pasa por su mejor momento; otros, que está en plena crisis. En medio de una programación en la que reinan los ‘realities’ y los dramatizados, uno de los más importantes analistas de medios hace un análisis de lo que vemos ―y veremos― los colombianos en pantalla.

Por Mario Morales

(Publica revista Credencial)

(Fotografías: cortesía Canal Caracol y Canal RCN.)

Uno no sabe qué creer. ¿Es cierto que la televisión colombiana vive su momento más fulgurante?: la pauta publicitaria supera los mil millones de pesos desde 2010 y las ventas de las productoras ya rebasaron el millón de dólares el año pasado. O, por el contrario, como se queja el espectador promedio, ¿será más bien que los contenidos están haciendo crisis, como se puede deducir de la pobreza en la programación del prime (la franja estelar, la de la noche)?

La caracterización de esa franja es bien conocida: a la fatiga de las telenovelas que tuvieron su cuarto de hora, le sucedió el cansancio de las series encuadradas en la versión de delincuentes famosos (que se han llamado ‘sicarescas’ o ‘narconovelas’), que les cedieron el paso a las series basadas en el quehacer policial o judicial, muy al estilo estadounidense, y al regreso de los realities, esta vez enfocados en presuntas habilidades y talentos.
Parece un melodrama; las audiencias están inconformes pero su medio preferido es la televisión en un 94,4%, según el Estudio General de Medios, tercera ola de 2011. Más confuso aún, el 77,2% de los consumidores de medios la ven todos los días.

Esa fidelización a la pantalla habla, por supuesto, de la ausencia de oferta. El espectro está desaprovechado y las opciones se reducen con la práctica sutil y latente que han adoptado los canales, especialmente los privados, de mimetizarse; esto es, adaptar los formatos y géneros exitosos en rating en otras latitudes o en el mismo enfrentado. Es una apuesta segura; no se corren riesgos con narrativas experimentales y al final la audiencia y las ganancias publicitarias se reparten con escasa diferencia. Pero liderar el prime garantiza a quien lo consigue tener la iniciativa en términos de duración de los programas, de extensión de los capítulos y de ‘jugar’ con los arrastres para evitar que el televidente se la juegue con el zapping, más aún con la penetración de la televisión cerrada que a junio de 2011 era de 35,1%, (del cual 31,7% era de suscripción y 3,4% era comunitaria), según la CNTV.

Ganadores y perdedores

En esta pugna, no obstante, pierden muchos. Los noticieros, por ejemplo, que apenas mantienen como fijo el horario estelar de las siete de la noche, pero que han visto cómo se ha desdibujado la emisión más tardía, que ya ronda la medianoche con una duración acorde con las expectativas y conveniencias de cada medio. Paradójicamente se sostienen gracias a aquello que no les es esencial: el entretenimiento, distante de lo periodístico pero muy cercano ala pauta publicitaria que ha empujado su crecimiento, con información leve que ha puesto contra las cuerdas a las mismas noticias duras; hasta el punto de que, con un enfoque sensacionalista, los titulares, las locuciones y las imágenes han entrado a competir descarnadamente por el rating, privilegiando las narrativas asociadas a la violencia y el sexo.

Pierden también los espacios de opinión que fueron desterrados a la franja late, en la que el círculo vicioso de la falta de rentabilidad impide hacer programas creativos les den pautas y contextos a los espectadores sobre los sucesos que afectan su entorno. Así, el país se queda sin mirarse y sin reflexionarse ante la acumulación de informaciones desvertebradas. Subsisten espacios ―como en el Canal Uno― que trabajan otros géneros como la entrevista, tan necesarios para entender los sucesos desde la voz y punto de vista de sus protagonistas.

Pierden libretistas, realizadores y actores de series y telenovelas, sometidos al ritmo angustioso de un clímax narrativo o de suspenso cada cinco minutos por la eventualidad de que toque cortar el programa en cualquier momento, para evitar que el enfrentado suba en el rating cada noche.

Pierden los creativos, obligados a seguir la inercia de la producción internacional, con el pretexto de la globalización, para adaptar libretos y personajes al aquí y al ahora televisivo, que cambian caprichosamente.

