En dos semanas se ha exacerbado la presión sobre los periodistas para impedir que hagan públicas sus investigaciones. En Colombia la prensa es parcialmente libre, mientras no estorbe a los poderosos de todas las raleas.
Por Mario Morales
(Publica Razón Pública)
 Foto: www.villafane.comAlgo se está acelerando
El ambiente está recalentado: lo prueba el termómetro de la libertad de prensa, que ha dado señales de alarma en lo que va corrido de mayo. Pero el mal que delata no es nuevo: se ha venido incubando desde hace casi cuatro décadas. Es más: el mal es síntoma de una morbilidad mayor, endémica, que no ha recibido la atención ni el cuidado que debían. El rebrote de agresiones contra el periodismo habla de la fiebre a la que tristemente nos acostumbramos, acompañada de las convulsiones de un año electoral y con proceso de paz a bordo. Detrás de la fiebre está el estamento corrupto más violento enquistado en las élites de poder que reacciona contra la prensa, su único fiscalizador, ante la miopía o la paquidermia de los organismos de control del Estado. Ya en los primeros cuatro meses del año estábamos en urgencias- con 32 violaciones y 55 víctimas según el monitoreo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuando ocurrieron de modo casi simultáneo el atentado contra Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, el asesinato del periodista Alberto Lázaro en el Valle, el desplazamiento forzado de por lo menos ocho comunicadores en Valledupar y la denuncia de un plan para asesinar a los investigadores Ariel Ávila y León Valencia y al periodista Gonzalo Guillén. Factores de alarma
En término de cifras, el estado de alerta se mantenía en la misma situación que a comienzos de año o incluso del año pasado: lo nuevo ha sido la concurrencia de sucesos en solo dos semanas y el desafío que la delincuencia organizada lanzó ya no sólo a la prensa regional como lo viene haciendo de manera inveterada sino a la nacional, que sufría menos presiones y corría menos riesgos a la hora de publicar este tipo de denuncias, al tener su sede en Bogotá. Otro factor de alarma es el cambio de estrategia del crimen organizado: ya no se limita a amenazar para constreñir, como venía haciendo en los últimos años, sino que acaba de pasar a los atentados y al sicariato para acallar las voces críticas en los medios. Esa osadía de la delincuencia si los indicios conectan a los presuntos autores de los atentados con las investigaciones que adelantaban los periodistas significa que han decidido combinar todas las formas de lucha para silenciar a la prensa: desde el asesinato hasta impedir la circulación de publicaciones, incluso provocando la respuesta solidaria de los medios y de la opinión pública que despierta este tipo de actos, con el propósito de enviar un mensaje de intocabilidad y la advertencia de lo que le puede pasar a todo aquél que se meta con ellos. Desafío al gobierno y a la sociedad Esos hechos lograron, sin embargo, que los grandes medios se ocuparan de temas que no eran nuevos en la agenda, pero que estaban olvidados o desplazados por otras noticias. Y que por fin la Fiscalía se ocupara de las investigaciones, bien por convicción o presionada por la opinión pública. Por eso, prensa y organismos judiciales consideraron obvio que los ataques tenían una conexión directa con el trabajo reciente o en curso de los comunicadores o investigadores víctimas de las agresiones. De ahí el repudio generalizado a los atentados y planes contra Calderón, Guillén, Valencia y Ávila, en el entendido de que se trataba de un ataque contra la prensa toda y de un mensaje para la sociedad entera. No es menos grave que ocho periodistas que cubrían temas referentes a la restitución de tierras, al conflicto y al proceso de paz hayan tenido que abandonar la capital del Cesar tras ser declarados objetivo militar del autodenominado “ejército antirrestitución”, que no solo amenaza la libertad de expresión, sino que reta al propio gobierno mediante la violencia. No se trata entonces de casos aislados, sino de una estrategia para poner de rodillas al país en esta etapa crucial de su historia. Tampoco se debe pasar por alto el asesinato del locutor y periodista radial Alberto Lázaro en Cali, no obstante que las primeras pesquisas apuntan a móviles de índole personal y ausencia de amenazas previas. En medio de fuego cruzado
