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En lugar de aclararse, el novelón de las interceptaciones a los diálogos de La Habana se sigue enredando y amenazando tanto el proceso de paz como el ejercicio y la calidad del periodismo en Colombia.

(Publica Razón Pública.com)

Por Mario Morales*

Final de novelón

Si algo le faltaba al guion de telenovela de bajo presupuesto en que se convirtió el escándalo de las interceptaciones por parte de la inteligencia del Estado colombiano, era la conclusión de que en Buglly Hacker no hay indicios de actividades ilegales, dada a conocer un día después de la revelación de las conversaciones privadas de alias “Timochenko” con los negociadores de las FARC en La Habana.

Ni la declaración de la Inspección del Ejército ni las conversaciones reveladas por Inteligencia Militar logran disipar las dudas razonables que quedan en el ambiente, luego de que medios nacionales e internacionales dieran a conocer la lista de periodistas y opositores presuntamente chuzados en circunstancias que están por esclarecerse.

La verdad está embolatada no porque esté en tela de juicio la veracidad de las transcripciones de esas conversaciones, ni la labor de las primeras pesquisas, sino porque están entreveradas en otro capítulo de la ya extensa serie de acontecimientos que han acabado por agobiar a la opinión pública nacional y por confundir a medios y periodistas en medio

de dimes y diretes, versiones y retractaciones, mentiras a medias y digresiones que dejan tras de sí una larga estela de desinformación que afecta de muchas maneras el quehacer periodístico.

No se trata pues de un rumor o una versión que pu ede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.

Si algo ha quedado claro es que la denuncia de la revista Semana no era un asunto de poca monta. Primero, porque ese proceso de desinformación no solo acabaría por revictimizar a civiles legítimos que, si se comprueban varias versiones, fueron el objetivo de esas interceptaciones.

Y segundo, porque pondría en riesgo el proceso de paz donde se juega el presente nacional, y se llevaría por delante numerosos derechos como el de saber, por lo menos, una parte de la verdad, y, sobre todo, los de la libertad de prensa y libertad de expresión, sujetos a los vaivenes de intereses aún no abiertamente establecidos.

El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria.Foto: ICP Colombia

Nada ha quedado claro

Nadie salió a desmentir al director de la revista mencionada cuando anunció que tenía en su poder las pruebas que soportaban las publicaciones. Y no es creíble que se comprometiera, él mismo y consigo el semanario, si de veras no las tuviera.

Tampoco se ha controvertido con bases las denuncias del canal Univisión de que habría 2.600 correos electrónicos intervenidos de voceros de la insurgencia y periodistas nacionales e internacionales.

Ni se ha contradicho el reporte del canal RCN sobre indicios de la interceptación de 500 conversaciones, cien de las cuales habrían sido de manera ilegal. Ni ha sido rectificado Simón Gaviria, director del Partido Liberal, que hablaba de interceptaciones a 400 whatsapp, 500 pines de blackberry y numerosos correos electrónicos.

No se trata pues de un rumor o una versión que puede acallarse a punta de declaraciones firmes y tajantes como las que ha intentado el estamento militar.

A cambio de explicaciones fehacientes y satisfactorias, la esfera pública ha sido sometida al bombardeo de contradicciones y declaraciones encontradas: que ilegales e inaceptables, que legales aunque compartimentadas; que oficiales relevados, que no, que separados temporalmente; que interceptación a los armados ilegales, que interceptación al espectro, como en un juego de telebolito.

Desde el tuit del expresidente Uribe donde hablaba del presunto malestar de la fuerza pública por la enérgica declaración del presidente Santos en la que decía que las chuzadas eran inaceptables, el Ejecutivo y los mandos castrenses han intentado bajarle el volumen a un asunto, que de confirmarse, no solo afectaría a las presuntas víctimas, sino que reeditaría la manida hipótesis que esas actuaciones ilegales serían una política de Estado, con el agravante de que el Gobierno no estaría al tanto de tales operaciones.

El Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria. Foto: ICP Colombia

Desinformados

La ausencia de pruebas de carácter oficial ha dejado circunscrita la labor informativa a las siguientes posibilidades:

– Al denominado periodismo de declaraciones o de versiones, reactivo unas veces, oportunista otras, pero en todo caso temporal y en riesgo por las veleidades de la opinión pública.

– A las filtraciones que no faltan cuando sube la marea y el río está revuelto, con los riesgos éticos y de enfoque que ello tiene.

