Por: Mario Morales

Ya metidos en el berenjenal de llover sobre mojado, legislar sobre lo legislado, meterse en cercados ajenos y publicar resoluciones que pueden afectar en el presente y futuro la libertad de expresión, el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse tarde o temprano sobre las reclamaciones hechas a las medidas que publicó en torno al cubrimiento periodístico del plebiscito. (Publica El Espectador)

Sin tiempo, y quizás sin argumentos como lo probaría el peloteo interno del caso, el CNE querrá pasar de agache estas dos semanas largas sin pronunciarse para evitar más magulladuras en su imagen institucional.

Pero no puede quedar el precedente de asuntos como ese de decretar el pluralismo informativo por pupitrazo como pretende hacerlo. A un medio no se le puede obligar a dar igual participación a todas las corrientes. Coincidimos con Pedro Vacca de la FLIP en que los medios tienen derecho a una línea editorial y a una postura política. El deber de las autoridades es velar para que en la suma de oferta de medios distintos sí exista diversidad de voces e ideologías. Además, el equilibrio milimétrico es cosa del pasado; en los medios debe primar la honestidad.

A la hora de las rectificaciones, ya consagradas constitucionalmente, el CNE no podría ser parte, al solicitarlas, y luego juez, al estudiarlas. Para eso también ya existen instancias judiciales definidas.

Tampoco es procedente el galimatías de prohibir información proveniente de fuentes no oficiales con el pretexto del orden público, que como también señala la FLIP puede constituir censura previa.

Así no haya efecto inmediato, como parece, este tipo de medidas no le hacen bien ni a la democracia ni al periodismo. Como tampoco hacen bien acciones ciudadanas como la que sufrió el equipo de “Los Informantes” en Guaviare, sometido a un intento de censura de contenidos por una junta de acción comunal con el pretexto de la estigmatización.

La libertad de expresión es sagrada y eso deben saberlo los que mandan y los de a pie.