Amenazas contra medios.

Más que las eternas represalias por el trabajo de algunos periodistas, hoy estamos asistiendo a una cruzada para imponer una cierta lectura del conflicto como versión oficial de la historia.

Mario Morales*

Fabricando la opinión

(Tiempo estimado: 5 – 10 minutos)

En medio de las sombras que cubren, de manera reiterada, reinventada y reforzada, el ejercicio periodístico hoy en Colombia es posible distinguir por lo menos los siguientes patrones:

-Que no es lo mismo trabajar en las ciudades capitales que en las regiones como lo ratifican hoy los 3 reporteros de Mocoa, abandonados a su suerte, luego de efímeros registros de sus colegas en los medios de cubrimiento nacional. Conminados a salir de la región, no obstante, resisten desde sus casas o medios, pero no san su brazo a torcer. La brecha entre centro y periferia en vez de disminuir con la omnipresencia de los medios digitales, se acentúa.

-Que la confusión generada en las redes sociales, con velada intencionalidad de ideologías y fanatismos, al tiempo que suscita amenazas inconcebibles, pone a dudar por igual a audiencias y reporteros sobre el deber ser del oficio, como le consta a Paola Rojas la periodista de Noticias Uno que grabó lo que se dijeron entre bastidores algunas de las voces reconocidas del Centro Democrático después de la posesión presidencial. No hubo dolo, ocultamiento ni lesión a la ética en el hábil trabajo de la comunicadora que grabó de manera visible, como consta en las fotos que circularon a posteriori, una reunión pública sobre un hecho público en un lugar público. Su labor se ve legitimada por el evidente interés que suscitaron esos comentarios dichos en palabras y voces de los mismos protagonistas.

-Que se sigue naturalizando cada año electoral como un período en el cual son “normales” las amenazas a los periodistas fruto de las tensiones y disparidades ideológicas y emocionales de los contendientes de diverso origen en el espectro político.

-Que la descalificación a la prensa se convirtió en un leitmotiv en los discursos demagógicos e incendiarios de quienes quieren cosechar en los descontentos ciudadanos, y que dicha descalificación no solo merma la confianza en medios y reporteros, sino que permea el ambiente para que surjan y, de manera absurda, hasta se justifiquen las amenazas en grupos sectarios y fanáticos; o que los periodistas sean estigmatizados en medio de la indiferencia de la “opinión pública” desinformada.

-Que, nuevamente, sean los mensajeros y no los hechos denunciados o los culpables de esos hechos el epicentro de las iras, críticas y amenazas de individuos o masas prejuiciadas.

-Que no haya contundencia en las investigaciones acerca del origen y autores de las amenazas, cuyos resultados apenas son esbozados en medio de ambigüedades o generalidades que tienden a la impunidad.

-Que el patrón de amenazas y demás violaciones a la libertad de expresión pase por el amedrentamiento de individuos o grupos específicos al tiempo que como advertencia para los demás; por generar confusión intimidando a comunicadores de distintas vertientes para hacer inubicable en el espectro ideológico a los responsables; y por acallar voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolos judicialmente o conminándolos a autocensurarse en la búsqueda de la verdad en el momento histórico que vive el país acerca de la definición y concreción de la paz y la reconciliación.

Ese estado de zozobra continua que este año ya supere las 139 amenazas*, según la Flip, no solo ataca las iniciativas de investigación, sino que ataca también las de interpretación y opinión acerca de los hechos sensibles del país, para coaccionar, limitar e impedir la libertad de expresión de quienes trabajan o colaboran en los medios masivos de comunicación, pero extienden su nefasta influencia a los ciudadanos con voz en las redes sociales, en la idea de generar eso que Walter Lippman, llamó un consenso manufacturado en torno a determinadas ideas; concepto que después retomó Noam Chomsky para significar que la construcción de opinión pública no siempre obedece a un derrotero o una intención sino a un “fenómeno corporativo y emergente”, lo que no excluye que esa manipulación pueda estar envuelta en sombras y anonimato.

Esas amenazas, tras bozales de grupos violentos de extrema derecha, y que tildan, entre otras cosas, a los comunicadores de “guerrilleros”, aparecen en un momento crítico de fanatismo en torno a la implementación de los acuerdos del proceso de paz, especialmente en lo atinente a la comisión de la Verdad, cuyas directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios e imprecaciones.

Que casi todos los amenazados tengan que ver de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico de visibilización de las víctimas, los pone en el mismo contexto de indefensión y riesgo que los líderes sociales y de los personajes piloto que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales

En el fondo, parece estar en juego la versión de lo ya acaecido y de lo que está sucediendo en los hechos de guerra y paz en nuestro país en los últimos años, como lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la citada comisión solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto armado.

Narrativas de la paz

Periodismo en Colombia. Foto: Emisora cultural del Huila

Como en la novela 1984, algunos medios de comunicación se han empeñado en una narrativa acerca del proceso de paz que pretende ocultar, disipar o confundir una verdad recuperada a partir de documentos y trabajo periodístico.

A esa verdad se anteponen los prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos y hacer creer, como decía Orwell, que la guerra es paz y la paz es guerra; que la ignorancia –entendida como ausencia de verdad– es fuerza.

Quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país.

Consecuencias nefastas

Las amenazas proferidas por grupos de extrema derecha surgen en un momento crítico de fanatismo contra el desarrollo del Acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad ha sido un tema particularmente sensible- y tanto así que sus directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios-.

Casi todos los periodistas amenazados están relacionados de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico para dar visibilidad a las víctimas. Esto los pone en una situación de indefensión y riesgo similar a la de los líderes sociales que trabajan por los derechos humanos y las libertades individuales y sociales.

Algunas de las violaciones a la libertad de expresión que siguen sin esclarecerse son:

• Las amenazas en Internet contra María Jimena Duzán, columnista de Semana y declarada defensora de la paz;
• Las amenazas contra Jineth Bedoya, defensora de los derechos de las mujeres;
• Las amenazas contra La Silla Vacía, medio independiente que investiga el poder;
• Las amenazas contra Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz –comunicadores de RCN pertenecientes a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional– cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas;
• Las más de diez amenazas contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores, así como las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio;
• Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez por sus denuncias de violación de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín;
• Las amenazas contra Laura Montoya, quien ha venido publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales en Mocoa, Putumayo;
• Las amenazas contra Fernando Londoño, director del programa “La hora de la verdad”, y Luis Carlos Vélez de la emisora La FM.
• Las agresiones verbales y el decomiso de celulares a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país;
• Las amenazas contra Januaria Gómez, quien tuvo que irse de Segovia, Antioquia por sus reportajes acerca de irregularidades en la minería y de daños al medio ambiente;
• Las advertencias de atentado contra los diarios La opinión y Q’Hubo por sus denuncias de bandas delincuenciales en Cúcuta, y
• El veto impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora en Maicao, para hablar del alcalde, de aspirantes a cargos públicos o de entidades estatales.

La consecuencia directa de estas amenazas para los comunicadores y sus audiencias, especialmente en las regiones, es la sensación de caos y peligro que deviene en miedo a expresarse y en temor a actuar por falta de garantías.

Los efectos colaterales son la parálisis o la autocensura en el proceso de encontrar y decir la verdad sobre el presente y el pasado reciente en los medios masivos – e inclusive en las redes sociales-

El miedo aumenta ante la falta de resultados de las pesquisas oficiales, pues las  autoridades tienden a investigar ataques consumados pero no a prevenirlos, y muestran negligencia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo. Precisamente por eso, las autoridades han contribuido a naturalizar una prensa escoltada, que no favorece el ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La responsabilidad del periodismo

La excitación excesiva frente al futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa incendiaria de la sectarización, que se manifiesta en debates virulentos y efectistas, como los que se han venido dando especialmente en la radio.

El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

Esta agitación alcanzó un punto deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el analista Ariel Ávila, quien acusó a su oponente de maltrato verbal y de decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que decía el abogado.

Los medios, que tienen el poder de legitimar lo que dicen y piensan sus audiencias, no pueden seguirle el juego a los insultos y las estigmatizaciones en los debates sobre temas importantes solo por aumentar la sintonía. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

La autorregulación que deben practicar los panelistas tiene que comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de los espacios periodísticos, cuyo propósito ha de ser el esclarecimiento de situaciones coyunturales mediante la exposición bien argumentada de ideas diversas.

La construcción de la verdad no se puede comprender como una lucha entre visiones radicalmente opuestas o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Cifras alarmantes

Proceso de paz. Foto: Presidencia de la República

Para acabar de nublar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya son casi 300 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento que hace la FLIP. De esas violaciones:

• 55 son en Bogotá;
• 22 en Antioquia;
• 22 en Huila, y
• 10 en Magdalena.

Hasta el momento, de estas violaciones:

• 124 corresponden a amenazas;
• 32 a acoso judicial;
• 26 a obstrucción del trabajo periodístico;
• 19 a hostigamiento;
• 19 a estigmatización;
• 17 a agresión.

El estado de cosas es tan preocupante que 19 entidades, cinco de ellas embajadas en Bogotá, ONGS y la oficina del Alto o Comisionado para los Derechos Humanos elevaron su voz pidiendo garantías para los periodistas. Por ahora hay una tímida respuesta de la Fiscalía que anunció avances en dos casos, pero necesitamos medidas eficaces, más allá de las investigaciones post factum o de las escoltas engorrosas que han sido sugeridas.

Frente a este panorama desolador es necesario salvaguardar a la prensa, eje de la democracia. El Estado debe dar resultados en la búsqueda de los victimarios; los gobiernos de Santos y Duque deben condenar estas violaciones y tomar medidas, ojalá de manera conjunta, con el apoyo de los organismos de protección. Finalmente, los medios y periodistas deben actuar como un solo cuerpo y los ciudadanos unirse a esta defensa de la libertad de expresión, que es la suya representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego. Más que de mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican como uno de los países más inseguros de la región y del mundo para el ejercicio periodístico, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros y la independencia de los medios.

Pero, sobre todo, se trata de no perder la posibilidad de construir un relato fidedigno de nuestros acontecimientos para impedir que fuerzas oscuras nos arrebaten la verdad.