– A prácticas inmediatistas y no verificadas como la reproducción de fotografías en redes sociales de presuntos implicados pero fuera de todo contexto.

– A las labores investigativas de unos pocos buenos reporteros cuyos productos dejan mal parada, hasta ahora, a la verdad oficial.

En medio del naufragio hay pocas tablas de salvación que permitan lograr narrativas periodísticas contundentes y confiables que le puedan explicar a las audiencias las causas y efectos de un fenómeno tan complejo, tan variable y tan inasible.

Más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.

La argumentación de las fuentes gubernamentales al alcance es precaria:

-Va desde el manoseo del concepto jurídico de legalidad (como ese de que es legal si hay orden de un fiscal de por medio -y no la hubo como lo prueban los allanamientos posteriores del ente investigador-, o si, como ahora dicen desde ministros hasta altos mandos castrenses, lo que se interviene es el espectro, ese lugar vago, inubicable y frágil, cuyos límites, situación, alcances y objetivos no conocemos y quizás no conoceremos de manera prístina).

-Pasa por las mutuas solicitudes y requerimientos de investigaciones ágiles, profundas y “exhaustivas” -y que no es otra cosa que una forma de lavarse las manos-.

-Y llega hasta la invocación de asuntos de seguridad nacional que cierran el debate al llevarlo al escenario patriotero de “deber antes que derechos”.

Por la libertad y la información

Como se ve, las perspectivas no son halagüeñas. A expensas de las indagaciones de la Fiscalía y del pretendido contrapeso de la investigación disciplinaria de la Procuraduría, los apartes deseables de verdad de un tema tan delicado quedan por ahora en manos de los sabuesos del periodismo investigativo y de fuentes, interesadas y no interesadas, cercanas a las pesquisas.

Pero más allá del resultado mismo, si algún día lo hay, ha vuelto a quedar cuestionada la misión garantista del Estado para el ejercicio idóneo del periodismo.

No es suficiente con que los reporteros digan que entienden la labor de los organismos de inteligencia y que no tienen nada que temer. No. El Gobierno y las autoridades deben garantizar sin excepción la libertad de expresión de los comunicadores, la garantía de que no solo no son espiados sino que sus comunicaciones no son utilizadas como caballos de Troya con fines militares.

El efecto, como dijo Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es que se “vulnera la confianza de las fuentes en las comunicaciones con el periodista”. Esto es, la confidencialidad y el sigilo profesional que aparece en nuestro marco jurídico.

Pero también los ciudadanos deben tener el aval de su privacidad y la promesa renovada con hechos ciertos de que toda investigación que signifique intervención de sus conversaciones, correos, chats y llamadas telefónicas tiene el respaldo anticipado y legítimo de un fiscal.

Pero más que nada, hay que exigir que caiga todo el peso de la ley sobre sectores, grupos o individuos que desde las posiciones de privilegio de la inteligencia militar utilizan los operativos, fachadas, elementos y demás posibilidades técnicas para servir a intereses particulares, politiqueros, guerreristas y antidemocráticos.

No hay que olvidar que la desinformación, la confusión y las verdades a medias son armas poderosas de propaganda política y propaganda negra. Al fin y al cabo, y a pesar de los avances en los diálogos, todavía estamos en guerra.

Por eso es oportuno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya anunciado que pedirá cuentas al Gobierno colombiano por este oscuro capítulo de nuestra historia.

Porque por ahora hay más dudas que certezas, y preguntas sin respuesta, como esa de que si así se trata a la verdad, ¿qué podrá pasar con la justicia y la reparación?

El periodismo colombiano ha sido víctima de atentados, asesinatos, persecuciones y  censuras. Hay decenas de víctimas, desde periodistas vinculados a los grandes medios, hasta comunicadores de medios comunitarios. Impera un alto grado de impunidad.

 Por Mario Morales

(Publica Razón Pública)

Más víctimas

Parece una condena. La ofrenda de vidas, libertades y bienes que los periodistas colombianos hacen cada año en cumplimiento de su deber se repite dramáticamente. Casi milimétricamente, como una cuota fija: 108 casos de violaciones a la libertad de expresión y 167 víctimas contabiliza la Fundación para la libertad de la Prensa –FLIP- en 2013 hasta la fecha.

A ese ritmo fatídico y constante repetiremos al finalizar diciembre las cifras desgraciadas del año pasado. Pero peor, porque ha habido dos víctimas mortales, y cuando llegue Navidad serán cinco –solo de este año- los casos de homicidio que prescribirán de manera indolente, por decir lo menos.