Y pierde el ciudadano que sin muchas opciones para emplear su tiempo libre, no admite como una posibilidad la utilización del control remoto para apagar el aparato, y acepta, a regañadientes, los cambios intempestivos de horario, el alargue de los programas exitosos o la desaparición de aquellos que naufragaron entre las preferencias. La gratuidad de la televisión es percibida como un favor antes que como un servicio público o como un derecho.

Los programas piloto

En ese panorama aparecen los realities, hoy por hoy los programas que mejor expresan nuestros modos de decir, nuestras maneras de vernos pero sobre todo los modos de contarnos. O bien desde la necesidad, frente a la cual todo vale: un discreto don para cantar o para bailar; en fin, un golpe de suerte. O bien desde la oportunidad de lograr algún reconocimiento en el ámbito más cercano merced a una aparición fugaz en televisión, un minuto de fama aun en medio del ridículo o la decepción.

Y claro, está el público en el escenario y la opción de votar por teléfono o por Internet para cumplir con el sello de la época: la participación, esa incipiente forma de interactividad en la era de las narrativas digitales colectivas. Pero más que eso, está la posibilidad de emocionarse, en una relación de afecto-indiferencia-odio, para debatir casi con los mismos argumentos básicos de percepción que tienen los jurados, escogidos así, con un bajo nivel de conocimiento acerca de la materia a juzgar, pero con habilidades histriónicas que representen a los diversos públicos inscritos en las audiencias, desde el más escéptico hasta el más ingenuo pasando por el más apasionado.

Nada grave, dirán algunos, como no sea reforzar las creencias, valores y formas de entender la moral con arreglo a fines. Ahí, confrontados gracias a un juicioso proceso de edición, entendemos entonces qué piensan los colombianos de la solidaridad, del corporativismo, de su confusión entre habilidades y talento, entre chispa y don, entre suerte y vocación.

Que mantengan ratings parecidos significa que hay desinterés por la diferencia en el formato y ausencia de fidelización a los canales; desaparece la marca y queda la narrativa de la emoción con una alta presencia del zapping, siguiendo las veleidades de los jurados que logran que las audiencias tomen partido, sin reflexión, a favor o en contra de lo que ellos dicen. Emocionan con su falta de coherencia, que es muy colombiana, así como la forma de privilegiar el físico y la terquedad de mantener una discusión sin argumentos de fondo. Es una estrategia que reivindica en cada jurado lo kitsch, lo pop y lo aséptico, las tres mixturas que dan forma al talante de la sociedad colombiana.

Al final queda el físico entretenimiento, sin memoria y sin historia, fiel exponente de la civilización del espectáculo en la que estamos inmersos, si les creemos al filósofo Debord y al escritor Vargas Llosa. Se salvan del olvido quienes a tono con el programa se presentan para tomar del pelo, para burlarse de sí mismos, del jurado, de los televidentes, expresiones de nuestro proverbial mamagallismo.

¿Y entonces?

Semejante crisis se da en medio de la ausencia de regulación, de la licitación de un tercer o cuarto canales privados y la llegada de la TDT, o televisión digital terrestre, un sistema de transmisión y recepción que amplía el espectro y la posibilidad de nuevos canales pero que ahonda, como sucedió en España, la preocupación por los contenidos que no aparecieron, a pesar de la euforia tecnológica y las promesas vindicatorias, parecidas a las exhibidas cuando llegó aquí la televisión privada o la televisión por suscripción.

A pesar de que el sector está estrenando ley, los augurios no son esperanzadores. En este abril desaparece la Comisión Nacional de Televisión, que tenía la función, entre otras, de regular y controlar la calidad de los contenidos televisivos, que fracasó en un mar de desaciertos infestado de politiquería y clientelismo. Pero su reemplazo, en lo que tiene que ver con contenidos, la ANTV, Autoridad Nacional de Televisión, arranca dependiendo del ejecutivo, en tanto que está conformada por un delegado del presidente ―el ministro de las TIC― y otro de las gobernaciones, frente a un representante de las universidades y uno más de la sociedad civil. De este modo, las decisiones cruciales vuelven a tener de manera casi oficial el tinte político del gobernante de turno.
Una de sus primeras tareas será la licitación de un tercer canal o de otro más, si existe la voluntad política de organizar y limpiar el espectro electromagnético para que esas y otras opciones tengan cabida.