Pero esa situación es permanente en las regiones, como lo documenta la Fundación para la Libertad de Prensa: en lo que va corrido del año ha habido por lo menos 15 amenazas, 2 desplazamientos forzados, 3 agresiones físicas o sicológicas, amén de otros casos de interrupción de la circulación informativa u obstrucción al trabajo periodístico, así como los más de 20 casos de intimidaciones en Montería, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Pero también desde el Congreso apuntan contra periodistas y medios, como ocurrió con el desafortunado artículo cuarto del proyecto de ley que pretendía legislar sobre la parodia, con algunas pocas buenas intenciones opacadas por las ambigüedades que dejaban expedito el camino a la censura o a las acciones civiles y penales contra el humor político, la sátira y toda creación fundamentada en características o actuaciones de personajes públicos. Y como si fuera poco, grupos violentos o pequeñas bandas barriales también la emprenden contra la prensa, como pasó en el sur de Bogotá, donde atacaron un vehículo del Canal RCN o en Cali con un automóvil del diario Q’hubo. Lentitud e impunidad Casos emblemáticos no tienen aún pruebas concluyentes, como el de Jineth Bedoya, víctima de violación hace 13 años por su trabajo periodístico y de acoso por sus valientes denuncias, o el más reciente de Yesid Toro, también del diario Q’hubo, quien fue forzado a exilarse de Cali tras publicar un libro sobre sicariato, producto de sus investigaciones. Y a pesar de las denuncias y de los insistentes reclamos de justicia, siguen prescribiendo casos de periodistas asesinados hace dos décadas: este año ya prescribieron dos, para un intolerable total de 62. Muy seguramente dormirán también el sueño de los justos los casos que se siguen por el homicidio de los reporteros Nelson de la Rosa Toscaza de Cartagena, Manuel José Martínez de Popayán y Danilo Alfonso Baquero de Tame (Arauca), caídos en cumplimiento de su deber en 1993. Con razón no nos va bien en las clasificaciones que año tras año hacen organizaciones de diversa índole, como Freedom House, que monitorea a 195 países y 14 Estados en formación. En esa lista, Colombia ocupa el puesto 14 y forma parte del grupo de naciones con prensa parcialmente libre, con deficientes indicadores en cuanto a libertades civiles y derechos políticos, lo que explica que 94 periodistas deban tener protección permanente incluso extrema en 37 casos hasta diciembre de este año. Encuesta reveladora Este recrudecimiento de acciones violentas contra la prensa opaca la leve mejoría en asuntos de seguridad que habían percibido 707 periodistas entrevistados por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y la firma Cifras y Conceptos, en desarrollo de la segunda encuesta nacional a periodistas sobre libertad de expresión y acceso a la información pública, cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 3 de mayo, con motivo del día de la libertad de prensa. El 20 por ciento de los periodistas encuestados afirmaron haber tenido restricciones por parte de autoridades para su libre movilidad, el 26 por ciento haber sufrido ataques por canales electrónicos, el 23 por ciento haber sido vigilado ilegalmente por el Estado, el 21 por ciento haber sido agredido por miembros de la Fuerza Pública y el 14 por ciento haber recibido agresiones por grupos al margen de la ley. La consecuencia obvia en medio de esta atmósfera de amenazas es el temor que deviene autocensura, como lo manifestó el 47 por ciento de los encuestados:
Con razón el Índice de Libertad de Expresión y el Acceso a la Información Pública en Colombia que monitorea el mismo PAN en 2012 apenas alcanza 50 puntos sobre 100, escasos 12 en la dimensión de impunidad y 38 en la de acceso a la información. Derecho condicionado Este mes, la Corte Constitucional aprobó con condicionamientos la ley estatutaria de transparencia y regulación del derecho de acceso a la información pública, que queda pendiente de la sanción presidencial. Si bien dichos condicionamientos ampliarían el derecho de acceso, en el momento de escribir este artículo no se conocía el texto de la sentencia, particularmente en lo tocante a límites relacionados con la defensa y la seguridad nacionales, así como con el ente encargado de velar por su cumplimiento. Algo es algo en medio de esta racha que ha llevado hasta el límite las alarmas cuando el país se juega su futuro con la búsqueda de la paz, de la cual es motor e inspiración el libre ejercicio del periodismo, hoy retado y en entredicho. |
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