Sí, dirán los escépticos y acaso los más cínicos, otra vez el mismo diagnóstico. Sí, y la misma cruel indiferencia del Estado, de la sociedad, del gremio. Pero más grave porque hay dos vidas que no se recuperarán y homicidios que no tendrán culpables, como en el 87 por ciento de los 142 casos documentados por la misma FLIP

Igual que en el resto de la región, dirán los responsables del cuidado y protección de la prensa en estos países sin ley ni honor. Pero más preocupante por los visos de recrudecimiento, si nos atenemos a los informes que hablan del peor semestre en el último lustro para el periodismo de las Américas, con 14 periodistas asesinados. Cifra que podría aumentar si las investigaciones, como en otros dos casos en Colombia, vislumbran que fueron homicidios por razones estrictamente periodísticas.

Foto: Adolfo Lujan Conmemoración el pasado 6 de abril en Madrid del asesinato del periodista Jose Couso a manos del ejército stadounidense en Bagdad.

Profesión asediada

Hay una tendencia que rebasó las fronteras tercermundistas y las analógicas para amenazar a las sociedades industriales y al ciberperiodismo. Aquí, el aire está enrarecido y el vecindario está convulsionado: Argentina y Ecuador, con nuevas legislaciones; Venezuela y Cuba, con asedios gubernamentales a los comunicadores, y hasta Estados Unidos con su restricción en el acceso a la información pública.

Ha sido año particularmente difícil. La preocupación aumenta con el avance de los enemigos de la prensa en Colombia, que han dejado la penumbra mediática de las regiones para constreñir o victimizar a medios y periodistas en las ciudades capitales. La polarización ideológica, entendida como debate saludable de propuestas, ha sido más bien escasa; ha tomado su lugar la iracundia febril de las hordas que defienden intereses no siempre conseguidos de manera legítima.

Exabruptos en medio de las movilizaciones sociales han dejado secuelas nefastas entre campesinos y comunicadores. La alianza entre mafias y políticos ha extendido su terror a la prensa; huestes intolerantes en año  electoral, insurgentes y hasta miembros de los organismos del Estado que abusan de sus facultades, han pasado de las amenazas a las acciones para tratar de intimidar a un periodismo  con aura quijotesca pero decididamente valiente. Este pareciera seguir a pie juntilla aquella máxima que le dejara el Caballero hidalgo a Sancho, su fiel acompañante: “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida«.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros.

En estos meses la prensa colombiana ha sido agredida, amenazada, desplazada estigmatizada, exiliada, obstruida, secuestrada, maltratada y violentada, para citar las violaciones más recurrentes, sin obviar los asesinatos ya mencionados, detenciones ilegales, los heridos y víctimas de atentados  contra empleados o contra la infraestructura de los medios.

La amenaza, la agresión y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo las prácticas más comunes a la hora de amordazar a los reporteros, según los informes de las organizaciones defensoras de la prensa.

Foto: Unesco Edison Alberto Molina, periodista asesinado el pasado 11 de septiembre en Antioquia.

Múltiples víctimas y victimarios

El deshonroso aporte nacional a la lista luctuosa no tuvo siquiera una digna repercusión, tal vez porque las víctimas no pertenecían a grandes medios, ni laboraban en las grandes capitales:

· Uno de los dos comunicadores asesinados -el abogado Edison Alberto Medina- trabajaba en el modesto ambiente de una radio comunitaria de Puerto Berrío,  Antioquia, desde donde ponía en evidencia la corrupción.

· El otro era empleado multitarea, si se quiere: voceador, fuente y reportero del diario Extra de Quindío. Fue baleado en Caicedonia, Valle, epicentro de las denuncias del medio sobre irregularidades en la cárcel. Muertes que duelen.

· No están aún claros los motivos en los homicidios de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta en Cali  y de José Naudín Gómez, gerente de Radio Guadalajara en Buga.

A la par aumentan las amenazas masivas especialmente en la Costa Atlántica, Antioquia, Valle y Viejo Caldas, según reseña la FLIP. Al estilo de las que hubo  en Valledupar por parte del autodenominado Ejército Anti-restitución de Tierras para presionar la salida de la ciudad de ocho periodistas y de las amenazas que hizo el ELN mediante panfletos en Arauca y que buscan amedrantar a los periodistas y medios que cubren la difícil situación de orden público que vive ese departamento. También hay presiones de las AUC en Chiquinquirá,  Boyacá y en Santander y Norte de Santander, según refiere la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER–.