Y después los retos que tendremos, tan anunciados pero para los cuales estaremos poco preparados, como la fragmentación de audiencias, por nichos o intereses, y el consumo según las necesidad de cada televidente, sin importar la hora de emisión ni el sitio de recepción con el advenimiento de la televisión móvil… Suena bonito, pero sin contenidos de calidad no habrá paraíso.

Los nuevos enfrentados

Tras la salida de Clara Elvira Ospina, el canal RCN apostó por un periodista experimentado para que se encargue de la dirección general de sus noticieros de televisión. El economista Rodrigo Pardo ha pasado por buena parte de los medios del país: dirigió Cambieo, El Espectador , y fue subdirector de Seman y El Tiempo. Además fue canciller y pasó por las embajadas de Colombia en Venezuela y Francia. El Canal caracol, en cambio, se fue por el lado de la juventud y el conocimiento del periodismo internacional: Luis Carlos Vélez viene de CNN en españo. Allí llevaba seis años a cargo de la sección finaciera. Entró a reemplazar a Darío Fernando Patiño. Experiencia local vs. juventud internacional. ¿Quién arrasará con la audiencia?

Libertad de prensa en Colombia: y el fantasma ahí

Año y medio de cárcel por opinar contra un político. Este acoso judicial contra un periodista de provincia es parte de la renovada -y más sofisticada- censura contra los medios independientes que hoy está recorriendo a Suramérica: Venezuela, Ecuador, Argentina…y Colombia. Análisis de un periodista reconocidamente independiente.

Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Andamos mal

Alguien dirá que hemos evolucionado en Colombia. Lo usual era la violencia contra los periodistas. La violencia física, el asesinato o la agresión, como pasa hoy en Guatemala o en México.

Reporteros sin Fronteras (RSF) denomina represión al ambiente que caracteriza la situación de libertad de prensa 2011-2012 en el mundo. Y ahí aparecen también países de difícil ubicación en el mapa como Eritrea y Turkmenistán, o de difícil acceso, como Siria o Irán.

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Luis Agustín González, director del diario Cundinamarca Democrática, condenado por una columna crítica, titulada “No más”, acerca de la política, Leonor Serrano de Camargo. Foto: Flip.

Una mirada desprevenida a los informes sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia, como el más reciente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), reforzaría la idea de que avanzamos, si nos referimos al count body, por ejemplo. No hubo asesinatos de periodistas el año pasado y solo se documentaron 18 agresiones físicas.

No obstante, seguimos bien abajo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF: Colombia, puesto 143 entre 179 países; Venezuela, puesto 120; Ecuador, puesto 104; Cuba, puesto 167; China, puesto174…

Censura cada vez más sofisticada

Así como se ha ido sofisticando el trabajo sincronizado y responsable de organizaciones en Colombia para defender el ejercicio del periodismo, las formas de constreñimiento de la libertad de prensa también se han sofisticado:

  • de la estigmatización, por presunta asociación ideológica con grupos armados ilegales, pasamos tan rápida como impunemente a
  • las interceptaciones ilegales por organismo del Estado, que afectaron por los menos a docena y media de comunicadores y, en el mismo carril de velocidad, a
  • la obstrucción del acceso a la información pública y
  • al hostigamiento judicial, tan viejo en sus intenciones como renovado en sus estrategias.

Entre las múltiples amenazas a la libertad de prensa, quizás la más paradójica aquí y en los países vecinos, es la que se asienta en la ley y el derecho. Ante las denuncias en el ámbito internacional, las técnicas tuvieron que mutar, pero el objetivo sigue siendo el mismo: controlar, limitar o desinformar desde la esfera pública.

En eso se parecen todos: las dictaduras, las dictablandas, los países que dicen portar el estandarte de la democracia… Y son precisamente las estrategias para controlar esa información utilizadas por los poderes — el político, el económico, el mafioso o sus combinaciones — las que permiten determinar la amplitud y el talante del espectro democrático: son su termómetro, quizás su principal indicador.