La intolerancia se tradujo en amenazas a las publicaciones relaciones con movilizaciones sociales, como en el caso del director  y redactores del periódico La Tarde de Pereira. También son reprobables las agresiones que tuvieron que soportar comunicadores por parte de la policía, como sucedió en 10 de 30 casos de cubrimiento de la protesta social y campesina, según denuncia de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios); o a manos de turbas violentas, como pasó en el sur de Bogotá durante un operativo judicial.

Lo mismo denunciaron periodistas del Canal regional de televisión PCS en Tuluá, Valle, que cubrían manifestaciones estudiantiles, y Éder Narváez Sierra, periodista del Bajo Cauca, que grababa durante el paro minero en Caucasia, según denunció la Asociación de periodismo de Antioquia-APA-.

La organización Reporteros Sin Fronteras también levantó la voz para protestar por “las agresiones y tentativas de censura que afectan la movilización nacional Indígena”. Los señalamientos apuntan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como presunto responsable de las agresiones y a Los Rastrojos de las amenazas.

Intentos de silenciar al periodismo

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales por parte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política. Han resurgido las amenazas y el acoso contra Claudia López, León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén lo que los ha obligado a buscar otra vez refugio en el exterior, pero no a bajar su voz gallarda y valerosa contra el crimen organizado, especialmente en La Guajira.

Las denuncias de corrupción y cooptación de las élites gubernamentales porparte de grupos paramilitares ya habían conducido a amenazas y acabado en exilio para quienes investigaron los nexos de las mafias y la clase política.

Se siguen presentando iniciativas legislativas que van desde la regulación del derecho de petición, hasta restricciones para el trabajo periodístico en las cárceles, pasando  por el control de contenidos informativos y de la libertad de expresión de los medios en el ciberespacio.

Y como si fuera poco, el fantasma de las chuzadas revivió por cuenta de las denuncias de presuntos seguimientos a periodistas reconocidos como Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. De manera simultánea la Corte declaró a comienzos de octubre la prescripción de los delitos por presunta intervención de comunicaciones  de periodistas por parte del exdirector del DAS, Jorge Noguera, pendiente de juicio, pero ya por otras acusaciones.

Siguen las prescripciones

Por la inoperancia de la justicia siguen prescribiendo los delitos contra periodistas.

Este año ya prescribieron cuatro casos. Y si, como anota la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-, no pasa nada antes del 26 de diciembre, cuando se cumplen dos décadas del homicidio  de Danilo Alfonso Baquero a manos del ELN, el caso prescribirá. Sería el quinto.

La pregunta obvia es: ¿si no pasa algo como qué? Como que sea declarado delito de lesa humanidad, tal y como sucedió en marzo de este año con el asesinato de Eustorgio Colmenares, lo que hace que las pesquisas del crimen no tengan vencimiento. No obstante, de ahí a que haya resultados y condenas hay un largo trecho, pero la posibilidad subsiste.

Por todo eso la situación del periodismo en Colombia no es extraña ni distante de ese peor semestre en los últimos cinco años del que habla la SIP. Como no es ajeno el resto del planeta que suma por estos días, según cifras de Reporteros Sin Fronteras, 43 periodistas asesinados, 25 netciudadanos muertos, 184 periodistas encarcelados y 157 net ciudadanos encarcelados.

Por eso este 23 de noviembre se celebra el día mundial contra la impunidad, iniciativa de IFEX, red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, a la que se han unido la FLIP y otras organizaciones. La campaña se denomina “23 días 23 acciones”, que ya comenzaron para dar a conocer el estado de las agresiones e investigaciones.

Iniciativa que hay que apoyar como homenaje a esos héroes que aquí no se recuerdan, salvo honrosas excepciones, como la que hizo el investigador de Semana, Ricardo Calderón, también víctima de un atentado este año, del que salió ileso. Calderón recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, el cual, como él mismo dijo, es “reconocimiento a la labor de docenas de reporteros que poblamos las redacciones y las calles de este país. Muchos de ellos, especialmente en nuestras regiones, no habrían podido subir a este escenario a recibirlo si se lo hubieran ganado”.

Que esas víctimas de tantos y tan diversos delitos contra la libertad de expresión,-que se repiten cada año como una dolorosa profecía-, puedan subir a la tarima de la memoria a ver si prescribe esa “condena”. Es lo menos que podemos pedir.