Acoso judicial

El primer objetivo alcanzado es desviar el debate en torno a la entraña política o ideológica de gobiernos o funcionarios para llevarlo a los terrenos de la interpretación jurídica.

Quizás bastaría con citar la insólita confirmación — hace apenas dos semanas, en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca — de la sentencia por injuria contra el periodista Luis Agustín González, director del diario Cundinamarca Democrática, por una columna crítica, titulada “No más”, acerca de la exgobernadora y congresista Leonor Serrano de Camargo.

Se trata de un perfil crudo, si se quiere, con una buena dosis de adjetivación de una aspirante a un cargo público. Es decir, opinión en un momento coyuntural de las recientes elecciones. Los límites, como sabemos, los impone la buena fe del periodista. Sus únicos activos: el buen nombre y el derecho a la honra. Pero no era una nota informativa sujeta a estándares factuales de verificación, en estricto sentido. El fallo no permite entrever esta disociación de géneros. Su contundencia es angustiante: año y medio de cárcel y cerca de diez millones de pesos de multa. Queda el recurso de casación para determinar la suerte de ese comunicador en particular.

Pero el efecto está logrado: la resurrección del delito de opinión y la jurisprudencia que sienta. Nadie había llegado tan lejos. Intentos hubo: Alfredo Molano, Salud Hernández, Oscar Collazos. Todos ellos sumergidos en largos procesos para estrangular su tiempo y su presupuesto. Todos ellos acompañados de amenazas justicieras y vindicaciones en nombre de la verdad, el bien común, los derechos inalienables de las personas y otro largo etcétera.

Pero esta es una pena de prisión de veras. Se trata de una retaliación por ejercer el derecho de opinar, negando el principio de buena fe y la flexibilidad de las fronteras, que una democracia debe tener para escudriñar las actuaciones de quienes se dedican a la cosa pública, e inclina la balanza a favor de la mordaza frente al proverbial dilema de una prensa desbordada.

La sanción de cárcel, la humillación pública, el constreñimiento del derecho al trabajo y la eliminación de ese género periodístico en la agenda inmediata magnifican el peso del “poder”. Se apela a un fuero que no necesitan y ni siquiera invocan los gobernantes y funcionarios transparentes y honestos. Se cierra de paso el necesario debate sobre la despenalización de la injuria y la calumnia, que hoy tiene lugar en otras latitudes.

El acoso judicial bajo el disfraz de legalidad logra neutralizar al periodista demandado, sirve de escarmiento para sus colegas y retarda las investigaciones periodísticas y judiciales sobre un tema o personaje determinado.

En últimas, salen perdiendo las audiencias urgidas de información necesaria para ser libres y gestionar sus vidas: la base de los elementos del periodismo en términos de los colegas estadounidenses Kovach y Rosenstiel.

La nueva represión

Se está abriendo la caja de Pandora donde reposan los intentos de legislar, sancionar y controlar el ejercicio del periodismo mediante leyes marco sobre comunicación y prensa, que con apariencia de constitucionalidad han adelantado, con éxito o sin él, los gobiernos ecuatoriano, argentino, venezolano y colombiano, entre otros, en los albores de la década

Se trata de proyectos de reformas y nuevas leyes que buscan suministrar herramientas a demandantes o Estados para regular la prensa en términos empresariales, de derecho, y de acceso y circulación de la información, escondiéndose tras el pretendido bien común.

En paralelo con demandas, condenas y penas de periodistas, los medios mismos se han convertido en los países vecinos en objeto de persecuciones, producto de la extrema polarización política, que han terminado en multas impagables, cierres, tomas, suplantaciones, exilio de sus directivos y dueños…y clemencias hipócritas.

Venezuela, Ecuador, Argentina, ejemplos elocuentes

En Venezuela por ejemplo, decisiones de ley ya han dejado muchas víctimas: como Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño; Guillermo Zuluaga, presidente de Globovision; Leocenis García, editor del semanario Sexto Poder; Laureano Márquez, cuyas sátiras provocaron la ira y una multa de 50 mil dólares; Miguel Angel Rodríguez, por supuestamente incitar al golpe de Estado; en fin, Rafael Toledo, editor de la revista Nuevo País. Juicios que — aparte de servir de advertencia a sus colegas — obligan a las víctimas a buscar el exilio o a someterse al silencio, para no tener que huir.

Este ambiente enrarecido se ha ido materializando en formas cada vez más agresivas: multas millonarias y toma de partes accionarias, como en el caso de Globovisión; suspensión de frecuencias, como la de RTVC; cierres definitivos, como los de 34 estaciones de radio y TV local por “razones administrativas”; leyes, como la denominada ‘Resorte’ para permitir requisas de canales obligados a conectarse al canal del Estado.

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En Ecuador por la “gracia presidencial” de Rafael Correa perdonó al diario El Universo y a tres de sus periodistas, de multas onerosas.

Ecuador sigue las mismas coordenadas en una guerra mediática que ha pasado de los insultos a las demandas o a nuevas leyes, que en nombre del derecho a la comunicación y de la prohibición de monopolios en la propiedad de los medios, avanza hacia la conformación de nuevos estatutos para el periodismo, invocando la seguridad nacional y el orden público, cuyos límites rayan en la censura.

El gobierno, encargado de garantizar la pluralidad y la independencia, ha creado sus propios medios escritos y audiovisuales que no han estado exentos de denuncias por censura interna como en el caso de El Telégrafo.

Los medios de oposición, en cambio, deben lidiar imposiciones e intromisiones en sus parrillas o enfrentar procesos por contenidos que el gobierno no ha encontrado bien alineados, como en el caso de Teleamazonas. Y claro: siempre están abiertas las puertas de la cárcel, como sucedió con Milton Chacaguasay, director de La Verdad, debido a sus denuncias por presunta corrupción.

Pero sin duda, el hecho que atrajo la atención mundial sobre el riesgo de la prensa y de los periodistas en ese Ecuador fue la denominada “gracia presidencial” con la que el gobierno perdonó al diario El Universo y tres de sus periodistas, tras su condena en doble instancia por calumnia injuriosa a 36 meses de cárcel y el pago de 40 millones de dólares al propio presidente Correa.

La salida ideada por el gobierno ecuatoriano como un gesto en defensa de la libertad de expresión, para el resto del continente fue resultado de la insoportable presión de organismos, gobiernos, periodistas y medios que incluso decidieron reproducir la columna de opinión que fue el florero de Llorente en esa confrontación, como lo hicieron muchos medios colombianos. Una de las formas más potentes de censura quedó desenmascarada.

Aunque Argentina ha salido mejor librada en todos los indicadores y aparece entre los primeros 50 países en el escalafón de la libertad de prensa, no ha sido ajena al conflicto entre el gobierno y los medios de oposición, cuyo origen se remonta a La Nación y se hizo extensivo recientemente al grupo Clarín. La promulgación de la Ley de servicios de comunicación audiovisual, con el pretexto de evitar el monopolio de medios, tenía un destinatario específico, habitual crítico de la presidenta de la República.

Ese país es uno de los pocos en la región que avanza de veras hacia la despenalización de la injuria y la calumnia y hacia eliminar la pena de cárcel para esos casos.

El fantasma…ahí

En lo ámbitos descritos el periodismo sigue siendo incómodo, por asumir el papel vertebral y funcional de contrapoder. Y si incomoda es porque determinados poderes centrales, sectoriales o ilegales preferirían reducir las libertades democráticas, y en particular la libertad de prensa.

En fin, no hemos evolucionado tanto… El fantasma sigue ahí, metamorfoséandose para controlar la información y torciendo los derechos y la ley para disfrazar de legal lo que a todas luces es ilegítimo. Por eso estamos donde estamos.
 Mario_Morales_libertad_prensa
* Magíster en Estudios literarios, con estudios en periodismo y especialización en medios y opinión pública. Periodista y analista de medios. Ha sido columnista de El Tiempo, Semana.com, Radiosucesos RCN y actualmente de El Espectador. Dirige actualmente la Especialización en Televisión de la Universidad Javeriana y el campo de periodismo.
www.mariomorales.info

twitter1-1@marioemorales

Impromptu y sorpresa

Por: Mario Morales
Ese estilo ya lo puede patentar el gobierno Santos. Es lo que en gastronomía se conoce como cuisine impromptue. A partir de una idea básica, sobre la marcha y a puerta cerrada, se van cocinando los ingredientes que algunos proponen para sorprender a la selecta concurrencia.(Publica El Espectador)
En la mesa puede ser hasta divertido, pero en el proceso de refundación en que anda el país las experiencias no han sido saludables. Baste citar las polémicas reformas a la educación, salud, justicia, política, y la denominada Ley Lleras que se gestaron de espaldas al país para su discusión legislativa en busca del pupitrazo de la aplastante Unidad Nacional.

Es lo que está sucediendo con el proyecto de ley de televisión con el que el Gobierno ha de cubrir el salto al vacío que dejó la eliminación de la CNTV. A menos de 120 días de su obligatoria aprobación, poco o nada se sabe al respecto. Sólo puntadas que da el MinTics. No se entiende, si ya existe, por qué no se discute abiertamente, si de enriquecerlo se trata. Y si no está listo, peor.

El futuro de la TV pública, comunitaria y universitaria no es para discutirlo en un break de comerciales. Lo mismo pasa con el desmembramiento y dispersión de funciones, marco jurídico y políticas del sector, presupuesto y futuro del Fondo para el Desarrollo de la TV, o lo concerniente a contenidos, como lo ventiló en este diario el experto Germán Rey.

Está claro que la televisión es un negocio, pero circunscribirse a diálogos cerrados con base en el factor industrial, tecnológico o tarifario privaría al país del debate esencial sobre la TV como servicio público y como factor determinante en el derecho de las comunicaciones, principios en los que ha insistido el excomisionado Eduardo Noriega, como garantía de pluralismo, participación ciudadana e independencia.

Es menester discutir ese proyecto, antes de su radicación para confrontarlo con los que ya corren en el Congreso por iniciativas del senador Jorge Guevara o de su colega Édgar Espíndola. Y qué mejor que hacerlo a través del medio de mayor influencia y penetración en la actualidad. Así se construye democracia y transparencia. ¿O vamos a seguir jugando al impromptu y a la sorpresa?

Los secretos de 2010

Por: Mario Morales
Como suel suceder, el año que se fue se llevó una larga serie de secretos, que quizá ni los libros de autores en la sombra, filtraciones de wikileaks globales o domésticas, unidades investigativas o trinos de chismes van a poder esclarecer. (Publica el Espectador)
Hasta el mismo cierre de 2010 hubo casos que quedaron en el misterio, propio de nuestro realismo mágico. Por ejemplo, la causa de muerte de alias Cuchillo se la disputaban con igual incredulidad, el ahogamiento, un infarto, un enredo o la ebriedad en medio de su increíble soledad.

Se fue el año y no supimos con exactitud el día y hora de muerte del Mono Jojoy, cuyo cadáver fue traído a Bogotá en avanzado estado de descomposición. El anuncio “coincidió” con el discurso de Santos a la ONU. Y a propósito, nos quedamos con las ganas de saber qué tanta veracidad tuvieron en ese y otros golpes a la guerrilla, los socorridos chips instalados en botas de dotación de los insurgentes.

Tampoco supimos qué pasó con Fabián Márquez, cuya muerte fue anunciada por Santos en un consejo por la prosperidad, pero su cadáver no apareció.

No se entendió por qué no hubo el mismo tratamiento para los Nule que para los Moreno y los Garzón en medio del escándalo de las contrataciones en Bogotá. O qué tanto sigue haciendo J.J. Rendón en el país, o quién es el Número Uno en el caso de las chuzadas del DAS. O por qué el ex presidente Uribe no entra en tratamiento si hasta la embajada estadounidense, según Wikileaks, suponía que tenía temperamento paranoide.

Por ahora un misterio, el presente del Partido Verde, del Polo, de Petro y de Peñalosa, todos ellos empeñados en extender el suspenso mientras les apuestan al equilibrismo y a la apertura ideológica.

Son incógnitas también, a quién le asignarán el tercer canal de TV, quiénes son los dueños de Santa Fe, qué tanta participación tiene ahora el Chiqui en Millos, y por qué la gente va a los estadios pero insiste en que nuestro fútbol es mediocre y el torneo es peor.

La lista es, decíamos, larga y deja pocas esperanzas, como no sea la de engrosar esa cadena de misterios irresueltos desde que nos quedamos sin saber quién mató a Mamatoco, Gaitán, Galán y hasta Betty, que era tan buen muchacha.

Malpensados

Por Mario Morales
Lejos de la mente de cualquier colombiano la muy ocurrente idea de que la virtual (el término no puede ser más apropiado) creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sea un conjuro contra la mala racha que persigue al Gabinete desde que en 2002 quedó conformado por trece carteras. Sì, no hay que ser tan malpensados. Tampoco es concebible creer que aparte de las contiendas en los Juegos Panamericanos. Nuestro país esté compitiendo en número de despachos con sus vecinos del área. Brasil ya suma 23 ministerios; Venezuela, 18; Perú, 16 y Ecuador, 15. Estamos cerca. (Publica el Espectador)

La propuesta la hace la abogada y exministra Martha Lucía Ramírez; pero justo es reconocer que la idea original es, desde 2005, de la economista María del Rosario Guerra, cuando dirigía Colciencias y ya soñaba con tener su propia Cartera.
El proyecto reabre la vieja discusión acerca de si, antes de crear un nuevo ente, esos temas de ciencia y tecnología deberían ser manejados por el Ministerio de Educación, el de Comunicaciones o el de Cultura, aunque éste último sea el primer descartable habida cuenta que está más pobre que el Chocó.
Si desde 2002 aquí cohabitan bajo el mismo techo, la justicia y la política, la industria y el turismo, o el trabajo y la salud, nada de raro tendría que lo de la ciencia y la innovación se lo quisieran anexar otros ministerios, como el Min Minas o el Min Agricultura, a quien dicho sea de paso, no le caería nada mal una porcioncita de educación y de cultura, como quizás propondrían, en su orden, doña Cecilia López y don Salomón Kalmanovitz, luego del fallido debate con el doctor Arias, en torno a las tierras apropiadas por los grupos ilegales.
Pero quizás el problema mayúsculo sea el de conseguir candidatos para tan alto ministerio. Y no es cuestión de rectitud o probidad, cualidades que acreditan una buena cantidad de colombianos, como lo prueba la cifra de 504 profesionales con doctorado sólo en territorio chocoano, según el Dane. El cuello de botella está en la muy escasa retribución salarial que ofrece nuestra agobiado y doliente presupuesto a esa casta de egregios servidores de los fines superiores del Estado. Hoy esos 7500 dólares mensuales en promedio no alcanzan para nada, o para casi nada, a pesar de lo que diga en medio de voladores y buscapiés, y antes de ser rectificado, Oscar Iván Zuluaga. Las renuncias en épocas recientes de Carrasquilla, Junguito, Moreno, Ocampo y la muy diciente de Andrés Peñate, en otro honroso cargo, son campanazos de alerta para quienes disponen del gasto nacional (aunque al referirnos a los cerca de los 285 más altos funcionarios, tendríamos que hablar de inversión).
Para no mencionar a los otros que quieren irse, como el Mintransporte o el mismo Minhacienda (a menos que sean pataletas para que le paren bolas) o los que pueden llegar si el presidente se decide por fin a nombrar un ministro de Trabajo y un ministro de Justicia, así los más osados quieran también uno de Reparación y muy especialmente, uno de Verdad.
Menos mal no los dejan lucirse, porque de lo contrario a las llamativas ofertas que les hace la empresa privada se sumarían las de Chávez y Evo Morales.
Está claro que antes de crear nuevos ministerios u otros altos cargos, hay que hacer competitivos los salarios y las jornadas laborales para evitar la desbandada. Así haya que vender del todo a Isa y a Isagén. No sea que por ahorrarnos unos pesitos, para guiar los destinos del conocimiento y la justicia tengamos que recurrir, como en la Tele, a Jota Mario Valencia y a Jorge Alfredo Vargas, con polígrafo incluido.

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